nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES PDI (SECCION REMUNERACIONES)

En Coyhaique, a quince de junio del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 18 de marzo de 2023, comparece Karen Paola Delgado Gómez, abogada, en favor de nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que es dirigida por el Prefecto Inspector nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la suspensión de pago que efectuó la PDI, donde la respuesta terminal del proceso administrativo en los términos y forma indicada por la recurrida afectan la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile; solicitando ordenarle a la parte recurrida adoptar las providencias para pagar los montos reclamados por los recurrentes, con expresa condenación de costas.

Indica, como cuestión preliminar, que los recurrentes desempeñaron funciones en la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en la región policial de Coyhaique, labores que para los presentes fines se circunscriben desde el año 2019 hasta el respectivo retiro de la PDI, para el caso de don nombre reservado, su última remuneración la percibió en enero del año 2022 y para el caso de don nombre reservado, fue en el mes de octubre de 2020. Agrega que durante el período que se reclama los recurrentes recibieron remuneración mensual, que estaba circunscrita a la región policial de Coyhaique, lugar que incrementa las remuneraciones en un 105% a ciertos ítems de los estipendios fijos.

Señala que bajo estas consideraciones en el mes de mayo del año 2019 la PDI informó que estaba pagando incompletamente la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la zona, (Asignación de grado efectivo, código H0050) informando dicha situación a la totalidad del personal mediante Radiograma N° 2251 del 30 de mayo de 2019 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, en adelante JENAPERS, donde expresó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo. Añade que debido a lo señalado la PDI pagó en el mes de mayo a los recurrentes de acuerdo a su grado la cantidad de $ 412.288 incrementando de esta manera el ítem de “Asignación de Grado Efectivo” en la suma que se pagaba con adición a la señalada.

Luego de este pago de remuneraciones con el mencionado incremento, la propia PDI suspendió el pago completo de dicho ítem para ratificar esta situación emitió otra comunicación formal mediante Radiograma N°285 de fecha 02.JUL.2019 que aclaraba que el pago efectuado por el radio anterior había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor. Agrega que, este documento inició el período de suspensión de la prescripción de cobro de dicho emolumento en forma completa, los actores beneficiados que fueron la totalidad de los funcionarios que tenían derecho a percibirlo, no tuvieron que devolver dicha remuneración que ingresó a su patrimonio y no se realizó ningún procedimiento de cobro indebido de remuneraciones en conformidad al artículo 67 de la Ley N° 10.336.

Señala que como esta suspensión tuvo un efecto beneficioso que se extendió a todos aquellos funcionarios que tenían derecho a percibir ese estipendio o parte de esa remuneración, es por ello, que el antiguo director de la PDI, requirió de un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, la que por medio del Dictamen N° E98928/ 20213 de fecha 26.ABR.2021, resolvió que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

Precisa que no obstante, una vez evacuado el Dictamen señalado, se mantuvo latente el pago y vigente la suspensión de la prescripción, de acuerdo al contendido Oficio ORD. N°1232 de fecha 19 de mayo de 2022 suscrito por la directora nombre reservado, refirió que sí incluyó en el presupuesto del año 2022 la partida que peticionó la PDI para pagar los montos adeudados de la asignación especial al grado efectivo, lo que debió ser regularizado en el mes diciembre del año 2021, no obstante, esto menos se concretó.

Señala que los actores, en conocimiento que se liberarían los recursos financieros para el presupuesto del año 2023, solicitaron la regularización de pago con presentaciones administrativas cursadas en el mes de diciembre del año 2022, estos recursos expresaron el desglose de los montos que le adeudaban, que para el caso del recurrente nombre reservado, se reclamó un monto de $ 13.857.695 y don nombre reservado, reclamó la suma de $ 7.135.869.

Expuso que para el proceso de don nombre reservado, el Prefecto Inspector nombre reservado respondió mediante NOTA N°5, e indicó que pagó la suma de $4.518.563, pero sólo por los períodos desde el 26 de abril de 2021 al 30 de diciembre de 2022. Lo cual es un pago incompleto, adeudándose la suma de $ 9.339.132, siendo ilegal y caprichoso lo cancelado debido a que el incumplimiento de pago lo generó la propia PDI mediante Radiograma 285 de julio de 2019 que suspendió el pago íntegro del estipendio reclamado.

Refiere que respecto de don nombre reservado, El Prefecto Inspector nombre reservado respondió mediante NOTA N° 2, donde le indicó que la solicitud del monto reclamado se encontraba prescrita, por haber transcurrido más de 6 meses. Lo cual ilegal debido a que el incumplimiento de pago lo generó la propia PDI mediante Radiograma 285 de julio de 2019.

Señala que el actuar u omitir es ilegal, se han afectado la integridad de las remuneraciones contemplada en los artículos 87 y 88 del Estatuto del Personal de la PDI; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, lo cual ha ocurrido incluso en la forma de razonar los actos terminales que peticionaron los montos reclamados.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima infringidas, aduce que se ha afectado la garantía consagrada en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política de la República, desde que la respuesta terminal del proceso administrativo en los términos y forma indicada por la recurrida afectan el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones adeudadas, obligación que se generó por la conducta directa e imputable de la PDI, por cuanto la conducta arbitraria e ilegal de la entidad recurrida afecta el derecho indubitado que tienen los ex funcionarios reseñados sobre parte de sus remuneraciones adeudadas, que se devengaron mes a mes debido a la suspensión de pago que efectuó la PDI.

Con fecha 9 de abril de 2023, evacua informe el recurrido, fundado, primeramente, la improcedencia de la acción de protección, por ser extemporánea, desde que la Contraloría General de la República, mediante el Oficio E98928/2021, de fecha 26 de abril de 2021, sostuvo que la asignación de especialidad al grado efectivo que percibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, por lo que, desde esta última fecha debió computarse el plazo para recurrir de protección.

En cuanto al fondo señala que la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del DS N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que, cabe señalar que mediante Oficio N° E98928/2021, del 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, remitió dictamen a esta Policía de Investigaciones de Chile, en virtud a una consulta formulada por el Director General, respuesta en la cual el ente Contralor, señaló que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº3.551, de 1980.

Refiere que al tenor de lo resuelto por la Contraloría General de la República, cabe mencionar en primer término que dicho pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, luego a fin de determinar su sentido y alcance, es menester aplicar las reglas generales de interpretación, contenidas, entre otras, en el artículo 20 del Código Civil. Agrega que de esta manera, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su versión vigente indica que la palabra “actualmente” significa “en el tiempo actual”, por lo que, a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, sólo el recurrente de autos, don nombre reservado, se encontraba percibiendo la asignación de zona.

Expuso que sobre la prescripción del cobro de las asignaciones del señor nombre reservado, se tiene que de la sola lectora del libelo interpuesto por el recurrente reconoce que su última remuneración la percibió en el mes de octubre de 2020 y el actor recién en el año 2023, interpone una acción constitucional de protección afirmando que le correspondió recibir la gratificación de zona, sumado a ello, con fecha 18 de enero de 2023, inició un procedimiento administrativo dirigido a la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, para exigir el pago de la asignación zona en circunstancias que en sus propios dichos fue llamado a retiro en el mes de octubre del 2020, superando con creces el plazo establecido en el artículo 99, del precitado Estatuto.

Precisa que según consta en Certificado de Pago del Banco Estado, con fecha 30 de diciembre de 2022, se realizó depósito en la cuenta corriente de don nombre reservado, relativo a la asignación zona la suma de $4.518.563, periodo comprendido entre los meses de abril 2021 al mes de diciembre 2022, por lo que la Policía de Investigaciones de Chile, realizó todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago no sólo del actor, sino de todos aquellos funcionarios que se encuentran en la misma situación que él, solicitando un incremento extraordinario, lo que implicó que recursos no previstos originalmente en su presupuesto le fueran provistos desde otras partidas.

Refiere que en cuanto al derecho a la propiedad de toda clase de bienes, que se habría visto conculcada por su parte, es dable señalar que en ningún caso los recurrentes han visto afectada, menoscabada o perturbada su garantía fundamental de derecho a la propiedad de sus remuneraciones, toda vez que el actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, se ha ceñido a la ley y reglamentación vigente, sin que haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario.

Con fecha 7 de junio de 2023, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 9 de junio de 2023, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, previo a entrar al fondo del asunto, y en relación con la alegación de extemporaneidad del recurso promovida por la recurrida, es menester señalar que se rechazará la misma, por cuanto el acto administrativo recurrido, el que se especificará más adelante, fue notificado a los recurrentes con fecha 20 de enero de 2023, por lo que desde esta oportunidad a la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 18 de febrero de 2023, no han transcurrido los treinta días corridos desde que tuvo conocimiento de aquél para interponer la acción de protección que se conoce, de acuerdo al N°1 del Auto Acordado respectivo.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal en la resolución de la recurrida de no pagar la suma de $9.339.132 y de $7.135.869, a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, correspondiente a la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la “Gratificación de Zona”, el cual tiene el carácter de remuneración; fundando tal decisión, en el primer caso, en el hecho de que solo cabe pagar el periodo que abarca desde el 26 de abril de 2021 al 30 de diciembre de 2022, es decir, a contar del dictamen de Contraloría y no retroactivamente, lo que ascendería a su concepto a la cantidad de $4.518.563; y en la segunda situación, se basó en que no correspondía pago alguno de dicho importe, por encontrarse prescita tal obligación, al haber transcurrido los seis meses que prevé el legislador desde que se hizo exigible el derecho de cobro de la asignación en cuestión; estimando el recurrente que con ello se infringe la garantía constitucional del N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, por ende, pide que se ordene a la recurrida adoptar las providencias para pagar los montos reclamados por los recurrentes.

SEXTO: Que, con los antecedentes acompañados al proceso, apreciados de conformidad a la sana crítica, se pueden establecer como hechos de la causa, que:

1.- Los recurrentes desempeñaron funciones en la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en la región policial de Coyhaique, labores que para los presentes fines se circunscriben desde el año 2019 hasta el respectivo retiro de la PDI, para el caso de don nombre reservado, su última remuneración la percibió en enero del año 2022 y para el caso de don nombre reservado, fue en el mes de octubre de 2020.

2.- Mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, se informa a todo el personal institucional que a partir de mayo de 2019, se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona para los trabajadores de la PDI que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del Departamento de Auditoria interna y a informe Técnico Jurídico.

3.- Por medio de Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, la PDI informa al personal que el pago efectuado por el radio anterior había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor, refiriendo que las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho respecto al pago en cuestión.

4.- Por medio del Dictamen Nº E98928 / 2021, de 26 de abril de 2021, la Contraloría General De La República, en lo sustancial, refirió que: “En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980.

Finalmente, cumple con señalar que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N° 87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.”.

5.- A través del ORD N° 1232 de fecha 19 de mayo de 2022 de la Dirección de Presupuesto de la PDI, se responde que el monto, que corresponde a lo solicitado por la Policía de Investigaciones de Chile, durante el proceso de formulación del presupuesto para el año 2022, sí incluía la asignación de grado efectivo, resaltando que el subtítulo 21 Gastos en Personal, se aprueba a ese nivel de agregación, conforme lo solicitado por cada servicio.

6.- Con fecha 14 de diciembre de 2022, don nombre reservado, efectuó un requerimiento de pago remuneraciones adeudadas ante nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las personas, solicitando que conforme a los cálculos correspondientes, la PDI le adeuda por no pagar debidamente la Asignación especial al grado efectivo, código H0050 de acuerdo a la zona, incumpliendo el pago de los montos que señala en su presentación, el que asciende a la suma total de $14.801.771 más reajustes.

7.- Con fecha 14 de diciembre de 2022, don nombre reservado, efectuó un requerimiento de pago remuneraciones adeudadas ante nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las personas, señalando al efecto que por medio del presente acto administrativo, en su calidad de interesado en virtud de la Ley N°19.880, solicita respuesta y exigir el pago del emolumento adeudado por la PDI, denominado “Asignación especial al grado efectivo” código H0050 de la liquidación de rentas. Precisa que por su desempeño el aumento del emolumento se pagó en las liquidaciones de renta del mes de mayo del año 2019, aquello conforme a Radiograma N° 225 del 30.MAY.2019, que correspondió a la suma de $ 412.288, lo que generó el derecho adquirido debido a que se incorporó a su patrimonio; precisando que conforme a los cálculos correspondientes, la PDI le adeuda por no pagar debidamente la Asignación especial al grado efectivo, código H0050 de acuerdo a la zona, incumpliendo el pago de los montos que en su presentación consigna, lo que asciende la suma de $ 7.135.869 más reajustes.

8.- Por medio de Nota N°2, don nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las personas, se dirige a don nombre reservado, señalando que: “respecto de su destinación a la Brigada de Investigación Criminal Coyhaique, desde el 08. JUL.013 al 01.JUL.020, fecha en que se acogió a retiro, percibiendo su última remuneración el mes de octubre del año 2020, en circunstancias que, la fecha consignada de su única petición sobre la materia aquí analizada, conforme los antecedentes tenidos a la vista, fue el 14. DIC.022, ante esta institución Policial, es posible determinar que ha transcurrido en exceso el plazo de que disponía para impetrar su pretendido pago, conforme lo dispuesto en el artículo 99 del DFL 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo.

Conforme con lo expuesto, es del caso señalar que su derecho a solicitar el eventual reconocimiento y pago de la respectiva gratificación de zona calculada considerando en su base la asignación de especialidad al grado efectivo que percibió cuando fue de dotación institucional en la Región de Aysén, por el periodo que se señala, se encuentra prescrito, pues ha transcurrido con exceso el plazo de seis meses que disponía para solicitar que se impetrara su pago conforme la referida normativa”.

9.- Mediante Nota N°5 de 19 de enero de 2023, don nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las personas, se dirige a don nombre reservado, informando que con fecha 29 de diciembre de 2022, procedió al pago de lo adeudado por concepto de gratificación de zona, respecto de los periodos comprendidos entre 26 de abril de 2021 al 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive, por la suma única y total de $4.518.563, los cuales fueron abonados en su última cuenta bancaria registrada en esta institucional policial.

10.- Mediante Nota N°11 de 6 de febrero de 2023, don nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y Gestión de las personas, se dirige a don nombre reservado, informando que ha transcurrido en exceso el plazo de que disponía para impetrar su pretendido pago, correspondiéndole únicamente el pago de los periodos reconocidos por la Policía de Investigaciones, contar del 26 de abril de 2021, lo cual fue pagado con fecha 29 de diciembre de 2022, conforme indica su nota de respuesta N°5 del 19 de enero de 2023.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la parte recurrida, ha cuestionado los importes demandados por los recurrentes, ya que tratándose del señor nombre reservado, si bien reconoce la deuda parcialmente por la asignación respectiva, no concuerda con el periodo pretendido por este último; en tanto, respecto del señor nombre reservado, estima que el derecho a reclamar por tal asignación se encontraría prescrito.

OCTAVO: Que, así las cosas el derecho de los recurrentes en cuanto a las sumas demandadas, su existencia y determinación, se encuentran dubitadas, máxime si existen alegaciones de fondo, como lo es el instituto de la prescripción; discusión y controversia ésta que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones de una y otra, por otro procedimiento y no por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional y objetivos distintos, que sólo pueden referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados a este proceso, lo que, de acuerdo a lo señalado, no ocurre en el presente caso, desde que el derecho de los recurrentes resulta controvertido, razón por la cual el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Karen Paola Delgado Gómez, abogada, en favor de nombre reservado, y de don nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol 44-2023 Protección.