nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a veinticinco de Mayo del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, asistente social, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en razón de que la recurrida habría privado y/o perturbado, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de los números 4 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, solicitando en definitiva y en forma genérica, que se ponga pronto remedio al acto ilegal y arbitrario en el cual ha incurrido y previamente al petitorio, señaló: “obligando en concreto a la recurrida lo siguiente: I. Se ordene de inmediato la eliminación de todo el contenido publicado en el descrédito de mi persona, nombre reservado. II. Se ordene de inmediato que la recurrida, nombre reservado se abstenga en lo sucesivo de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía.” (SIC).

En el segundo otrosí, enunció los antecedentes que acompañó a su presentación.

Se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

La recurrida, doña nombre reservado, informó al tenor del recurso, solicitando se rechace éste, con costas, acompañando documentos que mencionó en el primer otrosí de su informe.

Se trajeron los autos en relación y en la audiencia del 18 de Mayo del año dos mil veintiuno, se recibieron alegatos, compareciendo, por modalidad de videoconferencia, sólo el abogado de la recurrente, don Rolando Andrés Flores Isla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección funda su acción cautelar indicando, en cuanto a los hechos, que el 1° de Junio del año 2020 ingresó a prestar servicios como Asesora Municipal de la Comuna de las Guaitecas, en su calidad de Asistente Social; que en el mes de Junio una usuario denunció un grave hecho en contra de la recurrida, administrativa del departamento de área social, en el sentido que le habría informado que el Alcalde de la Municipalidad no le entregaría ninguna ayuda social proveniente del Gobierno Regional, lo que comunicó al Alcalde.

Al día siguiente de la denuncia, citó a la recurrida a su oficina para que esclarezca la denuncia realizada y ofuscada y a la defensiva le dice que le haga un sumario, lo que escapaba a sus facultades, solicitando no le levantara la voz y que guardara compostura porque era solo una consulta.

La recurrida logró saber quién había sido la usuaria y le ordenó que fuera a su oficina para conversar con ella.

La usuaria pasó por su oficina a consultar si había revelado su nombre, atendido lo acontecido, le dijo que estuviera tranquila y que no habían indicado su nombre y que el Alcalde decidió no realizar ningún sumario.

Que, asimismo, la recurrida se molesta porque se le exigió que se registren todas las salidas de ayudas sociales y se realicen la ruta de salida ordenadas, dejando un registro de las ayudas entregadas y no entregadas, de forma rápida debido a que contenían alimentos perecibles, a lo que la recurrente estaba obligada por contrato.

Por lo anterior, la recurrida le denunció por acoso laboral en el mes de Febrero del año 2021, exponiendo: “Como se ha indicado, no ha sido una sola vez que se presenta el acoso laboral por parte de la Sra. nombre reservado y creo que sin lugar a equivocarme que no soy la única que ha sufrido este tipo de situaciones”. Ante tan grave acusación la Municipalidad evacuó informe desmintiendo cada uno de los dichos de la recurrida ante el órgano contralor.

Indicó la recurrente, que la recurrida, el día 12 de Marzo del año 2021, un día después que el Alcalde dejara su cargo, en la red social Facebook, publicó: “Yo no soy de andar publicando mi vida familiar ni persona por redes sociales, pero hoy quiero que mi gente de Guaitecas se entere del mal trato he estado viviendo en mi trabajo después de más de 20 años en el municipio, y que lamentablemente no se hizo nada cuando entregue la carta al S. Alcalde con copia al concejo, la Sra. nombre reservado llegó en el mes de Junio de 2020 y en Julio me llamó a su oficina para amenazarme con un sumario administrativo porque según ella una usuaria había hecho una denuncia mía muy grave, lo cual nunca sucedió posteriormente siguió su hostifamiento y sus malos tratatos hacia mi, la ultima fue…” (SIC). Reproduciendo parte de la publicación.

Sostuvo que dicha publicación es ilegal y arbitraria y fue comentada por cientos de personas, citando una de ellas.

Acerca del derecho, cita doctrina sobre el derecho a la propia imagen y que la dignidad de las personas es un valor supremo y un principio jurídico.

Sostuvo que su acción cautelar fue interpuesta dentro de plazo, de acuerdo al respectivo Auto Acordado.

Seguidamente, refiere la primera garantía que estima conculcada, el derecho a la honra, en sus aspectos subjetivo y objetivo, de sí mismo y de la colectividad. Luego, se refiere al derecho del número 24, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, en cuanto el derecho de propiedad sobre su propia imagen; también discurre la recurrente acerca del derecho a su vida privada. Respecto de todas ellas cita jurisprudencia.

Sostuvo que la publicación de la recurrida en Facebook, es un acto ilegal y arbitrario, puesto que si la recurrida plantea que existe un menoscabo o un acto de autoridad, aquella ya lo ejerció al informar mediante denuncia a la Contraloría Regional de Aysén, la gravedad del caso es cuestión es que si la recurrida sabe y conoce que ese camino existe y lo omite deliberadamente con el fin de obtener un fin legítimo, perturbando el derecho a la honra, a la propia imagen y a la vida privada, ya que los terceros no tienen por qué tomar conocimiento de los hechos que son conocidos por la Contraloría Regional, aún más si todo esto va acompañado con fuertes cuestionamientos y descalificaciones graves; publicaciones irresponsables ya que han incitado a que numerosas personas amenacen la integridad física y psíquica de su persona en un período de tiempo especialmente marcado por la campaña política y más aún cuando es una comunidad de muy pocos habitantes y sobre todo en plena crisis sanitaria y social. Además el acto es arbitrario, pues se aleja de la racionalidad en cuanto a la conducta aceptada para la solución de un conflicto.

SEGUNDO: Que, la recurrida, por su parte, manifestó en su informe la naturaleza del recurso de protección.

Acerca de los hechos indicó que es efectivo que la recurrente ingresó a prestar sus servicios con fecha 1 de Junio del año 2020, a honorarios, rechazando la imputación de que fuera efectuada una denuncia en su contra por una usuaria. Que al volver de sus vacaciones se enteró que la recurrente, por vía radial comunitaria, había anunciado un sumario dirigido a una funcionaria a virtud de que se habría cometido una falta grave. Al día siguiente la recurrente la invitó a su oficina, en la que le informa de la supuesta denuncia y sumario para evaluar sus responsabilidades, percatándose, en ese momento, que los dichos emitidos en la radio eran dirigidos hacia su persona.

En la reunión, con elevado tono de voz, no le indicó quién era la denunciante y le hizo presente que de la situación debía dar cuenta a su superiora o al Alcalde, haciendo presente que en reiteradas ocasiones puso en duda su actuar laboral dentro del municipio, no habiendo sido objeto de denuncia alguna en todo su desempeño.

Se contactó con su jefe de departamento, quien conversó telefónicamente con la denunciante quien negó la denuncia y que se aproximaría al municipio.

Niega que se le haya solicitado un registro de ayudas sociales, el que, en todo caso, siempre han realizado en su departamento.

Con todo ello, sostuvo que la recurrente falta a la verdad y los tratos denigrantes provienen de parte de la recurrente, lo que motivó una denuncia de su parte a la Contraloría Regional, no habiendo acompañado, aquélla, antecedentes de descargos del municipio; que igual denuncia hizo ante el Municipio y en ninguna instancia ha recibido respuestas lo que le ha motivado desmedro en su salud, por lo que en un estado de desesperación pensó en hacerlo público en Facebook y esperar ayuda de algún superior o hacer un llamado de atención de la situación que estaba ocurriendo o recibir ayuda emocional en su amigos de Facebook, haciéndose un centenar de comentarios a su publicación de los que no puede hacerse responsable, pero ella no faltó el respeto que infringiera alguna de las garantías constitucionales de la recurrente.

Cita opiniones de tratadistas acerca de la libertad de emitir opinión y jurisprudencia al respecto, reiterando que sólo buscaba ayuda emocional en un momento de desesperación, sin ánimo de “funar” o alentar a otras personas a hacerlo.

Se explaya, seguidamente, acerca de la garantía del derecho a la propiedad de la imagen, la que se vería postergada por el derecho a la información pública, interés superior.

Termina solicitando el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1, del Código Civil -, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone.

CUARTO: Que, para ello, resulta primeramente necesario tener presente que el acto denunciado como agraviante lo constituye una publicación en una red social, Facebook, De manera que corresponde, en consecuencia, determinar si tal acción constituye un acto arbitrario o ilegal.

QUINTO: Que, igualmente, cabe señalar que para probar los hechos denunciados, la recurrente acompañó a estos autos, pantallazos de una serie de publicaciones efectuadas en redes sociales, Facebook, la primera de ellas, de la recurrida, que reza:

“Yo no soy de andar publicando mi vida familiar ni personal por redes sociales, pero hoy quiero que mi gente de Guaitecas se entere del mal trato que he estado viviendo en mi trabajo después de más de 20 años en el municipio, y que lamentablemente no se hizo nada cuando entregue la carta al sr. Alcalde con copia al concejo, la Sra. nombre reservado llego en el mes de Junio de 2020 y en julio me llamo a su oficina para amenazarme con un sumario administrativo porque según ella una usuaria había hecho un denuncia en contra mía muy grave, lo cual nunca sucedió posteriormente siguió su hostigamiento y sus malos tratos hacia mi, la ultima mas grave fue delante de atención de publico, esta Sra. Que es de profesión Asistente Social es una persona déspota, prepotente y mal educada, se que no soy la única que ella le ha gritoneado dentro del municipio pero también se que hay colegas que tienen miedo que se sepa, esta situación me ha tenido mal de salud y que rabia da cuando no se hace nada al respecto, soy una funcionaria que hago mi trabajo con mucho amor, especialmente con los Adultos mayores y estudiantes de mi querida Melinka y Repollal y seguire haciéndolo. La denuncia de malos tratos, hostigamiento lo hice a Contraloría y agradezco todas las muestras de apoyo que…”.

Se acompañaron, también, pantallazos de diversas personas que se refieren a dicha publicación y que se refieren a la recurrente como prepotente, envidiosa, mal educada, incompetente, deslizando otros comentarios relacionados con la amistad de la recurrente y del Alcalde.

Asimismo, consta, que con fecha 2 de Febrero del año 2021, la recurrida realizó denuncia a la Contraria Regional de Aysén, por acoso laboral de parte de la recurrente, señalando, no sólo el episodio que la recurrente comenta, sino que otros más, haciendo presente que dicha situación afectaba, también, a otras personas, funcionarios del mismo municipio.

Que, según la recurrida, la persona que habría reclamado ante la recurrente, habría presentado una carta explicativa, sin embargo, no existe certeza en autos acerca de si tal persona, fue o no, quien emitió dicha denuncia, lo que resulta ser irrelevante a los efectos de la publicación en red social que se reclama y sus consecuencias.

SEXTO: Que, por lo expuesto ut supra, los antecedentes acompañados aparecen como suficientes para estimar que efectivamente la recurrida difundió su opinión y parecer respecto de la persona de la recurrente, de hecho es expresamente reconocido y justificado como un desahogo y necesidad de contención por sus amigos en la red social Facebook, por la que se cuestiona el nombramiento y desempeño de la recurrente en sus funciones, como su formación personal, así, se la trató de persona “déspota”, “prepotente” y “mal educada”, asimismo le imputó “amenazas” de la instrucción de un sumario administrativo.

A este respecto, la imputación de amenaza (de la instrucción de un sumario administrativo), es eventualmente constitutivo de un delito (circunstancia que, por encontrarse en conocimiento de la Contraloría Regional de Aysén, no se abundará a su respecto).

Asimismo, se calificó a la recurrente como persona “déspota”, que en su tercera acepción del Diccionario de la real Academia de la Lengua, define como “Persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad.”, como “prepotente”, en la misma definición por el mismo Diccionario: “Poder superior al de otros, o muy poderoso”; de lo que debe colegirse la acepción para abusar, que reza: “Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien.”.

Dicha publicación, redundó con que otras personas opinaran respecto de la recurrente como “patrón de fundo”, persona “disociativa”, que “quiere pisotear a los demás”, “persona mal educada”, que se encuentra en su trabajo porque “está ahí por amistad con el alcalde de turno, no por sus méritos”, “persona incompetente”.

SÉPTIMO: Que, hoy en día, no puede minimizarse la trascendencia e influencia de las redes sociales en la opinión pública y entorno social, con mayor relevancia en localidades muy pequeñas en que todas las personas se conocen o al menos, se ubican, lo que motiva, indudablemente, a emitir opinión propia y en la generalidad de los casos, con ausencia de otros elementos necesarios para ello, de manera que la mesura y cuidado necesarios para ello, se dejan de lado e invariablemente se toma partido por quien realiza la denuncia o lo que se presume es la afectación de sus propios derechos, obviando, generalmente, los medios adecuados y legalmente consagrados al respecto, lo que deviene, en consecuencia, con la transgresión el estado de derecho que debe regirnos.

Así, publicaciones de este tipo, hacen un llamado público a una justicia de propia mano lo que repugna a nuestra legislación.

A mayor abundamiento, la fácil y masiva accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad para verificar la veracidad de los antecedentes publicados a través de este tipo de plataformas, impiden a los afectados poder manifestar su propia opinión o rebatir las imputaciones expresadas en su contra, elemento que permite materializar la intención de vulneración a la honra perseguida por quien publica o difunde tales expresiones.

OCTAVO: Que, en efecto, las acciones de la recurrida se transforman en una auto tutela de los derechos que dice se le habrían infringido, emitiendo juicios sobre el actuar de la recurrente y haciendo pública una situación funcionaria, personal, con el evidente afán de que el público lector apoye sus asertos con una presunta conducta de la recurrente, más aún si se tiene presente, que la recurrida realizó actos administrativos que le competen ante las autoridades correspondientes por la misma conducta que denuncia por red social, sumada a otras, ante el mismo señor Alcalde de la Municipalidad en la que se desempeña y ante la Contraloría Regional de Aysén, estando, según lo reconocido por la recurrida, aún pendiente de resolución.

NOVENO: Que, la recurrente ha estimado lesionado el derecho a la honra, protegido por el número 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, infracción que este Tribunal comparte y así se resolverá en consecuencia.

DÉCIMO: Que, en este sentido ha resuelto la Excma. Corte Suprema, sobre la misma materia al estimar: “Que, en lo que dice relación con las expresiones que la recurrente estima afectan su honra, todo ello para brindarle amparo en el respeto a la garantía constitucional consagrada en el n° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta Corte es de parecer que las expresiones vertidas por el recurrido en relación a la actora resultan desdorosas, pudiendo afectar la consideración que terceras personas puedan tener o formarse de ella, por lo que resultan lesivas del derecho invocado y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar por este acápite.” (C.S. Rol N° 2506-2009).” (Sentencia Corte Suprema de 30 de Julio de 2018, en causa Rol 14.998-2018).

Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: “Que, sobre esta materia, el Tribunal Constitucional ha expresado que “El derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial, cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación masiva…” (Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2071 y Rol Nº 2085).” (Sentencia Corte Suprema Rol 18.676-2018 de 26 de Noviembre de 2018).

UNDÉCIMO: Que, en mérito de lo razonado huelga, en consecuencia, referirse o proceder al análisis de las demás garantías y derechos invocados por la recurrente, por resultar inoficioso a los fines que pretende.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado del 24 de Junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve que: SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y en consecuencia, se ordena que la recurrida, doña nombre reservado, deberá eliminar, dentro de tercero día, a contar de que la presente sentencia quede ejecutoriada, la o las publicaciones realizadas en redes sociales Facebook o cualquier otro similar, que afecten y se refieran a la persona de la recurrente, absteniéndose, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones del mismo o semejante tenor, en ésta u otra vía análoga.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 44-2021.- (Protección).