nombre reservado CONTRA nombre reservado

Coyhaique, doce de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 15 a 21 vuelta, comparece doña nombre reservado, abogada, chilena, soltera, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización nombre reservado, representado por su Director Regional don José Francisco Ojeda Cárdenas, constructor civil, o quien lo subrogue o represente legalmente, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, específicamente el día 15 de mayo de 2014, al tomar la determinación de cesar anticipadamente y sin justificación alguna ni argumentación en derecho su contrata en el Servicio de Vivienda y Urbanización nombre reservado, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Afecta N° 021, de 15 de mayo de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, declarando que ésta ha conculcado el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley y de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, hasta el 31 de Diciembre de 2014, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación y, en subsidio, en el evento que el Tribunal de Alzada, acogiendo la acción constitucional de autos, estimare que por la fecha que se resuelva se hubiese ya tomado de razón por el ente contralor, y no procediese reintegrar a la recurrente a sus funciones, se le paguen las remuneraciones que le hubieren correspondido, desde la fecha de su separación ilegal, hasta el día 31 de diciembre del año 2014, con costas, adjuntando la documentación pertinente al caso, de fojas 1 a 14.

A fojas 23, se declaró admisible el presente recurso y se pidió informe a la recurrida.

A fojas 64 y siguientes doña nombre reservado, ingeniero civil industrial, en representación como Directora Subrogante del Servicio recurrido, informa respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas, acompañando, de fojas 34 a 63 diversa documentación.

A fojas 88, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 15 a 21 vuelta, comparece doña nombre reservado, abogada, chilena, soltera, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización nombre reservado, representado por su Director Regional don José Francisco Ojeda Cárdenas, constructor civil, o quien lo subrogue o represente legalmente, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, específicamente el día 15 de mayo de 2014, al tomar la determinación de cesar anticipadamente y sin justificación alguna ni argumentación en derecho su contrata en el Servicio de Vivienda y Urbanización nombre reservado, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Afecta N° 021, de 15 de mayo de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, declarando que ésta ha conculcado el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley y de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, hasta el 31 de Diciembre de 2014, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación y, en subsidio, en el evento que el Tribunal de Alzada, acogiendo la acción constitucional de autos, estimare que por la fecha que se resuelva se hubiese ya tomado de razón por el ente contralor, y no procediese reintegrar a la recurrente a sus funciones, se le paguen las remuneraciones que le hubieren correspondido, desde la fecha de su separación ilegal, hasta el día 31 de diciembre del año 2014, con costas.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, refiere como hechos, que ingresó al Servicio el día 15 de Noviembre de 2011, como Profesional, grado 7° de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarías Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, para prestar servicios en calidad de Contralora Interna del Serviu de la nombre reservado, suscribiéndose al efecto la Resolución Afecta N° 063, de fecha 14 de Noviembre de 2011, suscrita por el Director a esa fecha don nombre reservado, solicitando se le asimile al grado profesional que se remunera a nivel nacional de acuerdo al cargo que ocupa de Contralora Interna, por lo que se modifica la Resolución Afecta N° 075 de fecha 29 de Diciembre de 2011, mediante la Resolución Afecta N° 01, de fecha 02 de Enero de 2012, contratándosele asimilada al grado 6 EUR a contar del 01.01.2012 al 31.12.2012, prolongándose su desempeño laboral por dos años, siete meses y ocho días ininterrumpidos, reseñando, seguidamente, las labores que realizó durante dicho periodo, las que, según expone, fueron desarrolladas con el más alto sentido de profesionalismo, responsabilidad y compromiso, y es así que la gestión y trabajo desarrollado fue fundamental para la adecuación de las resoluciones que autorizan y aprueban bases de licitación de acuerdo a los criterios del Ente Contralor, el posicionamiento de la Contraloría Interna como ente asesor al interior del Servicio y la percepción positiva de su funcionamiento a nivel central, lo que consta en la mayor cantidad de resoluciones con Toma de Razón y en la profusa labor desarrollada, reconociéndose su profesionalismo y compromiso en correo electrónico de despedida de parte de miembros del equipo de Contraloría Interna Ministerial, lo que torna inexplicable su desvinculación, atendido un argumento de simple lógica, pues estamos ante una gestión exitosa y beneficiosa para la institución, por lo que nada permite entender una expulsión anticipada del servicio público, teniendo en consideración, además, que su hoja de vida no presenta ninguna anotación u amonestación y siempre fue calificada en Lista 1, de Distinción, por la Junta Calificadora del Servicio.

Agrega, en relación a los antecedentes de su última contratación, que ésta se dispuso mediante acto administrativo, plasmado en Resolución Exenta N° 0933, de fecha 24/12/2013, del nombre reservado Regional de nombre reservado, a contar del 1° de Enero de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2014, en el Escalafón Profesional, grado 6° de la E.U.R., y que respecto a los antecedentes de su desvinculación, con fecha 15 de Mayo de 2014, se firmó la Resolución Afecta N°021, por la Directora Subrogante de nombre reservado, doña nombre reservado, que en su parte considerativa señala, "3.- Que por razones de buen servicio este nombre reservado, ha decidido poner término anticipado a la contratación de doña nombre reservado; y en la resolutiva señala lo siguiente: "1.- Póngase término, a contar de la total tramitación de la presente resolución a la contratación de doña nombre reservado, Rut N° RUT reservado, Profesional, asimilada al grado 06 EUR, de la planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarías Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización de la dotación del nombre reservado del General Carlos Ibáñez del Campo, por no ser necesarios sus servicios.", haciendo presente, que no se encontraba sometida a investigación sumaria ni sumario administrativo, por lo que se inició el trámite de toma de razón, disponiéndose el cese de contrata luego de la realización de los trámites administrativos, siéndole enviada la carta certificada con fecha 19 de Junio de 2014, a un domicilio distinto al informado a Personal, ya que la numeración no corresponde como consta del sobre que señala Alfonso Serrano 639 B, pero igualmente el funcionario de Correos de Chile le entrega el sobre el día martes 24 de Junio, suscribiendo con dicha fecha el acta de entrega al efecto, notificándose con dicha fecha del acto administrativo ya singularizado, y que, la autoridad Administrativa, cuando decide hacer uso de la facultad de anticipar el término de una contrata, es decir, cuando recurre al mecanismo de "mientras sean necesarios sus servicios", no sólo debe estar consignado en el respectivo instrumento tal expresión o frase, de modo que tal decisión no quede al solo arbitrio de la parte contratante, sino que además es requisito sine quanon, que además el acto administrativo que así lo decide, debe exponer la razones que justifican tal exoneración, acto que, a todas luces, es vulneratorio, arbitrario e ilegal, por cuanto, contraría lo resuelto por la Jurisprudencia Judicial, en atención a que una vez dispuesta su contratación, en la que se incluyó la cláusula antes mencionada, resulta forzoso concluir que la superioridad se encuentra facultada para poner término anticipado a sus labores, pero que dicho acto administrativo debe ser fundado, lo que a todas luces no acontece en la especie, pues "razones de buen servicio" o el "no ser necesarios sus servicios", deberían encontrarse claramente justificadas, fundamentadas y acreditadas por lo que la funcionaria recurrente deberá cesar en dicho cargo, por expreso mandato de la ley, sólo una vez vencido el término establecido en la citada resolución N° 0933, de 2013, esto es, el 31 de diciembre de la presente anualidad, por lo que resulta de todo arbitrario e ilegal la actuación de la recurrida en la cual se pone término anticipado a su contrata -sin otros antecedentes- más que señalar que no fueran necesarios sus servicios.

Como antecedentes de derecho, refiere que, siendo cinco los elementos del acto administrativo, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos y, en este caso, la ilegalidad se configura en relación a que el acto adolece de causa lo que trae consigo la ilegalidad del mismo, lo que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario al aparecer desprovista de motivos reales y concretos que la justifiquen. Que el Recurso de Protección, según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, procede respecto de actos y omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que se señalan en la misma disposición, y tiene por finalidad obtener que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, por lo que se decide recurrir de protección por la vulneración de las garantías que denuncia.

En relación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 Nº 2, refiere que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Afecta N° 021, de 15 de mayo de 2014, que dispuso el cese anticipado de su contrata, se debe entender que éste ha sido objeto de una diferenciación que carece de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razones de las necesidades del servicio, siendo por tanto discriminada arbitrariamente y vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley, y que la autoridad Administrativa, cuando decide hacer uso de la facultad de anticipar el término de una contrata, es decir, cuando recurre al mecanismo de "mientras sean necesarios sus servicios", debe estar consignado en el respectivo instrumento tal expresión o frase, de modo que tal decisión no quede al solo arbitrio de la parte contratante, sino que, además, el acto administrativo que así lo decide, debe exponer la razones que justifican tal exoneración, y una interpretación contraria importaría aceptar que la decisión de permanencia de un empleado a contrata, se halla sujeta a la mera voluntad del Jefe Superior del Servicio de la época, quien podría en virtud de circunstancias subjetivas anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, deber que toda Autoridad, por mandato del artículo 5º de la Ley General de Bases de la Administración del nombre reservado, está llamada a cumplir, idea que se refuerza aún más si se tiene en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los Órganos de la Administración del nombre reservado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, y que entre estas reglas, aplicables en forma supletoria, se encuentra el inciso cuarto, del artículo 41, que dispone que toda decisión, por cierto enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada, y la falta de fundamento en la actuación de la recurrida queda de manifiesto, teniendo en cuenta que esa exigencia también se desprende del artículo 10 del Estatuto Administrativo, que establece que los empleados a contrata durarán en sus servicios hasta el 31 de diciembre de cada año, norma que no puede verse superada por una decisión unilateral de autoridad sin fundamentos, que deja a la afectada en la más absoluta indefensión y, por consiguiente, sometida al poder ilimitado de ésta.

Que, por consiguiente, la Administración y el Órgano llamado a fiscalizar la aplicación de la legislación vigente, carece de facultades para autorizar su exoneración antes del término del período en que vence su contratación, de no mediar una justificación y comprobada causa legal o contractual que lo haga aconsejable y, en la especie, la Resolución impugnada aparece desprovista de motivos, por lo que puede afirmarse que el acto adolece de causa lo que trae consigo la ilegalidad del mismo, y que la normativa legal no concede a la autoridad una facultad de tipo discrecional, cuyo ejercicio lo autorizará para poner término a una contrata bajo la fórmula porque "los servicios ya no son necesarios", y que no está de más advertir que al tenor de los elementos y antecedentes aportados al proceso, permite tener por acreditado que no se han demostrado, en relación a la recurrente, los presupuestos fácticos para concluir el vínculo estatutario con el nombre reservado, tal y como lo regulan el Estatuto Administrativo y la resolución que la designó para el desempeño de dichas funciones, y que la decisión que se cuestiona, además de ilegal resulta arbitraria, desde que la facultad discrecional de la administración, aparece desprovista de motivos reales y concretos que la justifiquen, y que en tal sentido, la motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política, en el artículo 11, inciso segundo, y artículo 13, de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, el artículo 41, inciso tercero de la mencionada ley, donde se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan, y en el caso sublite, la resolución cuestionada no precisa las razones fácticas que conducen a prescindir de sus servicios, amparándose en una formula genérica, que no pasa de ser una mera afirmación que carece de todo fundamento, donde lisa y llanamente se pone término a una relación que se inició desde el mes de Noviembre de 2011, y se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que conduce a concluir que en la especie no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido fáctico al motivo en que pretende amparar su decisión, tornándose ilegal, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, y que tales normas no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar, razón por la que debe cumplirse con este requisito por imperio expreso del principio de juricidad y legalidad de nuestro ordenamiento jurídico, y que por lo demás, los motivos o fundamentos del acto están constituidos por los que lo originan, como aquellos efectos que se tienen en vista con su dictación, además, de los antecedentes determinantes, específicos, que dicen relación con el caso particular, ausentes en la especie, que son los que se requiere a la autoridad deje de manifiesto para su evaluación, de lo contrario la autoridad jurisdiccional se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus funciones, en términos que al no expresarse los fundamentos la decisión resulta igualmente arbitraria, citando jurisprudencia al respecto.

Que, así las cosas, al actuar la recurrida de la manera referida, se vulnera la igualdad ante la ley que reconoce la Carta Fundamental, en tanto se otorga un trato diferente a la recurrente en relación a otros empleados a contrata, que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que han de expresarse, por cuanto, la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, haciendo presente, como antecedente a considerar, que si no fueren necesarios sus servicios en el cargo que servía de Contralora Interna del Servicio, no se explica porque a la fecha de hoy se han contratado dos abogados en dicha Unidad, uno el que sirve el Cargo de Contralor Interno y el otro como Abogado Asistente, haciendo hincapié que las labores ya descritas de Contraloría Interna las desarrollaba solamente ella casi en su totalidad, y que desde el punto de vista del ciudadano o de quien debe soportar los actos de la administración, manifiesta que la fundamentación permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pues y como se puede ver en el caso, la fundamentación de su desvinculación no se origina en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de las funciones, ni mucho menos la extinción de las mismas, por lo que ni siquiera es posible intuir que criterio justifica el acto administrativo.

Refiere, seguidamente, que el Sr., Ministro de Hacienda dirigió a los señores nombre reservado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios, el Oficio Circular N° 44 de fecha 28 de noviembre de 2012, denominado "Instructivo a Jefes de Servicios sobre Proceso de Renovación del Personal a Contrata", en relación al artículo 10° de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, el que reproduce en lo pertinente, y que constituye, al igual que los reglamentos un tipo de norma y expresión del acto administrativo que emana de las autoridades superiores de la Administración Pública, conocidas en la doctrina como circulares o instrucciones, cuya fuerza vinculante descansa en las facultades que tienen los jefes de servicio para ordenar la buena marcha y funcionamiento del servicio público, a fin de ajustar sus decisiones a los principios que rigen la gestión pública dentro del marco fijado por la ley, y que, del análisis de su contenido, aparece claramente que la Circular en comento contiene instrucciones de tipo normativo vigente, en virtud de las cuales se establece un nuevo marco de actuación, en la renovación del personal a contrata y, a su vez, se otorga un nuevo sentido y alcance a la transitoriedad que esta modalidad de contratación lleva consigo, pues la instrucción establece claramente que la no renovación de las contratas debe aplicarse en lo sucesivo de manera limitada y restrictiva a casos debidamente fundados, y de esta manera resulta innegable que las instrucciones son vinculantes para sus destinatarios, entre ellos, el Director nombre reservado, pues su imperio descansa precisamente en el margen de potestad discrecional o de mando que todo Jefe del Servicio tiene respecto de sus subalternos, como máximo responsable del servicio y encargado de su eficiente y eficaz funcionamiento.

Que las instrucciones contenidas en la Circular en análisis, responden a un objetivo claro, dado por la mayor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y el fortalecimiento de los procesos de modernización del nombre reservado, instruyendo a sus destinatarios, a fin de evitar arbitrariedades en la no renovación del personal a contrata, que las desvinculaciones deben constituir la excepción y deben siempre fundarse en criterios objetivos, constando, además, que la mencionada Circular establece un nuevo marco general, aplicable a toda el personal a contrata, sin excepción alguna, y sin que se haya excluido inclusive de dicho marco a aquellos funcionarios que prestan servicios bajo la modalidad "hasta que sus servicios sean necesarios", y que, en este orden de ideas y, del análisis de la resolución afecta en las que se decreta el cese anticipado de sus funciones, dimana con claridad que éstas vulneran abiertamente las instrucciones normativas contenidas en el Oficio Circular N°44 del Ministerio de Hacienda, pues carecen en lo absoluto de basamento, de lo que se sigue que en su dictación la Sra. Directora nombre reservado (S), no se ajustó al nuevo marco de acción instruido en la materia y, que en la especie estaba dado por los criterios de excepcionalidad y objetividad que deben justificar la no renovación del personal a contrata, lo que resulta aún más reprochable si se considera que en el presente caso se puso término anticipado a mi contratación, ni menos aún dicha decisión se sustenta en los criterios objetivos que la propia instrucción normativa señala, referidos exclusivamente a criterios de desempeño, término de los programas respectivos o procesos de modernización estatal, lo que deja en evidencia que los actos de desvinculación, resultan arbitrarios, pues carecen por completo de fundamento y no se sustentan en criterios objetivos, o al menos de razonabilidad, ya que en su dictación se desconocen prácticamente la totalidad las instrucciones contenidas en la mencionada circular, incurriéndose con ello precisamente en la arbitrariedad que aquella pretende evitar, y que acorde con lo razonado, aparece que la situación descrita, constituye efectivamente un acto de discriminación de parte de la entidad recurrida, que afecta su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, pues los actos que determinan el cese anticipado de sus funciones, no respetan ninguno de los criterios que la propia Administración fijó para ponerle término a las contratas y que rigen respecto de la generalidad de funcionarios en la misma situación contractual y, en especial, de aquellos funcionarios sujetos a la misma modalidad contractual que prestan servicios en calidad de Contralores Internos Regionales, para los diversos Servicios de Vivienda y Urbanización Regionales, dado que los que fueron removidos de sus cargos han sido reubicados en otros puestos, sin que exista desvinculación anticipada alguna salvo la que afecta a ella, y que consta que la Administración puso fin a su contrata, de manera anticipada y sin fundamento, en circunstancias que las instrucciones superiores del Servicio obligaban al Jefe de Servicio de Vivienda y urbanización a mantener las contratas hasta el 31 de Diciembre del presente, fecha en la cual debía decidirse acerca de su renovación y, de optarse por el cese de funciones, tal decisión debía fundarse solo en los casos fundados ya analizados.

Expresa, finalmente, que esta actuación arbitraria e ilegal, le impidió seguir desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, y por tanto, a percibir la remuneración del grado 6 de la EUR, además de la totalidad de los permisos administrativos, que le correspondían hasta el término del contrato de manera inconsulta, vulnerándosele la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y hasta el 31 de diciembre del año 2014.

TERCERO: Que, a fojas 64 y siguientes doña nombre reservado, ingeniero civil industrial, en representación como Directora Subrogante del Servicio recurrido, informa respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Como hechos, expone que la recurrente, doña nombre reservado, ingresó a trabajar a nombre reservado en calidad jurídica de contrata grado 7° E.U.R., hasta el 31 de Diciembre de 2011, mientras sean necesarios sus Servicios, contratación que consta en Resolución Afecta N° 63, de 14 de noviembre de 2011, de don nombre reservado, Director nombre reservado de la época, habiéndose tomado de razón por Contraloría Regional de nombre reservado, con fecha 24 de noviembre del mismo año; que por Resolución Afecta N° 75, de 29 de diciembre de 2011, se prorrogó su contrato a contar del 01 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012 y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso; que mediante Resolución Afecta N° 001, de 2 de enero de 2012, se modifica la Resolución Exenta N° 75, en el sentido de que se asimila a la recurrente al grado 6 E.U.R., a contar del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso; que por Resolución Exenta N° 15, de 21 de enero de 2013, se prorrogó el contrato de la actora a contar del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso y, posteriormente, mediante Resolución Afecta N° 933, de 24 de diciembre de 2013, se prorrogó su contratación a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso, y que conforme notificación personal de fecha 6 de mayo de 2014, el Director nombre reservado P y T, don José Francisco Ojeda Cárdenas, ante ministro de fe, le comunica a la recurrente, la decisión de poner término anticipado a su contrata, “por no ser necesarios sus servicios”, a contar de la total tramitación de la resolución que respalda dicho acto administrativo, y en dicha instancia se le comunicó verbalmente de los fundamentos de la decisión del Servicio a objeto de mantenerla informada de todo el procedimiento, con la debida antelación y transparencia, en concordancia con la política de recursos humanos del Ministerio de Vivienda y Urbanización, que dispone que en el proceso de egreso, cualquiera sea su causal, se adoptarán las acciones necesarias para garantizar que la persona objeto de éste, reciba un trato adecuado y respetuoso, velando por que dicho proceso sea transparente e informado y se ajuste a la normativa vigente, y que el acto administrativo cuyo efecto jurídico es el de poner término anticipado a la contratación de la recurrente, es la Resolución Afecta N° 21, de fecha 15 de mayo de 2014, de quien suscribe, en su Calidad de Directora Subrogante de nombre reservado, en la cual teniéndose presente que por razones de buen servicio se invoca para este efecto la cláusula que se encuentra inserta en todos los actos administrativos señalados precedentemente, esto es, "por no ser necesarios sus servicios"; Resolución administrativa que fue ingresada con fecha 15 de mayo del 2014 a Contraloría Regional de nombre reservado, habiéndose tomado de razón por el Órgano Contralor con fecha 23 de mayo de 2014.

Agrega, que en un primer término, la recurrente manifiesta el débil argumento que el acto de la notificación de la Resolución Afecta N° 21 de fecha 15 de mayo de 2014, fue realizada en un domicilio que no es el suyo, lo cual es absolutamente inexacto, ya que dicho domicilio corresponde al declarado por la misma recurrente, no constando en la documentación del Servicio el haber informado un cambio de domicilio, asimismo según consta en acta de notificación de fecha 20 de junio de 2014, de don nombre reservado, Ministro de Fe de nombre reservado, que contactada telefónicamente a la actora esta manifestó que no iba a recibir ninguna notificación en su domicilio, ante lo cual se procedió a notificar del acto administrativo mediante carta certificada ingresada con fecha 19 de junio de 2014, en las Oficinas de Correos de Chile, en la cual se acompañó Resolución Exenta N° 21, entendiéndose ésta efectuada dentro de tercero día contados desde la fecha de recepción en la oficina de correos, conforme el procedimiento establecido en el Art. 46, inciso segundo, de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del nombre reservado y según jurisprudencia de la Contraloría General de la República, Dictamen N° 37.859/2014 que al tenor de ellos señala que "Término de la contrata rige desde la notificación del total tramite del acto administrativo que lo dispone", y que cabe enfatizar el hecho de que se le informó oportunamente cómo se llevaría a cabo todo el procedimiento de desvinculación, e incluso se le mantuvo siempre informada del estado de tramitación del acto administrativo correspondiente, por lo que la recurrente tenía pleno conocimiento de que sería desvinculada, al menos, desde el día 6 de mayo del año en curso, y prueba de ello se refleja en que la autoridad superior otorgó todas las facilidades para que pudiera hacer uso de sus derechos como funcionaria, autorizando el uso de su feriado legal, conforme lo establece el Art. 102 y siguientes del Estatuto Administrativo, lo cual consta en Resolución Exenta N° 294 de fecha 09 de mayo de 2014, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de mayo al 20 de junio de 2014, por 20 días, y que da cuenta del apego a las orientaciones generales, en especial al punto 4, impartidas por el Ministro de Hacienda de la época, en Oficio Circular N° 31, de fecha 29 de noviembre de 2013, a Sres. nombre reservado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores del Servicio, sobre proceso de renovación del Personal a Contrata.

Manifiesta, que en un examen previo a la desvinculación de la recurrente, el Director nombre reservado P. y T. don José Francisco Ojeda Cárdenas, al asumir el cargo, hizo un análisis integral respecto de cada una de las Unidades que componen la Institución y las funciones que realizan, requiriendo informes de gestión, funciones y puntos críticos de cada Departamento Interno de nombre reservado, esto como medio idóneo de diagnóstico y decisión, frente a lo cual se concluyó que la recurrente no satisfacía los estándares de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones específicas de Contraloría Interna Regional, que sin tener carácter de taxativo, se encuentran señaladas en el artículo 43 del D.S. 355 de Vivienda y Urbanismo de 1876, por lo que se le comunicó la determinación de dar término anticipado a su contrato y, ante las insuficiencias del Servicio, se consideró la necesidad de una restructuración de la referida Unidad de Contraloría Interna Regional, tomándose la medida de contratar a dos abogados con el fin de abarcar la totalidad de dichas funciones, regularizando a la brevedad todos los actos administrativos dentro del orden jurídico conforme a una gestión eficiente y eficaz de control de planes, programas y acciones del Servicio.

Que en ningún caso el acto administrativo que dispuso poner término anticipado a la contratación de la recurrente fue dictado de manera "arbitraria, pues carecen de fundamento o al menos razonabilidad" como indicó ésta en su libelo, pues existen una serie de hechos objetivos, circunstancias y deficiencias administrativas que actualmente se encuentran en proceso de regularización y que van en directa relación con el insuficiente ejercicio y cumplimiento de las funciones de Contraloría Interna Regional, a cargo de la recurrente como Contralora Interna, que en discrepancia a lo argumentado en su recurso sobre "una gestión exitosa y beneficiosa para la Institución", la autoridad pertinente en uso de sus facultades legales fundamenta su resolución en base a diferentes razones y antecedentes de hecho, que sin ser taxativos, confirman lo razonable de su actuar, y que son:

1.- Conforme lo señalado por la recurrente sobre su labor de control preventivo de los actos y procedimientos administrativos conforme el artículo 43 letras a), b), d) y g) del D.S.355 de 1976, cabe señalar que actualmente se encuentran en curso 7 sumarios administrativos e investigaciones sumarias, de alta complejidad, todos por distintos hechos y eventuales faltas administrativas acaecidas durante el ejercicio de sus funciones como Contralora Interna Regional, lo cual da cuenta del deficiente control preventivo de los actos administrativos del Servicio, razón que entre otras, justificó la necesidad de disponer la contratación de dos funcionarios abogados en Contraloría Interna, a fin de propender a la regularización, control y estudio de forma sistemática y crítica del funcionamiento administrativo del Servicio, procedimientos, resoluciones y del actuar de sus funcionarios y organización de los Departamentos Internos, y que a mayor abundamiento, en su recurso doña nombre reservado, enfatiza "en su correcta y eficiente revisión previa de la Resoluciones Afectas a toma de razón y de algunas resoluciones exentas requeridas por su complejidad o incidencia según el criterio del Director", señalando en su recurso que "todas las labores fueron desarrolladas por esta recurrente con el más alto sentido de profesionalismo, responsabilidad y compromiso, es así que la gestión y trabajo desarrollado fue fundamental para la adecuación de las resoluciones que autorizan y aprueban bases de licitación de acuerdo a los criterios del Ente Contralor, el posicionamiento de la Contraloría Interna como ente asesor al Interior del Servicio y la percepción positiva de y funcionamiento a nivel central. Todo lo anterior, consta en la mayor cantidad de resoluciones con Toma de razón y en la profusa labor desarrollada... ", sin embargo, cabe hacer presente que Contraloría Regional de nombre reservado, durante el primer semestre de este año 2014, ha expuesto la necesidad de regularizar la terminación y liquidación de al menos 16 obras públicas contratadas durante los últimos 4 años, cuyo actos administrativos de término no fueron remitidos oportunamente, según corresponde, al trámite de toma de razón, lo cual deja en manifiesto una vez más la deficiente labor de revisión y control por parte de la recurrente como Contralora Interna del cumplimiento de la normativa, situación que requiere actualmente un trabajo en conjunto con Contraloría Regional de nombre reservado, a fin de regularizar dichos procesos y actos administrativos, en el marco de mesas de trabajo que son de propia iniciativa del Órgano Contralor y no como según expone en su recurso, fueran de su gestión en cumplimiento de la función que le fue encomendada conforme el articulo 43 letra g) del D.S. 355 de 1976 V. y U., esto es, mantener una instancia de consulta e interlocución permanente con Contraloría Regional de nombre reservado.

2.- Respecto de su rol Asesor y elaboración de indicadores como manuales de operación y de funciones, que de una manera ágil y expedita tiendan a la eficiencia del Servicio y de la correcta aplicación de la legislación y reglamentación que los rijan, así también como proponer al Director nombre reservado nuevos procedimientos administrativos, que complementen, mejoren o modernicen los existentes, conforme las letras c) y e) del artículo 43 D.S. 355 de 1976 V. y U., en discrepancia a lo expuesto en su libelo, no existen antecedentes de manuales ni indicadores confeccionados por la recurrente, ni haber consolidado una revisión exhaustiva y modernización de resoluciones y actos administrativos del Servicios, labores todas inconclusas y que en la actualidad han sido asumidas por los actuales funcionarios de Contraloría Interna Regional.

3.- Que sin perjuicio de lo anterior, sobre las funciones mencionadas en su recurso por doña nombre reservado como Contralora Interna de Serviu nombre reservado, no son más que aquellas contempladas en el ejercicio normal de sus funciones, que se encuentran contenidas en el párrafo 10° del D.S. 355, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, el cual la autoridad informante no comparte, en base a criterios objetivos, los resultados obtenidos durante su gestión, decisión que justificó en los hechos la necesidad de promover una mejor gestión del Servicio, debiendo promover para tal efecto procesos de modernización y renovación de personal.

4.- Que, por último, conforme información contenida en Informe en Investigación Especial N° 1 de 2014 de Contraloría Regional de nombre reservado, sobre presuntas irregularidades relativas al uso de beneficios sociales, por parte de funcionarios públicos, cabe señalar que la recurrente se encuentra involucrada, habiendo sido al menos criticada y cuestionada en su probidad administrativa, por uso de beneficios sociales improcedentes conforme su información financiera-patrimonial y ficha de protección social, circunstancias que a todas luces escapa del alto estándar de probidad y cumplimiento de sus deberes funcionarios, que en su calidad de funcionaria pública y Contralora Interna Regional, debe mantener. Situación que fue representada personalmente a doña nombre reservado por el Director nombre reservado al momento de comunicarle de la decisión de poner término anticipado a su contrata.

Refiere que, en definitiva, estas son algunas de las razones de buen servicio y necesidades de nombre reservado, que fundamentaron la desvinculación de la recurrente del cargo de Contralora Interna Regional, todo a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del Servicio y la renovación del personal de Contraloría Interna Regional, en legítimo uso de las facultades que le confiere el articulo 18 letra a) del D.S. 355 de 1976 V. y U. al Director nombre reservado o quien lo subrogue, conforme a la cual en materia de personal, se le faculta para poner término de los contratos de los cargos proveídos en la calidad jurídica de contrata, cuando en ellos se hubiere incorporado una cláusula en que se establezca que el vínculo perdurará solo en tanto sean necesarios sus servicios u otra cláusula de similar tenor, habiéndose oportunamente expresado a la recurrente en forma personal y verbal el motivo del cese de sus funciones con al menos 30 días de anticipación, otorgándose todas las facilidades en el uso de sus derechos de feriado legal, no existiendo a la fecha nuevos antecedentes o circunstancias que no hayan sido considerados en su momento y que ameriten una revisión de la decisión, ni representaciones al respecto por parte de la Asociación de Funcionarios en ejercicio de las facultades de la Ley N° 19.296 de 1994, sobre asociaciones de Funcionarios de la Administración del nombre reservado, con respecto al término anticipado de la contrata de doña nombre reservado, por lo que la autoridad recurrida considera que la Resolución Afecta N° 21 de fecha 15 de mayo de 2014, no corresponde a un acto u omisión ilegal, esto es contrario a la ley conforme el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario, es decir dictado bajo el mero capricho de quien lo comete, ni que como consecuencia del mismo se estén vulnerando garantías constitucionales pre existentes, ya que si bien sin perjuicio de que conforme la jurisprudencia de Contraloría General de la Republica y de los Tribunales de Justicia, el término anticipado de una contratación o prórroga de la misma, como en la de autos, por ser de carácter esencialmente transitorio, bajo la fórmula mientras sean necesarios sus servicios, no requiere de una especial fundamentación o la aceptación del empleado, se expusieron las razones fácticas que fundaron tal decisión y dictación del acto administrativo en cuestión, las cuales se justifican en una correcta y oportuna distribución de los recursos financieros y humanos para la concreción de los fines y objetivos institucionales, que se materializa en la reestructuración de funciones y tareas al interior de nombre reservado, en especial de Contraloría Interna Regional, con el objeto de regularizar y subsanar las deficiencias actuales del Servicio, dando cumplimiento a la normativa legal en el correcto ejercicio de la facultades de las cuales es titular la autoridad superior de la institución y los lineamientos específicos ministeriales para el egreso de funcionarios de la administración pública.

Como fundamentos de derecho, refiere la informante que, respecto a la vulneración de la garantía constitucional del Art. 19 N° 2, la Constitución Política reconoce el principio de igualdad ante la ley, por el cual se establece que "La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley". Luego se señala que "En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y todo el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Finalmente, el inciso segundo señala que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Que la igualdad ante la ley, en lo que interesa a este caso, implica la prohibición a toda autoridad de realizar diferenciaciones que sean arbitrarias, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, y que es necesario señalar que no existe vulneración de la garantía constitucional del articulo 19 N° 2, toda vez que el procedimiento y actos administrativos, se ajustaron a la normativa aplicable, particularmente en lo que al nombre reservado concierne, la notificación del término anticipado se remitió a través de Correos de Chile, mediante carta certificada al domicilio señalado por la recurrente, indicando causales de su desvinculación tanto de forma verbal anticipadamente y la pertinente contenida en el acto administrativo propio, y en consecuencia la dictación de la Resolución Afecta N° 21 y el acto de su notificación no importa una vulneración al derecho de igualdad garantizado en la Constitución Política de la República, por cuanto, contrario a lo que sostiene el recurrente, atendida la naturaleza de su contratación esencialmente transitoria y a la circunstancia de que la autoridad administrativa está facultada para poner término anticipado a ese vínculo laboral, el Ministerio de Vivienda ha procedido a poner término anticipado a los contratos suscritos bajo la modalidad a contrata respecto de otros funcionarios que se encuentren en los supuestos descritos.

Respecto a la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 24, de la Carta Fundamental, refiere que la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales", y que el Constituyente estableció directamente la garantía reconociendo la categoría que el derecho civil había desarrollado a partir del artículo 583 del Código Civil: "Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo". Se reconoce de esta forma la propiedad sobre cosas incorporales -como los derechos personales o reales, según categorización del artículo 576 del Código Civil- con la misma intensidad con la que se reconoce el dominio sobre cosas corporales, y en el caso sub lite, y atendida la naturaleza precaria de la contratación de la actora, no se puede pretender que exista un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2014, por cuanto se trata sólo de meras expectativas en tanto aquél constituye el plazo máximo de duración del contrato, según la última prórroga verificada a su respecto mediante resolución Exenta N° 933 de 24 de diciembre de 2013, pudiendo ponerse término antes al contrato, cuando a juicio de la autoridad administrativa empleadora no fueren necesarios sus servicios, como ha ocurrido en la especie, por lo que no existe un derecho devengado respecto de esas remuneraciones hasta la fecha máxima señalada, sino sobre aquellas correspondientes a los días efectivamente laborados, derecho que ha sido plenamente reconocido a la actora en la liquidación y pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de Junio 2014, último mes en el que se desempeñó en la entidad, y en consecuencia, con la dictación de los actos administrativos recurridos no se ha vulnerado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, respecto de las remuneraciones que le hubiere correspondido percibir a la actora de haberse cumplido el contrato hasta el plazo máximo fijado en él, por cuanto, atendida la naturaleza del contrato, en tanto ellas no sean percibidas, constituyen meras expectativas, no hay sobre ellas derechos adquiridos que se deban salvaguardar, y que además, y tal como lo ha señalado el Supremo Tribunal en diversos fallos, no conviene confundir la titularidad de un derecho con la propiedad sobre el derecho en sí, por ser instituciones jurídicas de muy distinta naturaleza, pues si así se hiciera, se llegaría al absurdo de que derechos constitucionales que no gozan del amparo del artículo 20 por no ser mencionados entre las garantías cauteladas por la acción de protección, vendrían a gozar del mismo mediante el frágil argumento de afirmar que esa titularidad constituye un "bien incorporal", sobre el que existiría una especie de propiedad, citando jurisprudencia al respecto y, por otro lado, la Resolución Afecta N° 21, ha sido objeto del trámite de legalidad de "Toma de Razón" por parte de la Contraloría General de la República, con fecha 23 de Mayo de 2014, remitiéndose para tal efecto todos los antecedentes de la recurrente.

Expresa, seguidamente, que la Carta Fundamental de la República, en su artículo 98, prescribe que la Contraloría General de la República ejercerá, entre otras funciones, el control de la legalidad de los actos de la Administración, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. El artículo 99 del Texto Constitucional indica que en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría. Entonces, sus funciones son claramente fiscalizadoras, y la fiscalización se hace en dos aspectos principales, como lo son el control jurídico y el control contable. El primero, y el más importante para este caso, se lleva a efecto a través del pronunciamiento que debe hacer sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones de los Jefes de Servicios, a través de la emisión de dictámenes jurídicos que, en materia administrativa, deben observar las reparticiones públicas que los soliciten. Al remitirse la referida resolución, este organismo fiscalizador toma razón sin siquiera hacer algún alcance a este acto administrativo y, finalmente, cree indispensable indicar que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en el artículo 20 de la Carta Fundamental se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, y sabido es que, para que este recurso sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura.

En lo que dice relación sobre la cláusula que faculta al Jefe Superior para poner término de manera anticipada a un funcionario en calidad jurídica contrata, refiere que es necesario tener presente que las características esenciales del vínculo del funcionario a contrata se encuentra determinadas en el Estatuto Administrativo contenido en la Ley N° 18.834, que en su versión actualizada fijada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004, se establecen distintas categorías jurídicas, que corresponden a otras tantas formas de empleos para los funcionarios públicos, entre ellos Planta (artículo 3° letra b), contrata (artículo 3° letra c), honorarios (artículo 11°) y a prueba (artículo 25 y siguientes), de ello se colige entonces, que de las referidas categorías el vínculo con doña nombre reservado, de conformidad con la letra c) del artículo 3° del D.F.L. N° 29, calidad jurídica de contrata es un esencialmente transitorio. Que precisa lo anterior el Art. 10 del mismo texto legal, cuando señala que las contratas durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando los funcionarios en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación, y que existe extensa jurisprudencia administrativa, emanada de la Contraloría General de la República, que ha señalado en reiteradas ocasiones que si una persona ha sido designada a contrata, bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", como el caso de autos, la autoridad superior del Servicio puede ponerle término cuando lo estime conveniente, sin que se requiera fundamentación especial o la aceptación del empleado, jurisprudencia que ha dictaminado que la vigencia temporal de los desempeños de contrata está supeditada al tiempo fijado en la resolución de designación, con la limitante que, según lo dispuesto por el inciso primero del artículo 10 del estatuto administrativo, ella no puede exceder del 31 de diciembre de cada año (dictamen N° 30.295 de 2008) y que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", que tiene como fundamento en los artículos 3° letra c) del artículo 10 de la Ley N 18.834, sobre Estatuto Administrativo, puede incorporarse en los nombramientos a contrata y prorrogas, encontrándose la autoridad administrativa facultada a poner término anticipado a los servicios de los respectivos funcionarios, ello por cuanto las contratas son eminentemente transitorias, ya sea por la fijación de un plazo diverso al indicado, o por la mención de que dicha contratación se mantendrá se requieran los servicios del empleado de que se trata.

Que la jurisprudencia administrativa agrega, además, que si dicha fórmula no se admitiera en los nombramientos y sus prorrogas, se vería afectado el principio de eficiencia en la administración pública contemplado en los artículos 3° inciso segundo y 5°, inciso primero, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del nombre reservado, lo que obligaría a las autoridades de los organismos públicos a mantener en sus funciones a servidores cuyas labores no son necesarias, mismo criterio ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, y de conformidad a los hechos y fundamentos de derecho latamente expuestos en el presente informe, no es posible dilucidar la forma en que el acto administrativo materia del recurso de autos sea ilegal o arbitrario, y mucho menos se ha podido comprobar por la recurrente que la dictación de este acto haya vulnerado las garantías constitucionales reseñadas en su escrito, encontrándose suficientemente justificado el acto administrativo que puso término a su Contrata, en cuanto a su forma y fondo bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", todo en legítimo uso de las facultades que detenta el Director nombre reservado o quien lo subrogue, para poner término anticipado indicando las razones fácticas, que sustentan la razonabilidad del acto administrativo en cuestión, todo a fin de velar por la eficiente e idónea administración de los bienes públicos y el debido cumplimiento de la función pública y los fines del Servicio, por lo que solicita, en definitiva, sea rechazado el recurso de protección por manifiesta falta de fundamento.

CUARTO: Que, previo a resolver la controversia que ha sido planteada ante este Tribunal de Alzada, es útil señalar que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales, contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, a su vez, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

Que, en consecuencia, de la propia definición del recurso de protección aparece que ésta acción cautelar tiene como requisito de la esencia, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, se pueden constatar los siguientes hechos:

a) Que, por Resolución Afecta N° 63, de fecha 14 de noviembre de 2011, de don nombre reservado, Director nombre reservado nombre reservado, de la época, la recurrente, doña nombre reservado, ingresó a trabajar a nombre reservado, en calidad jurídica de contrata grado 7° E.U.R., hasta el 31 de diciembre de 2011, mientras sean necesarios sus servicios, habiéndose tomado de razón por Contraloría Regional de nombre reservado, con fecha 24 de noviembre del mismo año;

b) Que, por Resolución Afecta N° 75, de 29 de diciembre de 2011, se prorrogó su contrato a contar del 01 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012 y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso;

c) Que, mediante Resolución Afecta N° 001, de 2 de enero de 2012, se modifica la Resolución Exenta N° 75, en el sentido de que se asimila, a la recurrente, al grado 6 E.U.R., a contar del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso;

d) Que, por Resolución Exenta N° 15, de 21 de enero de 2013, se prorrogó el contrato de la recurrente, a contar del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso;

e) Que, mediante Resolución Afecta N° 933, de 24 de diciembre de 2013, se prorrogó su contratación a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso, y;

f) Que, a través de la Resolución Afecta N° 21, de fecha 15 de mayo de 2014, de la Directora Subrogante del nombre reservado, doña nombre reservado, se puso término, a contar de la total tramitación de la misma, a la contratación de doña nombre reservado, RUT RUT reservado, profesional, asimilada al grado 6 EUR, de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarias Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, de la dotación del nombre reservado del General Carlos Ibáñez del Campo, por no ser necesarios sus servicios.

Que, en consecuencia, de lo anteriormente consignado corresponde dilucidar si el acto emanado de la recurrida, Servicio de Vivienda y Urbanización, al poner fin a la contrata de la recurrente, en forma anticipada, lo ha sido dentro de sus facultades y atribuciones para cursar dicha resolución y si además se cumplió para ello con la normativa legal y reglamentaria que rige esta materia.

SEXTO: Que, según se puede constatar de los documentos señalados precedentemente, con fecha 15 de mayo de 2014, se dictó la Resolución Afecta N° 21, por parte de la Directora Subrogante del nombre reservado de nombre reservado, doña nombre reservado, mediante la cual se puso término a la contratación de doña nombre reservado, profesional, asimilada al grado 6 EUR., de la planta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalándose como causal para ello “por no ser necesarios sus servicios”, constando también que a la recurrente ya indicada, por Resolución Afecta N° 933, de 24 de diciembre de 2013, se le había prorrogado su contratación a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

SÉPTIMO: Que, previo a resolver el recurso que ha sido interpuesto, es útil indicar que los empleos a contrata se encuentran reconocidos en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, cuyo artículo 3° señala que, empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia la señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, pudiéndose constatar que, en el caso que se conoce, en forma anticipada, previo a expirar el tiempo del cargo a contrata y transcurridos tan solo algo más de cuatro meses desde que se prorrogó la contrata, la recurrida optó por poner término a ella, señalando en forma precisa y concisa que ello fue por no ser necesarios sus servicios, consignándose en la misma resolución, diferentes cuerpos legales en los cuales se basaría tal decisión pero sin que de modo alguno se haya fundado, razonado o motivado la resolución que puso término al contrato, no constando ningún hecho acreditado en el cual se haya basado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, de lo señalado precedentemente, se puede concluir que la resolución anterior, N° 21, de fecha 15 de mayo de 2014, de la Dirección del nombre reservado, por la cual se pone término al contrato de la recurrente nombre reservado, transcurrido sólo un poco más de cuatro meses de haberse renovado sus servicios y respecto de una funcionaria que sirvió el cargo en forma continua e ininterrumpida por más de tres años, sin haberse dado ninguna motivación ni fundamentado tal decisión, carece de racionalidad y razonabilidad, dado que si bien es efectivo que la calidad de empleado de la Administración Pública, en calidad de contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza a la anterior para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal justificada o contractual para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata antes del término del plazo de la contratación y, la facultad que tiene el empleador, no lo exime del deber de fundamentar sus decisiones, debiendo necesariamente señalar en el acto administrativo las razones jurídicas, reglamentarias o de hecho que sirven de sustento a su decisión, teniendo el deber de dejar expresa constancia, en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que emana de la Ley 19.880, que establece Las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del nombre reservado, que tienden a transparentar los actos del mismo.

De tal forma es exigible al órgano empleador que un afectado, con una medida de tal naturaleza, esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido durante años, sin que existan reproches o tachas en la conducta o función del empleado, como ocurre en el caso que se conoce, dado que se encuentra acreditado que durante los años que laboró fue calificada en Lista N° 1, de Distinción, a lo menos conozca los fundamentos o motivos por los cuales se le desvincula del cargo que sirve sin que ello haya ocurrido en el caso de autos dado que la resolución que decretó ello carece de fundamentos, no habiéndose consignado en ésta, los argumentos o motivos que sirven de sustento a la misma, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser expresamente cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo que, al no cumplirlo, consagra el uso arbitrario de un derecho que la ley otorga, vulnerando con ello garantías constitucionales de igualdad y no discriminación, que se encuentran establecidas en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, respecto a lo anterior, cabe consignar que la Resolución N° 21, de fecha 15 de mayo de 2014, que pone término anticipado al contrato, como ya se dijo no contiene ninguna motivación, razón o causa que racionalmente autorice a la autoridad correspondiente para poner término al contrato, limitándose a enunciar diversos cuerpos legales, sin desarrollar los mismos ni los hechos que habrían permitido tal decisión, todo lo cual transforma este acto administrativo como inconsistente, arbitrario, carente de racionalidad y motivación y sin que exista en la resolución impugnada ningún fundamento, razón o juicio preciso, real y determinado de la decisión que se adoptó respecto de la recurrente, privándolo a ésta de su cargo a contrata y del derecho a permanecer en sus funciones hasta el día 31 de diciembre de 2014, como lo había decretado una resolución anterior, tomada tan sólo cuatro meses antes y ello mientras cumpla con sus obligaciones funcionarias y, por tanto, del derecho a percibir las remuneraciones respectivas a sus funciones, excluyéndosele de la administración pública.

DÉCIMO: Que, en relación a lo antelado, cabe consignar que la facultad especial que se concede a la Administración no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y, siendo de la esencia del ejercicio del poder público que sus decisiones sean no sólo imparciales sino también razonables y razonadas, como lo establece en el artículo 53 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del nombre reservado, le estaba impedido a la recurrida de poner término anticipado al contrato de la recurrente fundándose sólo en la causal prevista de no ser necesarios sus servicios, omitiendo claramente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de esta funcionaria a contrata han dejado de ser necesarios, más aún que de los mismos antecedentes aparece que, posterior a ello, se contrató a otros dos abogados lo que conlleva entonces a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales, lo que le permitió adelantar excepcionalmente el término de la contrata.

Que, tampoco puede obviarse que la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración Pública, en su artículo 11, inciso 2° preceptúa que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquéllos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, disposición ésta que es plenamente aplicable en las relaciones que la autoridad mantiene con quienes sirven a su ejercicio.

UNDÉCIMO: Que, la alegación efectuada por la recurrida al evacuar el informe respectivo en orden a que a la recurrente doña nombre reservado se le comunicó la decisión de poner término anticipado a su contrata, por no ser necesarios sus servicios y que en forma verbal se le dio los fundamentos de la decisión del Servicio a objeto de mantenerla informada de todo el procedimiento, debe ser desestimada puesto que, aparte de no haberse acreditado la efectividad de que ello haya sido así y la forma y condiciones de la misma, ello no exime a la recurrida de dejar constancia en la misma resolución en que se pone término al contrato, de las razones o causas que lo motivaron, más aún si se considera que esta última habría concluido para adoptar su resolución que la recurrente no satisfacía los estándares de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, lo que tampoco se ha comprobado que haya sido así.

Que, igualmente, carece de sustento lo expresado por la recurrida en orden a que existirían una serie de hechos objetivos, circunstancias y deficiencias administrativas que actualmente se encuentran en proceso de regularización y que dicen directa relación con el insuficiente ejercicio y cumplimiento de las funciones de Contraloría Interna Regional, a cargo de doña nombre reservado, puesto que sobre tales eventuales deficiencias no existe acreditivo alguno que permitan darlas por establecidas y las que, en todo caso, debieron expresarse en la resolución respectiva que puso término anticipado al contrato y no en la forma extemporánea que ahora se señala e incluso, respecto de un informe denominado Investigación Especial N° 1, de 2014, de la Contraloría General de nombre reservado, a que se hace referencia, sobre presuntas irregularidades relativas al uso de beneficios sociales, por parte de funcionarios públicos, que fundamentarían la desvinculación de la recurrente, debe expresarse que efectivamente tal informe existe y se encuentra agregado a fojas 50 y siguientes, pero del mismo no aparece quienes son los funcionarios públicos que tienen relación o vinculación con esta investigación, por lo que no puede ser considerado, sin perjuicio de lo que ya se señaló.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, de lo consignado precedentemente, se puede concluir que efectivamente la recurrida, con su actuar vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política del nombre reservado, considerando que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares, pudiéndose observar de la nómina que se encuentra contenida a fojas 40 y 41, que conforme a la Resolución Exenta N° 933, fueron 45 los funcionarios a quienes se prorrogó su contrata a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014, que fueron contratados en la misma modalidad de la recurrente, y sólo ésta aparece afectado por la Resolución n° 21, de 15 de mayo de 2014, que puso término a su contrato por no ser necesarios sus servicios.

Que, en relación al derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política, se estima éste también fue vulnerado con motivo de la decisión tomada, en relación con la estabilidad del empleo, el que constituye un bien resguardado por el derecho y forma parte del patrimonio personal y pecuniario del sujeto que lo detenta, materializado, este último, en el derecho a sus remuneraciones, bien necesario para la seguridad material y moral del funcionario y de quienes dependen de él y, por ende, en las condiciones anotadas y por lo ya expresado con antelación, la conducta del recurrido de poner término a la contrata de la recurrente, en forma arbitraria, significa una vulneración contra las garantías constitucionales a que se hizo referencia precedentemente, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido y así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.