nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS-MOP

Coyhaique, a diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N° 43-2026, mediante presentación de fecha 19 de febrero de 2026, comparece don Eduardo Salomón Lillo, abogado, en favor de doña nombre reservado, funcionaria a contrata de la Dirección Regional de Aysén de Obras Portuarias, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, representada legalmente por su Director Nacional, Sr. Ricardo Trigo Pavez, ingeniero constructor, o por su subrogante legal o por quien haga sus veces, todos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Afecta N° 88/1/2026, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 5 de febrero de 2026, a través de la cual se procede a declarar vacante el cargo servido por doña nombre reservado, lo que conculca la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto dicha resolución y se restituya a doña nombre reservado a su cargo a contrata del Ministerio de Obras Pública, Dirección de Obras Portuarias, con desempeño en la Dirección Regional de Aysén.

Con fecha 31 de marzo de 2026, doña nombre reservado, Directora Nacional de Obras Portuarias Subrogante, del Ministerio de Obras Públicas, incorporó el informe requerido.

Con fecha 1 de abril de 2026 se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 6 del mes y año en curso, compareciendo de manera remota por el recurso el abogado don Eduardo Salomón Lillo; y contra el recurso, la abogada doña Tamara Oyarzo Hernández; tras lo cual se pasó al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, doña nombre reservado, funcionaria a contrata de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas desde el año 2007, se desempeñaba en el cargo de Encargada de la Sección de Administración y Finanzas, función que habría ejercido de manera ininterrumpida hasta su reintegro tras una comisión de servicio.

Refiere que, al reincorporarse a sus labores, la recurrente fue objeto de una degradación informal e ilegal de su cargo, siendo notificada verbalmente de que pasaría a desempeñarse como “Analista Administrativa”, sin que existiera acto administrativo alguno que lo autorizara. Tampoco se le asignaron funciones formales ni claves de acceso necesarias para el desempeño de su labor.

Por otro lado, menciona que durante tres años consecutivos, la Dirección Regional omitió realizar su calificación de desempeño.

Expresa que la recurrente comenzó a experimentar hostigamiento y acoso laboral por parte de sus jefaturas directas y que, tras su retorno, fue objeto de maltrato, el que fue denunciado, mas la autoridad no inició el procedimiento de investigación. En tal sentido, indica que el hostigamiento se vio agravado por acciones persecutorias del Director Regional de Aysén, quien en distintas oportunidades habría solicitado a la COMPÍN la declaración de “salud irrecuperable”, pese a que el Informe Médico Complementario de la COMPÍN, de fecha 8 de marzo de 2025, concluyó que su salud mental era “recuperable” y que existían problemas laborales, incluyendo hostigamiento por parte de jefaturas y gran carga y presión laboral. Que en dicho contexto laboral la recurrente habría desarrollado un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, el que se vio agravado por dichos factores en su espacio laboral, a raíz de lo cual debió hacer uso de licencias médicas sucesivas.

Que, por lo anterior, indica, la Dirección Regional habría utilizado el abultado número de licencias médicas como fundamento para iniciar procedimiento de declaración de salud incompatible para desvincular a la recurrente, pese a que dicha situación es causa directa de su propio actuar vulneratorio, por lo que la desvinculación por salud incompatible es un acto arbitrario e ilegal.

Sostiene que, si bien la Resolución Afecta N° 88/1/2026 tiene como fundamento el artículo 151 del Estatuto Administrativo, basándose exclusivamente en el parámetro de 180 días de licencias médicas en los últimos dos años, la resolución impugnada prescinde de manera ilegal y arbitraria del informe de la COMPÍN, ello en una interpretación superficial de su tenor literal, ya que -a su criterio- el sólo cómputo de días de licencias médicas no es el único requisito exigido para declarar la vacancia, puesto que se debe requerir en forma previa un informe a la COMPÍN respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. Asimismo, que lo anterior tampoco exime a la autoridad de la obligación de fundamentar y motivar el acto administrativo en forma coherente y armoniosa con el informe médico exigido, lo que no ocurre.

Así las cosas y en cuanto a la falta de fundamentos o motivaciones idóneas, estima que el acto impugnado desconoce el carácter vinculante del pronunciamiento de la COMPÍN, quien reconoce expresamente su estado de salud recuperable, lo que refuerza con jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema; asimismo, la autoridad administrativa se atribuye competencias médicas que la ley no le reconoce, al afirmar que la salud de la funcionaria resulta incompatible con el desempeño del cargo, en condiciones que la autoridad administrativa no puede sustituir al órgano técnico -COMPÍN- ni reinterpretar el estado de salud del funcionario, y que de hacerlo incurre en desviación de poder; en tercer lugar, reclama la ausencia de evaluación de compatibilidad funcional por el órgano competente, circunscribiendo únicamente a la condición médica; también reclama que el acto impugnado se basa en conjeturas y no antecedentes clínicos, no pudiendo las licencias médicas transformarse en un diagnóstico clínico de incompatibilidad; finalmente, sería ilegal y arbitrario conforme al estándar de la Corte Suprema.

Reclama que el actuar de la recurrida vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en tanto incurrir en una discriminación arbitraria, al apartarse la recurrida de la intención y sentido que el legislador otorgó al artículo 151 de la Ley N° 18.834.

SEGUNDO: Que, doña nombre reservado, Directora Nacional de Obras Portuarias Subrogante, del Ministerio de Obras Públicas, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Luego de referirse a los antecedentes del recurso, indica que, con fecha 26 de enero de 2026 se dictó la Resolución TRA N° 88/1/2026, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 05 de febrero de 2026, en la que se declara vacante por salud incompatible el cargo servido por doña nombre reservado, profesional, a contrata, asimilada al grado 11° de la Escala Única de Sueldos, por haber hecho uso de licencias médicas por un periodo superior a 180 días en los últimos dos años contados desde la solicitud de evaluación médica a la COMPIN, donde se consulta sobre la condición de irrecuperabilidad de su salud, realizada el día 29 de mayo de 2025. En concreto, 193 días de licencia médica entre el 18 de septiembre de 2023 hasta el 16 de mayo de 2025.

Menciona que la decisión se sustenta en los lineamientos del Gobierno Regional contenidos en el Oficio Circular N°12 de fecha 11 de julio de 2024, la cual “Reitera normativa sobre licencias médicas y ausentismo en la Administración Pública”, según el cual el Jefe Superior de Servicio podrá ejercer la facultad del artículo 151 del D.F.L. N° 29 en caso que un funcionario haya hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración irrecuperable.

Expone que, de manera previa, se solicitó a la COMPÍN evaluación de la condición de salud de la recurrente, lo que fue cumplido mediante Resolución Folio 19302498 de la COMPÍN, de fecha 20 de agosto de 2025, “Resolución de Evaluación”, el cual informa que la recurrente “presenta un estado de salud recuperable”.

Explica que al momento de solicitar la evaluación a la COMPIN, la recurrente ya acumulaba más de 193 días de licencia médica, superando lo exigido por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, encontrándose, entonces, cumplidos los presupuestos procesales para declarar la vacancia del cargo.

En cuanto a las alegaciones de la recurrente, sobre las situaciones de hostigamiento y acoso laboral por parte de una funcionaria y jefaturas directas, da cuenta sobre la instrucción de proceso disciplinario, formalizado mediante Resolución Exenta DOP N° 1569, de fecha 10 de diciembre de 2025, actualmente en tramitación; sobre la situación que el hostigamiento se habría agravado y que habría un informe complementario de la COMPIN, que da cuenta de problemas laborales u hostigamiento por parte de la jefatura directa, refiere que dicho documento no ha sido acompañado ni consta en los antecedentes administrativos, por otro lado, hace presente que la declaración de vacancia se funda en una causal estrictamente objetiva consistente en el exceso de licencias médicas en un período determinado; en cuanto a que la desvinculación es arbitraria e ilegal dado que se funda en un estado de salud deteriorado por hechos imputables a la recurrida, destaca que la recurrente estuvo en comisión de servicios en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Aysén entre el día 2 de septiembre de 2024 y 1 de septiembre de 2025, período en el que registró un total de 167 días de licencias médicas, por lo que no es jurídicamente sostenible establecer un vínculo causal, además de incorporar elementos subjetivos que no inciden en la aplicación de la causal.

En otro ámbito, hace presente que el artículo 151 del Estatuto Administrativo exige al jefe de servicio requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario, mas precisa que no resulta necesario que la resolución emanada de la COMPIN informe la salud del profesional como irrrecuperable, debiendo proceder, en caso de irrecuperabilidad, conforme al artículo 152; que en el caso particular habiendo sido considerada la salud de la funcionaria como recuperable, la autoridad estaba facultada a declarar el término del nombramiento por salud incompatible en el desempeño del cargo.

En tal sentido, sostiene que para declarar la vacancia por salud incompatible, deben concurrir tres requisitos: a) El uso por un periodo de seis meses de las licencias médicas en el lapso de dos años; b) La declaración de la COMPIN que la salud del funcionario (a) sea recuperable; y c) Que el jefe superior considere o estime que su salud es incompatible con el ejercicio del cargo, razón por la que la decisión no es ni ilegal ni arbitraria.

Sobre otras alegaciones de la recurrente, en cuanto a que la autoridad carecería de competencia para declarar la incompatibilidad de salud, precisa las diferencias entre el artículo 151 (salud incompatible) y 152 (salud irrecuperable), correspondiendo la primera a una potestad discrecional fundada en un presupuesto objetivo (más de 180 días de licencias médicas), siendo vinculante el pronunciamiento de la COMPIN en caso de irrecuperabilidad; por otro lado, afirma que la recurrente confunde la evaluación que debe hacer la COMPIN con la calificación de compatibilidad funcional que debe hacer el Jefe Superior del Servicio, no correspondiendo a una evaluación médica, sino a una declaración basada en hechos objetivos; afirma que la recurrente yerra al estimar que la COMPIN debe hacer una evaluación de compatibilidad funcional, siendo ella facultad del Jefe Superior del Servicio; sobre el hecho de haberse incurrido en conjeturas y apreciaciones subjetivas, explica que no se requieren antecedentes clínicos para declarar la incompatibilidad en el cargo, puesto que el ausentismo laboral prolongado corresponde a un indicador objetivo; refuta la jurisprudencia citada por la recurrente con jurisprudencia más reciente de la Excma. Corte Suprema.

Por lo anterior concluye que no ha existido privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente, ya que la recurrida se limitó a cumplir con sus funciones, ajustando su conducta a lo que dispone la ley.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no situaciones jurídicas que consistan en una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se está enfrente de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que, a fin de centrar el objeto del análisis, debe expresarse que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal, en síntesis, en la dictación de la Resolución Afecta N° 88/1/2026, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 5 de febrero de 2026, en cuando fundó la vacancia del cargo únicamente en la cantidad de tiempo de licencias médicas, superior a 180 días, desatendiendo la calificación emanada de COMPIN; lo que conculca la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Que, al efecto, corresponde analizar la procedencia y requisitos de la causal de cesación de funciones aplicada, esto es, por salud incompatible y la correspondencia de aquéllo con la motivación del acto administrativo indicado como arbitrario e ilegal.

SÉPTIMO: Que, el artículo 146 del DFL 29 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, dispone: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: a) Aceptación de renuncia; b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público; c) Declaración de vacancia; d) Destitución; e) Supresión del empleo; f) Término del período legal por el cual se es designado, y g) Fallecimiento”.

Que, a su turno el artículo 150 del mismo cuerpo legal, establece: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. El solo hecho de contar con una calificación y certificación de discapacidad de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y/o ser asignataria de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, no configurará esta causal. b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.

Que, por su parte, el artículo 151, también del estatuto mencionado, prescribe: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En caso de discapacidad sobreviniente, calificada y certificada según la ley N° 20.422, la evaluación que realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior deberá considerar la condición de salud de la persona en relación con el cargo específico que desempeña, indicando si podrá continuar realizando las labores respectivas.

OCTAVO: Que, de la lectura de dichos preceptos, es posible establecer que la causal de cesación de funciones por declaración de vacancia, se rige por específicas causales de procedencia, siendo una de ellas el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, causal de carácter facultativa, cuyo ejercicio radica en el jefe superior del servicio. Tal facultad a su vez, consiste en la posibilidad de considerar, que el uso prolongado de licencias médicas, en los términos señalados, constituye una incompatibilidad con el desempeño del cargo.

Que, en lo que respecta a la necesidad que el jefe superior del servicio, para ejercer su facultad, deba requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo; corresponde a una exigencia previa, habilitante para el ejercicio de la facultad, para efectos de esclarecer la alternativa de cesación de funciones a la que puede dar curso el jefe superior del servicio, esto es, entre salud incompatible o retiro por salud irrecuperable, en los términos previstos en el artículo 152 del estatuto en análisis, cuyos efectos y forma de operar es diversa.

NOVENO: Que, lo expuesto, se refrenda con lo señalado por el autor Gabriel Celis Danzinger, en su libro Cargos y Empleos Públicos, quien en lo que interesa a este caso, explica que: “La presente causal de cese no es el cumplimiento de un mandato legal, sino que constituye el ejercicio de la facultad discrecional, el que artículo 151 del Estatuto Administrativo confiere a la máxima autoridad o superioridad del organismo, que la autoriza a ponderar si el uso de licencias médicas, en los términos que esa norma prevé, ha de estimarse como salud incompatible, pues la sola circunstancia del otorgamiento de esos permisos médicos no implica de deba necesariamente declararse la vacancia de la plaza”. (Editorial Hammurabi, primera edición, agosto de 2021, página 140 y siguientes).

Que, relacionado lo anterior, con la Resolución 88/01/2026, impugnada, constituye la expresión administrativa del ejercicio de la facultad, en los términos que autoriza el precepto estatutario que diluye la calificación de ilegalidad que ha sostenido la recurrente.

Que, a su turno, es un hecho pacífico entre las partes, tanto el cumplimiento del requisito objetivo, prolongación de los tiempos de reposo médico por más de seis meses en un lapso de dos años; como el requerimiento a la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez de la respectiva evaluación de la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Que, adicionalmente la resolución que declara la vacancia del cargo, expone la motivación que fundamenta el ejercicio de la facultad y la determinación de la incompatibilidad de la salud de la recurrente con el ejercicio del cargo, sin que se logre apreciar en ello un actuar arbitrario de la autoridad, desde que explica las razones en virtud de las cuales arribó a tal conclusión.

Que, finalmente, el reproche circunstancial en torno a hechos colaterales que habrían rodeado la declaración de vacancia, como degradación informal e ilegal del cargo, ausencia de calificaciones, hostigamiento y acoso laboral, entre otras, son materias que ameritan un lato conocimiento, sin que sea el recurso de protección, la vía idónea para dicho propósito.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores un actuar ilegal o arbitrario por parte de la entidad recurrida, que habilite a la actora para obtener una sentencia favorable a sus intereses, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en particular de sus numerales 2, cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Eduardo Salomón Lillo, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante, doña Ximena Jimenez Ulloa.

Rol Corte Nº 43-2026 (Protección).