nombre reservado CON nombre reservado

Coyhaique, veintisiete de enero de dos mil diez.

VISTOS:

De fojas 06 a 17 comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección, en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado, de ambos ignora profesión, domiciliados en domicilio reservado, por habérsele conculcado la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 21 y 24, de la Constitución Política de la República, que afecta su derecho a desarrollar, cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales vigentes; como así también, su derecho de propiedad, pidiendo en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, como el ejercicio de sus derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas sobre su inmueble, ordenando a los recurridos que se le permita a ella, y a quien requiera, el acceso a su predio a través del fundo “Los Picapiedras”; se le entregue dentro de un día de la notificación de la certificación de la ejecutoria de la sentencia, la llave del actual candado de acceso desde el camino público al predio “Los Picapiedras”, para sí pueda obtener copia de ella y lograr el tránsito hacia su predio, sin necesidad de pedir consentimiento a los recurridos, y que se condene a los recurridos al pago de las costas.

De fojas, 1 a 5, acompaña el recurrente, documentos atingentes a su recurso.

A fojas, 19 se declara admisible y a tramitación el recurso de protección.

Que, de fojas 48 a 56, don nombre reservado y doña nombre reservado, contratista el primero y, empleada particular, la segunda, ambos con domicilio en domicilio reservado, comparecen informando el recurso, solicitando su total rechazo; adjuntando la documentación pertinente al caso, de fojas 23 a 47.

De fojas 66 a 68, rola informe de Carabineros de Chile, con un set de fotografías.

A fojas 72, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, doña nombre reservado, funda su recurso, señalando que es propietaria del fundo “Don nombre reservado”, el que se encuentra inscrito a su nombre, en el Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, predio que se ubica en el sector del Lago Pollux, y para acceder a él, desde el camino público del Lago Pollux, debe necesariamente transitar por el predio llamado “Los Picapiedras”, el que perteneció a don nombre reservado, y que actualmente pertenece a los recurridos, según sus dichos.

Añade, que desde tiempo inmemorial sus antepasados han transitado en forma pacífica, por el fundo “Los Picapiedras”, con el fin de acceder al suyo, por medio de un camino o huella sin cerramiento, de unos 800 metros de largo que atraviesa la totalidad del predio de los recurridos, siendo éste, el único medio de acceso a su predio, el cual es llano, en línea recta y que no ofrece dificultades de transito, dado que las características geográficas donde se ubica su inmueble, hacen imposible otra vía de acceso, es así por cuanto por el oeste, su predio, deslinda con unas quebradas del campo perteneciente a don nombre reservado; al Sur con una montaña y quebradas, de los predios pertenecientes a don nombre reservado y don nombre reservado, y además, colinda, hacia el este con la Laguna Espejo o Laguna nombre reservado, por lo que la vía de acceso mencionada, es la única posible para llegar a su predio, no existiendo otro camino más que ése, y los anteriores dueños siempre les permitieron tener las llaves de la tranquera que cierra el fundo “Los Picapiedras”, así entraban y salían del predio cuando querían.

Que, desde que los recurridos se han presentado como propietarios del fundo “Los Picapiedras”, han manifestado su molestia que maquinarias y personas pasen por su propiedad, siendo necesario este tránsito, hacia su predio, el cual es el sostén de la economía familiar, en donde se explota la crianza de equinos, ovinos y bovinos; además, en primavera se extrae de él hortalizas, leña, madera, pasto y forraje, interrumpiéndose estas actividades durante el invierno, atendidas las condiciones climáticas, por lo que este predio tiene el carácter de veranada.

Agrega, que con fecha 20 de noviembre de 2009, el señor nombre reservado le pidió que retirara su candado de la tranquera y que sólo, desde ese momento, utilizarían su candado y del que sólo le dio una llave con prohibición de sacar otra copia, lo que se aceptó sin perjuicio de los inconvenientes que ello conllevaría.

Luego, el 30 de noviembre de 2009, decidió que como cada año era época de usar su predio, así cargaron un camión con 300 kilos de abono, y otro, con 20 vacunos, para las faenas a realizar, contrató arrieros y operarios que le ayudarían en las tareas de carga y descarga, además era necesario el viaje y el ingreso al predio, porque tenía prometida y vendida un tercio de camionada de leña seca, que se encontraba en el lugar, además de asear la casa y demás dependencias del inmueble para comenzar la actividad de veranada, fue en este viaje y con esa fecha que se encontraron que en forma ilegal y arbitraria, sin aviso previo, se había cambiado el candado de acceso al predio “Los Picapiedras”, cerradura de la que no poseían llave alguna, impidiendo de esta forma el libre tránsito hacía su predio, privándole de su derecho de propiedad y a desarrollar sus actividades económicas. Ante tal situación, llamó al señor nombre reservado y éste le señalo que “… no podían permitirnos el acceso pues no les parecía provechoso que transitáramos tan regularmente por su propiedad, pues les generaba inconvenientes y malestar que pasaran vehículos y personas cerca de sus casa, y que por ello no nos dejarían entrar, agregando además, que tal vez en alguna oportunidad futura estarían dispuestos a autorizarnos, pero por ahora no...”

Argumenta, que el hecho descrito en el párrafo anterior, vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°s 21 y 24, de la Constitución Política de la República, esto por cuanto afecta su derecho a desarrollar, cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales vigentes; como así también, su derecho de propiedad, sobre su predio, fundo “Don nombre reservado”, así estima, citando diversos fallos de distintos Tribunales de Alzada, que mediante el cierre del camino e impedimento al libre acceso a éste, por parte de los recurridos, ello sin previo acuerdo, noticia o notificación, o en su defecto, sin la intervención del juez, compromete su derecho de propiedad, que tiene respecto de su predio y una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de este derecho.

Estima que el acto arbitrario e ilegal, fundado en el hecho más arriba reseñado, resulta arbitrario, dado que los recurridos saben que este portón y esa vía, es la única apta para acceder a su propiedad, fundo “Don nombre reservado”, y para el cierre de la misma, no han dado razones lógicas, ni fundamentos de su decisión, sin además permitírsele tener llave del candado que cierra la tranquera o portón de acceso, privándole de comerciar los productos y frutos de su predio.

A su vez, estima que resulta ilegal la decisión de los recurridos, ya que la conducta de estos le impide usar, gozar y disponer de su predio, en los términos previstos en los artículos 577, 582 y siguientes del Código Civil, por lo que atendida las normas anteriores, los recurridos tienen la obligación de permitirle el ejercicio normal de su derecho de propiedad y sus atributos y, el consecuente, derecho a desarrollar una actividad económica licita en él.

Termina su recurso, en cuanto a sus fundamentos, señalando que don nombre reservado y doña nombre reservado, han alterado una situación de hecho, afectando el statu quo vigente mediante el cierre del camino, e impidiendo el libre acceso al fundo “Don nombre reservado”, predio de su propiedad, sin previo aviso, sin notificación o acuerdo, acto ilegal y arbitrario de carácter continuo y permanente que le ha ocasionando enormes perjuicios tanto al momento de ejercer sus derechos sobre su bien inmueble, como en cuanto a la explotación comercial del mismo, lo cual ha comprometido sus obligaciones comerciales con terceros, que penden de la actividad productiva del inmueble al cual se le impide ingresar, debiendo de incurrir en gastos adicionales que afectan su patrimonio y sus negocios.

SEGUNDO: Que, don nombre reservado y doña nombre reservado, informando el recurso exponen que como acreditan con los documentos que acompañan a su informe, son copropietarios en razón de 75%, el primero y, 25% la segunda, de las cuotas de dominio que recaen en 81,30 hectáreas, que originalmente era de 162,60 hás de superficie, y el otro 50%, corresponde a la propiedad de la recurrente –de la propiedad original-, en efecto, señalan, la parte del predio que poseen se denomina “Los Picapiedras”, que está ubicado en el Valle Simpson, comuna y provincia de Coyhaique, así antes de que ellos adquieran sus cuotas de dominio, sobre el predio, conocido hoy como “Los Picapiedras”, no existía casas ni cultivo, situación que desde el año 2006, están tratando de revertir, construyendo una casa y dedicando el fin del predio, en la medida de sus fuerzas, al cultivo.

Que, en cuanto a los hechos denunciados, por la recurrente nombre reservado, señalan que recién en el año 2006, época en que ellos se constituyeron en copropietarios del predio referido, accedieron voluntariamente, y sin manifestar molestia alguna, a otorgar a la recurrente y su familia el paso hacia su predio, entregándole llave del portón de acceso, así “a lo compadre” y de “palabra”, acordando que siempre las tranqueras debían de quedar cerradas, señalando el lugar por donde tenían que transitar, sin romper otras partes de su predio, y que si se estropeaba el camino, lo arreglarían en expensas proporcionales al uso otorgado por cada parte, sin embargo, con el tiempo las cosas, cambiaron, y las relaciones de buena voluntad terminaron, dado los siguientes hechos:

a) En el año recién pasado, los recurridos hicieron una siembra de papas en su predio, sin embargo, la recurrente aprovechando su ausencia, ingresó sus vacas las que dañaron la siembra, sin indemnizarle o amortizarles los daños causados.

b) Con el constante transito de carga pesada, camiones cargados de animales, fertilizantes o leña, reventaron el camino común, que se les había autorizado a usar, sin hacer las reparaciones convenidas, las que sólo costearon los recurridos, además los camiones con esta carga, ya referida, empezaron no sólo a usar el camino permitido, sino que cualquiera, dañando de esa manera el campo, al introducirse en sectores no autorizados y trazando nuevas sendas sin su autorización.

c) En septiembre del año recién pasado, los recurridos fueron objeto del hurto de bosque nativo, ya que habían 20 árboles nativos talados en su predio, sin existir fuerza alguna para entrar al predio, haciendo en el lugar postes y leña de metro, por lo que con fecha 05 de Octubre de 2009, realizaron la denuncia por tala ilegal ante CONAF, ocurrido este hecho, cambiaron el candado y le pasaron una nueva llave a la recurrente y a su familia, llave que debían de devolver cada vez que la ocupasen, ello para tener mejor control del ingreso al predio, sin embargo, aún hasta la fecha, no le han devuelto tal llave. Justifican los recurridos su actuar, dado el ilícito perpetrado, y fundado en el hecho de que sólo la familia de los recurrentes tenia llaves del predio y de que además, la familia de las recurrente se dedica a la venta de leña, y que en el delito de hurto, de cual fueron víctimas, no hubo roturas de cercos, forzamiento o signos de violencia para el ingreso o egreso de la propiedad.

d) Con fecha 13 de noviembre de 2009, terceros ingresaron a su propiedad, ahora con fuerza, ocasión en la cual sustrajeron distintos materiales de construcción y herramientas. Esto gatilló la decisión de cambiar nuevamente el candado de acceso al predio, pero en esta ocasión, no llamaron a la recurrente para pasarle llave, como tampoco ellos les llamaron para solicitarla, siendo falsos los dichos de la recurrente en el sentido, de la negativa dada, por don nombre reservado, de ingresar al predio, como tampoco es efectivo que con fecha 20 de noviembre se les pasase otra llave.

Hacen presentes los recurridos que como se puede advertir en el último tiempo han sido víctima de distintos hechos ilícitos, por lo que legítimamente han buscado el camino para resguardar su propiedad, y ello involucra el poner candado con llave para evitar que terceros ingresen a su predio, como también tienen derecho a entregar una llave para su ingreso bajo la condición de ser devuelta cada vez que se ocupe.

Agrega, que es la recurrente y su familia, son quienes no han respetado las condiciones impuestas para la seguridad del predio, así como los acuerdos pactados de palabra, creyendo tener un derecho consolidado para el ingreso al predio, el que ellos creen que abarca cualquier parte del predio, y que incluye que sus animales entren y pasten en cualquier parte de él, incluso dañando las plantaciones, no colaboran con la mantención del camino, existiendo, en definitiva, un uso abusivo de la autorización de paso que se les otorgó en un momento, lo que estiman que no tienen porque seguir soportando, sino es por medios legales, esto es una servidumbre de transito, la que la recurrente no ha querido tramitar, para no incurrir en gastos.

Además, señala que si bien es cierto que para ingresar al predio de propiedad de la recurrente se debe transitar por su predio, doña nombre reservado, no ha señalado que también tiene acceso a él por medio del camino de la cordonada, pasando también por otro predio, es decir, no es el único acceso por medio del fundo “Los Picapiedras”, sino que también existe otro.

Agregan, que la recurrente carece de cualquier derecho real sobre el predio y fundo “Los Picapiedras”, que registre debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, por lo que carece, la recurrente de cualquier acción real que pueda intentar en contra de ellos, no obstante no existe inconveniente alguno en ellos de otorgarle a la recurrente señora nombre reservado, una servidumbre de paso a para que ella y su grupo familiar accedan a su predio, “fundo Don nombre reservado” pero no de la manera que lo hicieron al comienzo, en donde abusaron de tal permiso, sino que se establezca claramente un trazado de común acuerdo, o fijado por un experto de la senda de servidumbre, cercada en ambos lados, pagando la servidumbre y su mantención los dueños del predio dominante, y a falta de acuerdo que resuelva la justicia ordinaria, ya que el hacer las cosas de buena voluntad, solo les ha traído conflictos y perjuicios.

Por último, señala que el hecho de poner un candado en la entrada de su predio, no fue un acto caprichoso o arbitrario, sino que tuvo justificadas causas, como las que señalaron, ellas originadas por la serie de actos ilícitos perpetrados en su predio, por lo que es un derecho que se ejerció en forma justa, legal y sin arbitrariedad alguna; además, el candado que existía en el lugar del cual la recurrente tenía una llave, que nunca devolvió por lo demás, fue precisamente destruido por terceros en el robo que sufrieron en su propiedad, en resumen estima que no ha habido una alteración del statu quo, sino que se ha ejercido el legitimo derecho de protección a la propiedad privada, y por otra parte, la recurrente en caso alguno se ha acercado para solicitar una copia del otro candado.

Terminan evacuando su informe los recurridos, insistiendo, que están dispuestos a la regulación legal de una servidumbre de paso o transito, en la queden completamente regulados los derechos y obligaciones de cada una de las partes, en especial del predio dominante.

Pide en definitiva se rechace el recurso de protección intentado en su contra, por no haber existido acto arbitrario o ilegal de su parte.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

nombre reservado: Que, al concurrir a alegar en estrados, el abogado de la recurrente nombre reservado expresó que eran dos los hechos arbitrarios e ilegales que motivaban la protección, el primero dice relación con la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución política en cuanto asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y que en el caso de la recurrente tal derecho le ha sido conculcado; y en segundo lugar, también se le conculcó el derecho garantizado en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución política de la República que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Aseveró dicho letrado, que ambas garantías se encuentran referidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República que faculta a este tribunal de alzada para que adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y de la protección debida a su parte.

SEXTO: Que, por lo que respecta a la primera de dichas garantías constitucionales que se dicen conculcadas, los actos por los que se reclama y que se estiman arbitrarios e ilegales consisten en impedir el paso, mediante el cambio del candado de acceso al predio “Los Picapiedras”, de propiedad de los recurridos, en el camino de acceso al predio denominado “Don nombre reservado”, de propiedad del recurrente, impidiéndosele de esta manera el libre tránsito por la mencionada franja de terreno, siendo un paso obligado para llegar al fundo Don nombre reservado, transitar obligatoriamente por el predio Los Picapiedras.

Ahora bien, con el documento que corre a fojas 1, se acredita que la recurrente nombre reservado es propietaria de la propiedad ubicada en el lugar denominado Lago Pollux, de una superficie aproximada de 73, 20 hectáreas, y con el plano agregado a fojas 2, se ilustra la ubicación de dicha propiedad que deslinda al Norte, con nombre reservado, separado por cerco; al Este, con Laguna Espejo y Sociedad Forestal Minínco en línea quebrada, separada por cerco; al Sur, con nombre reservado y nombre reservado en línea quebrada, separada por cerco; y al Oeste, con nombre reservado en línea quebrada, separada por cerco. Además, con el documento de fojas 2, 3 y 4 se tiene que dicho predio se denomina “Don nombre reservado” y la actividad declarada por la recurrente ante el Servicio de Impuestos Internos es Ganadera.

Que, asimismo, con los documentos que corren de fojas 23 a 29, se acredita que don nombre reservado es dueño sobre una cuota de dominio de un predio de 162,66 hectáreas de superficie ubicado en Valle Simpson de la comuna y provincia de Coyhaique, el que se encuentra declarado como bien familiar según se acredita con el documento de fojas 26; y que doña nombre reservado nombre reservado también es dueña de una cuota indivisa de dominio sobre el mismo predio.

Que, asimismo, se agregó un set fotográfico que corre de fojas 67 a 68, con el informe de Carabineros que corre a fojas 66 en el que se señala que el día 08 de Enero de 2010 a las 11:45 horas un Oficial de Carabineros junto al personal a su cargo, se constituyeron en el sector de Lago Pollux, específicamente en el predio denominado “Los Picapiedras”, como asimismo, en el fundo denominado “Don nombre reservado” y constataron que existe un impedimento para el ingreso de personas o móviles al predio “Los Picapiedras” por medio de un cerco, el cual se encuentra totalmente cerrado y asegurado con candado del cual solo poseen llaves los propietarios de ese recinto, y también constataron que existe un sendero que comienza de la propiedad antes mencionada el cual conduce al fundo “Don nombre reservado” y atraviesa la propiedad de los recurridos.

SEPTIMO: Que, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales tiene una protección constitucional en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y comprende, entre los bienes corporales, a los muebles y raíces, inclusive las concesiones de minas y los derechos de aguas, y entre los incorporales, a todos los derechos o franquicias apreciables en dinero que hayan ingresado al patrimonio de una persona, que sean susceptibles de sufrir algún desmedro por actos u omisiones ilegales o arbitrarios de las autoridades o de los particulares.

Que, en consecuencia, para la procedencia de la acción tutelar, es menester que la privación, perturbación o amenaza causada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, recaiga en derechos patrimoniales adquiridos e ingresados en forma efectiva al peculio personal del afectado, protección que también alcanza, además del derecho de propiedad propiamente tal, a sus atributos y facultades esenciales del dominio, a los cuales solamente la ley puede imponerle limitaciones o restricciones y solo en los casos en que la Constitución lo autoriza.

OCTAVO: Que, en el caso de autos, cuando se ha cerrado un camino, por la vía del cerramiento, aislando a un predio para el cual solo es posible acceder a él a través de ese camino o senda, indudablemente con ello se priva a la recurrente de acceder a su propiedad y ejercer el legítimo ejercicio de las facultades inherentes al dominio, respecto de ella, alterándose de este modo una situación de hecho, con un actuar ilegítimo, ilegal y arbitrario, pues no se accionó por las vías correspondientes, apartándose de la legalidad vigente, causando innegable perjuicio a los propietarios del predio denominado “Don nombre reservado”.

Que, aún más, si se reflexiona sobre la base de que aún cuando el camino discutido queda en el interior de la propiedad de los recurridos, el obrar de estos últimos igualmente resulta arbitrario si se tiene en cuenta que alteró una situación de hecho preexistente, como lo era el libre y normal tránsito de la recurrente por el referido camino, hasta antes de su cerramiento, por la vía de ponerle candado, afectando así el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad cuya cautela se pide, así como sus atributos, pues en tal situación los recurridos han desarrollado un acto propio de autotutela de los derechos que estiman tener al alterar una situación fáctica, y de este modo, su actuar se torna arbitrario y atentatorio del ejercicio legítimo del derecho de dominio de la recurrente, quién ve limitado su derecho de propiedad al no poder acceder libremente a su predio.

Por todas las razones expresadas precedentemente, el recurso de protección deberá ser acogido, por lo que respecta al derecho tutelar que se ha mencionado.

NOVENO: Que, en cuanto a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 numeral 21 de la Constitución Política de la República, sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, su limitación es de que en su ejercicio no puede quebrantarse la moral, el orden público o la seguridad nacional y, además, se deben respetar las normas legales que correspondan.

Que, al respecto, expresa la recurrente, para fundamentar esta garantía, que a raíz de que los recurridos le han impedido entrar a su propiedad, a través del predio de ellos, al no disponer de las llaves de los candados puestos por los recurridos que aseguran las tranqueras que unen al fundo “Los Picapiedras” con el camino público de Lago Pollux hasta llegar al predio “Don nombre reservado” de propiedad de la recurrente, ésta señala que con ello se la ha vulnerado su derecho a desarrollar actividades económicas, ya que desea llevar sus animales a su campo, residir en su predio, sembrar, extraer madera, etc, y que por esa obstaculización y prohibición de sus vecinos se ve impedida de realizar cualquiera de esas actuaciones.

Que, al respecto, en estos autos la recurrente no ha probado que ejerza alguna actuación o actividad comercial, industrial o profesional respecto de la cual se haya alterado dicho status que en definitiva la haya privado de ejercer el derecho cautelar que se examina, y si bien, el documento de fojas 3, señala que es una contribuyente que declara una actividad del giro de restaurant y agricultor ganadero, no existen antecedentes en orden a que demuestre que ha sido privada de ejercer tales oficios, ni tampoco que en una eventual actividad industrial, de comercio o profesional que pudiera ejercer la recurrente, existiera un impedimento o limitación de su desarrollo que emane de los recurridos, en términos de una amenaza o perturbación de su derecho a desarrollar libremente una lícita actividad económica.

Por las razones mencionadas anteriormente, ésta garantía constitucional no puede prosperar y será rechazada.

Por estas consideraciones y teniendo además presente, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE ACOGE el recurso de protección deducido de fojas 6 a 17, por doña nombre reservado en contra de nombre reservado y nombre reservado, solo en la parte en que pide la recurrente protección por su derecho de propiedad o dominio a fin de acceder al fundo llamado “Don nombre reservado”, y en consecuencia, se ordena a los recurridos que permitan el libre acceso al predio de la recurrente a través del fundo “Los Picapiedras”, ambos ubicados en laguna “El Espejo” sector Lago Pollux, tanto a la dueña del predio así como a los que ésta requiera, debiendo los recurridos entregar a la recurrente, en forma personal o a través de Carabineros dentro de tercero día desde que quede ejecutoriada la presente sentencia, llaves del actual candado de acceso desde el camino público al predio Los Picapiedras para que así la recurrente pueda transitar libremente hasta su predio denominado “Don nombre reservado”, debiendo abstenerse en lo sucesivo de ejercer cualquier otro acto que impida el libre acceso a la propiedad ya mencionada sin costas, por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Luis Daniel Sepúlveda Coronado.

Rol Corte N°43 - 2009.

PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TITULAR DON nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS Y LA SEÑORA MINISTRO TITULAR DOÑA ALICIA ARANEDA ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO SUBROGANTE.