Protección contra Servicio de Salud Aysén

En Coyhaique, a seis de Marzo del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de Enero del año 2025, en autos Rol 41-2025, comparece don Joaquín Bizama Tiznado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, en contra del Servicio de Salud Aysén, representado por su Director Regional, don Juan Pablo Bravo Quintana, con domicilio en domicilio reservado; de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Aysén, representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, representada por su SEREMI doña Karina Alejandra Acevedo Auad, con domicilio en domicilio reservado; y del Servicio Nacional de Discapacidad de Aysén, representado por su Directora Regional doña Viviana Judith Muñoz Vargas, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto estima que los recurridos han vulnerado los derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley del recurrente, establecidos en el artículo 19, N°s1 y 2, de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva: “a) Se entregue actualización del diagnóstico de don nombre reservado, teniendo en consideración los hechos públicos y notorios que indicarían otras enfermedades con el fin de adoptar las medidas más idóneas para su salud mental. b) Se declare la ilegalidad de las omisiones en que han incurrido todos los recurridos, omisiones que, en su conjunto, han privado de forma permanente a nombre reservado del derecho constitucional a la integridad física y psíquica. c) Se declare infringido el derecho constitucional de la integridad física y psíquica, y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República. d) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a los Servicios recurridos que adopten todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela del derecho fundamental vulnerado, poniendo fin a las omisiones ilegales descritas con antelación, respecto del joven nombre reservado, ordenando las coordinaciones interinstitucionales necesarias que permitan un tratamiento adecuado conforme con su perfil y diagnóstico, garantizando su adherencia al mismo, con plan de tratamiento y personal idóneo y suficiente, de acuerdo a lo que indiquen los organismos técnicos de la SEREMI de Salud de Aysén, Servicio de Salud de Aysén, SENADIS y SEREMI de Desarrollo Social y Familia. e) Particularmente, se ordene a la recurrida Servicio de Salud de Aysén, junto a los demás servicios competentes, disponer el ingreso de nombre reservado en una residencia u hogar protegido u otro dispositivo de salud pertinente, en la región de Aysén, que permita dar término a su situación de calle; y en caso de que no exista una residencia u hogar protegido acorde al perfil de nombre reservado en la región de Aysén, se ordene su implementación en el plazo de 3 meses, o en el tiempo que S.S Ilustrísima estime pertinente. f) Se ordene a los actores recurridos dar cuenta a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique sobre el resultado alcanzado, en el plazo que S.S Ilustrísima disponga. g) Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos. h) Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto del afectado.” (sic)

Asimismo, en los autos seguidos bajo el Rol 46-2025, mediante la presentación de fecha 31 de Enero de 2025, comparece don nombre reservado, técnico nivel superior jurídico, con domicilio en domicilio reservado, representante legal de la Asociación Asperger Patagonia, quien igualmente deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, en contra del Servicio de Salud Aysén, representado por su Director Regional, don Juan Pablo Bravo Quintana, con domicilio en domicilio reservado; de la Secretaría Ministerial de Salud Aysén, representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia, representada por su SEREMI doña Karina Alejandra Acevedo Auad, con domicilio en domicilio reservado; y del Servicio Nacional de Discapacidad de Aysén, representado por su Directora Regional, doña Viviana Judith Muñoz Vargas, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto estima que los recurridos han vulnerado los derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley del recurrente, establecidos en el artículo 19, N°s1 y 2, de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva: “a) Se entregue actualización del diagnóstico de don nombre reservado, teniendo en consideración los hechos públicos y notorios que indicarían otras enfermedades con el fin de adoptar las medidas más idóneas para su salud mental. b) Se declare la ilegalidad de las omisiones en que han incurrido todos los recurridos, omisiones que, en su conjunto, han privado de forma permanente a nombre reservado del derecho constitucional a la integridad física y psíquica. c) Se declare infringido el derecho constitucional de la integridad física y psíquica, y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República. d) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a los Servicios recurridos que adopten todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela del derecho fundamental vulnerado, poniendo fin a las omisiones ilegales descritas con antelación, respecto del joven nombre reservado, ordenando las coordinaciones interinstitucíonales necesarias que permitan un tratamiento adecuado conforme con su perfil y diagnóstico, garantizando su adherencia al mismo, con plan de tratamiento y personal idóneo y suficiente, de acuerdo a lo que indiquen los organismos técnicos de la SEREMI de Salud de Aysén, Servicio de Salud de Aysén, SENADIS y SEREMI de Desarrollo Social y Familia. e) Particularmente, se ordene a la recurrida Servicio de Salud de Aysén, junto a los demás servicios competentes, disponer el ingreso de nombre reservado en una residencia u hogar protegido u otro dispositivo de salud pertinente, en la región de Aysén, que permita dar término a su situación de calle; y en caso de que no exista una residencia u hogar protegido acorde al perfil de nombre reservado en la región de Aysén, se ordene su implementación en el plazo de 3 meses, o en el tiempo que S.S Ilustrísima estime pertinente. f) Particularmente, se ordene a la recurrida Servicio de Salud de Aysén, en el plazo de 15 días, o en el tiempo que S.S Ilustrísima estime pertinente, solicita revisión de los recursos de la ley de presupuesto y su implementación de la sala de rehabilitación para la comuna de Coyhaique, que indique el lugar de atención, sus protocolos, y a cuantas personas TEA ha atendido desde la implementación del programa "Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente TEA". g) Particularmente, se ordene a la recurrida Secretaria Regional Ministerial (S) de Desarrollo Social y Familia de Región Aysén, en el plazo de 15 días, o en el tiempo que S.S Ilustrísima estime pertinente, informe los motivos por los cuales la "Mesa interministerial de Coordinación Regional de la Ley N°21.545 (TEA), dejó de sesionar y sus nulos resultados, en especial para el caso de nombre reservado. h) Particularmente, se ordene a la recurrida Secretaria Regional Ministerial (S) de Desarrollo Social y Familia de Región Aysén, en el plazo de 15 días, o en el tiempo que S.S Ilustrísima estime pertinente, informe los motivos por los cuales nombre reservado, no fue incluido en el Plan domicilio reservado, en el oficio Mideso, remite la oferta programática de alberge, ruta social, residencia, hospedería y ruta médica. i) Se ordene a los actores recurridos dar cuenta a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique sobre el resultado alcanzado, en el plazo que S.S Ilustrísima disponga. )) Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos. k) Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto del afectado.” (sic)

Con fecha 5 de Febrero del año 2025, se ordenó la acumulación de estos autos, a los seguidos bajo el Rol 41-2025, de conformidad a lo establecido en el numeral 13 del Auto Acordado respectivo.

Con fecha 17 de Febrero del año 2025, don Sergio Germán Elgueta Retamal, abogado, en representación de la recurrida Servicio de Salud Aysén, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección, por los motivos que expresa.

Con fecha 18 de Febrero del año 2025, don nombre reservado, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción, por las razones que alega.

Con fecha 18 de Febrero del año 2025, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud (S) de la Región de Aysén, evacúa el informe ordenado, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, por los argumentos que en él se contienen.

Con fecha 21 de Febrero del año 2025, doña nombre reservado, abogado del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del Servicio de la Discapacidad (SENADIS), incorpora el informe que le fue requerido, y solicita el rechazo de la acción constitucional, en atención a los argumentos esgrimidos en éste.

Con fecha 1 de Marzo del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 4 del mismo mes y año, compareciendo en estrados, en favor del recurso, el abogado don Luciano González Gronemann; y en contra del mismo, los abogados don Sergio Elgueta Retamal y don Cristóbal Bardales Rioseco, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundan su recurso, señalando que, don nombre reservado sufre desde niño el abandono de su familia, siendo sujeto de intervenciones del Estado por resolución del Tribunal de Familia de Coyhaique, en donde se ordena su internación y programas, eventualmente se constata que tiene Trastorno del Especto Autista (TEA), estando desde niño bajo medidas de protección y con intervenciones tanto ambulatorias como residenciales, sin contar con una red de apoyo familiar.

Agrega que se mantuvo en tratamiento médico en CESFAM desde el año 2018 a Noviembre de 2021 cuando ingresó al ciclo adulto. En esta etapa comienza a ser irregular su tratamiento por lo que producto de las descompensaciones comienza a realizarse internaciones involuntarias principalmente por lesiones y/o daños que pudiere ocasionarse él o a terceros. Desde Febrero de 2022 y hasta Octubre de 2023, se mantuvo con residencia en el Hogar de Cristo, lugar en el que recibía tratamiento, hasta que finalmente deja de concurrir a dicha institución y retorna a vivir a la calle.

Con fecha 12 de Febrero del año 2024, mediante Ord N°131 desde la SEREMI de Salud de Aysén, se da respuesta a las consultas de don nombre reservado, Presidente de la Agrupación Asperger Patagonia, por el caso presentado en reunión de la Comisión Regional de Protección de Personas con Enfermedades Mentales (COREPREM) el día 20 de Noviembre de 2023, en relación a nombre reservado, iniciándose que el usuario no está con apego al equipo tratante; Reconoce falta de coordinación entre el equipo COSAM y Hogar de Cristo; Se compromete a COSAM para gestionar con la Ilustre Municipalidad de Coyhaique la designación de un monitor dependiente del COSAM y de hacer seguimiento del caso, indica además que si no es factible realizarlo con COSAM se coordinará con ONG CIDETS; y, como COREPREM, se compromete a realizar monitoreo y seguimiento de estos acuerdos cada tres meses, el cual sería reportado a la Agrupación Asperger Patagonia, correspondiendo el primer monitoreo en Abril de 2024.

Agrega que en el transcurso de los meses, los episodios de descompensación se agravan, se constata desregulación, falta de higiene, accidentes signos de haber sido golpeado, entre otros. En Octubre de 2024 es hospitalizado en la Unidad Hospitalización de Corta Estadía (UHCE) del Hospital de Coyhaique, con un tiempo máximo de hospitalización de 30 días.

Señala que, una vez dado de alta, es visto deambulando por las calles con signos de haber sido golpeado, evidente falta de higiene y cuidado personal, constatando que no se ha realizado el monitoreo de su caso por parte de COREPREM, como se había comprometido, además de informar a la agrupación Asperger Patagonia durante todo el año 2024, pese a que la misma agrupación solicitó a esta comisión el 11 de Noviembre convocar a una reunión extraordinaria por el caso de nombre reservado, y que fue apoyada por el INDH mediante correo electrónico, sin embargo se omite el llamado a reunión extraordinaria.

Mediante Oficio N°45 dirigido al Centro de Salud Mental (COSAM) de Coyhaique, con fecha 11 de Abril de 2024, el INDH consultó respecto de la situación de nombre reservado, el cual es respondido mediante Oficio N°01466/2024, con fecha 24 de Agosto de 2024.

Indica que existe preocupación dentro de la comunidad de comerciantes de la ciudad, debido a que nombre reservado tiende a irrumpir en distintos locales comerciales. Algunos locatarios solidariamente hacen lo que pueden para ayudarle al proporcionarle alimentación, acceso a duchas y ropa limpia y contenciones ante desregulaciones, quienes se ven enfrentados a situaciones muy complejas.

A mayor abundamiento a fines de Noviembre del año 2024, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), oficia al Delegado Presidencial Regional de Aysén el 13 de Diciembre del 2024, destacando la urgencia de perfeccionar las coordinaciones para la protección de las personas con diagnóstico de salud mental.

Las situación de nombre reservado ha devenido en la afectación al ejercicio de sus derechos fundamentales, afectando su integridad física y psíquica, pues al no hacerse cargo ninguna institución pública vive y pernocta en las calles de Coyhaique, agregando que la región cuenta sólo con unidad hospitalaria psiquiátrica de corta estadía y no existiría residencia u hogar que pueda albergar a nombre reservado dado su perfil, el que es ambiguo, posiblemente se trataría de un diagnóstico de esquizofrenia sumado a su condición de espectro autista.

Señala que nombre reservado, fue nuevamente internado involuntariamente, el 20 de Enero, luego de diversas denuncias a Carabineros, quienes ofician al Servicio de Salud solicitando la adopción de alguna medida a su respecto.

Tras referirse a la nota de prensa del diario El Divisadero, del 24 de Enero de 2025, señala que lo preocupante es que la SEREMI de Salud admite que no existe plan alguna hasta este momento para intentar terminar la situación de desamparo y desprotección en que se encuentra nombre reservado, que por lo demás es ya de larga data.

Finalmente, señala que las instituciones con competencia y facultades en materia de salud mental, discapacidad y situación de calle en Chile, no han sabido dar una solución al caso, para que pueda tener acceso a una vida digna.

Aclara que se recurre en contra de la omisión ilegal y arbitraria, que vulnera el derecho a la integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley, por tiempo prolongado de don nombre reservado, infringiendo con ello lo establecido en las leyes N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en particular en su artículo 12, 18, 21; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933, que crea la superintendencia de instituciones de salud previsional y N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud; de la Ley N° 20.584, que regula los Derechos y Deberes de las personas en atenciones de salud, en su artículo 2, Ley N° 21.545, que establece la promoción de la inclusión, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, deviniendo ello en las vulneraciones de los derechos fundamentales que luego indica.

Se refiere luego a las funciones del Ministerio de Salud, contenidas en el artículo 15, del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, N°136; DFL N° 1 del 24 de Abril del 2006, en su artículo 1°; artículos 3, 130 y 131, del Código Sanitario; y artículo 4, de la Ley N°19.937.

Tras referirse a las funciones de la SEREMI de Salud y al Servicio de Salud de Aysén, señala que las imputaciones que se formulan a las autoridades sanitarias en su conjunto, desde el Ministerio de Salud, la SEREMI de Salud de Aysén y el Servicio de Salud Aysén, consisten en omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de disponer de un recinto apropiado para la permanencia del joven nombre reservado, de acuerdo a los requerimientos que su caso exige.

Así, estima que se han lesionado con esta conducta los derechos del recurrente garantizado por la Carta Fundamental en el artículo 19, N° 1, es decir, el derecho a la integridad física y psíquica; asimismo, se lesiona el derecho resguardado en el artículo 19, N° 2, de la misma Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, en el sentido de lo que significa ser una persona con TEA severo y/o enfermedades mentales en la región de Aysén, pues las recurridas afirman no contar con una residencia u hogar protegido que pueda recibir actualmente a alguien con el perfil de nombre reservado, a diferencia de lo que ocurre en el resto de nuestro país.

En relación al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), cita los artículos 3, 12, 61 y 62 letras a) y j), de la Ley N°20.422; artículos 1, 3 letra d) y 4, de la Ley N° 21.545.

Concluye que, la recurrida se ha apartado de su mandato legal y de la normativa jurídica, no observándose el cumplimiento y resguardo de la inclusión social ni promoción del trabajo intersectorial por parte de SENADIS.

En relación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señala que, también se ha apartado del cumplimiento de la normativa jurídica, objetivos, facultades y fines, al no proporcionar algún tipo de programa adecuado para el recurrido, perpetuando la situación de abandono en la que se encuentra nombre reservado, pese a ser una persona en situación de calle, perteneciente a un grupo vulnerable.

Refuerza su alegación, reiterando en cuanto a los derechos vulnerados que, la omisión de los recurridos constituye una afectación del derecho a la integridad física y psíquica de nombre reservado, consagrados en el artículo 19, N°1, de la Constitución Política de la República, desde que todas las entidades recurridas no han podido alcanzar una solución para este caso, menos aún coordinarse intersectorialmente.

Indica que tales omisiones se expresan en las respuestas insatisfactorias para encontrar un dispositivo de salud apropiado para atender los requerimientos que necesita nombre reservado.

Cita normativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y otros instrumentos internacionales y reitera que las instituciones involucradas no lograron ponerse de acuerdo para tomar una decisión que permita al recurrente acceder a un tratamiento continuo de acuerdo con su condición o enfermedad, acceso que es obligación del Estado, quien debe proteger la integridad física y mental de la persona, considerando su situación y asegurar que pueda acceder a diversos servicios, que le permitan integrarse a la sociedad.

Aparte, señala que la omisión de los recurridos constituye además una afectación del derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19, N°2, de la Constitución Política de la República, la que se manifiesta en la respuesta de los recurridos, particularmente, el Servicio de Salud de Aysén, consistente en que la región no contaría actualmente con una residencia u hogar protegido acorde al perfil de nombre reservado, ni tampoco con una unidad hospitalaria de mediana o larga estadía de salud mental, refiriéndose finalmente a los estándares internacionales en materia de derecho humanos y a la Ley 21.545.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, don Sergio Germán Elgueta Retamal, abogado, en representación de la recurrida Servicio de Salud Aysén, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, ya que la situación del recurrente ha sido abordada ampliamente por los recurridos.

Indica que, conforme a la función de los Servicios de Salud, contenida en el Decreto 140 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, ha ejercido acciones tendientes a la articulación y gestión entre los diversos sectores comprometidos, en cuanto a generar una respuesta adecuada a la situación de nombre reservado, negando lo expuesto por el recurrente, y en ese sentido expresa que han adoptado diversas medidas con anterioridad a la presentación del recurso, describiendo gestiones tales como: una primera reunión sectorial de Salud, de fecha 2 de Diciembre de 2024; una primera reunión intersectorial, de fecha 5 de Diciembre de 2024; una segunda reunión intersectorial, de fecha 16 de Diciembre de 2024; una primera reunión con el Hospital Philippe Pinel, de fecha 28 de Enero de 2025; ingreso de solicitud de internación no voluntaria al Juzgado de Familia de Coyhaique de fecha 30 de Enero de 2025 y una segunda reunión Hospital Philippe Pinel, de fecha 11 de Febrero de 2025.

A continuación, describe la situación actual de nombre reservado, quien habría ingresado a la Unidad de Hospitalización de Corta Estadía del Hospital Regional de Coyhaique por orden del Juzgado de Familia de Coyhaique, a fin de proceder a su internación psiquiátrica involuntaria y respecto del cual refiere encontrarse en proceso de postulación formal al Hospital Philippe Pinel, de Putaendo. Adiciona a lo anterior que, con fecha 18 de Febrero de 2025 y según lo manifestado por el Hospital Philippe Pinel, se deberían remitir los antecedentes pertinentes para dar continuidad a su eventual traslado a dicho Hospital En cuanto a las garantías conculcadas, sobre el derecho a la integridad psíquica y física refiere que no existe una relación de causalidad entre las supuestas omisiones por parte del Servicio y la vulneración invocada; también desestima la presunta infracción a la igualdad ante la ley, puesto que como Servicio, junto a otros actores, dentro de los que se incluye al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha determinado la necesidad de trasladar al recurrente al Hospital Philippe Pinel de Putaendo.

TERCERO: Que, don nombre reservado, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, informando el recurso, primeramente se refiere a los argumentos esgrimidos por el recurrente y luego, detalla el marco jurídico y competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, contenida en la Ley N°20.530.

Sobre el fondo de la materia y las prestaciones a las que ha accedido nombre reservado, informa que se ha otorgado diversas prestaciones. Detalla que, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Aysén, le ha propiciado la entrega de prestaciones de hospedaje y atención básica desde que se constató su situación de calle.

Indica que nombre reservado forma parte de un grupo familiar compuesto por él y otras dos personas, según Registro Social de Hogares (RSH); madre, quien presenta discapacidad mental y hermano, quien presenta discapacidad mental leve. Informalmente, se tiene conocimiento de que también vive en el domicilio familiar, su padre, quien no forma parte del RSH.

Agrega que nombre reservado, fue alumno de la Escuela Especial España de Coyhaique, en la cual vivió durante un tiempo en el internado de dicho establecimiento.

Manifiesta que, en el grupo familiar existían diversas peleas y agresiones físicas entre sus miembros, por lo que se gestionó la construcción y adecuación de un espacio distinto del domicilio, pero en el mismo sitio, que permitiera disminuir los conflictos. Sin embargo, desde hace más de un año, nombre reservado fue expulsado de la vivienda familiar por su madre y hermano, con quien tenía múltiples conflictos y agresiones mutuas, momento en que inicia su vida de calle, a inicios del año 2023, rotando su pernoctación entre Dispositivos Calle (ministeriales) y vivienda familiar de manera intermitente.

Indica que la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia ha incorporado a nombre reservado en el Dispositivo Albergue Protege; Ruta Social; y Programa Calle, el cual contempla Acompañamiento psicosocial y socio labora, sin lograr adherencia, Transferencias monetarias, que el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades entrega, y Servicio y Prestaciones, a través de las cuales se coordinan e implementan acciones de oferta pertinente, vinculación con la red institucional, poniendo a disposición herramientas de apoyo al proceso de acompañamiento.

Aparte, agrega que se realizó la campaña de recolección de ropa para el participante, además de campañas de sensibilización de personas en situación de calle y autismo, jornadas psicoeducativas sobre proceso de instancias democráticas de nuestro país y jornadas sobre alfabetización con MINEDUC.

Agrega que se generó un acuerdo con Hospedería Hogar de Cristo, quienes adecuaron una habitación especial para él, lo cual se materializó a fines del año 2023, logrando contar con un cupo para que pernocte en un espacio seguro durante la noche.

Indica que el apoyo del Hogar de Cristo ha sido fundamental. Inicialmente adhirió a esta alternativa, sin embargo, en los últimos meses se ha constatado un alejamiento de nombre reservado, especialmente en los últimos días, no llegando a pernoctar, y en atención a ello, a la fecha, no se tiene certeza de dónde y cómo cubre sus necesidades básicas como higiene, alimentación y alojamiento.

Sostiene que se ha solicitado un diagnóstico claro de enfermedades o condiciones de nombre reservado, el que no ha sido entregado debido a la confidencialidad del paciente.

Actualmente, se genera de manera permanente prestaciones, a través del dispositivo Ruta Social, a través del cual se le ha encontrado en diversos puntos calle de la ciudad, entregando alimentación, ropa y zapatos, de manera diaria. En ocasiones nombre reservado permite su traslado hacia el Albergue Protege para ser bañado.

Señala que, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Aysén, ha participado de mesas de trabajo y en la Comisión Regional de Protección para Personas con Enfermedad Mental (COREPPREM), en donde se ha planteado que las ayudas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia corresponden a la entrega de las prestaciones antes mencionadas para población en situación de calle (abrigo, alimentación y pernoctación) y que los dispositivos que funcionan bajo este programa no cuentan con profesionales pertinente para el tratamiento de nombre reservado.

Manifiesta que, las facultades con que la autoridad cuenta, permiten ofrecer y entregar prestaciones sociales a población de calle, siendo decisión de las personas en calle si adhieren a los dispositivos y aceptan dichas prestaciones.

Añade que se ha planteado a la COREPPREM la necesidad de gestionar, a través del sector salud, un cupo en dispositivo de la red, en el que se pueda tener una intervención pertinente y adecuada en materia de salud mental, trabajo terapéutico, comunitario y psicosocial, que le permita llevar una vida en dignidad y resguardo.

Alega que en el caso de autos no se han vulnerado derechos fundamentales. desde que nombre reservado ha sido parte de la oferta programática para personas en situación de calle, distinto es la imposibilidad de tener una oferta especial y específica para el caso de marras, respecto del cual se estima requeriría de una atención especializada en materia de salud, lo que excede las facultades y competencias de este órgano.

Indica que la recurrida realiza su trabajo en forma concreta, poniendo en forma permanente, a disposición de los sujetos de atención, los dispositivos pertinentes, por lo tanto, no se incurre en ninguna omisión por parte de esta Cartera de Estado que vulnere, amenace o menoscabe el derecho de nombre reservado a la protección de su integridad física y psíquica, ni su igualdad ante la ley.

CUARTO: Que, a su vez, la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Salud (S) de la Región de Aysén, a través de doña nombre reservado, evacúa el informe ordenado, efectuando una relación de las competencias de dicha entidad, y se detiene en la descripción de los procedimientos necesarios para la ejecución de la Hospitalización psiquiátrica involuntaria de urgencia; Hospitalización psiquiátrica involuntaria a partir de una indicación clínica, que surja en el contexto de una atención ambulatoria; y, Hospitalización psiquiátrica involuntaria solicitada durante una hospitalización voluntaria, para luego indicar las atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, así como de las Comisiones Regionales.

Agrega que, esta Secretaría Regional Ministerial de Salud ha tomado una posición colaborativa a objeto de concretar en el más corto plazo, un recinto de larga estadía que cuente con la posibilidad de satisfacer todas y cada una de las necesidades que para dichos efectos se requieren. En ese orden de ideas, las políticas para la concreción de esta no dependen directamente de la Secretaría Regional Ministerial, siendo igualmente otros involucrados y en conjunto, llamados a buscar una concreción a corto plazo, de dicha falencia regional.

Aparte señala que, la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros, en relación al artículo 11, 12 y 13 de la Ley N°21.331, destacando finalmente que, de ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria, puede deberse a la condición de discapacidad de la persona.

Señala en primer lugar que, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la recurrida, y en segundo lugar, tampoco existe vulneración de garantías constitucionales, desde que en lo pertinente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la recurrente no da luces de cómo la supuesta acción u omisión afectaría los derechos que alega, y no puede atribuirse a dicha SEREMI, por el solo hecho de que las internaciones administrativas involuntarias, sean aparejadas, en tiempo, a una evaluación previa, dando cumplimiento estricto a lo establecido en la ley, para dichos efectos.

En lo que respecta a la igualdad ante la ley, señala que ésta no es un derecho absoluto, queda sujeta a la posibilidad de diferenciaciones razonables entre quienes no se encuentran en una misma condición, no pueden ser arbitrarias ni indebidas, por lo que deben fundamentarse en presupuestos razonables y objetivos y su finalidad como sus consecuencias deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas.

Así, estima que la recurrente desconoce los impedimentos de un hogar de larga estadía, no pasan por una vulneración normativa, ni tampoco que esta presunta discriminación persiga un fin legítimo, por el contrario, sostiene que su voluntad y fin último es concretar a corto plazo, un hogar de estas características de atención, para todos y cada uno de los habitantes de la región de Aysén que lo requieran.

Por último, refiere que el asunto planteado es ajeno a la naturaleza propia del recurso de protección, ya que su pretensión en orden a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho de aquellos previstos en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, indiscutido y que se encuentre amagado o violentado por un acto u omisión del recurrido, siendo procedente la desestimación del presente recurso en todas sus partes.

QUINTO: Que, por su parte, doña nombre reservado, abogado del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del Servicio de la Discapacidad (SENADIS), evacuando el informe solicitado a dicho servicio, comienza especificando las atribuciones y funciones de SENADIS, de conformidad a la Ley N°20.422, así como al Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad y el perfil de su población objetivo según la Resolución Exenta N°890-2024, de SENADIS.

En base a lo anterior, indica que podrán ser sujetos de atención del programa las personas que reúnan las siguientes características:

“1. Personas adultas, de entre 18 y 59 años de edad, que tienen discapacidad mental intelectual, física y/o sensorial, que además se encuentran en una situación de dependencia moderada o severa3, es decir, que requieren diversos tipos de apoyos y cuidados de acuerdo a su nivel de dependencia para el desarrollo de su vida cotidiana, principalmente en el desarrollo de su autonomía;

2. Personas adultas con discapacidad que no cuentan con una red socio-familiar de apoyo disponible para asumir su cuidado y protección4, ni cuenten con los recursos financieros suficientes para gestionar dicho cuidado y protección por sí mismas5.

Además, la persona con discapacidad, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Expresar su voluntad de ingresar a un dispositivo residencial de larga estadía, por medio del documento denominado “Consentimiento Informado”. Si la persona no firma, deberá indicarse en el documento lo que esté consignado en su cédula de identidad y, en caso de ser posible, estampar su huella dactilar, o firmar un tercero a requerimiento de la persona con discapacidad.

2. En caso que la persona se encuentre interdicta, es la persona quién ejerce la curaduría la que debe firmar el consentimiento informado.

3. En caso de presentar diagnósticos de patologías de base, la persona con discapacidad deberá mantener un tratamiento con esquema farmacológico actualizado, manteniendo controles vigentes en la red de salud pública.”

Por su parte, agrega que no podrán ser sujetos de atención del programa las siguientes personas:

“1. Acrediten discapacidad mental psíquica de causa u origen principal o secundario;

2. Se encuentren en proceso de evaluación por sospecha o confirmación de trastorno de personalidad antisocial y/o psicopatía;

3. Requieran apoyos y cuidados intensivos de enfermería y recursos clínicos avanzados;

4. Presenten desregulaciones conductuales persistentes durante los últimos doce meses, sin respuesta a tratamientos farmacológicos, que involucren atenciones de urgencias, ya sea, al interior de la residencia y/o en un centro de salud y/o conlleven internaciones de corta y mediana estadía en Unidades de Psiquiatría Adultos;

5. Presenten consumo problemático actual y/o de larga data de alcohol y otras sustancias, sin tratamiento de adicciones, o se encuentren en calidad de abandono de éste, ya sea en modalidad ambulatoria y/o residencial;

6. Registren condenas vigentes por crímenes y simples delitos.”

En lo referente a don nombre reservado, señala que SENADIS tomó conocimiento de su situación, siendo presentado a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental (COREPREM), en donde se verificó la necesidad de abordarlo a través de una Mesa Intersectorial de Salud Mental, que fue convocada por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Aysén.

Así SENADIS comenzó a participar en la referida Mesa Intersectorial de Salud Mental, realizando tres reuniones a partir del mes de Diciembre de 2024.

En reunión de fecha 12 de Diciembre de 2024, se coordinó acciones para abordar la situación de nombre reservado, persona con trastorno del espectro autista, en situación de calle, con diagnóstico de psiquiatría multifactorial, con afectación importante de su salud mental, quien no cuenta con Credencial de Discapacidad vigente, ya que venció en el año 2022.

En dicha reunión la médico psiquiatra plantea que nombre reservado requiere de un abordaje en un dispositivo que cuente con un equipo multidisciplinario para su atención, puesto que, junto a la condición de autismo, presenta otros aspectos clínicos a atender. Desde el Servicio de Salud, se plantea que no cuenta con un dispositivo en la región, que pueda entregar la atención multidisciplinaria que requiere la persona.

Posteriormente, se procede a consultar a SENADIS si cuentan con residencias. A lo que se reitera lo expuesto previamente en reuniones, en cuanto a que no cuenta con residencias propias, sí con un programa que financia la permanencia de personas con discapacidad en residencias particulares, con la cual el Servicio establece convenios para disponer de cupos. Asimismo, expuso que el programa cuenta con un perfil de usuarios definidos, no estando contempladas las personas con discapacidad mental psíquica que presenten desregulaciones conductuales persistentes, sin respuesta a tratamientos farmacológicos, como es la situación de nombre reservado. Precisó también que en la región no se cuenta con residencias privadas con las cuales hacer un convenio que permita disponer de cupos, por lo que se está trabajando para viabilizar la instalación de una, en la cual se pueda disponer de cupos para el ingreso de personas con discapacidad, en virtud de Programas Modelos Residenciales para Personas Adultas con Discapacidad. Además, en relación a la Ley N°21.545, que Establece la Promoción de la Inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, mencionó que en el Servicio se está trabajando para adecuar la oferta programática y de este modo responder a necesidades de las personas del espectro autista con discapacidad.

Aclara que en dicha reunión se concluyó que don nombre reservado requería ingreso a residencia de alta complejidad, la que no existe en la región de Aysén, pero sí en otras. Además, atendido a que no está declarado en interdicción, se requiere de su voluntariedad, mencionando que en las oportunidades que ha sido internado involuntariamente, él ha pedido ser dado de alta, no pudiendo ser retenido en contra de su voluntad. Aparte, se acordó que los abogados de Salud analizaran las vías judiciales que pudieran facilitar su ingreso a una residencia de alta complejidad, convocando a una reunión con ese fin.

En reunión de fecha 17 de Diciembre de 2024, el Servicio de Salud se compromete a realizar una internación involuntaria de máximo 72 horas, ante descompensación de la persona. Lo anterior, daría tiempo al Servicio de Salud de recopilar los antecedentes médicos, tramitar la credencial de discapacidad y elaborar un informe socio sanitario, lo que permitiría a la SEREMI de Salud y su equipo jurídico presentar una medida de protección para una hospitalización involuntaria por un periodo de 6 meses, con máximo de 2 años. La materialización de la orden judicial que permite el tratamiento a mediano y largo plazo requiere la presentación de un plan de egreso, es decir, no se otorga el alta administrativa hasta que exista continuidad de los cuidados posteriores, es decir, residencia especializada de larga estadía para personas con condición de salud mental. Agrega que hay un compromiso del Alcalde de Coyhaique, en cuanto a colaborar para habilitar alguna vivienda que se pueda destinar a este fin.

En la reunión se acuerda revisar la presentación del anteproyecto de residencia que tiene el Servicio de Salud para ver las fuentes de financiamiento con el Gobierno Regional y que la coordinación continuará siendo realizada desde el sector de Salud, así como todos los comunicados serán liderados por dicha cartera.

Asimismo, en reunión de fecha 28 de Enero de 2025, dirigida por el Delegado Presidencial Regional, instruye que de dicha instancia debe surgir un plan que conduzca a buscar una solución a la situación que vive don nombre reservado. Desde el sector de salud, plantean que no se ha logrado mantenerlo en hospitalización, dado que la evaluación de psiquiatra no ha dado lugar para ello. La médico psiquiatra reiteró la necesidad de un abordaje terapéutico de alta complejidad. La trabajadora social informó que se sostuvo una reunión con el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, al cual presentaron la situación de don nombre reservado, quienes manifestaron que su perfil es atendible por ellos, y que está la disponibilidad para ingresarlo de existir una orden judicial que lo disponga. Se acuerda continuar con el plan para internarlo involuntariamente ante su ingreso a urgencias, previa evaluación de psiquiatra. De producirse dicho escenario, el Servicio de Salud solicitará al Juzgado de Familia la medida de hospitalización judicial para que se pueda ingresar al Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, de la comuna de Putaendo y recibir rehabilitación intensiva para recuperar su funcionalidad. En paralelo el Servicio de Salud se encontraba realizando gestiones para avanzar en la instalación de una residencia de alta complejidad en la que se le pudiera dar continuidad a los cuidados de don nombre reservado, ante una eventual alta del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, así como contar con una solución en la región para este tipo de casos. Se acuerda que el Delegado Presidencial Regional citará a una nueva reunión para hacer seguimiento. Por último, la vocería de esta situación continuaría radicada en Salud y además por parte del Delegado Presidencial Regional.

Señala en relación a las residencias en convenio con el SENADIS no son idénticas ni asimilables al modelo de residencias protegidas del Ministerio de Salud, en razón de lo indicado por la norma técnica de residencias protegidas para personas con discapacidad de causa psíquica, de la Subsecretaría de Salud de Enero de 2006. A mayor abundamiento las residencias en convenio con SENADIS, conforme Resolución Exenta N°890-2024, están destinadas a personas con discapacidad adultas, de entre 18 y 59 años de edad, que tienen discapacidad mental intelectual, física y/o sensorial, que además se encuentran en una situación de dependencia moderada o severa; y personas adultas con discapacidad que no cuentan con una red socio-familiar de apoyo disponible para asumir su cuidado y protección, ni cuentan con los recursos financieros suficientes para gestionar dicho cuidado y protección por sí mismas.

Al contrario de lo que ocurre con las residencias protegidas de Salud, las residencias en convenio con SENADIS, no brindan atención a personas que acrediten discapacidad mental psíquica de causa u origen principal o secundario.

Aclara que no podrán ser sujeto de atención del Programa Modelos Residenciales del SENADIS quienes acrediten discapacidad mental psíquica. Así, las residencias que actualmente mantienen convenio con SENADIS a lo largo del país, no entregan, en ningún caso, atenciones de salud mental, como tampoco cuentan con las condiciones necesarias de infraestructura, ni horas profesionales de salud con manejo clínico y farmacológico, pues no se sustentan en modelos de salud, como sí lo hacen las residencias protegidas de MINSAL.

Por otra parte, las residencias protegidas de Salud, por norma, pueden albergar un número máximo de doce residentes, mientras que las residencias en convenio con SENADIS no tienen un límite de residentes. Otra diferencia dice relación con los criterios de ingreso, ya que, tratándose de las residencias protegidas administradas y/o financiadas por el sistema público de salud el ingreso de los residentes se realiza a través de un Comité Evaluador, convocado y coordinado por el Servicio de Salud el que resguardará que se cumplan los requisitos de ingreso. Por otro lado, las entidades públicas o privadas que implementen este dispositivo sanitario (residencias protegidas de Salud) deberán establecer un convenio formal entre el Servicio de Salud y la entidad prestadora, quedando de manifiesto que, SENADIS, no tiene ninguna participación en los procesos vinculados a las Residencias Protegidas.

Agrega además, que el Decreto N°570, del año 2000, del MINSAL, exige expresamente autorización sanitaria a los establecimientos de salud, destinados a brindar prestaciones a pacientes psiquiátricos que requieren, precisamente, prestaciones especializadas en psiquiatría, servicios que – como ya se mencionó – no otorgan las residencias en convenio con SENADIS.

SEXTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SÉPTIMO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

OCTAVO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal. Igualmente, este recurso Constitucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

NOVENO: Que, de las alegaciones y antecedentes allegados a esta Corte por parte de los recurrentes, se advierte que el presente recurso se endereza, en primer lugar, en contra de la omisión arbitraria e ilegal de las entidades recurridas respecto de la situación de calle de don nombre reservado, vulnerando su derecho a la integridad física y psíquica, consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, al no alcanzar una solución en conjunto, coordinada e intersectorial, que permita poner término a la situación que actualmente padecería, permaneciendo en el desamparo y desprotección, infringiendo con ello las obligaciones legales y reglamentarias en la materia.

Asimismo, en segundo lugar, sostienen que se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley de don nombre reservado, desde que al presentar diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista, las recurridas no cuentan con una residencia u hogar protegido en la región de Aysén, que reciba a personas con su perfil, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, vulnerando con ello la garantía establecida en el artículo 19, N°2, de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, en primer lugar, corresponde a esta Corte analizar los antecedentes allegados con fecha 4 de Marzo de 2025, previa vista de la causa, especialmente, lo concerniente al Memorándum N°01, de 20 de Enero del año 2025; Plan de Egreso elaborado por la Dirección del Servicio de Salud Aysén con fecha 20 de Febrero del año 2025; lo dispuesto por el Juzgado de Familia de Coyhaique, en resolución de fecha 21 de Febrero del año 2025; y, correo electrónico de fecha 27 de Febrero del año 2025.

Que, respecto del primer documento, esto es, el Memorándum N°01, de fecha 20 de Febrero de 2025, se comunica por parte del Dr. Aldo Varas Ríos del Hospital Dr. Philippe Pinel a la Dra. nombre reservado, del Subdepartamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Aysén, que se determinó dar curso al Plan de Traslado y Plan de Egreso del usuario nombre reservado.

Que, por su parte, en cuanto al Plan de Egreso de don nombre reservado, de fecha 20 de Febrero de 2025, el Servicio de Salud de Aysén elaboró las líneas de acción respecto lo que se consideró la mejor oportunidad de avanzar en la calidad de vida y pronóstico del usuario referido, esperando que su estadía en el Hospital Pinnel le permita adquirir hábitos, habilidades y voluntariedad para continuar un proceso interventivo de largo plazo en Coyhaique.

Que, con fecha 21 de Febrero de 2025, se dispuso por el Juzgado de Familia de Coyhaique, que: “Se autoriza el traslado aéreo y estadía en Unidad de Rehabilitación de Hospital Pinnel por periodo inicial de 90 días para don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, remítase informe respecto del proceso de traslado y su ingreso, como asimismo informes mensuales que permitan evaluar modificación o mantención de la medida.” (sic)

Que, finalmente, según consta del correo electrónico de fecha 27 de Febrero de 2025, la Dra. nombre reservado, informa al Sr. Director del Servicio de Salud Aysén, don Juan Pablo Bravo Quintana, lo siguiente: “Estimado Director, informo que ayer se concretó el traslado de JB al Hospital Pinel, ingresando por la Urgencia del hospital pasadas las 21hrs. Hoy la enfermera coordinadora me informa que ya fue ingresado a la Unidad de Hospitalización de Tratamiento Intensivo de Rehabilitación Integral UHTIRI. Atte.” (sic)

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, del estudio de los antecedentes previamente reseñados, es forzoso concluir que, más allá de la demora objetiva que se advierte producida de parte de los órganos públicos correspondientes en la atención de la situación social y de salud de aquel por quien se recurre, al haberse autorizado el traslado y estadía en la Unidad de Rehabilitación de Hospital Pinnel, para don nombre reservado, no es posible verificar actualmente la concurrencia de las circunstancias y motivaciones que propiciaron la interposición de los presentes recursos de protección, y mucho menos advertir en el estado actual, algún acto u omisión arbitrario y/o ilegal por parte de las instituciones recurridas, que perturben o amenacen algunas de las garantías constitucionales del señor nombre reservado y que fueron alegadas por los recurrentes.

Que, dicho lo anterior, no existen, actualmente, providencias que sean necesarias adoptar por esta Corte de Apelaciones para restablecer el imperio del derecho y otorgar la adecuada protección de nombre reservado en los términos exigidos en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, por ende, al no concurrir en la especie dicho presupuesto de procedencia, y careciendo de oportunidad el requerimiento planteado en ambos recursos constitucionales según lo consignado precedentemente, desaparece la supuesta vulneración a la integridad física y psíquica alegada por los recurrentes en ambos recursos de protección y en consecuencia éstos no pueden prosperar, y así se declarará en lo resolutivo de la sentencia.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado, en lo concerniente a la segunda situación denunciada por los recurrentes, consistente en que las entidades recurridas no cuentan en la región de Aysén con una residencia u hogar protegido que reciba a personas con diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista, como es el caso de don nombre reservado, es preciso señalar que la jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones ha sido consistente al sostener que el arbitrio constitucional no es la vía adecuada para materializar pretensiones que se encuentren enmarcadas en el ámbito de las políticas públicas, desde que su concreción, entre ellas las concernientes a lo peticionado por los recurrentes, relativas a la implementación en la Región de Aysén, de una residencia u hogar protegido u otros dispositivos de salud para dar término a la situación de calle del señor nombre reservado, corresponden al ejercicio de la administración y escapa de los márgenes de conocimiento con los cuales ha sido dotada la presente instancia, cuya naturaleza es eminentemente extraordinaria y cautelar, lo que permite descartar de plano la eventual afectación al derecho a la igualdad ante la ley, al no verificarse en la especie discriminación alguna que pueda ser calificada de arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se declara:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tiznado, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Aysén, representado por su Director Regional don Juan Pablo Bravo Quintana; de la Secretaría Ministerial de Salud Aysén, representada por doña nombre reservado; de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia, representada por su SEREMI doña Karina Alejandra Acevedo Auad; y, del Servicio Nacional de Discapacidad de Aysén, representado por su Directora Regional doña Viviana Judith Muñoz Vargas.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Aysén, representado por su Director Regional don Juan Pablo Bravo Quintana; de la Secretaría Ministerial De Salud Aysén, representada por doña nombre reservado; de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia, representada por su SEREMI doña Karina Alejandra Acevedo Auad; y del Servicio Nacional de Discapacidad de Aysén, representado por su Directora Regional doña Viviana Judith Muñoz Vargas.

Se previene que el Sr. Ministro don Luis Moisés Aedo Mora concurre al acuerdo, haciendo presente sólo que entiende que, lo acertadamente razonado en el motivo duodécimo no conspira, en todo caso, con el deber promover, aun desde el nivel jurisdiccional, la necesidad de instar por la oportuna y debida coordinación a generarse entre los órganos y servicios concernidos en situaciones como la expuesta, a objeto de adoptar aquéllos las medidas, orgánicas o funcionales, tendientes al otorgamiento de una pronta y cumplida satisfacción de los requerimientos de los usuarios de los establecimientos de salud en esta región austral, conforme a los intereses que subyacen en una acción tutelar como la constitucional enderezada, sin que ello, y de esa forma, importe sustituir a la Administración en sus propios fines.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro, don Pedro Alejandro Castro Espinoza y de la prevención, su propio autor.

Rol N° 41-2025. (Protección)- (46-2025 Acumulada).