TRANSPORTES MARDAN LTDA. con EQUIFAX CHILE S.A

Coyhaique, seis de Agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, con fecha 5 de Junio de 2019, comparece don Luis Eduardo Pedro Villarroel Somoza, abogado, en representación de las empresas Transportes Mardan Limitada, Rut RUT reservado, y Naviera Lafquen Spa, Rut RUT reservado, representadas legalmente por don nombre reservado, empresario, todos con domicilio en domicilio reservado quien, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y nombre reservado. Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, recurre de protección en contra de las empresas BCI FACTORING S. A. Rut. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la empresa EQUIFAX CHILE LIMITADA, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado - 27, Comuna de Las Condes, Santiago, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra de sus representadas, debido a la publicación en el Boletín Comercial y en los sistemas de informes comerciales, por morosidad de facturas falsas emitidas por un tercero querellado por falsificación de dichos documentos, solicitando se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, en sus derechos reconocidos por el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile, que es objeto de privación, perturbación y amenaza y las demás que se determinen, con costas, acompañando la documentación que relaciona en el primer otrosí de su libelo.

Con fecha 6 de Junio de 2019, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a los recurridos.

Mediante escrito de 12 de Junio de 2019, la recurrida, BCI FACTORING S.A., informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo por la razones que expresa, con costas, acompañando la documentación que indica en el segundo otrosí de su informe.

A través de la presentación de fecha 24 de Junio de 2019, la recurrida, SERVICIOS EQUIFAX LIMITADA, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que expone, acompañando la documentación que relaciona en el otrosí de su informe.

Con fecha veintisiete de Julio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, verificada en la audiencia del día 30 de Agosto de 2019, comparecieron los abogados don Waldemar Sanhueza Quiniyao, por el recurso, y doña nombre reservado, contra el recurso.

Con fecha 31 de Julio de 2019, se decretó medida para mejor resolver, ordenándose oficiar a la Fiscalía Local de Puerto Aysén, a fin de que informara en relación con la causa RIT 213-2019, RUC 1910011339-5, información incorporada a los autos con fecha 02 de Agosto de 2019.

Con fecha 03 de Agosto de 2019, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver decretada, rigiendo, en consecuencia, el estado de acuerdo de fecha 30 de Julio de 2019.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundamentando su acción cautelar, refiere, como hechos, que su representada presentó querella criminal en ejercicio de la acción pública que le confiere la ley, en contra de todos aquellos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores de los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil emitidas por la empresa VALLE RISOPATRON LIMITADA, RUT RUT reservadopor la suma total de $26.454.761, acorde a las figuras ilícitas descritas y sancionadas en los artículos 473 y 197 y 198 del Código Penal, causa seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén RIT N° 213 - 2019, RUC N° 1910011339-5, actualmente en trámite, relacionando los hechos de la misma, así como el folio, fecha, monto, fecha de nota de crédito y número de nota de crédito de cada una de las facturas materia de la querella, la que, acogida a tramitación, fue puesta en conocimiento del Factoring BCI en la ciudad de Aysén, con todos los antecedentes fundantes, en especial las anulaciones de las facturas ante el Servicio de Impuestos Internos, no obstante, el Factoring insistió en que se debía pagar ya que no era problema de ellos y amenazó con publicarlo en el Sistema de Morosidad del Boletín Comercial y en los informes de Equifax, lo que materializó y de lo que sus representadas tuvieron conocimiento el día 30 de mayo, cuando estaban negociando con un proveedor créditos comerciales, quien señaló que no era posible trabajar a crédito, pues las empresas relacionadas registraban morosidad en el sistema de informes comerciales, por el no pago de las facturas materia de la querella.

Indica que, como consecuencia de la publicación de las facturas en el sistema de morosidad comercial, dio origen al cierre de todas las operaciones de crédito comerciales, para las empresas de propiedad de don nombre reservado, lo que le está causando un tremendo perjuicio comercial ya que se deben abastecer sus barcos en operaciones en Puerto Chacabuco y en Puerto Natales, con combustible, vituallas para la alimentación del personal y repuestos entre otros, a los que se les está pagando al contado, con las dificultades de caja que ello significa, sin poder recurrir tampoco al sistema financiero por la misma razón.

Agrega, que de las facturas mencionadas en la querella referida, Equifax Chile Limitada públicó en el sistema de morosidad comercial, esto es: Boletín EQUIFAX, Boletín de Informaciones Comerciales (BIC) y Morosos de Grandes Tiendas (ICOM) de la Cámara de Comercio de Santiago A.G, por petición del Factoring BCI, las siguientes facturas de las empresas:

a) TRANSPORTES MARDAN LIMITADA, factura por $2.975.000, con fecha de vencimiento el 07/01/2019, motivo informado por fuente, morosidad BCI Factoring Equifax; factura por $2.737.000, con fecha de vencimiento el 03/12/2018, motivo informado por fuente, morosidad BCI Factoring Equifax, y factura por $7.000.000, motivo informado por fuentes, morosidad BCI Factoring Equifax, total $12.712.000, número de impagos: 3.

b) NAVIERA LAFQUEN SPA, factura por $5.950.000, con fecha de vencimiento el 24/12/2018, motivo informado por fuente, morosidad BCI Factoring Equifax; factura por $5.950.000, misma fecha de vencimiento, por morosidad BCI Factoring Equifax, y factura por $3.150.000, por morosidad BCI Factoring Equifax, Total $15.050.000.

Refiere, que se informó de inmediato a Equifax mediante correo electrónico la situación que afecta a la empresa, con la emisión de facturas falsas con la información que antecede, quien informó que lo pasaría a su departamento jurídico, sin tener respuesta hasta el momento, demora que está implicando la eventual paralización de la empresa de seguir en esta situación, por falta de caja al no poder operar en el sistema financiero y comercial, y que BCI Factoring está recurriendo a esta forma de presión para obtener el pago, como lo ha hecho con otros empresarios, toda vez que sabe que judicialmente las facturas no tienen posibilidad de cobro, acción de los recurridos con la que se han conculcado sus derechos consagrados en los números 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Respecto del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, indica que la Constitución Política de la República habla de persona, sin diferenciar entre persona natural o jurídica, y siendo sus representados personas jurídicas y conforme la tendencia actual de la jurisprudencia, la legislación y la doctrina, no pueden ser discriminadas en cuanto a la protección de sus derechos, de hecho, la persona jurídica puede ser objeto de sanciones penales y beneficiaria del daño moral, y teniendo como norte la armonía y estabilidad laboral, como elemento básico para el funcionamiento de la empresa, desde esta óptica y orden de razonamiento lógico, perfectamente la persona jurídica, como un todo, puede verse afectada en su funcionar y accionar a través de sus propietarios y funcionarios,- que son los que le dan vida-, e impedida de cumplir su función empresarial y social, afectando a todos los que laboran en la misma en el aspecto psíquico,- el ente colectivo de quienes integran el grupo- llevando a su disfunción, paralización y eventualmente su destrucción o quiebra provocado por el desánimo colectivo, ante un hecho que afecte la armonía y estabilidad definitiva de la empresa y la fuente laboral, disfunción de la empresa que está plenamente cubierta y protegida por la garantía constitucional en tanto y cuanto con una publicación como la que es materia del recurso, afecta la integridad psíquica de la empresa.

En cuanto al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y asimismo, la protección de sus datos personales, expresa que la publicación por intermedio de los sistemas de información comerciales y financieros va directamente, en este caso a afectar la imagen y honor comercial de una empresa, logrado con años de esfuerzo y trabajo, por lo que usarlo de forma impropia destruye el honor de una persona jurídica, a la cual la norma en estudio alcanza toda vez que como ha dicho precedentemente no se distingue entre persona natural o jurídica y, en la especie, los recurridos a sabiendas del origen espurio de los documentos, igual persisten en su conducta de mantener vigente la morosidad de las empresas que representa en el sistema, destruyendo su honor, lo que se agrava a medida que las horas y los días transcurren.

En lo referente al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, dicha garantía se explica por sí sola, porque con la publicación en el sistema de morosidad, se está destruyendo deliberadamente la propiedad, agregando que, conforme a lo expuesto, en cuanto a los derechos vulnerados que afectan a sus representadas, está determinado por los actos ilegales y arbitrarios cometidos por las empresas recurridas, quienes en pleno y cabal conocimiento del hecho que sus representadas fueron víctimas de una estafa masiva, persisten en su conducta de presionar ilícitamente, por lo que concurren los presupuestos legales contenidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, mediante escrito de 12 de Junio de 2019, doña Carolina Contreras Latrille, abogado, en representación de la recurrida BCI Factoring S.A., informando al tenor del recurso, solicita su rechazo, con costas, señalando, luego de relacionar los hechos materia de la acción constitucional, que las recurrentes basan la interposición del recurso en la vulneración del derecho reconocido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución, referido al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y sin perjuicio de ello, entregará los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que, en su opinión, justifican y dan sustento legal a la publicación de las facturas que no fueron pagadas al vencimiento por éstas, no encontrándose vulnerados el derecho en el que fundamenta la interposición del recurso, ni aquéllos que desarrollan en sus argumentos.

Indica, que VALLE RISOPATRÓN S.A. cedió a su representada BCI FACTORING S.A., los créditos contenidos en las facturas señaladas en el recurso de protección interpuesto y en el presente informe, cesiones de créditos contenidos en facturas, que se encuentran reguladas normativamente principalmente en la Ley N° 19.983 y en el Decreto Supremo 93, que aprueba el Reglamento para la aplicación del artículo 9° de la Ley N° 19.983, respecto de la cesión de los créditos contenidos en una factura electrónica, y en virtud de lo dispuesto en la normativa señalada, la cesión de las facturas electrónicas se efectúa en la plataforma que para dichos efectos administra el Servicio de Impuestos Internos y la notificación se entiende notificada válidamente al receptor de la factura al día siguiente contado desde la anotación de la cesión en el mencionado registro, como ocurrió en el caso; las facturas fueron cedidas, se aceptaron expresamente acusando el recibo de mercaderías las sociedades recurrentes en autos, (accesando con su certificado digital y clave de contribuyente, a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos) y anuladas en las fechas que señala.

Agrega, que adjunta copia de la factura, certificado de cesión en la que consta la fecha de la nota de crédito que anulan cada una de las facturas, no existiendo en la plataforma señalada registro de rechazo de las facturas o del contenido de las mismas en el plazo que señala la normativa vigente, contado desde la recepción de la factura o notificación de la cesión, y emitiéndose la nota de crédito anulando las mismas, transcurrido más de un mes desde la fecha de la cesión y encontrándose estas irrevocablemente aceptadas e incluso con el acuse recibo de mercaderías por parte de la recurrente y luego de citar y reproducir el artículo 3 N° 2 de la Ley N° 19.983, refiere que al cederse las facturas, son inoponibles al cesionario, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor, por lo que el actual titular de los créditos contenidos en las facturas publicadas, es su representada, en su calidad de cesionario y no le empece ni le es oponible la querella interpuesta por las recurrentes, ni los hechos que motivaron la interposición de la misma.

Que, lo anterior, considerando que teniendo la posibilidad las recurrentes de reclamar la factura en el plazo establecido en la norma (por los mismos motivos por los que actualmente se alega la falsedad ideológica) no lo hicieron, habiendo precluído su derecho, no justificándose que a través de esta vía, inoponible a su representada, se intente dejar sin efecto las consecuencias que arrastra la mora de las facturas y el uso de las herramientas legales existentes, para obtener el pago de sus cuentas por cobrar impagas, siendo los perjuicios financieros y comerciales que alegan las recurrentes, consecuencia de problemas en su gestión administrativa, que se manifiestan en la falta de seguimiento de las facturas que les emiten a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y de las anotaciones de cesión efectuadas en la misma, sistema de facturación y recepción de facturas, que no está demás señalar, permiten al contribuyente hacer uso del crédito fiscal con declaraciones en línea con la información entregada por el mismo Servicio considerando las facturas electrónicas emitidas y recepcionadas por el contribuyente, la que es visada y declarada por este último mensualmente.

Refiere, que la Circular N° 4 del SII, que establece requisitos para efectos de hacer uso del crédito fiscal contenido en la factura electrónica por modificaciones establecidas a la ley de mérito ejecutivo y cuyo objeto es impartir instrucciones sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.956, señala que se entiende han sido entregadas las mercaderías o prestados los servicios y ha sido “irrevocablemente aceptada” una “factura electrónica”-y por lo mismo, con mérito ejecutivo para su cobro- cuando ésta no sea rechazada dentro del plazo de 8 días establecido en la Ley N° 20.956, el cual corre a partir de la “recepción” de la factura por parte del Servicio de Impuestos Internos, habilitándose una plataforma en el SII para poder aceptar o rechazar las facturas electrónicas. Que la Circular mencionada señala textualmente que “conforme al modelo de operación de factura electrónica, establecido en la Resolución Exenta SII N° 45 de 2003, y sus modificaciones posteriores, todo documento tributario electrónico debe ser enviado tanto al Servicio de Impuestos Internos, así como al receptor de la factura”; que “en el caso que el comprador o beneficiario del servicio acepte el contenido o reclame en contra de una factura electrónica dentro del plazo señalado de ocho días, deberá informarse del hecho a través de la plataforma dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos en su sitio web, con el objeto de cautelar el correcto uso del crédito fiscal”; y que “dicha plataforma permitirá al comprador o beneficiario del servicio, asociado a una factura electrónica, aceptar su contenido, otorgar el recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, reclamar en contra de su contenido o reclamar por la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o servicios prestados”, y luego, con la Circular N° 35 del SII, de 23 de junio de 2017, el uso de esta plataforma pasó a ser obligatorio.

Expresa, que sin perjuicio de lo expuesto, y considerando los derechos que las recurrentes alegan vulnerados por actos arbitrarios e ilegales realizados por la recurrida, otro argumento esgrimido para efectos de fundar su recurso radica en una infracción a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, afirmación que resulta abiertamente contraria al tenor literal de la ley en comento, así como también a la historia de la tramitación de la mentada ley, cuestión que ha sido sostenida por la doctrina y ratificada por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, y luego de citar y transcribir párrafos de la historia fidedigna de la ley en comento, señala que atendido el tenor literal de la norma, cree existe plena claridad que la misma resulta aplicable únicamente para la protección de datos concernientes a personas naturales y no con quienes tienen otra condición como ocurre con la recurrente que es una persona jurídica, pudiendo colegirse, además, que el espíritu de su aplicación dice relación más bien a las personas naturales, por cuanto el concepto de intimidad que pretende salvaguardar la ley resulta únicamente aplicable a éstas, citando y reproduciendo, al efecto, jurisprudencia y doctrina, agregando que la recurrente incurre en un error de derecho fundamental, por cuanto la protección de datos personales establecida en la Ley N° 19.628 no resulta aplicable a las personas jurídicas, de lo que deviene que todo el razonamiento de la presente acción en torno a cuestionar el proceder de la recurrida, sea manifiestamente erróneo, pues descansa entre otros, sobre la base de pretender dar aplicación a normas jurídicas no atingentes a la cuestión.

Manifiesta, que las modificaciones a la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, que fueron introducidas por la Ley N° 20.956, de 26 de octubre de 2016, tuvieron como objetivo facilitar la cesión y ejecución de las facturas, reduciendo el costo del capital de trabajo de las empresas vía factoring, estableciéndose para ello un plazo máximo para reclamar en contra de la factura, luego del cual se presumirá de pleno derecho el recibo de ésta, agilizando el mérito ejecutivo de la misma, acelerando su cesión y ejecución y, con ello se propicia una mayor certeza en los plazos de acuse de recibo, tanto para la factura en papel como para su modalidad electrónica, permitiendo así mayor liquidez y menores costos financieros vía factoring para las empresas y, de esa forma, el legislador ha entendido la enorme importancia de la factura en el tráfico comercial, siendo fundamental agilizar el mérito ejecutivo de la misma, para facilitar su cesión y ejecución, y que en síntesis, la citada ley, estableció un plazo límite dentro del cual se puede aceptar una factura, el que una vez transcurrido la transforma en irrevocablemente aceptada, lo que, por un lado, colabora a su transformación en un título ejecutivo y, por otro, mejora las posibilidades de financiamiento particularmente de las pymes, reforma legal que mirada desde un punto de vista sistemático, resulta en un importante elemento que refuerza la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas y, en consecuencia, la inexistencia de una norma que prohíba la publicación de facturas en los registros públicos, toda vez que es el espíritu de la legislación actual dinamizar el intercambio comercial entre los privados, siendo la posibilidad de que se publique una factura impaga de una persona jurídica que se encuentra irrevocablemente aceptada un mecanismo más para lograr el cumplimiento de esa obligación y lograr así un dinamismo en el intercambio comercial de empresas, regido por los principios del derecho privado.

Estima, que el recurso debe ser rechazado por cuanto BCI Factoring y Sinacofi han obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, siendo del caso señalar que no existe prohibición legal para que registros o bases de datos como lo es EQUIFAX o un factoring, puedan operar un sistema de intercambio de información sobre el comportamiento de los agentes económicos, industriales o comerciales en el cumplimiento de obligaciones, de manera que no puede ser alegada arbitrariedad alguna y, por otra parte, la Constitución Política asegura a todas las personas en el inciso 1° del N° 21 del artículo 19, la libre iniciativa y prosecución indefinida de cualquiera actividad económica, sea extractiva, productiva, comercial, de intercambio, financiera o de servicios, por ejemplo, y ello tanto dentro del país como en el ámbito internacional, y la amplitud de la garantía rige empero, con la triple excepción que la actividad económica no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y, además, que la actividad se realice respetando las normas legales que la regulen.

Agrega, respecto de las actividades legítimas, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollarlas, habilitando al legislador sólo para reglar su libre y ordenado ejercicio, sin abolirlo, suspenderlo ni impedirlo, sea de modo directo o a través de medios subrepticios, y que el espíritu de la legislación actual es proporcionar la mayor cantidad de información al mercado y en general, a cualquier contratante para que éste pueda estar en condiciones de resolver con una adecuada información, sobre la conveniencia o inconveniencia en la celebración de una determinada transacción o negocio y, asimismo, la tendencia predominante es que sean de carácter público los registros administrativos e informaciones sobre infracciones, y que sobre el particular, EQUIFAX, conforme a su giro, presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado, y a un número importante de personas y, de esa manera, el suscriptor o aportante de información asume la obligación de no ingresar morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad, por lo que, de los hechos relatados, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, por cuanto EQUIFAX ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Manifiesta, finalmente, que el recurso debe ser rechazado por cuanto no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, y que el recurrente solicita se ordene poner término inmediato a los actos ilegales y arbitrarios, citando las garantías establecidas en los numerales 1, 8, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin desarrollar mayormente cómo éstas habrían sido afectadas, pero que de todas formas el numeral 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, consagra el denominado “derecho a la privacidad”, precepto que resulta aplicable únicamente a las personas naturales, por cuanto sólo a ellas es posible aplicar conceptos relacionados al de la intimidad, motivo por el cual la recurrente no puede indicar como vulnerado el citado precepto, en su calidad de persona jurídica; luego cita como garantía vulnerada “el derecho a la libre actividad económica y a la libre adquisición de bienes”, alegación que carece de todo fundamento, por cuanto la información de las facturas morosas vigentes como tal, no es o no constituye objeto ilícito, de tal forma que la comunicación de las citadas facturas morosas no es una medida cautelar que per se inhiba a la recurrente de la administración de sus bienes; por el contrario ella sigue ejerciendo sus facultades de administración y disposición, sin perjuicio de la existencia o no de la información de las facturas morosas, razón por la cual la garantía antedicha en caso alguno puede verse afectada, por lo que sólo cabe concluir que no existe un actuar ilegal ni arbitrario alguno atribuible a su representada, por lo que las garantías constitucionales mencionadas no se han visto vulneradas.

TERCERO: Que, con fecha 24 de Junio de 2019, comparece don Carlos Dávila Izquierdo, abogado, en representación de la recurrida SERVICIOS EQUIFAX LIMITADA, quien informando al tenor del recurso, solicita su rechazo, por cuanto no existe un derecho indubitado que haga procedente acoger la acción de protección, señalando que, en conocimiento de estos hechos recién con la interposición de la presente acción constitucional y sin que las recurrentes hayan reclamado previamente de forma directa al Servicio de Atención de Titulares de Datos, Equifax dando cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales, procedió a requerir la información de respaldo de la publicación de morosidades al aportante de la misma -BCI Factoring S.A., ocurriendo que no fueron enviados dentro de plazo contractual, sin embargo, en el presente recurso dicha sociedad evacuó informe entregando antecedentes que respaldan la procedencia de la publicación de facturas, correspondientes a las números 35.312, 36.884 y 36.883, emitidas a Transportes Mardan Ltda., por Valle Risopatrón Ltda.; y números 33.703, 33.700 y 33.701, emitidas a Naviera Lafquen SpA por Valle Risopatrón Ltda.

Que, luego de citar y reproducir el artículo 160, inciso segundo del Código de Comercio, el artículo 3 de la Ley N° 19.983, el artículo 54 de la Ley N° 20.727, y la Circular N° 4 del Servicio de Impuestos Internos, expresa que, al tenor de lo dispuesto en las normas legales citadas, las facturas en cuestión deben entenderse como irrevocablemente aceptadas, para todos los efectos legales, conforme a los antecedentes que a esa parte le han sido presentados, ello habida cuenta de que, dentro del plazo de 8 días que establece la ley, no fueron reclamadas en la forma que la Ley N°19.983 contempla para las facturas electrónicas y a mayor abundamiento, la recurrente Naviera Lafquen SpA., efectuó el acuse de recibo expreso de las mercaderías y servicios, no pudiendo de forma posterior reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio tal y como lo dispone el artículo 3 de la ley citada, incorporando jurisprudencia al respecto.

Que, por otro lado, en cuanto a la cesión del crédito contenido en las facturas materia de autos señala que, adicionalmente, se tuvo a la vista certificado de anotación en el registro público electrónico, donde el Servicio de Impuestos Internos certifica que las cesiones de las facturas electrónicas a BCI Factoring S.A., fueron anotadas en dicho registro, cumpliendo con las normas que para la validez y procedencia de la cesión, dispone el artículo 1902 del Código Civil, y en cuanto al crédito contenido en una factura, cita y reproduce la norma especial contenida en el artículo 7 de la Ley 19.983; reproduciendo, también, para facturas electrónicas, como es el caso de autos, el artículo 9 inciso segundo de la misma norma, agregando que las recurrentes señalan que las facturas fueron anuladas mediante nota de crédito, hecho que ocurrió respecto de todas ellas el 16 de enero de 2019, es decir, en fecha posterior a su cesión, debiendo repararse en lo contradictorio que significa el hecho de ceder el dominio de una factura y en una fecha posterior emitir una nota de crédito respecto de dicho documento, acto que por cierto es del todo inoponible al cesionario y acreedor de la factura, de todo lo cual se desprende que, de una parte, las facturas se encuentran irrevocablemente aceptadas y de otra, que la cesión del crédito contenido en ellas fue realizada dando cumplimiento a los requisitos legales del Código Civil y en especial al artículo 9 de la Ley N°19.983, por lo que se desprende que no existe un derecho indubitado que merezca protección constitucional, toda vez que las facturas fueron válidamente emitidas y cedidas, dando cuenta de la existencia de obligaciones, no habiendo acreditado las recurrentes de forma fehaciente su cumplimiento o su extinción, lo que por cierto escapa del objeto del recurso de protección, citando, además, jurisprudencia, y que de lo relacionado fluye que el actuar de EQUIFAX en caso alguno puede considerarse como ilegal y menos arbitrario, toda vez que ha obrado pretendiendo dar irrestricto apego a las disposiciones de la ley N°19.983, publicando el monto pendiente de facturas irrevocablemente aceptadas y cedidas.

Refiere que, además, el recurso intentado debe rechazarse por cuanto de las disposiciones de la Ley N° 19.628, que reproduce, en lo pertinente, no resultan aplicables a las sociedades recurrentes en su calidad de personas jurídicas, y que existe plena claridad que la misma resulta aplicable únicamente para la protección de datos concernientes a personas naturales, por cuanto se entiende como tales a los titulares de los datos, debiendo darse aplicación al artículo 20 del Código Civil, que dispone: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará en éstas su significado legal.”, resultando, entonces, indiscutible que el articulado de la Ley N°19.628 dice relación con las personas naturales y no, con quienes tienen otra condición como ocurre con las recurrentes que son personas jurídicas, remitiéndose al efecto a la historia de la tramitación de la Ley N° 19.628, citando y reproduciendo, además, jurisprudencia y doctrina, discurriendo también en torno a la modificación de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, por parte de la Ley N° 20.956 que Establece Medidas Para Impulsar la Productividad, que refuerza la importancia de la factura en el tráfico comercial, lo que, desde un punto de vista sistemático de nuestro ordenamiento jurídico, confirma la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas.

Manifiesta, que el recurso de protección debe ser rechazado, pues EQUIFAX ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, señalando que no existe una prohibición legal para que registros o bases de datos como lo es EQUIFAX, puedan operar un sistema de intercambio de información sobre el comportamiento de los agentes económicos, industriales o comerciales en el cumplimiento de obligaciones, de manera que no puede ser alegada arbitrariedad alguna, y que por otra parte, la Constitución Política asegura a todas las personas en el inciso primero del N° 21 del artículo 19, la libre iniciativa y prosecución indefinida de cualquiera actividad económica, sea extractiva, productiva, comercial, de intercambio, financiera o de servicios, por ejemplo, y ello tanto dentro del país como en el ámbito internacional, y que la amplitud de la garantía rige empero, con la triple excepción que la actividad económica no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y, además, que la actividad se realice respetando las normas legales que la regulen. Que EQUIFAX, al amparo del N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, actúa en su giro propio, y en caso alguno sería un acto Ilegal -constitutivo de auto tutela- ni menos arbitrario, que una empresa de su giro procese y transmita antecedentes comerciales aportados por terceros. A mayor abundamiento, no existe ninguna ley que prohíba la publicación de facturas respecto de personas jurídicas, citando las prestaciones de servicios que presta conforme a su giro, la información que procesa y la periodicidad de su entrega, y que más aún, el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a EQUIFAX de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos y que así, contrario a lo sostenido por las recurrentes, EQUIFAX no está obligada a realizar, previo al análisis de los antecedentes comerciales que publica, un examen de razonabilidad de la deuda, pues esa obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada, citando jurisprudencia al respecto.

Agrega, que habiendo controversia sobre la procedencia de las publicaciones, EQUIFAX de forma oportuna y diligente procedió a revisar los respaldos de éstas, concluyendo su efectividad por cuanto las facturas se encuentra irrevocablemente aceptadas en la forma que se contempla para las facturas electrónicas, según consta del documento emitido por el Servicio de Impuesto Internos, donde consta que incluso a algunas de ellas se dio acuse de recibo de las mercaderías y servicios y asimismo, se encuentran debidamente cedidas a BCI Factoring, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, por cuanto ésta ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, motivos por los cuales, el recurso de protección debe ser rechazado.

Expresa, finalmente, que el recurso de protección debe ser rechazado por cuanto no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, ya que las recurrentes solicitan se ordene poner término inmediato a los actos ilegales y arbitrarios, citando las garantías establecidas en los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pero en relación con el numeral 1, tanto la doctrina como jurisprudencia están contestes en que esta garantía se refiere a la conservación y protección de la vida humana, y por lo tanto, no puede ser invocada por una persona jurídica; que de la simple lectura del numeral 4, puede colegirse que el precepto que transcribe resulta aplicable únicamente a las personas naturales, por cuanto sólo a ellas es posible aplicar conceptos relacionados al de la intimidad, por lo que las recurrentes no pueden indicar como vulnerado el citado precepto, en su calidad de persona jurídica; y, respecto del numeral 24, sin perjuicio de que su parte rechaza que los hechos expuestos en el presente recurso produzcan una vulneración a las mentadas garantías, las recurrentes en caso alguno han puntualizado el o los bienes respecto de los cuales se les ha privado de la libertad para adquirir, así como tampoco se ha singularizado los bienes sobre los que su derecho de propiedad se habría visto afectado, lo que únicamente grafica la falta de argumentos existentes para efectos de fundar la presente acción.

CUARTO: Que, en relación con todo lo señalado precedentemente, es útil recordar que como se ha manifestado por la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, en este sentido, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, para resolver el recurso de protección que se conoce, cabe tener presente, en primer lugar, que el abogado recurrente fundamenta éste expresando que debe ser acogido por los actos ilegales y arbitrarios que se produjeron en contra de sus representadas con motivo de la publicación en el Boletín Oficial y en los sistemas de informes comerciales, por morosidad de facturas falsas emitidas por un tercero, querellado por falsificación de dichos documentos y, es así, que hace hincapié en la querella criminal en contra de aquellos que resulten responsables por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil emitidas por la empresa Valle Risopatrón Limitada, por la suma total de $26.454.761, según causa que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Aysén, RIT N° 213, solicitando se adopten las medidas provisorias necesarias para sacar del Boletín Comercial y del sistema de morosidad comercial las facturas individualizadas.

SEXTO: Que, de lo anterior aparece, entonces, que se discute la existencia de presuntas facturas falsas que originarían los delitos que se señaló y, al respecto, sin pronunciarse por tales eventos denunciados en atención ello a no ser lo discutido objeto de recurso de protección y por la naturaleza del mismo, ya que esto se debate ante el Tribunal de Garantía competente, cabe señalar que la Ley N° 19.983, de 2004, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, en su artículo 3, establece que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, ya sea devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción, agregando que, en este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. Asimismo, en la disposición legal señalada, se dispone que la factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, o del plazo de pago. Que, más aún, esta disposición señala, también, que: “Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquéllas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor.

Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.”

SÉPTIMO: Que, la recurrida BCI FACTORING, en su informe argumenta que es la actual titular de los créditos contenidos en las facturas publicadas, en su calidad de cesionario y que los recurrentes, teniendo la posibilidad de reclamar las facturas en el plazo establecido en la norma, no lo hicieron, habiendo precluído su derecho, y que no se justifica que a través de esta vía se intente dejar sin efecto las consecuencias que arrastra la mora de las facturas y el uso de las herramientas legales existentes, para obtener el pago de sus cuentas por cobrar impagas, siendo los perjuicios financieros y comerciales consecuencias de problemas de la gestión administrativa de la recurrente, manifestados en la falta de seguimiento de las facturas a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y de las anotaciones de cesión anotadas en las mismas.

OCTAVO: Que, por su parte, la recurrida, EQUIFAX CHILE LIMITADA, señala esencialmente lo mismo, en especial que la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, expresando que las facturas de que se trata no fueron reclamadas en la forma que la ley dispone para las facturas electrónicas y, a mayor abundamiento, la recurrente Naviera Lafquén efectuó el acuse de recibo expreso de las mercaderías y servicios, no pudiendo posteriormente reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías y que, en cuanto a las cesión del crédito contenidas en las facturas, se tuvo a la vista certificado de anotación en el Registro Público Electrónico, donde el Servicio de Impuestos Internos certifica que las cesiones de las facturas electrónicas a BCI FACTORING fueron anotadas en dicho registro, cumpliendo con las normas pertinentes para ello, en especial artículo 1902 del Código Civil, artículo 7 de la Ley 19.983 y en particular, artículo 9, inciso segundo, de la ley ya indicada, que establece que: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 7°, la cesión del crédito expresado en estas facturas solamente podrá efectuarse mediante medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado. El Servicio de Impuestos Internos podrá encargar a terceros la administración del registro.”; complementado ello por el Decreto Supremo N° 93, que establece el reglamento de la ley ya señalada.

NOVENO: Que, la recurrente, en su alegato ante estrados, señaló que se incurrió en ilegalidad puesto que la recurrida BCI FACTORING, al evacuar una ampliación de informe, entregó un detalle de las operaciones cursadas con la sociedad Valle Risopatrón, respecto de las facturas cuestionadas en las cuales la fecha de emisión y fecha de cesión es la misma, es decir coincidentes en ambas fechas, y que además las facturas ya fueron anuladas por el contribuyente habiéndose emitido respecto de éstas respectivas órdenes de crédito, por lo que las deudas se encuentran ahora anuladas, lo que contraría el artículo 4 de la Ley N° 19.983, que expresa los requisitos para que las copias de las facturas queden aptas para su cesión, habiéndose contraargumentado, por las recurridas, que no existe prohibición para ello ni existe acto ilegal o arbitrario que se les pueda imputar, habiendo obrado con estricto apego a las obligaciones legales y contractuales por lo que corresponde desestimar el recurso de protección intentado.

DÉCIMO: Que, de lo señalado con anterioridad y de las argumentaciones efectuadas tanto por la recurrente como por las recurridas, disposiciones legales invocadas y situaciones de hecho o fácticas que igualmente se han hecho valer, aparece como hechos ciertos y notorios que la materia que ha sido objeto del recurso de protección que se conoce y sometido al conocimiento de este Tribunal de Alzada, dice estricta relación con el cumplimiento o no de determinadas obligaciones que emanan de la actuación de las partes, todo lo cual origina discrepancias, contradicciones y discusiones, respecto de las cuales debe determinarse, con precisión y certeza, la efectividad de las pretensiones de una y otra parte, las que por ser materia de fondo y sustantivas, se estima no pueden ser solucionadas por la presente vía del recurso de protección, cuya naturaleza jurídica y finalidad excepcional tiene objetivos distintos y sólo pueden referirse a derechos indubitados, manifiestos y patentes, que deben aparecer y constar del sólo mérito de los antecedentes existentes en esta causa, lo que no ocurre en el caso de que se trata, por lo que la presente vía excepcional no es apta para dirimir ésta, motivos por los cuales, por esta sola razón, el recurso intentado debe ser desestimado.

Que, en efecto, los intervinientes han realizado alegaciones que son inconsistentes y discrepantes material y jurídicamente entre una y otra posición y que no pueden ser objeto sino de un juicio distinto al recurso de protección cuya naturaleza y objetivo es solucionar o remediar conflictos en forma rápida y expedita, sin olvidar, además, que según consta de los antecedentes y en especial de informe remitido por oficio 2128/2019, de 1 de Agosto de 2019, que se ha agregado a estos autos, evacuado por la Fiscalía de Puerto Aysén, que fuera solicitado como medida para mejor resolver, consta que efectivamente en dicha Fiscalía se encuentra en tramitación una causa ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, RUC N° 1910011339-5, por los delitos de estafa y otras defraudaciones, la que se encuentra en tramitación, con querella interpuesta y en etapa de investigación, con las diligencias pendientes que en dicho informe se señalan y donde, por tanto, deberá discernirse, en definitiva, la eventual existencia de delitos que fueron objeto de denuncia y querella y que dicen directa relación con los hechos que han sido materia del presente recurso de protección.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo señalado precedentemente y teniendo presente que la acción de protección intentada, atendida su naturaleza, sólo puede referirse al amparo de derechos fundamentales de configuración legal o constitucional y que se refieran a vulneraciones de tales derechos, la que no se aviene con lo pretendido por la recurrente, no cabe sino rechazar el recurso de protección que fuera interpuesto en estos autos, lo que hace innecesario e improcedente, además, referirse a las otras alegaciones efectuadas por la misma.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y nombre reservado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha 5 de Junio de 2019, por don Luis Eduardo Pedro Villarroel Somoza, abogado, en representación de las empresas Transportes Mardan Limitada, Rut RUT reservado, y Naviera Lafquen Spa, Rut RUT reservado, representadas legalmente por don nombre reservado, en contra de las empresas BCI FACTORING S. A. Rut. RUT reservado, y EQUIFAX CHILE LIMITADA, Rut RUT reservado

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente.

Redactada por el señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

No firma el señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse con licencia médica.

Rol 403-2019.