nombre reservado con SECCIONSECCION REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a diecisiete de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de enero de 2025, comparece doña Karen Paola Delgado Gómez, abogada, en representación de don nombre reservado, empleado público de cargo agente policial de la Policía de Investigaciones de Chile en servicio activo, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto General doña nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “…se acoja el presente recurso de protección y se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, con reajustes legales. (SIC)”.

Que, con fecha 11 de marzo de 2025, doña MARÍA INÉS WISE DÍAZ DE LA VEGA, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 9 de abril de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 11 del mismo mes y año, con la comparecencia de la abogada recurrente, doña nombre reservado, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que, ingresó a la institución el 26 de marzo de 2003 y se mantiene activo en servicio, y que por dicho vínculo hay una relación recíproca, de prestar servicios y la de pagar de manera íntegra su remuneración, no cumpliéndose esta última por la recurrida, ya que se le adeudan los saldos de los períodos servidos desde el 2003 al 26 de abril de 2021 con sus respectivos reajustes.

Luego de referirse a la naturaleza de la asignación de grado efectivo, señala que, en el mes de mayo de 2019 se informó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes les correspondiese el derecho de percibirla, el cual se vio materializado el 31 del mes en mención, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS.

Ahora bien, indica que la PDI dejó de pagar el monto íntegro de dicha remuneración, comunicado mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019, en el que se requiere a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando el Dictamen N° E98928 / 2021 que, en síntesis, establece, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los proceso para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021 Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, luego de referirse a las alegaciones del recurso, indica que grande parte de los dineros que señala el recurrente como adeudados, se encuentran irremediablemente prescritos, por cuanto se reclaman montos del año 2003 hasta el 2021, no siendo esta vía idónea para cobrar dichos dineros, atendido a que, el recurso de protección tiene la característica de ser urgente y excepcional.

A continuación, explica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Refiere que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascendería la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Por otro lado, refiere que la institución policial sí procedió al pago del recurrente, habiéndose pagado la suma de $1.457.832 por concepto de asignación de zona retroactiva, ello en el mes de diciembre de 2022.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado y que ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios(as), a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio de conformidad al Dictamen N° E98928, del 26 de abril de 2021, de la Contraloría General de la República, en el que, en el caso del recurrente, no corresponde por los argumentos vertidos.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la recurrida, desestima lo sostenido por el recurrente, alegando que éste solicita que la Policía de Investigaciones proceda al pago de la suma adeudada con los reajustes correspondientes, sin señalar montos de dinero específicos, no habiendo petición concreta; además que gran parte de los dineros que señala el recurrente como adeudados, se encuentran irremediablemente prescritos, por cuanto, se reclaman montos del año 2003, hasta el 2021, no siendo esta vía idónea.

OCTAVO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado ingresó a la Policía de Investigaciones el 26 de marzo de 2003, encontrándose en servicio activo en la actualidad.

2.- Que, don nombre reservado fue destinado en el mes de octubre de 2003 a Coyhaique, hasta la fecha de presentación del recurso, a lo menos.

3.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

4.- Que, con fecha 2 de julio de 2019 mediante Radiograma N° 285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

5.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

6.- Que, en el mes de diciembre de 2022, se procedió al pago de la suma $ $1.457.832, por concepto de “ZONA RETROACTIVA”.

NOVENO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

DÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N° E98928, de fecha 26 de abril de 2021, de emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación maliciosa de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

UNDÉCIMO: Que, en este estadio, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa con la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no perciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene la recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentado se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la asignación de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la imprecisión de los montos impagos y alegaciones de fondo esbozadas por la recurrida, vinculadas a la eventual prescripción de todo o parte de las acciones de cobro que se invocan, a propósito de lo cual han existido, por lo demás, pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema vinculados a la interrupción de la misma, aparece nítido en la especie el devengo de los importes, a título de asignación de grado efectivo necesario de incorporar en el cálculo de la gratificación de zona respectiva, asociados a la permanencia del actor en la ciudad de Coyhaique.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este sentido, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado, tal como cita la recurrente:

“Cuarto: Que, en relación con el señor nombre reservado, cabe reiterar que tampoco la recurrida niega que le asiste el derecho al pago que impetra, alegando únicamente la prescripción del mismo en virtud de lo previsto en el artículo 99 del Estatuto Administrativo.

No obstante, olvida la recurrida que mediante Radiograma N° 225 de mayo de 2019 reconoció expresamente la procedencia de pago y que mediante Radiograma N°285, de julio de 2019 hizo presente a sus funcionarios que la situación de la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona estaba siendo consultada a la Contraloría General de la República, lo que no puede estimarse como un desconocimiento de su procedencia sino, por el contrario, un antecedente más que da cuenta de que la recurrida estimaba procedente su pago.

En tales circunstancias, aparece como arbitrario que, pese a que dicho órgano contralor emitió su Dictamen, resolviendo la consulta con fecha 26 de abril de 2021, no resulta comprensible que no haya regularizado el pago de sus funcionarios de inmediato.

Por lo que no se advierte fundamento para que la recurrida se niegue también al pago de este recurrente de la asignación de zona sobre la asignación especial de grado efectivo por todo el período en que prestó servicios para la recurrida.” (Sentencia Corte Suprema de 5 de diciembre de 2023, en causa Rol 147.027-2023).

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva a la recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Karen Paola Delgado Gómez, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado en el que efectivamente prestó servicios en la Región de Aysén, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento que corresponda.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular doña Natalia Rencoret Oliva, quien no firma al encontrarse haciendo uso de permiso administrativo contemplado en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol 40-2025 (Protección).