nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Coyhaique, veintitrés de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 24 de diciembre de 2021, comparece don nombre reservado, ingeniero en recursos naturales, domiciliado en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, Rut RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Carlos Patricio Gatica Villegas, ingeniero civil ambiental, RUT RUT reservado, o quien en derecho lo subrogue, represente o haga las veces de tal o corresponda, con domicilio en domicilio reservado, por incurrir en un acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrata para el año 2022, la que fuera informada a través del Ord. N°2689, de fecha 30 de noviembre de 2021; por cuanto estiman que se habrían vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y Derecho de Propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando a este Tribunal de Alzada, se declare: “Que, se deja sin efecto la decisión de no renovar la contrata para el año 2022, contenido en el Ord. Nº 2689 de fecha 30 de noviembre de 2021, sin perjuicio de otras medidas de protección que S.S.I., estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida; Ordenar que el recurrente sea reincorporado de inmediato a sus funciones, disponiendo la prórroga de sus designaciones a contrata por todo el año 2022; Ordenar el pago de las remuneraciones que le correspondieren al recurrente, por todo el tiempo en que estuvo separado de sus funciones; Que la recurrida sea condenada en costas.”

Con fecha 28 de diciembre de 2021, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 11 enero de 2022, se agregó el informe evacuado por don Nelson Medina Fuentealba, abogado, en representación del Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, don Carlos Gatica Villegas.

Con fecha 16 de febrero de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 18 de febrero de 2021, compareciendo vía telemática mediante plataforma Zoom, el abogado don Waldemar Sanhueza Quiniyao, en representación del recurrente, y el abogado don Aníbal Rogel Sepúlveda, en representación del recurrido.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección expone que ingresó a prestar servicios para la recurrida, en calidad de contrata, con fecha 05 de febrero de 2020, para desempeñar funciones en el Departamento de Gestión de Medioambiente y Servicios, como encargado de áreas verdes, nombrado en grado 12°, por decreto de 6 de febrero de 2020 con vigencia hasta el 30 de junio de 2020, siendo renovada mensualmente conforme a seis decretos alcaldicios desde julio a diciembre de 2020, haciendo presente que ingreso para cubrir el pre y post natal de una funcionaria y a partir de diciembre de 2020 su renovación obedeció simplemente a las necesidades del servicio, por cuanto la funcionaria en cuestión fue destinada a la SECPLAC.

Agrega que, para el año 2021 se dispuso la renovación de su contrata grado 12 del escalafón técnico, por decreto de 31 de diciembre de 2020, con vigencia desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manteniendo su dependencia del Departamento de Gestión de Medioambiente y Servicios, de manera tal que se ha desempeñado para la recurrida en grado 12°, desde el 5 de febrero de 2020 a la fecha sin solución de continuidad.

Afirma que, el 30 de noviembre de 2021, se le notificó el Ordinario N° 2689, de igual fecha, que la recurrida ha determinado la no renovación de su contrata para el año 2022.

Refiere que no ha sido objeto de observación alguna en el cumplimiento de sus funciones que se refleje en sus calificaciones del año 2020, período en que obtuvo calificación 7, lista 1, de acuerdo a decreto alcaldicio que acompaña, así como tampoco ha sido objeto de alguna sanción administrativa ni mantiene sumarios pendientes, como se refleja en documento del Departamento de Recursos Humanos de la entidad edilicia.

En cuanto a la decisión recurrida, califica ésta de ilegal y arbitraria, pues se dispuso su no renovación para el año 2022, sin las correspondientes garantías e infringiendo normas constitucionales y legales, pues carece de la debida motivación y justificación, al no contener argumentos que permitan la acertada inteligencia del proceder municipal, lo que dice amenaza, conculca y vulnera el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad que le asiste, conforme al art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Trascribe el oficio impugnado que reza: “Junto con saludar, por medio del presente y en consideración que su calidad jurídica contrata Ley 18.883 tiene fecha de término el 31 de diciembre de 2021, informo a ud. Que la Administracion ha determinado la no renovación de su contrata para el año 2022, Agradeciendo el tiempo servido en esta institución, se despide cordialmente.”

Alega que, tales fundamentos no satisfacen los requisitos de motivación del mismo, lo que lo torna ilegal y arbitrario, pues se trata de un acto administrativo en el que solo se indica como fundamento, que su contrata tiene fecha de término el 31 de diciembre, sin aportar mayores antecedentes, sin que al momento de su notificación se le entregara algún otro antecedente justificante de tal decisión, afectando las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad que le asiste, por cuanto se le priva del conocimiento de las razones por las que no se renovó su contrata, a diferencia de aquellos funcionarios que pueden acceder oportunamente a dicha información y, consecuentemente, se le priva caprichosamente de las remuneraciones derivadas de la normal ejecución de su trabajo.

Cita el artículo 11, inciso 2°, y 41 de la Ley 19.880, referidos al deber de la administración de fundamentar las decisiones que se adopten y puedan afectar derechos de terceros, lo que impide al aparato público abusar de la discrecionalidad administrativa, pues si bien el Alcalde se encuentra facultado para no renovar una contrata, de acuerdo a la Ley 18.883, ello no lo exime del deber de fundamentación referido, citando Dictamen de la CGR al efecto.

Recalca que la comunicación no contiene razonamientos y menos la expresión de los hechos y fundamentos de derecho que se sustenta, ni siquiera genéricos ni específicos.

Explica que el acto impugnado conculca la garantía de igualdad ante la ley, desde que la decisión en sí misma no contiene ningún elemento objetivo que permita comprender cuál es la motivación que la justifica, lo que impide su adecuada comprensión y defensa y sin que se evidencie que igual medida se haya adoptado respecto de otros funcionarios a quienes sí se les renovó su contratación.

Respecto al derecho de propiedad que le asiste, refiere que con tal ilegalidad y arbitrariedad de la recurrida, se le ha privado de la estabilidad en el empleo y del derecho de permanecer desempeñándose y recibir su remuneración, afectando con ello su patrimonio.

SEGUNDO: Que, en representación del recurrido don Nelson Medina Fuentealba informa el recurso, solicitando su rechazo en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos planteados, con costas.

Explica que efectivamente mediante Decreto Alcaldicio de 6 de abril de 2020, se aprueba la prestación de servicios por reemplazo, entre la recurrida y el actor, con vigencia hasta el 30 de junio de 2020, el que se extendió hasta el término del año en razón de las continuas licencias presentadas por la funcionaria reemplazada. Luego, el 31 de diciembre de 2020, se dictó decreto en cuyo tenor el recurrente debía prestar servicios para la unidad de aseo y ornato a contrata, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y, posteriormente, por el ordinario que se impugna, de fecha 30 de noviembre de 2021, se comunicó al recurrente la determinación de no renovar la contrata en atención al vencimiento del plazo.

Añade que la decisión adoptada tiene como fundamento la providencia del Alcalde en relación a la necesidad de reducir personal a contrata, de acuerdo a lo expuesto por el Director del SECPLAC en Memorándum ° 310, de 29 de noviembre de 2021, que acompaña, en cuya virtud se informa el déficit presupuestario y la difícil situación financiera que se arrastra de la administración anterior.

En relación a la procedencia del presente recurso, plantea que la pretensión del recurrente en cuanto a que existe un vínculo sin solución de continuidad entre las partes y el requerimiento de que la comunicación de no renovación tenga mayores fundamentos, importa, a su juicio, exigir a esta Corte una declaración de derechos, lo que no es procedente, pues es un procedimiento destinado a cautelar derechos indubitados, por ende, esta no es la vía idónea, la contrata expresamente señala que sus servicios finalizan el 31 de diciembre de 2021.

Alega la transitoriedad como elemento de la esencia de la contrata aceptada por el recurrente, en cuya virtud la renovación responde a una mera expectativa no amparada por la confianza legítima, ya que su primera contratación obedeció a un reemplazo y en su conjunto no completaron más de dos años.

Por otro lado, señala que la contrata expresaba claramente su extensión temporal, como lo disponen los artículos 2 y 5 letra f), de la Ley 18.883, operando su vencimiento por el solo ministerio de la ley, sin que sea necesario comunicar la no renovación, sin perjuicio de que así se hizo en la especie por deferencia. Cita dictamen de la Contraloría General de la República, de 17 de noviembre de 2021, el que, en síntesis, se consigna, que en los casos en que no aplica la confianza legítima, las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación.

Precisa que, es un error del actor calificar el Ordinario impugnado como un acto administrativo de acuerdo al artículo 3°, de la Ley 19.880, ya que éste no tiene otro objeto que el de evitar que eventualmente alimente una expectativa en contrario, por lo que no le es aplicable las normas exigidas para un acto decisorio como es un dictamen o decreto.

La decisión de no renovar su contrata se relaciona con una facultad que la ley confiere a la recurrida para reorganizar, optimizar y efectuar las readecuaciones de personal y sus servicios y en el hecho de que el vencimiento de toda contrata opera, por mandato legal, de pleno derecho.

Precisa que el acto de no renovación no puede ser ilegal ya que se ampara en la ley y tampoco es arbitraria ya que su fundamento es el vencimiento del plazo que el recurrente conocía desde que aceptó la contrata, por lo que malamente puede ahora desconocer ese elemento de la esencia de su contratación tratando de justificar una arbitrariedad en el proceder de la recurrida.

En cuanto a las garantías que se estiman amagadas, respecto a la igualdad ante la ley reitera lo ya expuesto, y agrega que la propia Contraloría exige una mayor motivación del acto a aquellos funcionarios amparados por confianza legítima, lo cual no es el caso y, en lo que toca al derecho de propiedad, el actor aceptó su contratación en los términos de una contrata, que ni siquiera dura un año, pues va de enero a diciembre, la que en su esencia, por ende, es transitoria, por lo que no es razonable sostener que se ha conculcado un derecho ni tampoco una mera expectativa de renovación.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por el recurrente y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

-Que, don nombre reservado, ingresó a prestar servicios para la Municipalidad de Coyhaique, en calidad de contrata, con fecha 05 de febrero de 2020, para desempeñar labores en el Departamento de Gestión Medioambiente y Servicios como encargado de áreas verdes, mediante Decreto Alcaldicio N° 217 de fecha 06 de febrero de 2020 y que tenía una vigencia desde el 05 de febrero hasta el 30 de junio de 2020.

-Que, su contrata fue renovada mensualmente para el año 2020, mediante los siguientes decretos alcaldicios: N° 750 de fecha 10 de junio de 2020, con vigencia desde el 01 al 31 de julio de 2020, Grado 12° Técnico; N° 899 de fecha 5 de agosto de 2020, con vigencia desde el 01 al 31 de agosto de 2020, Grado 12° Técnico; N° 976 de fecha 3 de septiembre de 2020, con vigencia desde el 01 al 30 de septiembre de 2020, Grado 12° Técnico; N° 1072 de fecha 7 de octubre de 2020, con vigencia desde el 01 al 31 de octubre de 2020, Grado 12° Técnico; N° 1111 de fecha 6 de noviembre de 2020, con vigencia desde el 01 al 30 de noviembre de 2020, Grado 12° Técnico; N° 1164 de fecha 2 de diciembre de 2020, con vigencia desde el 01 al 31 de diciembre de 2020, Grado 12° Técnico.

-Que, para el año 2021 se dispuso la renovación de su contrata grado 12 del escalafón técnico, mediante Decreto Alcaldicio N° 1223 de fecha 31 de diciembre de 2020, con vigencia desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

-Que, con fecha 30 de noviembre de 2021, se le notificó el Ord. 2689 de fecha 30 de noviembre de 2021, mediante el cual se le informa que la Administración ha determinado la no renovación de la contrata para el año 2022.

-Que, el recurrente ha desempeñado labores a contrata grado 12° del escalafón técnico, desde el 5 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que el acto impugnado y que atentaría contra los derechos y garantías del recurrente corresponde al Ord. 2689 de fecha 30 de noviembre de 2021, mediante el cual se le informa al recurrente que la Administración ha determinado la no renovación de la contrata para el año 2022, suscrito por don Carlos Gatica Villegas, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique.

De esta manera, entonces, deberá resolverse si dicho acto, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario ha sido dictaminado dentro de las facultades y atribuciones para cursar y notificar dicha resolución, que decidió no renovar la contrata para el año 2022 del funcionario que recurre de protección.

SÉPTIMO: Que, tal como se consignó en el motivo Tercero, es un hecho de la causa que, el recurrente prestó servicios en la Municipalidad de Coyhaique desde el día 5 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, sumando un total de 1 año, 10 meses y 26 días, no siendo procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, pues la extensión y naturaleza de las vinculaciones previamente citadas, no permite generar la expectativa de la renovación de la contrata para el año 2022, con lo cual el recurrente no puede, atendida la naturaleza del vínculo, pretender una estabilidad y permanencia en el empleo y recibir su remuneración, más allá de lo que en derecho le corresponde conforme su contrata transitoria.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento compete al Alcalde la dirección y administración superior de municipio, ostentando las facultades legales para decidir la renovación o no renovación de las contratas de los funcionarios, según la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; no siendo, tampoco, arbitrario, pues no es producto del mero capricho o sólo arbitrio del respectivo Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, pues como se razonó ampliamente en los considerandos anteriores, el sustento de la decisión objeto del presente arbitrio, haya su procedencia y pertinencia en la naturaleza contractual del vínculo que unía al recurrente don nombre reservado con la administración edilicia, y en las facultades legales que inviste la autoridad alcaldicia, por lo que el recurso deberá ser desestimado, como se dirá.

NOVENO: Que, en consecuencia, el acto impugnado, no resulta ser ilegal ni arbitrario, y consecuencialmente no infracciona la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, así como tampoco se ve amenazado o perturbado su derecho a la propiedad en cuanto a la estabilidad en el empleo, derecho de permanencia y su derecho a una remuneración.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada legalmente por su Alcalde don Carlos Patricio Gatica Villegas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol 394-2021 (Protección)