nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Coyhaique, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 24 de diciembre de 2021, comparece don nombre reservado, técnico en administración pública, con domicilio en esta ciudad e interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas, por el acto ilegal y arbitrario cometido al dictar el Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de fecha 30 de noviembre de 2021, en virtud del cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022, conculcando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando a este Tribunal de Alzada, que se deje sin efecto el decreto impugnado, disponiendo el reintegro inmediato a sus funciones; el pago de las remuneraciones devengadas durante el período que ha estado separado de su cargo hasta su reincorporación y, la renovación de su contrata por todo el año 2022, con expresa condenación en costas.

Con fecha 28 de diciembre de 2021, se declaró admisible el recurso.

Con fecha 10 de enero de 2022, se agregó el informe evacuado por el abogado, don Nelson Medina Fuentealba, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

Con fecha 12 de febrero de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 15 de febrero de 2022, compareciendo vía telemática, mediante plataforma Zoom, los abogados, don Waldemar Sanhueza Quiniyao, por el recurrente, y don nombre reservado, por la recurrida.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección, funda su acción cautelar, en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Expone que ingresó a prestar servicios para la recurrida, en calidad de contrata, con fecha 1 de Marzo de 2017, para desempeñar funciones en el Departamento de Gestión Medioambiente y Servicios, desarrollando labores administrativas, nombrado en grado 17°, por decreto de 28 de febrero de 2017 con una vigencia desde el 1 de marzo de 2017 al 30 de noviembre de 2017. Posteriormente, su contratación fue renovada conforme a siete decretos alcaldicios dictados desde noviembre de 2017 a diciembre de 2020, prestando funciones para la recurrida, en calidad de contrata, sin solución de continuidad, desde el 1 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2021.

Afirma que el 30 de noviembre de 2021, se le notificó el Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de igual fecha, por el cual se dispone la no renovación de su contrata para el año 2022, sin haber sido objeto de observación alguna en el cumplimiento de sus funciones que se refleje en sus calificaciones del año 2020, período en que obtuvo calificación 7, lista 1, como tampoco ha sido sancionado administrativamente ni mantiene sumarios pendientes, como se refleja en documento del Dpto. de Recursos Humanos de la entidad edilicia.

Hace presente que a la fecha de interponer el libelo se encontraba prestando servicio en la Oficina de Empleos PMU, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación.

En cuanto a la decisión recurrida, califica ésta de ilegal y arbitraria, pues se dispuso su no renovación para el año 2022, infringiendo normas constitucionales y legales, pues carece de la debida motivación y justificación, al no contener argumentos que permitan la acertada inteligencia del proceder municipal, lo que dice amenaza, conculca y vulnera el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad que le asiste, conforme al artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Señala que el decreto impugnado contiene 23 considerandos, mencionándose en los motivos 15 al 20 las eventuales dificultades que enfrenta la oficina de empleo dependiente del SECPLAC, respecto de las rendiciones de proyectos al Gobierno Regional, entre ellas la decisión de no hacer postulaciones para el año 2021; la desvinculación de las trabajadoras de dicho programa, todo contenido en el Memorándum N° 310, de 29 de noviembre de 2021 del Director de SECPLAC.

Agrega que en el considerando 21 se cita otro Memorándum, de 30 de noviembre de 2021, de la Directora de Gestión de Medioambiente y Servicios que señala que las labores que alguna vez desempeñó fueron redistribuidas y no se requiere incrementar la dotación; en el considerando 22, se cita otro memorándum de igual fecha que informa que su desempeño no fue satisfactorio en dicha unidad y, finalmente, en el motivo 23 se indica que en base a tales antecedentes se ha determinado la decisión de no renovar su contrata para el año 2022.

Alega que tales fundamentos no satisfacen los requisitos que como acto administrativo le son inherentes, lo que torna el acto en ilegal y arbitrario; los argumentos que contiene se basan en antecedentes genéricos, hipotéticos y que no dicen relación con las verdaderas razones de su no renovación sin aportar mayores antecedentes sobre el particular, recalcando que al momento de la notificación, no se le entregó ningún otro documento que justifique la decisión, quedando el decreto, entonces, desprovisto de justificación, afectando las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por cuanto se le priva del conocimiento de las razones por las que no se renovó su contrata, a diferencia de aquellos funcionarios que pueden acceder oportunamente a dicha información y, consecuentemente, se le priva caprichosamente de las remuneraciones derivadas de la normal ejecución de su trabajo.

Cita el artículo 11, inciso 2°, y 41 de la Ley 19.880, referidas al deber de la administración de fundamentar las decisiones que se adopten y puedan afectar derechos de terceros, lo que impide al aparato público abusar de la discrecionalidad administrativa, pues si bien el Alcalde se encuentra facultado para no renovar una contrata, de acuerdo a la Ley 18.883, ello no lo exime del deber de fundamentación referido, más aún cuando opera el principio de confianza legítima, reconocido por el instructivo contenido en dictamen del año 2017, de la CGR.

Reitera que los fundamentos del decreto en cuestión son genéricos e hipotéticos y no apuntan a las labores que desempeña, pues refieren los inconvenientes presentados en la rendición de proyectos FRIL Emergencia PMU, lo que ha devenido en la decisión de no efectuar postulaciones a proyectos para el año 2021 y la consecuente desvinculación de trabajadoras, relatando un grave déficit financiero existente, respecto de lo cual no se le hizo entrega de memorándum alguno ni tampoco conoce su contenido; la oficina de empleo PMU encargada de tales efectos, no ha sido eliminada, desempeñando funciones en dicha unidad otra funcionaria quien continua, pues quedan por realizar rendiciones de proyectos de año anteriores. En cuanto a las desvinculaciones de otros trabajadores, ello obedece a su condición de Código del Trabajo y ello ocurre luego que finaliza un proyecto, por lo que no sería una circunstancia nueva, y, finalmente, en cuanto a razones presupuestarias, éstas no han sido puestos en conocimiento sin perjuicio que resulta un argumento insuficiente para adoptar la decisión.

En cuanto al memorándum que se cita donde se informa sobre un desempeño no satisfactorio mientras prestó funciones en dicha unidad, menciona que tampoco se le hizo entrega de tal documento, y por lo demás aquello no es admisible pues la instancia para evaluar desempeño laboral son las calificaciones anules, siendo aquel memo contrario a la normativa que regula la materia.

Por último, dice que resulta al menos cuestionable que todos los memorándum aludidos son de fecha 29 y 30 de noviembre de 2021, y no permite entender que una situación que amerita acciones concretas para superarlo se haya efectuado en el marco de un día.

En cuanto al principio de confianza legítima que dice asistirle, indica que su vinculación laboral se ha extendido por 4 años y 10 meses, de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad, lo que naturalmente generó en él la confianza legítima de mantenerse vinculado con el municipio en los mismos términos en que venía haciéndolo, de modo tal que su vinculación solo podría terminar por sumario administrativo derivado de una falta grave que motiva su destitución o por una calificación anual, lo que no ocurre en la especie.

Explica que el acto impugnado conculca la garantía de igualdad ante la ley, desde que la decisión en sí misma no contiene ningún elemento objetivo que permita comprender cuál es a motivación que la justifica, lo que impide su adecuada comprensión y defensa y sin que se evidencie que igual medida se haya adoptado respecto de otros funcionarios, en especial los de la misma unidad.

Respecto al derecho de propiedad que le asiste, refiere con tal ilegalidad y arbitrariedad de la recurrida, se le ha privado de la estabilidad en el empleo y del derecho de permanecer desempeñándose y recibir su remuneración, afectando con ello su patrimonio.

Concluyendo, pide se acoja el recurso, declarando esta Corte, específicamente, que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de 30 de noviembre de 2021, sin perjuicio de otras medidas que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento de los derechos conculcados; se ordene que el recurrente sea reincorporado de inmediato a sus funciones, disponiendo la prórroga de sus designaciones para todo el año 2022; se ordene el pago de las remuneraciones que le correspondieren al actos por todo el tiempo que estuvo separado de sus funciones, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida, representada por el abogado don Nelson Medina Fuentealba, informando el recurso, solicita el rechazo del arbitrio constitucional, con costas, en razón de lo siguiente.

Explica que efectivamente el actor fue contratado por Decreto el 28 de febrero de 2017, para prestar servicios en la municipalidad en el departamento de gestión de medioambiente y servicios, la que fue renovada año a año de acuerdo a 5 decretos alcaldicios que individualiza.

Que se le notificó el decreto cuestionado con fecha 30 de noviembre de 2021, en que, atendida la confianza legítima que le asiste, se dio cumplimiento a la debida motivación del acto, para poner término a su contrata.

Así señala que los fundamentos de la decisión constan pormenorizadamente en el mismo decreto, el que en síntesis se sostiene el desempeño no satisfactorio del actor en la SECPLAC, la que fue reestructurada por falta de financiamiento que impidió realizar nuevas postulaciones y ejecuciones, de lo que dan cuenta los memorándum que al efecto se dictan en el respectivo decreto.

Alega la transitoriedad como elemento de la esencia de la contrata, de acuerdo a los artículos 2 y 5 de la Ley 18.883, con lo cual no puede en ningún caso estimarse que la continuidad en la prestación de servicios es un derecho adquirido por el recurrente, sino más bien de una mera expectativa amparada en la confianza legítima, pero que no obsta a que el municipio adopte la decisión de ponerle término una vez expirado el vínculo.

Expone que la contrata del actor expresaba claramente su extensión temporal: esto es, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, y ello lo dispone la misma ley 18.883, con lo que la decisión de no renovar su contra se relaciona con la facultad que se le concede a la recurrida de reorganizar, optimizar y efectuar readecuaciones de personal y sus servicios, debiendo suprimir y racionalizar los recursos destinados para ello de estimarlo necesario, medida que es compatible con los motivos que en extenso se exponen en el acto impugnado y en los antecedentes tenidos en vista al adoptarla y que acompaña con su informe.

Declara que el acto no puede tildarse de ilegal ya que está aparado en una atribución legal y tampoco de arbitraria, ya que sus fundamentos se ajustan a lo que exige la Contraloría General sobre la materia.

En cuanto a las garantías que se estiman amagadas, respecto a la igualdad ante la ley reitera lo ya expuesto, el acto contiene todos los antecedentes que lo fundamentan, siendo motivado, racional, proporcionado e inteligible y, en lo que toca al derecho de propiedad, el actor aceptó su contratación en los términos de una contrata, que ni siquiera dura un año, pues va de enero a diciembre, y el hecho de encontrarse amparado por la confianza legítima no transmuta una expectativa en un derecho adquirido, pues significaría que se pueda transformar una contrata en dotación de planta lo que dice transgrede el espíritu de la ley 18.883 en este punto, sin que la expectativa del actor califique como derecho dubitado para que proceda esta acción cautelar.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expuesto por las partes en su recurso e informe respectivos, y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

Que el recurrente ingresó a prestar servicios para la recurrida, en calidad de contrata, con fecha 1 de Marzo de 2017, para desempeñar funciones en el Departamento de Gestión Medioambiente y Servicios, desarrollando labores administrativas, nombrado en grado 17°, por decreto de 28 de febrero de 2017 con una vigencia desde el 1 de Marzo de 2017 al 30 de Noviembre de 2017. Posteriormente, su contratación fue renovada conforme a siete Decretos Alcaldicios dictados desde Noviembre de 2017 a Diciembre de 2020, prestando funciones para la recurrida, en calidad de contrata, sin solución de continuidad, desde el 1 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2021.

Que el 30 de Noviembre de 2021, se le notificó el Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de igual fecha, por el cual se dispone la no renovación de su contrata para el año 2022.

Que respecto del recurrente opera el principio de confianza legítima.

CUARTO: Que, lo cuestionado por la recurrente y controvertido por la recurrida radica entonces en la falta de motivación y fundamentación del Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de fecha 30 de noviembre de 2021, por el cual se dispone la no renovación de su contrata para el año 2022, que constituye el acto administrativo impugnado por el recurrente y que atentaría contra sus derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, debiendo resolverse si dicho acto, emanado de la I. Municipalidad de Coyhaique, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario se encuadra dentro de las facultades y atribuciones que detenta, para cursar y notificar dicha resolución y las motivaciones de la misma, que decidieron poner término a la contrata del funcionario recurrente.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SÉPTIMO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y en la Ley 19.880.

OCTAVO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.883, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales, reconociendo que el recurrente gozaba de confianza legítima de permanencia en el cargo, lo que no obsta al ejercicio de las facultades señaladas.

NOVENO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que pone término a la contrata de la recurrente, cabe tener en consideración que la resolución administrativa impugnada, se fundamenta, principalmente, en el desempeño no satisfactorio del actor en la SECPLAC, la que fue reestructurada por falta de financiamiento que impidió realizar nuevas postulaciones y ejecuciones, de lo que dan cuenta los memorándum n°299 y 310 que al efecto se dictan en el respectivo decreto.

DÉCIMO: Que, consta de la referida resolución exenta, que la decisión de poner término a la designación a contrata del recurrente, ha sido realizada unilateralmente y bajo el arbitrio de la autoridad, sin evidenciarse de su examen, motivaciones que den cuenta de hechos concretos vinculados al trabajador objeto del término de su contrata vigente, que hagan insostenible a la recurrida mantenerlo en funciones, ya que debe explicitarse por la autoridad edilicia de qué manera influye en la contrata del recurrente; sumado a lo anterior, consta del proceso que el desempeño del recurrente no ha sido objetado, siendo incluso calificado con nota máxima, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en apariencia, al menos, incumplido, al igual que los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700 y 6.400 del año 2018, instrucciones vinculantes para la recurrida.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, no resulta razonable estimar fundado el acto administrativo en comento, si la contrata de la recurrente se ha renovado consecutiva e ininterrumpidamente siete veces a partir del año 2017, y en los mismos términos, lo que supone que le asiste al trabajador el Principio de la Confianza Legítima, no obstante, además, se le pone término a su contrata, fundamentado en dos memorándums, el n° 310 del 29 de noviembre de 2021 y el 299 de la misma fecha en que se notifica la desvinculación y que no fueran comunicados al afectado oportunamente, sin explicar cómo ello incide particularmente en el recurrente, de tal forma que el acto administrativo, aparece infundado.

DUODÉCIMO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto en el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien, es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional e infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que subyace en los empleos de la administración pública, existiendo entre los funcionarios y los órganos de la administración del Estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, precisamente, de data del 2 de Marzo del año 2018 N° 6.400, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República, en cuanto se ha constituido en casi un axioma el que a partir de la segunda renovación de un cargo a contrata, nace la confianza legítima en el contratado de que dicha práctica será renovada en el futuro y si se procediese en contra del mismo principio, el acto debe ser motivado y fundado.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman, que la facultad de disponer el término a la designación a contrata del funcionario, que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en la Ley 18.695 y la Ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de autos, ya que la misma contrata se renovó en variadas ocasiones, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta funcionaria, conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo de la naturaleza de la autoridad máxima de un municipio, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose el acto reclamado, en consecuencia, arbitrario, por la ausencia de sus debidos fundamentos.

DÉCIMO CUARTO: Que, asimismo, como lo ha resuelto reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, si una relación a contrata excede los dos años se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en los empleos a contrata regidos por la Ley 18.884 y, por consiguiente, si se ha generado una expectativa legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que ponga término a esa relación debe ciertamente dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.800, en orden a que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”; y al inciso 4 de su artículo 41, conforme al cual “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con la recurrente, en cuanto se le ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares y según se observa en la resolución impugnada, sólo el recurrente aparece afectado, sin perjuicio de que el deber de motivación del acto administrativo debe emplearse para todas las personas que se encuentren en la misma situación y en el presente caso ello no se cumple.

Que, asimismo, dichos actos vulneran el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que priva al recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el acto administrativo impugnado deviene en un acto arbitrario, por falta de una debida motivación, misma razón que deviene en su ilegalidad por infracción a los principios contenidos en la Ley 19.880; acto que infracciona la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, como también amenazan y perturban sus derechos a la propiedad en cuanto a la estabilidad en sus empleo y sus derechos a una remuneración, por lo que deberá acogerse el recurso de protección de la manera que se dirá, la que al parecer de esta Corte, se mantendrá vigente por este año calendario y la fecha que se dicta la presente resolución, siendo competencia de la autoridad administrativa respectiva, resolver tal pretensión en su oportunidad.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas, y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio SIAPER N° 1332, de fecha 30 de noviembre de 2021, en virtud del cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022, como asimismo se ordena su reincorporación inmediata y el pago de las remuneraciones devengadas durante el período de tiempo que ha estado separado de su cargo, hasta su efectiva reincorporación.

II.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata renovación de su contrata por todo el año 2022.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Redactado por la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Protección N°: 391-2021.-