nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Coyhaique, nueve de Marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que, en lo principal de la presentación de fecha veintitrés de Diciembre de dos mil veintiuno, comparece doña Mileska Romero Quezada, abogado, deduciendo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, trabajadora social, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Directora Nacional (S), doña Vannina Mariella Masman León, cédula de identidad número RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la constante situación de incertidumbre como funcionaria pública que ha estado viviendo su representada desde la separación de sus funciones, decretada por la recurrida, el 17 de julio de 2019, que se ha perpetuado hasta la actualidad, situación que vulnera sus garantías constitucionales de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone y restableciendo el imperio del derecho, se ordene que cesen las medidas decretadas en su contra a fin de que pueda retornar a sus labores con pleno respeto a su carrera y derechos funcionarios.

Que, con fecha 28 de diciembre de 2021, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Que, con fecha 4 de enero de 2022, informando el recurso, doña nombre reservado, Directora Nacional Subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, solicita su rechazo, en todas sus partes, con expresa condena en costas, y, en su lugar, se resuelva que no procede la acción de protección y que la actuación de la administración no es arbitraria ni ilegal y, en definitiva no priva, perturba ni amenaza las garantías constitucionales alegadas por la actora, acompañando la documentación que relaciona en el primer otrosí de su presentación.

Que, con fecha 11 de Febrero de 2022, se trajo los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa el 14 de Febrero del mismo año, compareciendo a alegar en estrados, por videoconferencia, por la recurrente, la abogado doña Mileska Romero Quezada, por el recurso, y doña nombre reservado, por la recurrida, contra el recurso.

Que, con fecha 15 de Febrero de 2022, estimándose necesario para pronunciarse sobre el recurso planteado, como medida para mejor resolver, se decretó oficiar al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a fin de que remita copias digitalizadas de las resoluciones y documentos, con sus respectivas notificaciones, que digan relación con la medida de suspensión de funciones que afecta a la recurrente, tanto dispuesta en sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 17/XI, como el iniciado por Resolución Exenta N° 31/XI, además de informar respecto a la vigencia de dicha medida e indicando cuál de ellos se encuentra vigente; medida que se tuvo por cumplida mediante resolución de fecha 7 de marzo de 2022.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección expresa, como antecedentes de hecho, que su representada es trabajadora social de profesión y funcionaria de planta de SERNAMEG, por tal motivo presta servicios en la Dirección Regional de Aysén desde hace 10 años; que, con fecha 26 de marzo de 2019, se dictó la resolución Exenta N° 17, de SERNAMEG Región de Aysén, que dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar supuestos malos tratos que habría recibido la Sra. nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, residente de la Casa de Acogida de Coyhaique, por parte de una funcionaria de la Dirección Regional del Servicio; que, el 17 de julio de 2019, la Directora Regional del Servicio, dictó el Memorándum N° 275, a través del cual ordenó la suspensión de su representada, como medida preventiva, sin que hasta la fecha se haya ordenado su reintegro de funciones, es decir, hace más de 2 años y 5 meses se encuentra suspendida, formulándosele cargos con fecha 2 de febrero de 2020, por la conducta que implica infracción a las letras b), c) y g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834, respecto de lo cual su representada dedujo sus descargos, indicando, como cuestiones previas, que desde que el sumario se ordenó instruir habían transcurrido, a esa fecha, 11 meses de tramitación, sin que se haya dado término dentro del plazo legal, situación que incluso fue observada por la Fiscal (s) de Sernameg, nivel central, doña nombre reservado, con fecha 28 de junio de 2019, tal como consta a fojas 21 del sumario y, sumado a aquello, durante todo el proceso permaneció suspendida de sus funciones y se hizo presente el incumplimiento del principio de celeridad que informa el procedimiento administrativo, conforme a lo indicado en el artículo 4 de la ley Nº 19.880.

Indica que la primera alegación efectuada en torno a los cargos formulados en su contra, dicen relación con que no cumplen los requisitos que garanticen una adecuada defensa, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso, según Dictámenes de Contraloría General de la República, Nº 24.285/1998; 38.508/2013; 26.917/2006 y 50.898/2006, en los que se expresa que: “En los procedimientos sancionatorios los cargos deben indicarse en forma concreta, explicitando claramente la actuación anómala o los hechos constitutivos de la o las infracciones en que ha incurrido el afectado, lo contrario impide a aquel ejercer adecuadamente su derecho a defensa.”

Agrega que el cargo formulado fue vago, impreciso y falto de pertinencia dentro de sus funciones, ya que se le imputa una contratación laboral informal de 3 días, sin embargo, precisa que la obligación legal de contratación conforme a las normas del sector privado, como lo sería con una asesora del hogar puertas afuera, se rige conforme a lo estipulado en el artículo 9 del Código del Trabajo, que dispone un plazo de 15 días para escriturar la relación laboral. Que, por otro lado, se le acusó de malos tratos, sin precisar en qué consistieron, ni los medios de prueba con que se corroboraron a juicio de la Fiscal, puesto que esos hechos nunca fueron reconocidos por su representada ya que son imputaciones totalmente falsas y que, en ese mismo orden de ideas, no consta en el expediente declaraciones de testigos presenciales sobre lo ocurrido, pues habrían sucedido al interior del domicilio de doña nombre reservado, se analizaron las declaraciones del sumario y se hicieron patentes sus inconsistencias, por ende, no hay medios probatorios que justifiquen dicha acusación; y que no hay norma expresa que prohíba que una participante de programa de Sernameg, esté impedida de relacionarse laboralmente con una funcionaria, más aún si ni siquiera existía un programa de intervención individual respecto de la participante, en el que hubiese contemplado su inserción laboral en otro ámbito y, finalmente, se impugnó en todas sus partes la formulación de cargos efectuada, por adolecer de vicios legales, y por falta de requisitos de validez, que fueron denunciadas en el escrito, solicitando derechamente la absolución de los cargos.

Refiere que, en la vista fiscal se indica, en el considerando 17, que de acuerdo a toda la información presentada y recabada en este proceso sumarial, se puede extraer una falta de consistencia en las declaraciones de la encargada OIRS, doña nombre reservado, las cuales, además se encontrarían en oposición a las declaraciones de los otros testigos, las cuales se encuentran contestes en sus relatos, lo que hace presumir a esta fiscal, que no se actuó con la probidad administrativa correspondiente a una funcionaria pública, al otorgar una opción de trabajo a una usuaria que había sido víctima de violencia grave, con una situación migratoria irregular, usuaria de una CDA, dispositivo de Sernameg que cuenta con protocolos internos que no fueron respetados en este caso. Que, a su vez, en el considerando 18 indica que teniendo a la vista todos los antecedentes, esta Fiscal estima que es posible evidenciar conductas que conllevan a una responsabilidad administrativa, en razón del incumplimiento del principio de Probidad Administrativa, sugiriendo la aplicación de la medida disciplinaria de multa de 20% prevista en el artículo 123 de la Ley N° 18.834, haciendo presente que no consta la ponderación del escrito de formulación de descargos, limitándose a efectuar una enumeración de documentos, sin análisis alguno, procediendo a la propuesta de sanción.

Señala que, en ese mismo sentido, se dictó la Resolución Exenta Nº 31/XI, de 8 de junio de 2021, de la Directora Regional de Aysén, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que le fue notificada personalmente, el día 16 de agosto de 2021, que ordena aplicar medida disciplinaria de multa del 20% de remuneración de la recurrente y respecto de la cual reclamó de legalidad ante la Contraloría Regional de Aysén, entidad que, con fecha 23 de noviembre de 2021, dictó la Resolución Exenta Nº 2178/2021, que acogió el reclamo de legalidad señalado, que reproduce, en lo pertinente, lo que demuestra que, además de mantenerla suspendida de sus funciones, a través de una medida totalmente desproporcionada, desde hace más de 2 años y 5 meses, dentro del proceso del sumario administrativo incoado en su contra, ni siquiera se respetó su derecho a defensa, en el sentido de que sus descargos, circunstancias atenuantes y medios de prueba, no fueron ponderados por la Fiscal a cargo del proceso disciplinario, agregando que aparece de los antecedentes examinados que en el proceso disciplinario singularizado, la Fiscal ordenó la suspensión preventiva de su representada, el 12 de julio de 2019 y, luego, en su vista del 23 de abril de 2021,propuso le sea aplicada la medida disciplinaria de multa de un 20% de su remuneración mensual, pese a lo cual no se habría levantado en esa ocasión la suspensión preventiva que le afectaba, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 136 del Estatuto Administrativo.

Adiciona que, del referido análisis, aparece que la Directora Regional del SERNAMEG, doña Elizabeth Gutiérrez Eggers, emitió la Resolución Exenta N° 31/XI, de 8 de junio de 2021, sancionando a la interesada, no obstante, en la vista fiscal se consigna que dicha autoridad prestó declaración en el sumario administrativo en calidad de testigo, concurriendo, en consecuencia, la hipótesis descrita por la norma citada en el párrafo anterior, tal como se resolvió, para una situación similar, en el dictamen Nº 13.606, de 2018, de ese origen, siendo por lo menos tres irregularidades administrativas graves las detectadas por el Ente Contralor, respecto al sumario administrativo que se ordenó contra su representada, y el hecho de permanecer separada de sus funciones, por el periodo señalado, le ha significado un constante daño emocional en el sentido de no ejercer sus labores, quedar marginada del funcionamiento del Servicio, no poder optar a capacitaciones y viviendo día a día pendiente de cuándo la autoridad ordenará su reintegro.

Luego, señala que su representada siempre ha prestado servicios como Encargada de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, desde enero a diciembre de 2011, a contrata, estamento profesional, grado 16; desde enero de 2012 a septiembre de 2017, a contrata, estamento profesional grado 12, y desde septiembre de 2017 a la fecha, de planta, estamento profesional, grado 11, todos en la Dirección Regional de Aysén, relacionando también sus calificaciones para tales períodos, agregando que ingresó a Sernameg hace 10 años y sólo el último año en que prestó servicios efectivos, año 2019, fue amonestada y se le aplicó una medida disciplinaria por parte de la Directora Regional del Servicio, medida que fue una censura, no ejerció reclamo porque desconocía el proceso, pues jamás, se vio involucrada en una situación de ese tipo y porque todo el procedimiento fue realizado también de forma irregular por parte de su jefatura, y que a raíz de aquello y de otros actos más de acoso laboral vertical ejercidos por su jefatura en su contra y de otras funcionarias interpusieron una acusación por ese motivo, el cual fue desestimado por la autoridad nacional.

En cuanto al derecho, alega la falta de imparcialidad, reproduciendo, al efecto, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, ya que en el caso, la autoridad administrativa no ha actuado con la imparcialidad que se debe, particularmente la Directora Regional del Servicio, quien emitió la resolución exenta Nº 31/XI, de 8 de junio de 2021, sancionando a la interesada, no obstante haber prestado declaración en el sumario administrativo en calidad de testigo; falta de proporcionalidad, primero, debido a la suspensión de funciones desde el 17 de julio de 2019 a la fecha y, segundo, por la decisión de aplicar una multa equivalente al 20% de su remuneración, por cargos formulados con total vaguedad, de forma confusa y sin medios de prueba suficientes que acreditaran la falsa acusación en su contra y sin ponderar los descargos efectuados dentro de plazo y fundadamente, respecto de la cual se interpuso reclamo de legalidad, el que fue acogido por la Contraloría; y finalmente, la falta de razonabilidad, respecto de la cual cita y reproduce, en lo pertinente, el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880, inciso segundo del artículo 53 de la Ley N° 18.575, además de su artículo 2, y Dictamen N° 8013/2001, de la Contraloría General de la República, principio que no se ha respetado ya que no existe fundamento alguno que justifique la separación de sus funciones de su representada, siendo absolutamente arbitrario que aquella decisión se perpetúe en el tiempo y no pueda reintegrarse a sus labores.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, refiere que las acciones descritas, ejecutadas por la recurrida, constituyen, a su entender, un acto administrativo arbitrario ya que carece de fundamento real, racional y proporcionado, conformando claramente infracciones a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que privan a la recurrente de ejercer funciones, limitar su carrera funcionaria y derechos como tal, conformando transgresiones de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2 de la Constitución, artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por haber recibido un tratamiento legal diferente frente al resto de los Jefes de las otras Subdirecciones cuyas jefaturas, sí son respetadas en cuanto a su vigencia y habiendo sido despojada de ejercer funciones durante más de dos años y cinco meses, pues en otros casos similares, de sumario administrativo, ninguna funcionaria ha sido suspendida infundadamente de sus funciones por tan largo período de tiempo, y por haber visto afectada su integridad física y psíquica, consagrada en el artículo 19 Nº 1, a causa de la privación de sus funciones laborales, ya que el daño psicológico vivido por su representada a consecuencia de ser injustamente privada de forma arbitraria de ejercer labores, sin motivo real, ha quebrantado su estabilidad psíquica, viendo truncada su carrera, la que ha desarrollado durante más de diez años en el mismo Servicio Público, lo que le provoca desesperanza, ansiedad y temor inminente de cómo enfrentar su futuro.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, doña nombre reservado, Directora Nacional Subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, solicita su rechazo, en todas sus partes, con expresa condena en costas, indicando, luego de relacionar los antecedentes generales del recurso, y como consideraciones preliminares, que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece como requisito para la procedencia del Recurso de Protección que éste se interponga en contra de "actos u omisiones arbitrarias e ilegales”, lo que en el caso sub lite no se condice con el actuar de ese Servicio, ya que el considerar que encontrarse durante más de 2 años suspendida de ejercer su cargo le ha generado una vulneración tanto a su integridad física como psíquica, en ese contexto el recurso de protección tiene un elemento de procedencia cual es la inmediatez y, en ese sentido, si la misma recurrente indica que la suspensión en el cargo se ha prolongado por más de dos años cinco meses, la presente acción no puede prosperar, dado que el recurso de protección está establecido en nuestro sistema jurídico para el inmediato restablecimiento de los derechos que se verían conculcados por una actuación u omisión arbitraria o ilegal, por lo que cabe preguntarse ¿será efectiva la supuesta vulneración que alega?, más aún cuando durante dicha suspensión no se ha visto privada de ninguno de sus derechos, recibiendo íntegramente las remuneraciones correspondientes a su cargo, como está establecido en el artículo 136 del Estatuto Administrativo y conforme a ella ha actuado el Servicio.

Expresa, que la recurrente funda su acción en la notificación de la Resolución N° 2178, de 2021, de la Contraloría Regional de Aysén, la que efectivamente señala en su considerando 11) “Conforme a lo anterior, aparece de los antecedentes examinados que en el proceso disciplinario individualizado, la fiscal ordenó la suspensión preventiva de la señora nombre reservado el 12 de julio de 2019, y luego, en su vista de 23 de abril de esta anualidad, propuso le sea aplicada la medida disciplinaria de multa de un 20% de su remuneración mensual, pese a lo cual no se habría levantado en esa ocasión la suspensión preventiva que afectaba a la recurrente, vulnerándose con ello lo dispuesto en el precitado artículo 136 del estatuto administrativo.”, haciendo presente, al respecto, que la recurrente no manifiesta la existencia de otro proceso disciplinario instruido en su contra, siendo este último el objeto de su reclamo de ilegalidad ante Contraloría y de este recurso.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, el recurso de protección no es la vía idónea, ya que el sumario administrativo tiene normas precisas, y en última instancia la reclamación de Ilegalidad se debe ejercer ante el órgano de Control, lo que en la especie ya se hizo, resolviendo que se debe “reabrir” el proceso sumarial a fin de corregir las anomalías pesquisadas en su control, por lo que el proceso aún se mantiene vigente y encontrándose el Servicio realizando los trámites administrativos pertinentes ordenados, no existe la supuesta ilegalidad ni arbitrariedad que se reclama y que, ciertamente, no afecta las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, de igualdad ante la ley e integridad física y psíquica, en atención a que la exposición de los hechos en que fundamenta su recurso, no dicen de ninguna forma, relación con esas garantías constitucionales, toda vez que, expone lo que a su parecer, sería una tramitación y decisión arbitraria, indicando que la reclamación resuelta por la Resolución N° 2178, de 2021, de la Contraloría Regional de Aysén, habría sido resuelta a su favor, sin indicar en ningún momento que la resolución a su favor se traduce en que se debe REABRIR el sumario administrativo, limitándose a citar algunos pasajes de la misma, de manera descontextualizada, que le parece serían favorables a su pretensión.

En cuanto a la legalidad y racionalidad del acto recurrido y con el objeto de desvirtuar las alegaciones de la recurrente, señala que es menester examinar las normas aplicables al caso en cuestión, que permitirán dejar sentado que, tanto el acto administrativo recurrido, como la actuación de la autoridad de ese Servicio, se han ajustado plenamente a derecho, citando y reproduciendo, al efecto y en lo pertinente, los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental; los artículos 2, 3 y 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el articulado pertinente de la Ley N° 19.023, que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género; artículos 119 y siguientes de la Ley N° 18.834, que establece el Estatuto Administrativo; artículos 1 y 6 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, agregando que es del todo imprescindible dejar sentado el rol y relevancia de la jurisprudencia administrativa unificadora de criterios que, proviniendo de la Contraloría General de la República, son vinculantes y, por tanto, obligatorios para los organismos de la Administración del Estado, a los cuales les resulta aplicable y que, en el caso, como Servicio Público, no están ajenos de su aplicación.

Agrega que, como señaló, los procesos disciplinarios se encuentran regulados en el Título V de la Ley N° 18.834, que establece el Estatuto Administrativo, por lo que, una vez notificada de la resolución N° 31/XI, de 2021, la recurrente, interpuso reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional de Aysén, actuación que se enmarca en sus derechos como funcionaria, y que conocidos los antecedentes por el Ente de Control, dicta la resolución 2178, de 23 de noviembre de 2021, la cual, según expone, el Ente Contralor, órgano competente, ya analizó y resolvió, no encontrando ninguno de los vicios invocados, respecto de: a) las demoras esgrimidas en el transcurso del proceso, en relación al tiempo de suspensión; b) en cuanto a la vulneración de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, al aplicar una medida disciplinaria sin que se haya probado su responsabilidad administrativa, basada en cargos formulados en forma vaga e imprecisa, y con una evidente falta de ponderación de la prueba rendida; c) respecto al principio de imparcialidad; y de las faltas de tipicidad de las conductas por las cuales se sanciona, pronunciamientos que cita y reproduce, en lo pertinente.

Refiere que, como se puede observar, en el correspondiente sumario administrativo se cumplieron todos los trámites formales y de prueba, contemplados en el Estatuto aplicable a la funcionaria y, no adolece de los vicios procedimentales que alega en su recurso y si bien, en los aspectos señalados en las letras a, b y c, la Contraloría Regional de Aysén acoge el reclamo de la recurrente, observando las siguientes anomalías: “a.1 se mantiene la medida de suspensión a pesar de haberse dictado la vista fiscal proponiendo a la autoridad la sanción de multa el 23 de abril, no cesó la medida a su respecto, por lo que no se habría dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 del Estatuto Administrativo.”, punto en el que como ya se adelantó, hace presente que el sumario objeto de este recurso se inició por la Resolución Exenta N° 17/XI/2019, de la Dirección Regional de Aysén, que concluyó con la dictación de la resolución exenta N° 31/XI/2021, de la misma Dirección, en cuyo transcurso la fiscal sumariante no determinó la suspensión preventiva de la inculpada.

Añade que, la recurrente, omitió indicar en su recurso, que se encuentra sometida a otro sumario administrativo, iniciado por Resolución Exenta N° 31/XI, de 11 de julio de 2019, de la Dirección Regional de Aysén, en el que sí se determinó por la Fiscal a cargo, su suspensión preventiva a fin de asegurar el éxito de la investigación, el que se encuentra actualmente en etapa resolutiva, por lo que no se puede dar mayor información al respecto, produciendo una suerte de confusión toda vez que se encuentra suspendida en ese procedimiento, por lo que el actuar del Servicio que representa y atendido el estado del sumario correspondiente, se ha ajustado absolutamente a la legalidad al mantener la medida de suspensión, por lo que el presente recurso necesariamente debe ser rechazado toda vez que la actora pretende obtener una decisión judicial a su favor confundiendo los antecedentes de ambos procesos.

Manifiesta, que la resolución exenta N° 31/XI, de 2021, efectivamente fue dictada por la Directora Regional que participó como testigo en el proceso y, por ende, se debe reabrir el sumario, lo que en definitiva fue la orden de Contraloría para subsanar las anomalías detectadas, pero que, habiendo aclarado lo relativo a la suspensión, se refieren únicamente a ese punto, y al respecto, la Dirección Regional informa que se están llevando a cabo los trámites administrativos para dar cumplimiento a lo dictaminado, lo que se traduce en reabrir el sumario y realizar los trámites correspondientes hasta su conclusión, conservando la recurrente todos los recursos que correspondan según sea el caso.

Respecto de la suspensión reclamada, reitera que la recurrente omitió indicar que se encuentra sometida a otro sumario administrativo, iniciado por Resolución Exenta N° 31/XI, de 11 de julio de 2019, de la Dirección Regional de Aysén, en la que sí se determinó por la Fiscal a cargo la suspensión preventiva de la inculpada a fin de asegurar el éxito de la investigación, lo que queda de manifiesto de la sola lectura de la resolución que dispuso su suspensión, dictada con fecha 12 de julio de 2019, que ha sido acompañada por la misma recurrente, conjuntamente con su notificación, sumario que aún se encuentra en tramitación, por lo que es absolutamente procedente la mantención de dicha medida, en los términos del artículo 136 del Código Administrativo, por lo que no existe acto arbitrario o ilegal en mantener la suspensión de la recurrente, lo que tampoco implica vulneración algunas a las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 1, de la Constitución Política de la República, ni de los tratados internacionales citados, por lo que necesariamente se debe rechazar el recurso, que no tiene fundamento fáctico ni legal.

TERCERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que para la procedencia de la pretendida acción, es menester la existencia de un acto ilegal o arbitrario, esto es, la concurrencia de un acto contrario a la ley, o que sea producto del mero capricho de quien lo realiza, afectando de este modo, una o más de las garantías que la Constitución Política de la República protege. Así, únicamente en el caso de existir un acto que reúna tales elementos, podría ser sometido al presente arbitrio, caso contrario, necesariamente debiese ser desatendido por esta vía constitucional.

Que, asimismo, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, también, que el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, el cual no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, el que no procede en este tipo de procedimientos.

QUINTO: Que, para resolver el recurso planteado, se hace necesario dejar establecido que la recurrente nombre reservado ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal en la decisión arbitraria e infundada de mantenerla suspendida de sus funciones desde hace más de dos años y cinco meses, solicitando se restablezca el imperio del derecho, resolviendo y ordenándose que cesen las medidas decretadas en su contra a fin de que pueda retornar a sus labores con pleno respeto a su carrera y derechos funcionarios.

SEXTO: Que, de los antecedentes existentes que obran en estos autos como también de oficios que fueron allegados y decretados como medida para mejor resolver, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden tener por establecidos los siguientes hechos:

a) Que, en contra de la recurrente, se inició sumario administrativo por Resolución Exenta N° 17/XI, de fecha 26 de marzo de 2019, constando que en éste, según oficio Ord. N° 085/2022, no se decretó suspensión de funciones de ésta.

b) Que, en el sumario administrativo que se ha instruido por resolución N° 31/21, de fecha 11 de julio de 2019, por la Fiscal a cargo de la investigación, doña Paola Salazar Quilaleo, se decretó como medida preventiva la suspensión de funciones de la recurrente, la que fue ordenada mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de julio de 2019 y notificada a aquella con la misma fecha, la que según se indica en el oficio referido, se encuentra vigente a la fecha.

c) Que, en contra de la indicada Resolución Exenta N° 31/XI de 2021, que le aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración, esta presentó reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional, de conformidad al artículo 160 de la Ley 18.834, por lo motivos que en la misma consignó, entre los cuales se señaló no haberse dado cumplimiento al principio de celeridad que informa el procedimiento administrativo, de acuerdo al artículo 4° de la Ley 19.880, en atención que desde su instrucción hasta la notificación de la Resolución Exenta que le impuso sanción, habrían transcurrido más de dos años y cinco meses, encontrándose suspendida de sus funciones desde el 17 de julio de 2019, expresando dicha Contraloría que de acuerdo a los dictámenes 4571 y 21876, ambos de 2015, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella; ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que pueda originarse.

d) Que, asimismo la recurrente señaló que los cargos que se le formularon serían vagos e imprecisos, lo que se desestimó, expresándose que éstos fueron propuestos en términos concretos, precisos y especificando los hechos investigados y, en cuanto a la falta de tipicidad de las conductas por las que fue sancionada, ello también fue rechazado, como así también la reclamación basada en una supuesta falta de imparcialidad de la Fiscal del proceso investigativo.

e) Que, la Contraloría, por el contrario y del análisis de la vista del sumario y según Resolución Exenta 2178/2021 de fecha 23 de noviembre de 2021, advirtió que, únicamente se contiene una relación de las principales diligencias probatorias realizadas fuente la fase indagatoria, pero careciendo del pertinente análisis de los descargos de la inculpada, esto es, las razones que se tuvieron a la vista para desestimarlos, así como tampoco se realizó pronunciamiento alguno respecto a las diversas atenuantes de responsabilidad esgrimidas por la afectada en su escrito de descargos por lo que, en relación a ello, se procedió a acoger el reclamo de ilegalidad deducido por la recurrente, resolviéndose por el ente contralor, que la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Aysén ordenara la reapertura del procedimiento de que se trata, con la finalidad de corregir las anomalías ya descritas SÉPTIMO: Que, de lo señalado precedentemente y de los documentos que se han allegado a los autos, aparece, entonces, en forma clara y precisa que la suspensión como medida preventiva que se decretó respecto a la funcionaria recurrente, se basó en el sumario administrativo instruido por la Resolución Exenta N° 31 de fecha 11 de julio de 2019 y ella fue decretada por la Fiscal Paola Salazar Quilaleo con fecha 12 de julio del mismo año, considerando para ello el éxito de la investigación, la gravedad de los hechos que lo aconsejaban y un interés general que debe primar por sobre el particular, medida de suspensión que fue notificada ese mismo día revolviéndose, asimismo, que la medida adoptada terminaría al dictarse sobreseimiento o al emitirse el dictamen del Fiscal; constando también que habiéndose ordenado por Contraloría Regional la reapertura del sumario, con la finalidad de corregir la anomalías que se señaló, dicha medida de suspensión se mantiene aún vigente, y sin perjuicio de lo excesivo de lo que esta pueda estimarse, atendido el transcurso del tiempo en que se mantiene, ello no resulta susceptible de ser enmendado por este Tribunal de Alzada, por la vía intentada, atendido a haberse decretado la misma en un proceso administrativo, que se rige por normas propias, precisas y determinadas, que encuentra su tramitación en la forma que lo dispone la Ley N°18.834; sumario administrativo que se encuentra actualmente en tramitación y en el cual el acto que ordenó la suspensión de la funcionaria, además, no constituye un acto terminal que sea susceptible de ser corregido por esta vía cautelar excepcional.

OCTAVO: Que, en consecuencia, constando que el acto administrativo pertinente y que se reclama fue dictado por autoridad facultada para ello, ajustándose plenamente a derecho, sin que se le haya afectado a la recurrente el derecho a defensa que le asiste, ni tampoco se haya vulnerado el artículo 136 del Estatuto Administrativo, como tampoco consta que la recurrente se haya visto privada de alguno de sus derechos habiéndose indicado por la recurrida que la anterior ha recibido íntegramente las remuneraciones correspondientes a su cargo ni se ha demostrado que la situación acontecida haya significado para aquella un daño emocional y psicológico que haya significado alguna transgresión establecida en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ni el número 2 de dicha Constitución, no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido en estos autos, y así declarará.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I) Que, se RECHAZA el recurso de protección, interpuesto por doña Mileska Romero Quezada, abogado, a favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, representada legalmente por su Directora Nacional (S), doña Vannina Mariella Masman León.

II) Que, no se condena en costas a la recurrente, por estimarse que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol Corte N° 390-2021 (Protección).