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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 39-202131 may 2021
Fecha
31 de mayo de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Coyhaique
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 39-2021, sentencia de 31 de mayo de 2021

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra AFP Provida: el pago ordenado ya fue dispuesto por el Juzgado de Familia, competente para la retención, y la indemnización por atraso excede la naturaleza cautelar de esta acción.

Texto íntegro

En Coyhaique, a treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 30 de marzo de 2021, comparece doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la AFP Provida S.A., representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario, que significa privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución Política de la República; solicitando que la recurrida pague el monto total que dictaminó el Juzgado de Familia de Coyhaique y una indemnización por el monto del prorrateo que le corresponde a su hijo y que, se le multiplique, por cada día de atraso que lleva la AFP Provida, desde que se vencieron los 10 días hábiles que dio el Juzgado de Familia de Coyhaique a la fecha.

Fundamenta su recurso en que, con fecha 14 de diciembre de 2020, solicitó al Juzgado de Familia de Coyhaique, la retención del segundo retiro del 10%, en beneficio de su hijo nombre reservado, en contra de nombre reservado, la que una vez aprobada y efectuada la liquidación, ascendió al monto de $1.252.102, por lo que se solicitó a la AFP la retención de sus fondos. Agrega que luego la recurrida informó que el demandado tenía disponible la cantidad de $641.367, ante lo cual el Tribunal efectuó el prorrateo, por existir otra causa en su contra, por lo que se determinó que el monto que le correspondía a su hijo era de $86.056 y el Juzgado ordenó, el 19 de enero de 2021, a la recurrida, el pago de dicho monto en un plazo no superior a 10 días hábiles, los que no fueron cumplidos.

Indica que, luego se comunicó por teléfono con el Tribunal, donde le informaron que debía hacer las consultas a la AFP o interponer un reclamo en la Superintendencia. Agrega que con fecha 09 de febrero de 2021, logró ser atendida en la AFP donde interpuso un reclamo y le dijeron que debía esperar 10 días más, negándose a entregarle un comprobante de atención, razón por la cual el mismo día ingreso otro reclamo pero ante la Superintendencia de Pensiones, por el cual tuvo respuesta el 23 de febrero de 2021, señalándole que su caso había sido derivado a la AFP, sin que haya obtenido respuesta en varios días.

Refiere que el 01 de marzo de 2021, concurrió nuevamente a la AFP, donde el jefe de la sucursal, le refirió que le enviara los documentos que el Tribunal le había dado. Añade que posteriormente el Tribunal le notificó que la recurrida envió un nuevo oficio con otro monto que podía retirar el demandado, ascendente a la suma de $1.282.735, por lo que el nuevo prorrateo alcanzó la suma de $172.112, razón por la cual el día 05 de marzo de 2021, se le abonó la suma de $86.056 y el día 19 del mismo mes consultó a la AFP el porqué del monto erróneo, sin que haya obtenido alguna respuesta solicitándole el jefe de la sucursal que nuevamente le remita todos los antecedentes y que en 5 días más tendría respuesta, sin que ello haya ocurrido pese a sus reiteradas consultas vía mail.

Estima que ésta vulneró el derecho de su hijo, ya que ella recurrió a la opción que dio el gobierno de retener el 10% por necesidad y por incumplimiento en el pago de la pensión, realizando toda la gestión dentro de los plazos.

Finalmente estima que la recurrida falta íntegramente a lo que señala la Constitución en su artículo 19 y cometió desacato de la resolución del Juzgado de Familia.

Con fecha 05 de mayo de 2021, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace con costas.

Señala como antecedente que efectivamente el Juzgado de Familia de Coyhaique, ordenó el pago con los fondos retenidos del retiro de los fondos del afiliado a AFP Provida don nombre reservado, y ordenó pagar a la recurrente la suma de $86.056, suma que tal como se reconoce en el recurso fue debidamente pagada a la recurrente. Agrega que, a la fecha, la recurrida no registra orden de pago del Juzgado de Familia por la suma de $172.112.

Indica que en el marco del proceso de solicitudes de retiro de fondos que han debido implementar las Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante el Oficio Ordinario N°14.000, de fecha 29 de julio de 2020, la referida Superintendencia señaló que “para acreditar la existencia de una deuda alimentaria, es necesaria una comunicación oficial por parte del Poder Judicial, sea por notificación de cada Tribunal de Familia o, en su defecto, un listado proporcionado oficialmente por el Poder Judicial”.

Expuso que en el caso de autos, AFP Provida dio estricto cumplimiento no solo a la Ley 21.248 y Ley 21.295, sino que a las diversas instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que como quedará acreditado, el recurso de protección, materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos que lo hacen procedente, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución, por lo que deberá ser rechazado.

Finalmente refiere que el comportamiento adoptado por parte de la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente, por lo que el recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada. Añade que su parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile, en consecuencia, tampoco se cumple el tercer requisito exigido para la procedencia del presente recurso de protección, lo que lleva necesariamente a rechazar el mismo por improcedente.

Con fecha 19 de mayo de 2021, don nombre reservado, Juez Presidente (S) del Juzgado de Familia de Coyhaique, en cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, en oficio N°154-2021, evacua el informe solicitado, en los siguientes términos.

Indica que el portal SITFA da cuenta que:

1.- Que con fecha 15 de Febrero de 2021, se dispuso oficiar a AFP Provida a fin de poner en su conocimiento, que deberá pagar con los fondos retenidos de nombre reservado, a doña nombre reservado, la suma de $172.112, mediante depósito o transferencia a la Cta Corriente / Cta Vista N°[cuenta reservada] del Banco Del Estado De Chile, en un plazo no superior a los 10 días hábiles contados desde que la AFP sea notificada de la presente resolución.

2.- Esta resolución fue notificada a través del sistema masivo al correo electrónico de AFP Provida correo reservado el mismo día 15 de febrero pasado.

3.- Con fecha 02 de Marzo de 2021, se recibe oficio de AFP PROVIDA, indicando que: a) El monto respecto del cual solicitó devolución asciende a $172.112, b) Que el monto pagado por la AFP Provida, con fecha martes 23 de febrero del 2021 mediante depósito o transferencia a la cuenta de ahorro N° [cuenta reservada] de Banco Estado asciende a $86.056, según consta en la nómina de pago N° 7690002 y c) Efectuado el pago, el deudor queda con un saldo retenido de $692.859.

4.- Con fecha 03 de marzo de 2021, se resuelve que: Habiéndose verificado en portal de Banco Estado, que no figura el depósito anunciado por AFP Provida, ofíciese a dicha institución, para que aclare su información o reitere el depósito, ya que según oficio, éste se habría ejecutado el pasado 23 de febrero de 2021 a la cuenta de ahorro N°[cuenta reservada] por la suma de $86.056, mediante nómina 7690002, sin embargo, no existe tal depósito. Cúmplase con el pago dentro de séptimo día, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

5.- Con fecha 16 de marzo de 2021, se recibe oficio de AFP Provida solicitando ampliación de plazo en cinco días hábiles para coordinar el pago de la referida medida cautelar decretada.

6.- Con fecha 17 de marzo de 2021, se recibe oficio de AFP Provida informando que se realizó el pago instruido en Liquidación del RIT Z-160-2018, en el cual se instruye a esa administradora a realizar el pago de los fondos retenidos del afiliado nombre reservado, a doña nombre reservado, la suma de $86.056, mediante depósito o transferencia a la cuenta de Ahorro N°[cuenta reservada] de Banco Estado.

7.- Con fecha 18 de marzo de 2021, se tuvo presente el depósito por $86.056, en la cuenta de ahorro de la demandante y desde entonces, no existen más peticiones o movimiento respecto del saldo insoluto a pagar por la AFP.- 8.- Finalmente, con ocasión del presente informe, han advertido que existió una confusión en la resolución de 18 de marzo, motivado por los dos prorrateos, en tanto existe un saldo pendiente de pago, razón por la cual, se ha oficiado a la AFP Provida, para que dé estricto cumplimiento al pago ordenado con fecha 15 de febrero de 2021, debiendo depositar el saldo pendiente, por la suma de $86.056, a la cuenta de ahorro de la demandante, doña nombre reservado, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 238, del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 11 de mayo de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 12 de mayo de 2021, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

Con fecha 25 de mayo de 202, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver decretada en la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, de los antecedentes que obran en autos y lo informado por el Tribunal de Familia de Coyhaique, apreciados conforme a la sana crítica, se tiene que son hechos de la causa los siguientes:

1.- El 12 de febrero de 2021, el Juzgado de Familia de Coyhaique, certificó que teniendo presente las liquidaciones practicadas en las causas asociadas al alimentante nombre reservado, y de acuerdo a lo informado por la AFP respecto del monto retenido, se calculó el porcentaje proporcional: Causa Rit Z-343-2014, el monto a pagar asciende a $1.110.623 y en la Causa Rit Z-160-2018, a la suma de $172.112.

2.- Que, con fecha 15 de febrero de 2021, se dispuso oficiar a AFP Provida a fin de poner en su conocimiento, que deberá pagar con los fondos retenidos de nombre reservado, a doña nombre reservado, la suma de $172.112, mediante depósito o transferencia a la Cta Corriente / Cta Vista N°[cuenta reservada] del Banco Del Estado De Chile, en un plazo no superior a los 10 días hábiles contados desde que la AFP sea notificada de la presente resolución.

3.- El 02 de Marzo de 2021, se recibe oficio de AFP Provida, indicando que: a) El monto respecto del cual solicitó devolución asciende a $172.112, b) Que el monto pagado por la AFP Provida, con fecha martes 23 de febrero del 2021 mediante depósito o transferencia a la cuenta de ahorro N° [cuenta reservada] de Banco Estado asciende a $86.056, según consta en la nómina de pago N° 7690002 y c) Efectuado el pago, el deudor queda con un saldo retenido de $692.859.

4.- Con fecha 17 de marzo de 2021, el Tribunal de Familia recibe oficio de AFP Provida informando que se realizó el pago instruido en Liquidación del Z-160-2018, de los fondos retenidos del afiliado nombre reservado, a doña nombre reservado, la suma de $86.056, mediante depósito o transferencia a la cuenta de Ahorro N°[cuenta reservada] de Banco Estado y el 18 de marzo del presente el Tribunal tiene presente dicho pago en la causa.

5.- El 19 de mayo de 2021, el Tribunal de Familia advierte que existe un saldo pendiente de pago, razón por la cual, ofició a la AFP Provida para que dé estricto cumplimiento al pago ordenado con fecha 15 de febrero de 2021, debiendo depositar el saldo pendiente, por la suma de $86.056, a la cuenta de ahorro de la demandante, doña nombre reservado, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 238, del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, resulta pertinente precisar que la recurrente ha hecho consistir el acto u omisión arbitrario o ilegal, en la circunstancia que la AFP Provida S.A., no ha cumplido lo ordenado con fecha 15 de febrero de 2021, por el Juzgado de Familia de Coyhaique, en cuanto al pago de los fondos retenidos al afiliado nombre reservado, por concepto de pago de pensiones alimenticias adeudadas, por estimar que se vulneran los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, pidiendo concretamente que la recurrente pague el monto total que dictaminó el Juzgado de Familia de Coyhaique y una indemnización por el monto del prorrateo que le corresponde a su hijo y que se le multiplique por cada día de atraso que lleva la AFP Provida, desde que se vencieron los 10 días hábiles que dio el Juzgado de Familia de Coyhaique a la fecha.

SEXTO: Que, el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, desde que la petición esgrimida en éste, en cuanto que la recurrida pague el monto total que dictaminó el Juzgado de Familia, se encuentra satisfecha, dado que es un hecho inconcuso de la causa que, con fecha 15 de febrero de 2021, se dispuso oficiar a AFP Provida a fin de que ésta pague con los fondos retenidos de nombre reservado, a doña nombre reservado, la suma de $172.112 y que el 17 de marzo de 2021, la AFP PROVIDA informa que realizó el pago de $86.056, a la recurrente, de lo que se colige que existe un saldo pendiente de pago, razón por la cual, el Tribunal ofició, el 19 de mayo del presente, nuevamente a la AFP Provida para que dé estricto cumplimiento al pago ordenado con fecha 15 de febrero de 2021, debiendo depositar el saldo pendiente, por la suma de $86.056; en consecuencia, resulta inoficioso que esta Corte dictamine tal pago, desde que ya ha sido resuelto de esa forma por el tribunal de la instancia, el que por lo demás resulta competente para conocer y resolver todas las cuestiones relativas a la retención y pago del retiro del 10% en cuestión, debiendo formular las partes, en las condiciones ya anotadas, las presentaciones pertinentes ante dicho Juzgado y no ante esta Corte.

SÉPTIMO: Que, lo anterior se reafirma con lo solicitado en la presente acción en cuanto a que la recurrida pague, además, una indemnización por el monto del prorrateo que le corresponde a su hijo y que se le multiplique por cada día de atraso que lleva la AFP Provida, desde que se vencieron los 10 días hábiles que dio el Juzgado de Familia de Coyhaique a la fecha de interposición del recurso, 30 de marzo de 2021; ya que claramente la determinación de una indemnización, no se condice con la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, por lo que este tribunal de alzada no resulta competente para conocer y resolver tal petición, por la vía de este recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la AFP Provida S.A., sin costas, por estimar que el recurrente tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 39-2021.-