nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Coyhaique, a quince de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 16 de diciembre de 2021, doña nombre reservado, médico cirujano, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Banco de Crédito e Inversiones S.A, representada por el jefe de la sucursal Coyhaique don nombre reservado, ingeniero comercial, ubicada en domicilio reservado de dicha Ciudad, por la comisión del acto ilegal y arbitrario, que perturba y amenaza las garantías constitucionales del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva, que se declare específicamente la ilegalidad y arbitrariedad de la negativa del banco de terminar con el crédito hipotecario y firmar la escritura de compraventa definitiva.

Sostiene el recurrente, como antecedente previo que compró una propiedad, la cual pertenecía a don nombre reservado, dicha propiedad posee una hipoteca del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Agrega que por su parte para comprar la casa adquirió un crédito hipotecario en el banco Scotiabank el cual fue aprobado y ya pagó la primera cuota, el 10% del valor del total de la casa y lo que corresponde a la corredora.

Indica que con el pasar de los días le empezaron a llegar correos del Scotiabank diciendo que el vendedor tenía un reparo comercial y que el banco BCI no firmaría a menos que el vendedor se acercara a su banco a regularizar la situación, al parecer esta era una deuda externa al crédito hipotecario que tenía la casa. Añade que el Banco BCI por su parte no ha querido entregar ninguna información y solo se limita a decir que es una situación confidencial de su cliente y el Banco Scotiabank por su parte solo se limita a enviarle correos diciendo que vencerá el caso por repertorio crítico comercial por la situación del vendedor y su deuda.

Precisa que ya pagó la primera cuota del crédito hipotecario que vencía el 10 de diciembre y aún no tiene una respuesta por parte del BCI, lo cual está vulnerando gravemente su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Finalmente expuso que, el actuar del Banco recurrido, constituye una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio del derecho y garantía constitucional contenida en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, esto es, al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Con fecha 30 de diciembre de 2022, la parte recurrida informa el recurso de protección, solicitando que se rechace el presente recurso con costas, señalando que la recurrente señala que habría comprado una propiedad, que para tal efecto habría contratado un crédito hipotecario con una entidad bancaria distinta al banco recurrido, y que ya habría realizado otros pagos, entre los cuales indica el corretaje, e incluso estaría haciendo uso de la propiedad su madre, habiendo realizado arreglos en el inmueble.

Después de estas aseveraciones, relata un hecho trascendente y de vital importancia para determinar la improcedencia del presente recurso, la escritura de compraventa no se encuentra firmada por todas las partes, ya que la recurrida no la ha suscrito por existir un reparo comercial, al ser la carta de resguardo con que se pagaría la deuda del vendedor y su cliente, insuficiente, y por lo tanto mientras no se asegure el pago que cubra el total de la deuda, no puede firmar consintiendo en el alzamiento de su Hipoteca y Prohibición de Enajenar.

Precisa que en tal condición, la recurrente no tiene un derecho de propiedad que pueda ser objeto del presente recurso, sino una mera expectativa de adquirir la propiedad materia del contrato, y no puede pretender por esta vía, obligar a la recurrida suscribir un contrato que no satisface su acreencia garantizada con la Hipoteca vigente sobre dicha propiedad.

Expuso que en cuanto al crédito hipotecario que refiere haber contratado con otra entidad bancaria y que ya estaría pagando, corresponde que dicha entidad responda por qué realiza el cobro si aún no adquiere la propiedad, no siendo cargo de su parte la relación contractual entre la recurrente y la entidad bancaria referida, y por qué realiza dichos cobros.

Agrega, que en estos casos el estudio de los títulos corresponde a la parte compradora, la escritura no fue gestionada por la recurrida, y solo se le han enviado los antecedentes a fin de que se apruebe el alzamiento requerido con el pago de la deuda, y atendido a que el pago que indica la carta de resguardo es insuficiente, no se ha autorizado dicha firma. Además esta parte ha tratado de contactar a su cliente y vendedor de la propiedad para resolver esta situación, a fin de que pueda autorizar la firma de la compraventa, pero ha sido imposible ubicarlo desde hace varios meses.

Finalmente, en cuanto al detalle de la deuda, es información resguardada bajo el secreto bancario, por lo que la recurrida no puede entregar dicha información sin la autorización del cliente. Añade que no existe ningún hecho o actuación arbitrario que justifique el presente recurso, el cual carece absolutamente de fundamento como se ha indicado.

Con fecha 8 de febrero de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 10 de febrero de 2022, se procedió a la vista de la causa, quedando la presente causa en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la negativa del Banco de Créditos e Inversiones a suscribir un contrato de compraventa celebrado entre el recurrente, como comprador y un tercero, como vendedor, en la cual dicho banco comparecía alzando su hipoteca y prohibición de enajenar que gravaba el crédito del vendedor, lo que le afectaría su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pidiendo que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la negativa del banco de terminar con el crédito hipotecario y firmar la escritura de compraventa definitiva.

QUINTO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, contrató con fecha 15 de mayo de 2017, un crédito hipotecario con el Banco de Créditos e Inversiones.

2.- Que, la propiedad inscrita a fojas 1925 vuelta N°1142, del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, a nombre del vendedor, don nombre reservado, se encuentra afecta a una inscripción de hipoteca de primer grado, en favor de Banco de Créditos e Inversiones.

3.- Que, con fecha 19 de noviembre de 2021, el Banco Sccotibank informa, por correo electrónico, ante consulta de nombre reservado, ejecutiva soporte post firma, que en cuanto a la operación hipotecaria, el banco de la parte vendedora, BCI, solicita que vendedor regularice saldo que no cubre crédito, para que ellos puedan firmar autorizando esta compraventa. Agregan que el vendedor debe comunicarse con su banco, para regularizar esta diferencia. Atento a respuesta del vendedor, para poder regularizar y avanzar con firma Banco BCI. Reparo Carta de resguardo (CDR) monto insuficiente UF 8.087 informado por alzante BCI.

4.- El día 6 de diciembre de 2021, doña nombre reservado. gestor inmobiliario del vendedor, señala a la recurrente que: “el vendedor fue informado a diario que debe acercarse a su Banco BCI a repactar o bien renegociar su deuda, pero hasta el momento no hay respuesta. También se informó a sus más cercanos familiares, pero pasan los días y no hay respuesta por su parte, esto tiene a todos angustiados. Hablé con el BCI me dijeron que debe sólo el cliente acercarse y ver si es que existe negociación. Me dijeron por email y personalmente, que a mi no me darán información porque es confidencial. Esto ya escapa de mis manos como corredora no veo cual es la forma para seguir avanzando.”.

SEXTO: Que, de acuerdo a los hechos precedentemente asentados, a juicio de estos sentenciadores, no se advierte el actuar ilegal o arbitrario del banco recurrido, consistente en la negativa de éste de finiquitar el crédito hipotecario que lo vincula con un tercero, don nombre reservado, vendedor de la propiedad que compra el recurrente, desde que aquella negativa aparece justificada por la circunstancia de que la carta de resguardo con que sería pagada la deuda sería insuficiente, ya que no cubriría el total de ésta, lo que se ajusta a derecho, por cuanto la hipoteca se alza o extingue junto con la obligación principal y ésta con el pago, de manera que mientras ello no ocurra el banco acreedor hipotecario se encuentra en su legítimo derecho de no alzar tal gravamen, todo de acuerdo con los artículos 1568 y 2434 del Código Civil.

Además, se debe advertir, por un lado, que la recurrente no es parte de aquél vínculo jurídico, por lo que mal éste podría obligar al banco a suscribir la escritura de compraventa, específicamente, la cláusula de alzamiento de hipoteca, como se deja entrever en su libelo recursivo y, de otro lado, la compraventa en cuestión, es un título traslaticio de dominio que genera obligaciones únicamente entre el vendedor, don nombre reservado y la compradora, doña nombre reservado, y no respecto del banco recurrido, el cual no es parte del referido contrato, de tal modo que un eventual perjuicio a su derecho de propiedad debe dirigirse contra quien corresponde y por la vía idónea para ello, que no es otro que un juicio de lato conocimiento, por cuanto un análisis más profundo de la cuestión de fondo planteada por el recurrente, deben ser discutidas en el procedimiento que corresponda ejerciendo las acciones ordinarias pertinentes a dicho fin.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en su número 24, cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Banco de Crédito e Inversiones S.A, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°: 388-2021.-