MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En Coyhaique, a diez de Septiembre del año dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 25 de Mayo del año 2019, comparece el abogado don Waldemar Alejandro Sanhueza Quiniyao, en representación de la Municipalidad de Coyhaique, Corporación de Derecho Público, nombre reservado número 69.240.300-2.-, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Dictamen número1.305, de fecha 24 de Abril del año 2019, emanado de la Contraloría Regional de Aysén, representado por su Contralor Regional, don Ricardo Hevia Kaluf, o por quien lo subrogue o reemplace, con domicilio en domicilio reservado, por afectarle el actuar de la recurrida, las garantías constitucionales previstas en el artículo 19, números 2, 3 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones que disponga “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, en términos que la recurrida respete el ordenamiento jurídico, declarando en definitiva que: Se declare ilegal y arbitrario el Dictamen N°1305 de fecha 24 de abril de 2019 emitido por el Contralor Regional de Aysén; se ordene a la recurrida dejar sin efecto el dictamen liberando al municipio de la instrucción indicada en el mismo dictamen; y se ordene a la recurrida abstenerse de seguir conociendo del asunto sometido al Juzgado de Letras del Trabajo.”, acompañando las documentación que relaciona en el segundo otrosí de su presentación.

Con fecha 30 de Mayo del año 2019, se declaró admisible el recurso de protección.

Con fecha 7 de Junio del año 2019, se hicieron parte, don nombre reservado, Director de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile, CONFEMUCH; don nombre reservado, Presidente de la Asociación de Funcionarios de Educación Municipal de Coyhaique, AFEMCO; doña nombre reservado, Presidenta de la Asociación de Funcionarios Auxiliares de Educación Municipal, AFAEM y doña nombre reservado, Presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias Municipales con Transferencia de Fondos de Coyhaique.

Con fecha 12 de Junio del año 2019, don nombre reservado, Contralor Regional de Aysén, evacua informe, acompañando los documentos que indica en su presentación.

Con fecha 14 de Junio del año 2019, se hace parte el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la recurrida.

Con fecha 22 de Junio del año 2019, se dictó la providencia, Autos en Relación.

Con fecha 27 de Junio del año 2019, se dictó medida para mejor resolver, la que se evacuó el 11 de Julio del año 2019, dándose cuenta de la misma, el día nueve de Septiembre del año 2019, por encontrarse sala habilitada al efecto.

A estrado, comparecen y alegan, por la recurrente, el abogado don Waldemar Sanhueza Quiniyao y el abogado don Marcelo Rodríguez Avilés, en representación de las asociaciones gremiales que se hicieron parte en el presente recurso, ya individualizados, ambos por el recurso y el abogado don Alejandro Castro Leiva, por la recurrida y en contra del recurso.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso de protección, el recurrente señala, que el Municipio de Coyhaique, a través de su Dirección de Educación, mantiene y es el empleador de los funcionarios Asistentes de la Educación, quienes se rigen por la Ley N° 19.464, norma que en su artículo 2, dispone que los Asistentes de la Educación podrán desarrollar funciones de carácter profesional, de paradocencia de nivel técnico y servicios auxiliares; que su artículo 4, dispone que el personal asistente de la educación se regirá por las disposiciones del Código del Trabajo como norma principal y que de manera subsidiaria les resultarán aplicables las disposiciones de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo de Empleados Municipales sólo en lo que respecta a permisos y licencias médicas, situación que ha sido confirmada por la propia Contraloría General de la República a través de diversos dictámenes, en especial, los N° 14.223 y 8.164 ambos de 2018, y en particular el Dictamen N° 90.277 de 13.11.2015, que reconoce el pago del bono de zonas extremas a los asistentes de la educación que se desempeñan en Jardines Infantiles VTF a propósito de la presentación que hiciera ese municipio.

Que, a contar del año 2009, la Municipalidad de Coyhaique comenzó a pagar cada trimestre a los Asistentes de la Educación, la denominada Asignación de Zona Extrema, establecida por el artículo 30 de la Ley N°20.313, norma que concedió a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible al personal asistente de la educación, que se desempeñe en los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas y en los establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980 y que laboren en las regiones, comuna y provincias que indica, y que posteriormente, para el año 2014, el inciso primero del artículo 29 de la Ley N° 20.717, dispuso que a contar del 1 de enero de 2014, las bonificaciones especiales que benefician a funcionarios que se desempeñen en zonas extremas del país, entre otras, la mencionada asignación establecida en el artículo 30 de la Ley N° 20.313, tienen el carácter de imponibles para efectos de pensiones y salud, conforme al cronograma señalado en el inciso quinto de ese artículo, y de ese modo, al hacer esa asignación imponible y tributable, la ley contempló en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N°20.717, una bonificación compensatoria de la asignación de zona extrema para los funcionarios de planta y contrata.

Indica que, ante la referida modificación legal, el Municipio de Coyhaique, al igual que los demás ayuntamientos de zonas extremas, comenzó a pagar el bono compensatorio a los asistentes de la educación, en el entendido que al ser beneficiarios del bono de zonas extremas les correspondía igualmente la bonificación compensatoria, y de hecho, desde el año 2014 a la fecha, el Municipio de Coyhaique no ha tenido observación ni reparo alguno de parte de la Contraloría Regional de Aysén ni de la Superintendencia de Educación, respecto a la procedencia del pago de bono compensatorio a los asistentes de educación, y de las diversas auditorias que efectúa la Contraloría tampoco ha existido observación alguna sobre esta materia, agregando que en el mes de Junio de 2018, el Municipio de Coyhaique, tomó conocimiento del Dictamen N° 32.378, de septiembre de 2017, de la Contraloría General, a través del cual se estableció la improcedencia del pago del bono compensatorio del artículo 29 de la Ley N° 20.717 a los asistentes de la educación, atendido que no tienen la calidad de planta o contrata, sino que trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y que ante ello se adoptó la decisión de cesar en el pago del bono compensatorio en favor de los Asistentes de la Educación, a partir del mes de junio de 2018, ajustándose a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría.

Hace presente, que el origen del Dictamen N°32.378, surge a consecuencia de una presentación formulada a la Contraloría por la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de la comuna de Hualaihué, provincia de Palena, que resolvió que: “Así las cosas, atendido que los asistentes de la educación del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Hualaihué se encuentran afectos al Código del Trabajo no cumplen con los requisitos para acceder al pago de la bonificación compensatoria de que se trata. En consecuencia, y atendido el tenor literal de la norma de derecho público precitada, solo cabe concluir que la suspensión por parte de la Municipalidad de Hualaihué del pago de la bonificación compensatoria establecida en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 20.717, a los asistentes de la educación dependientes de esa entidad edilicia se encuentra ajustada a derecho.”, y que, en definitiva, la Contraloría General de la República, resuelve que, aun cuando los Asistentes de la Educación son beneficiarios de la Asignación de Zona Extrema, el bono compensatorio no está contemplado para ellos, atendido el tenor literal de la norma modificatoria, ya que el estatuto jurídico que les rige es el Código del Trabajo.

Que, sobre el alcance del citado dictamen que sirve de base al acto materia del recurso, indica que existen dudas sobre su real eficacia legal, atendido que la única razón de exclusión de los asistentes de la educación al bono compensatorio se funda en la circunstancia de la redacción del inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 20.717, al hablar de personal de planta o contrata, sin embargo, se debe considerar que dicho bono compensatorio está íntimamente ligado al otorgamiento del bono de zonas extremas, por lo que una interpretación integrada permitiría sostener la procedencia de su pago, remitiéndose a la historia de la referida ley, agregando que la discusión en sala respecto del otorgamiento del bono compensatorio no se refería a los asistentes de la educación, sino que a otro tipo de funcionarios públicos, por lo que habiendo recurrido a la hermenéutica civil del artículo 19 del Código Civil, el cual permite al intérprete recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento, se podría haber clarificado el verdadero alcance de la redacción del citado artículo y no haber privado de tal beneficio a los trabajadores y, por otra parte, el dictamen de la Contraloría no aplica principio alguno del derecho del trabajo, no obstante haber definido el mismo órgano de control que los asistentes de la educación se rigen por el Código del Trabajo, resultando paradójico que por una parte señale que el estatuto jurídico de los asistentes de la educación sea el Código del Trabajo y que por otra parte, cuando se trata de definir la procedencia de un beneficio no recurra a ninguno de los principios protectores de los trabajadores a fin de resguardar sus derechos, sino que los priva de un legítimo derecho basado en principios propios del derecho administrativo.

Como hechos, refiere que como consecuencia de la decisión adoptada por el Municipio de Coyhaique, en Junio de 2018, de no seguir pagando el bono compensatorio, con fecha 28 de septiembre de 2018, 356 funcionarios Asistentes de la Educación interpusieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, Demanda de Declaración de nombre reservado y cobro de prestaciones laborales, en contra de la Municipalidad de Coyhaique, la cual abrió causa Rol 0-64-2018 en dicho Tribunal, libelo que se sustenta en lo medular en la doctrina y jurisprudencia laboral, toda vez que alega la existencia de una nombre reservado en los contratos de trabajo, sustentada en la teoría de la voluntad, el carácter consensual del contrato de trabajo y el principio de primacía de la realidad, fundándose además, en la reiteración en el tiempo de una determinada conducta, que consiste en el otorgamiento de beneficios, y también se sustenta en la inexistencia de formalidades para entender que hay una nombre reservado en favor de los trabajadores.

Agrega, que las partes arribaron a un acuerdo que fue sometido en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades al acuerdo del Honorable Concejo Municipal, y en Sesión Extraordinaria N°18, celebrada el día 29 de Octubre de 2018, se adoptó el Acuerdo N° 553 del H. Concejo Municipal, a través del cual se aprobó la citada transacción, que fue promulgado por Decreto Alcaldicio N°6042 de fecha 31 de octubre de 2018, y se autorizó al abogado Waldemar Sanhueza Quiniyao a firmar y suscribir los escritos de avenimiento ante los tribunales respectivos, quedando facultado para fijar las demás condiciones necesarias para dar cumplimiento al acuerdo, avenimiento que fue sometido al conocimiento del Sr. Juez del Trabajo con fecha 07 de Noviembre de 2018 y aprobado mediante resolución judicial de fecha 08 de noviembre de 2018, y que el pago se autorizó mediante Decreto Alcaldicio N° 650, de fecha 29 de enero de 2019, y la entrega del cheque a custodia del Tribunal se realizó el día 31 de enero de 2019.

Que, posteriormente, la Contraloría Regional de Aysén, a través de oficio N°3670, instruyó al municipio remitir todos los antecedentes relativos al avenimiento aprobado con fecha 08 de noviembre de 2018 en la causa referida, remitiéndose los respectivos antecedentes a través del Ord. N° 54, de fecha 08 de enero de 2019, y que luego, el órgano Contralor, a partir de lo informado por el municipio y los antecedentes adjuntos, emite el Dictamen N°1305, de 24 de abril de 2019, el cual posteriormente es notificado al municipio con fecha 25 de abril de 2019, citando y reproduciendo, el tenor literal del citado Dictamen y que, en definitiva, la Contraloría Regional de Aysén ha declarado ilegal el acuerdo alcanzado por las partes y que fue objeto de examen de legalidad por parte del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, fundada en que el avenimiento implica el reconocimiento de un derecho que carece de sustento legal, para luego ordenar a la Municipalidad de Coyhaique adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación descrita.

Expresa, que la Contraloría Regional de Aysén, al evacuar el Dictamen N°1305, de 24 de abril de 2019, comete un acto arbitrario e ilegal, toda vez que por un lado, declara la ilegalidad de un avenimiento alcanzado en sede jurisdiccional, cuyo examen de legalidad fue realizado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, y por otro, por ordenar al Municipio a “adoptar medidas para regularizar”, con lo cual está ordenando no acatar un avenimiento aprobado por el tribunal de justicia, que tiene fuerza de sentencia judicial, lo que resulta un mandato inaceptable e imposible de cumplir, atendido que en el fondo está ordenando al municipio el desacato de la sentencia, lo cual por cierto resulta evidentemente contrario a derecho, actuación del Ente Contralor que involucra un claro exceso en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, ya que si bien está facultado para realizar el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, no puede exceder sus facultades legales y constitucionales, como tampoco puede dejar de inhibirse de conocer los asuntos contenciosos, una vez radicados éstos en sede jurisdiccional, y que en el caso, la ilegalidad se produce al momento en que la Contraloría va en contra de su propia Ley Orgánica, ya que se excede en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, al declarar ilegal un acuerdo alcanzado en un asunto litigioso sometido al conocimiento de un ente jurisdiccional, correspondiendo al tribunal de justicia realizar el respectivo control de legalidad y, asimismo, excede sus facultades al ordenar al municipio tomar las medidas para regularizar la situación, lo que constituye evidentemente una ilegalidad, ya que estaría ordenando no cumplir una sentencia judicial e ir en contra de la ponderación de legalidad, ya realizada por el tribunal de justicia.

Manifiesta, que lo resuelto por la Contraloría Regional de Aysén no se ajusta a derecho, por cuanto al indicar que el avenimiento suscrito entre el municipio y los trabajadores demandantes no puede acordar el entero de beneficios económicos en situaciones no previstas por el ordenamiento jurídico o con prescindencia del cumplimiento de requisitos legales no resulta pertinente por lo que ya expuso en el apartado I del recurso, referido a la historia de la ley N° 20.717; porque el avenimiento no vulnera el principio de legalidad contenido en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por cuanto se da en el marco del ejercicio de una potestad reconocida expresamente en la LOC de Municipalidades; y en lo que respecta a que resulta improcedente invocar eventuales derechos adquiridos por parte de los trabajadores asistentes de la educación, indica que dicha alegación no fue parte del avenimiento ni se señaló al momento de informar a la Contraloría Regional, por lo que entiende es una apreciación que surge desde la propia Contraloría.

Que, comentario aparte merece la orden de la Contraloría en el sentido de que el Municipio de Coyhaique “deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación”, debiendo informar en un plazo de 30 días, ya que como lo indicó, la orden es jurídicamente imposible de cumplir, por cuanto al momento de aprobarse judicialmente el avenimiento, la resolución adquiere valor de sentencia definitiva y ejecutoriada para todos los efectos legales, por lo que no procede recurso alguno ni mucho menos se puede desconocer su cumplimiento y, en ese sentido resulta por lo menos curioso el razonamiento del Contralor Regional, puesto que si cataloga de ilegal el avenimiento, debería serlo también la resolución judicial que lo aprueba por vía consecuencial, de manera que aunque la Contraloría quisiera limitar su ámbito de competencia únicamente al avenimiento en sede administrativa, no puede desconocer que dicho acto produce efectos en sede judicial, donde el control de la legalidad queda entregado al conocimiento y resolución del Juez, y su parte entiende que si se cataloga de ilegal el avenimiento, lo es también la resolución judicial que lo aprobó, por lo que el reproche de ilegalidad efectuado por la Contraloría se escapa del ámbito de su competencia, vulnerando el principio de legalidad del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Luego, indica que corresponde recordar las facultades y competencias de la Contraloría General de la República que encuentra su fundamento y potestades públicas, a partir de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, así como de lo regulado en su Ley Orgánica N°10.336, disposiciones de las que se extrae que sus facultades son de fiscalización sobre los actos de la Administración del Estado, constituyéndose como uno de los entes encargados del denominado control externo de la Administración del Estado, encargado de velar por la legalidad de los actos de la administración y por llevar la contabilidad de la nación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6, inciso tercero, de la Ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, que reproduce, por lo que cuando se trata de un asunto litigioso, como el de la especie, en donde está en discusión la existencia de una nombre reservado en un contrato de trabajo, cuya doctrina y jurisprudencia laboral, extraída de la reflexión de los jueces del trabajo y del derecho laboral, por cierto, no coincidente necesariamente con la doctrina administrativista, no corresponde ser conocido y evaluado por la Contraloría, así como tampoco, no puede entrar a evaluar la legalidad de una acuerdo al que puedan alcanzar las partes en el marco de dicho litigio, para efectos de resolver la contienda, acuerdo que por cierto, su legalidad corresponde ser examinada por el sentenciador.

Expresa, que por otra parte, como buen ente del Estado, encargado de fiscalizar a los órganos de la Administración, el control debe ser realizado conforme al bloque de juridicidad, por lo que no puede la Contraloría olvidar el orden institucional y la separación de poderes del Estado y, en ese sentido, si la Contraloría se arroga facultades de las que carece, como es calificar la legalidad de un acuerdo suscrito en sede jurisdiccional, vulnera su propia ley orgánica y el principio de juridicidad, es más, aun cuando pueda no tratarse de un asunto litigioso comprendido en el artículo 6 de su Ley Orgánica, no puede menospreciar lo que el poder judicial resuelva, y debe inclinarse por la jurisprudencia, criterio y decisiones que dicho poder del Estado adopta, citando doctrina y jurisprudencia al respecto, y que, en definitiva, la Contraloría Regional de Aysén, ha incurrido en una abierta antijuridicidad al declarar ilegal un acuerdo o avenimiento suscrito entre litigantes ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, toda vez que la ponderación de la legalidad de dicho acuerdo, no le corresponde a la Contraloría sino al ente jurisdiccional y, asimismo, aun cuando dicha ponderación no le corresponde, si el ente Contralor no se encuentra en alguna situación en que deba inhibirse, le corresponde siempre inclinarse ante la jurisprudencia de los tribunales de justicia, como la Corte Suprema de Justicia ya lo ha zanjado en su jurisprudencia, no correspondiendo a la Contraloría mantener o sostener jurisprudencia administrativa contraria al criterio que adopte el ente judicial, por lo que queda claro que la Contraloría excede ostensiblemente sus facultades, transgrede su propia Ley Orgánica e incurre en una manifiesta ilegalidad.

Finalmente, expresa que la decisión de la Contraloría, al haber declarado ilegal el avenimiento suscrito en la causa, perturba, priva y amenaza los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República; el primero, de igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida tenía el deber de abstenerse de indagar en una materia que por su carácter litigioso, no podía ser conocido ni ponderado en su legalidad por el ente de control, y si bien, la Contraloría tiene facultades fiscalizadoras y puede ponderar la legalidad de los actos de la administración del Estado, no puede evaluar la legalidad de un acuerdo respecto de un asunto litigioso, cuyo examen de legalidad queda entregado al tribunal de justicia, y no cabe duda que el asunto materia del Dictamen N° 1305, está referido a la procedencia del pago del bono compensatorio a los asistentes de la educación, situación que los propios trabajadores sometieron al conocimiento y resolución del Juzgado del Trabajo de Coyhaique, en causa RIT O-64-2018, demanda que fue notificada al municipio con fecha 09.10.2018, por lo que la Litis fue trabada y, asimismo, aun cuando no se considere que se trata de un caso en que la Contraloría deba abstenerse de conocer, tiene el deber de inclinarse por la jurisprudencia judicial, es decir, por lo que decidan los tribunales de justicia y por los fallos de ésta, siendo evidente que al cuestionar la legalidad del acuerdo logrado en el avenimiento, está aplicando de forma desigual la ley en relación al examen de legalidad efectuado por el Tribunal y, adicionalmente, al ordenar al municipio en su dictamen a “regularizar” la situación, está aplicando la ley de una manera disímil y arbitrariamente desigual, toda vez que está instruyendo ir en contra de un equivalente jurisdiccional consistente en la resolución que aprueba el acuerdo alcanzado en un asunto litigioso por parte del Tribunal, lo que evidentemente es atentatorio al derecho fundamental de igualdad ante la ley, ya que obliga al municipio por una aplicación desigual de la ley, a atentar e ir en contra de una sentencia judicial que ya resolvió conforme a derecho.

El segundo, referido al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que en el presente caso se ve conculcado por el acto arbitrario e ilegal de la Contraloría General de la República, al declarar ilegal el avenimiento aprobado, toda vez que la ponderación de la legalidad de dicho acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente al ente jurisdiccional, es decir, al Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, una vez que ha sido radicado su conocimiento ante dicho ente, citando jurisprudencia al respecto, y que si bien no se desconocen las facultades fiscalizadoras y de control de la Contraloría General de la República, este ente, no puede entrar a calificar un acuerdo de voluntades aprobado por un ente jurisdiccional, cuyo examen de legalidad ya fue efectuado por el Sr. Juez del Trabajo, ya que a todas luces en dicho caso excede sus potestades, por lo que se está constituyendo en comisión especial, al evaluar la legalidad o ilegalidad de un equivalente jurisdiccional, conducta que constituye abiertamente una vulneración del artículo 6 de la LOC N° 10.336, pero también del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República y por cierto del artículo 76 de la Carta Magna.

El tercero, referido al derecho de propiedad, ya que los trabajadores dependientes del municipio, han incorporado válidamente en su patrimonio, las prestaciones y bonificaciones precisadas en el avenimiento, por lo que su Dictamen al ordenar al municipio ir en contra de la sentencia judicial que aprueba el avenimiento, por lo menos se amenaza el derecho de propiedad de los asistentes de la educación respecto del bono compensatorio reconocido por el empleador.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, don nombre reservado, Contralor Regional de Aysén, pide se desestime, en todas sus partes, por los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la acción deducida, indicando que el oficio recurrido no ordenó ninguna medida específica respecto de la cual pudiera alegarse una eventual afectación de derechos constitucionales -ni imposibilidad material de cumplimiento- por cuanto no contiene instrucción alguna que afecte la validez del avenimiento, ni ha ordenado efectuar ninguna actuación específica respecto del mismo, limitándose a señalar que la Municipalidad de Coyhaique deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación descrita, informando de ello a esa Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del señalado oficio, por lo que no se advierte de qué manera el enunciado oficio N° 1.305, de 2019, adolecería de ilegalidad, toda vez que dicho acto se ha emitido de acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 51 y 52 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 5, 6 y 9 de la Ley N° 10.336; y la Resolución N° 1002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales; las que habilitan a esa Entidad Fiscalizadora -en cumplimiento de su obligación de velar por el respeto al ordenamiento jurídico- a emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, los que de conformidad con lo prescrito en los artículos 9 y 19 de la señalada Ley N° 10.336, son obligatorios para los órganos y servicios de la Administración sometidos a la fiscalización de esa Entidad de Control, como ocurre con los municipios.

Refiere, respecto de la naturaleza de la bonificación compensatoria prevista en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 20.717 y requisitos de procedencia, que el artículo 30 de la Ley N° 20.313, concedió, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial no imponible al personal asistente de la educación que se desempeñe en los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas y en los establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980 y que laboren en la Primera, Décimo Quinta, Segunda, Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones, así como en las Provincias de Palena, Chiloé e Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández, y que, a su turno, el inciso primero del artículo 29 de la Ley N° 20.717, establece que a contar del 1 de enero de 2014, las bonificaciones especiales que benefician a funcionarios que se desempeñen en zonas extremas del país, entre otras, la mencionada asignación establecida en el artículo 30 de la Ley N° 20.313, tienen el carácter de imponibles para efectos de pensiones y salud, conforme al cronograma señalado en el inciso quinto de ese artículo, y su inciso segundo, agrega, que los funcionarios de planta y a contrata que reciban las bonificaciones señaladas en el inciso anterior, tendrán derecho a una bonificación compensatoria no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que aquéllas estén afectas, cuyo monto será el que resulte de aplicar el correspondiente porcentaje de cotización sobre el valor de la bonificación especial correspondiente, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación de los funcionarios.

Agrega, que en base a la normativa citada y a solicitud del Presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la Municipalidad de Hualaihué, se emitió por parte de la Contraloría General de la República, el Dictamen N° 32.378, de 2017, en el que se hizo presente que el legislador, mediante el artículo 29 de la Ley N° 20.717, modificó entre otros estipendios, el previsto en el artículo 30 de la Ley N° 20.313, estableciendo su imponibilidad sólo respecto de los funcionarios públicos que las perciben, y que a su vez, concedió una bonificación compensatoria -que busca retribuir la deducción en las remuneraciones que dicha modificación implica-, aplicándola restrictivamente a “los funcionarios de planta y a contrata”, calidad que no revisten los asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, cuya relación laboral se rige por las normas del Código del Trabajo, por lo que no cumplen con los requisitos para acceder al pago de la bonificación compensatoria de que se trata, situación en la que igualmente se encuentran los servidores que se desempeñan como asistentes de la educación en los establecimientos educacionales dependientes de la Municipalidad de Coyhaique.

Manifiesta que, conforme a la información registrada en la Oficina Judicial Virtual, con fecha 28 de septiembre de 2018, se dio inicio a la causa RIT O-64-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, correspondiente a una demanda de declaración de nombre reservado que indica y cobro de prestaciones laborales interpuesta por 356 asistentes de la educación en contra de la Municipalidad de Coyhaique, la que fue tenida por interpuesta mediante resolución de 1 de octubre de 2018, citando a las partes a audiencia preparatoria para el día 14 de noviembre de la misma anualidad, siendo emplazado el municipio demandado el día 4 de octubre de 2018, advirtiéndose que prescindiendo de responder la demanda formulada, en sesión extraordinaria N° 18, de 31 de octubre de 2018, del Concejo de la Municipalidad de Coyhaique, el Director Jurídico de ese municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, letra i) de la Ley N° 18.695, requirió a ese órgano colegiado su acuerdo para que esa entidad edilicia pueda transigir judicialmente en la causa precedentemente singularizada en los términos contenidos en el documento denominado “Informe al Concejo Municipal N° 27/2018”, que básicamente corresponden a lo requerido por los demandantes, con la sola salvedad de que no se contempló el pago de reajustes e intereses por las cuotas de la bonificación de que se trata correspondientes al año 2018, ni el pago de las costas de la causa.

Que, luego, mediante el Decreto N° 6.042, de 31 de octubre de 2018, de la Municipalidad de Coyhaique, se promulga el Acuerdo N° 553 del Concejo Municipal, en el que se autoriza al Director Jurídico para que en representación del municipio suscriba el avenimiento ante el tribunal respectivo y, asimismo, consta que con fecha 7 de noviembre del mismo año, se ingresa a través de la Oficina Judicial Virtual un escrito conjunto, correspondiente al avenimiento alcanzado entre los demandantes y el municipio demandado, en que únicamente éste último asume obligaciones, que corresponde a: a) Reconocer la existencia y pago del bono compensatorio del artículo 29 de la Ley 20.717, desde el año 2014, el cual hizo extensivo el empleador a los asistentes de la educación demandantes, pertenecientes al sistema municipal de educación; b) Que los demandantes no deberán devolver o reintegrar las cifras percibidas entre marzo del año 2014 y marzo del año 2018, por concepto de bono compensatorio; y c) Que el bono compensatorio, correspondiente a los meses de junio, septiembre y diciembre de 2018, se pagarán en una sola cuota conforme al detalle señalado en el cuadro inserto en ese escrito y que significó por ese solo concepto el pago de la suma $55.559.483.-.

Que, precisado lo anterior, indica que según lo dispuesto en el mencionado artículo 65, letra i), de la Ley N° 18.695, las entidades edilicias cuentan con atribuciones expresas para transigir judicial y extrajudicialmente, requiriendo la máxima autoridad comunal al efecto el acuerdo del ya individualizado órgano colegiado, sin embargo, debe necesariamente ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2.446 del Código Civil, que prevé como uno de los elementos esenciales del contrato de transacción el que las partes se hagan mutuas concesiones y realicen sacrificios recíprocos, lo que no aconteció en la situación en estudio, citando y reproduciendo, en lo pertinente, jurisprudencia administrativa de esa Entidad de Control, contenida en los Dictámenes N° 55.335, de 2015, y 92.033, de 2016, y que conviene recordar que la máxima autoridad comunal se encuentra obligada a resguardar el patrimonio municipal y a respetar el principio de probidad administrativa que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios públicos y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan, atendido lo dispuesto en los artículos 3, inciso segundo, 5, inciso primero y 52 y 53 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que resulta improcedente la utilización por parte de los municipios de un avenimiento o cualquier equivalente jurisdiccional, como mecanismo destinado a solucionar eventuales diferencias de opinión que tengan respecto de la interpretación de las normas que efectúe ese Ente de Control en ejercicio de sus facultades, dado que ello implicaría menoscabar gravemente las facultades que la propia Constitución Política de la República ha concedido al Órgano Contralor, tal como lo resolvió el Dictamen N° 24.245, de 2014.

Indica que, en base a lo anterior, el oficio N° 1.305, de 2019, que se impugna, concluyó que no ha resultado procedente la suscripción del equivalente jurisdiccional reseñado, toda vez que dicha convención implica el reconocimiento de un derecho que carece de sustento legal, haciendo presente que la máxima autoridad del municipio reconoció públicamente, ante la prensa, que mediante una actuación consensuada previamente con sus funcionarios se hizo un uso instrumental de un procedimiento judicial -en el cual no habría existido un desacuerdo entre las partes cuya resolución se solicita al órgano jurisdiccional- para el solo efecto de inhabilitar al organismo que debe velar por la legalidad de sus actuaciones, precisamente con el objeto de, a través de la vía del avenimiento, llegar a acuerdos en contravención a lo resuelto por la Contraloría General de la República, lo que queda de manifiesto de la lectura de la nota de prensa publicada en el Diario Aysén, con fecha 4 de octubre de 2018, agregando que no corresponde considerar el oficio recurrido como arbitrario, toda vez que las conclusiones de ese acto administrativo no se derivan de un mero capricho o arbitrio, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación en análisis, la que dice relación con la suscripción de un acuerdo conciliatorio relativo a extensión de beneficios remuneratorios a servidores respecto de los cuales la normativa pertinente no los contempló como beneficiarios, y que constituye una interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte del Órgano de Control, y el hecho que el municipio recurrente no comparta la interpretación jurídica, producto de su natural posición de interesado, no torna en arbitrario el pronunciamiento que por esta vía pretende dejar sin efecto, toda vez que tal opinión está fundada en disposiciones legales vigentes y emana de un Organismo que tiene facultad legal para actuar administrativamente.

Respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, expresa que el actor no ha acreditado la existencia de las referidas diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por ese Órgano Fiscalizador, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia, razón por la que mal podría suponerse que al haberse pronunciado en contrario a sus pretensiones haya significado darle un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata, ya que la anotada desigualdad se generaría si se aplicara un criterio más ventajoso a los asistentes de la educación con desempeño en la Municipalidad de Coyhaique, respecto de la interpretación de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la Ley N° 20.717, que el que se ha dado a todos los demás asistentes de la educación que se han encontrado en la misma situación.

Manifiesta, que si bien se señaló como vulnerada la garantía del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en el cuerpo del recurso el actor argumenta que la vulneración de dicha garantía se habría materializado al declarar ilegal un avenimiento cuya juridicidad había sido previamente resuelta por un órgano jurisdiccional, afirmación que debe desestimarse en base a la argumentación contenida en el cuerpo del presente informe en relación a los términos en que fue aprobado el avenimiento de que se trata mediante la resolución de 8 de noviembre de 2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique y, a mayor abundamiento, el ámbito de acción del recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, sólo se limita a proteger el derecho a que nadie sea juzgado por comisiones especiales, por lo que en lo que a esta garantía se refiere, procede que la alegación efectuada sea rechazada, toda vez que esa Entidad Fiscalizadora, al emitir el oficio recurrido, no ha efectuado una labor de juzgamiento, ni menos ha actuado cómo una comisión especial, sino que sólo ha hecho uso de las potestades que la Constitución Política y su Ley Orgánica le confieren, interpretando y aplicando la normativa legal y la jurisprudencia administrativa vigentes sobre la materia.

Por último, indica que de modo alguno es posible considerar que la Municipalidad de Coyhaique haya visto afectado un eventual derecho de propiedad que reclama, por cuanto la discusión en ese sentido se acota a los asistentes de la educación que creen ser beneficiarios de la bonificación compensatoria, ya singularizada, y que para contar con esa protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie, ya que se funda el recurso, en lo que a esta garantía se refiere, en que los asistentes de la educación a cuyo nombre se suscribió el avenimiento con la Municipalidad de Coyhaique habrían incorporado a su patrimonio las prestaciones y bonificaciones contenidas en él, lo que no es efectivo, por cuanto del texto del propio avenimiento se advierte que es válido en todo aquello no contrario a derecho, y que para que un bien ingrese al patrimonio de una persona se deben satisfacer las condiciones que el ordenamiento jurídico prevé al efecto, esto es, en el caso analizado, encontrarse dentro de aquel grupo de funcionarios que el legislador contempló como beneficiarios de la bonificación compensatoria prevista en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N° 20.717 y, así, los referidos servidores al no cumplir con los requisitos legales para percibir tal estipendio, nunca tuvieron derecho a éste, por lo que no se aprecia de qué forma la actuación de esa Sede Regional, pudo privar, perturbar o amenazar el derecho de propiedad sobre un derecho inexistente.

Peticiones y fundamentos que reiteró en su alegato, el apoderado de la recurrida.

TERCERO: Que, de conformidad a los escritos principales de las partes, como de los antecedentes allegados por los intervinientes en esta acción constitucional, analizados de conformidad a las normas de la sana crítica, han de tenerse como hechos, los siguientes:

Que, el Municipio de Coyhaique a través de la Dirección de Educación Municipal, es la empleadora de los funcionarios Asistentes de la Educación, que se encuentran sujetos a la Ley 19.464, Código del Trabajo y subsidiariamente por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883.

Que, desde el año 2009, la Municipalidad de Coyhaique pagó en forma trimestral a los citados Asistentes de la Educación la asignación de zona extrema, del artículo 30, de la Ley 20.313.

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 20.717, en su artículo 29, inciso primero, a contar del primero de Enero del año 2014, hizo imponible dicha asignación, en tanto, el inciso segundo, del artículo y cuerpo legal citados, estableció una bonificación compensatoria de la asignación de zona extrema para los funcionarios de planta y contrata y el Municipio de Coyhaique, a contar de tal año, comenzó a pagar a los Asistentes de la Educación dicho bono compensatorio.

Que, por Dictamen número 32.378, de Septiembre del año 2017, la Contraloría General de la República determinó la improcedencia del bono compensatorio, de la asignación de zona extrema, del artículo 29, inciso segundo, de la Ley 20.717, para los Asistentes de la Educación ya que no se trata de funcionarios de planta o contrata sino que se encuentran regidos por el Código del Trabajo, Dictamen que se emitió por solicitud del Presidente de los Asistentes de la Educación de la Municipalidad de Hualaihué, de lo que, el Municipio de Coyhaique tomó conocimiento en el mes de Junio del año 2018, ajustando su actuar a la jurisprudencia administrativa y en consecuencia, dejó de pagar el citado bono compensatorio a los Asistentes de la Educación.

El 28 de Septiembre del año 2018, 356 funcionarios, Asistentes de la Educación Municipal de Coyhaique, interpusieron, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad, una demanda de declaración de nombre reservado y cobro de prestaciones laborales en contra de la Municipalidad de Coyhaique, antecedentes rolados con el número O-64-2018, demanda notificada el 9 de Octubre del año 2018. Las partes arribaron a acuerdo, antes de contestarse la demanda, avenimiento que se sometió a la aprobación del Concejo Municipal, el que con fecha 29 de Octubre del año 2018, aprobó la transacción judicial con los trabajadores, acuerdo que se promulgó por Decreto Alcaldicio número 6.042, del 31 de Octubre del año 2018, avenimiento que presentado al Juez de la causa, se aprobó por resolución judicial del 8 de Noviembre del año 2018, que reza: “por presentadas las bases de avenimiento, téngaselas por aprobadas en todo cuanto no fuere contrario a derecho. Valga la presente resolución como sentencia definitiva y ejecutoriada para todos los efectos legales.”, cuyo pago se autorizó por Decreto Alcaldicio número 650, del 29 de Enero del año 2019.

Que, asimismo, cabe consignar, como otro hecho de la causa, no desvirtuado por la recurrente, que con fecha 4 de Octubre del año 2018, don nombre reservado, Alcalde la Municipalidad de Coyhaique, realizó declaraciones al Diario de Aysén, el que cita textualmente sus dichos, respecto del avenimiento laboral consensuado con los trabajadores Asistentes de la Educación y en relación a la demanda laboral que éstos presentaran, de la siguiente manera: “es injusto que de un día para otro se les deje de pagar el bono a los trabajadores, pero nosotros actuamos en base a la instrucción de la Contraloría. Aquí hubo un pronunciamiento del ente contralor que nos obligó a cesar el pago de la compensación, por lo tanto, la única salida era la judicial.”. Agregando más adelante, que: “de alguna forma la Contraloría queda inhabilitada con esta acción, a la espera del pronunciamiento del tribunal correspondiente, donde nosotros nos allanamos a poder generar un acuerdo judicial o extra judicial, para pagar este bono compensatorio, creemos que es un derecho que les corresponde.”.

Que, en lo sustancial, el citado avenimiento: reconoce la existencia y pago del Bono Compensatorio del artículo 29, de la Ley 20.717, desde el año 2014, el cual hizo extensivo el empleador recurrente, a los asistentes de la educación demandantes, pertenecientes al sistema municipal de educación; que los trabajadores beneficiados no deberán devolver o reintegrar las cifras percibidas entre Marzo del año 2014 y Marzo del año 2018, por dicho concepto; Que el Bono Compensatorio de los meses de Junio, Septiembre y Diciembre del año 2018, se pagarán en una sola cuota, fijándose los valores por cada uno de los demandantes y finalmente, que dicho Bono Compensatorio se seguirá pagando en lo sucesivo en los mismos términos como se estaba pagando, en forma trimestral, otorgando, en definitiva, finiquito amplio y completa por los hechos de la demanda y que cada parte pagaría sus costas.

Sobre esta situación la Contraloría Regional de Aysén solicitó los antecedentes pertinentes al Municipio de Coyhaique y el 24 de Abril del año 2019, despachó el Oficio número 1.305, en contra del cual se recurre, que instruyó a la Municipalidad de Coyhaique para “adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación descrita informando de ello a la Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente oficio.”, toda vez que el ente contralor consideró que no resultaba procedente la celebración del citado avenimiento ya que dicha convención implicaba el reconocimiento de un derecho que carece de sustento legal.

CUARTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de los derechos y garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone, previo a que se determine la afectación de quien comparece, o de aquél a su nombre, como el titular del agravio, afectación, vulneración o amenaza.

SEXTO: Que, de la relación de los fundamentos descritos en lo motivos primero y segundo, como de los antecedentes allegados a esta causa, se tilda como arbitrario e ilegal el oficio número 1.305, del 24 de Abril del año 2019, de la Contraloría Regional de Aysén, informe que, refiere al avenimiento celebrado por el Municipio de Coyhaique con los trabajadores Asistentes de la Educación, señalando que “dicha convención implica el reconocimiento de un derecho que carece de sustento legal –aplica dictamen N° 55.225, de 2011, de la Contraloría General de la República-, por lo que la Municipalidad de Coyhaique deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación descrita informando de ello a esta Contraloría en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.”.

Por su parte, dicho oficio se basa en el Dictamen N° 32.378, del año 2017 de la Contraloría General de la República, en orden a que tales trabajadores, los Asistentes de la Educación, no cumplen los requisitos para acceder al pago de la bonificación compensatoria, del inciso segundo del artículo 29, de la Ley 20.717, en base a los razonamientos que allí se consignaron y que aluden al análisis jurídico de la situación que estableció la ley mencionada, concluyendo que tal bono beneficia a empleados públicos de planta o contrata, cuyo no es el caso de los Asistentes de la Educación, como también la referencia a demás dispositiva legal y Jurisprudencia Administrativa relativa a la situación de autos, para terminar concluyendo con lo ya transcrito precedentemente, esto es, la adopción de parte de la Municipalidad de Coyhaique de las medidas pertinentes para regularizar la situación, debiendo informar a la Contraloría Regional en el plazo de 30 días.

SÉPTIMO: Que, el acto administrativo impugnado, Oficio número 1.305, del 24 de Abril del año 2019, de la Contraloría Regional de Aysén, que dispone instrucciones a la Municipalidad de Coyhaique, respecto de una determinada situación administrativa, lo fue en el ejercicio de la potestad legal de la recurrida, que nace de las normas derivadas de los artículos 98 y 99, de la Constitución Política de la República; 51 y 52, de la Ley Orgánica de Municipalidades; 5, 6, 9 y 19, de la Ley 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Resolución número 1.002, del año 2011, relativa a las atribuciones de las Contralorías Regionales, son antecedentes normativos y legales más que suficientes como para estimar y decidir que el citado oficio impugnado por la recurrente, no es un acto o acción ilegal.

Asimismo, atendidos los fundamentos del citado Oficio impugnado, que se basan en Dictamen número 32.378, del año 2017, de la Contraloría General de la República, que evacuó consulta directa del Presidente de la Asociación de los Asistentes de la Educación, dependientes de la Municipalidad de Hualaihué, dictamen que se explayó abundantemente en el análisis de la norma cuestionada, dictamen que no es objeto del presente recurso y que el Oficio cuestionado, no hace sino reproducir en sus razonamientos, el mismo, se presenta como un acto administrativo suficientemente fundado y motivado derivado de las facultades que le son propias al ente contralor y en cumplimiento a las directrices ya definidas por su superioridad administrativa, todo lo cual deviene en que el actuar de la recurrida no ha sido, tampoco, arbitrario.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe puntualizar, además, que el recurrente, la Municipalidad de Coyhaique, alega afectación de las garantías contenidas en los números 2, 3 y 24, todos del artículo 19, de la Constitución Política de la República, sin embargo, en parte alguna de su recurso explicita, pormenorizadamente, cómo se habría producido una amenaza o perturbación al derecho o garantía indicados; no se ha acreditado ni se desprende del recurso, cómo se ha infringido la igualdad jurídica, o de que la recurrida, con la dictación de la resolución que en definitiva se impugna, se haya constituido en comisión especial y mucho menos que se le haya vulnerado su derecho de propiedad, toda vez que recurre por sí y para sí, e indica expresamente que el derecho de propiedad afectado es el de los trabajadores Asistentes de la Educación, circunstancias que dan mérito para rechazar la acción cautelar intentada, toda vez que no se observan distinciones arbitrarias, injustas o ilegales, o infracciones al debido proceso que afectan o afectarían, el actuar del señor Alcalde recurrente, sino que se aprecia el hecho que se dice perturbatorio, en la aplicación de la ley, de parte de la recurrida y en el legítimo ejercicio de su competencia y con observancia a un marco jurídico aplicable a todos aquellos que se encuentran en la situación que se reseñan en el oficio impugnado y en su precedente administrativo, Dictamen número 32.378, del año 2017, de la Contraloría General de la República y que constituiría, en realidad, el verdadero acto interpretativo del que nacería la impropiedad de cancelar a los trabajadores Asistentes de la Educación Municipales, el bono compensatorio previsto en el inciso segundo, del artículo 29, de la Ley 20.717.

NOVENO: Que, de otra parte, la infracción a la garantía del número 2, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, el recurrente la hace consistir en cuanto el recurrido “tenía el deber de abstenerse de indagar en una materia que por su carácter litigioso, no podía ser conocido ni ponderado en su legalidad por el ente de control. Si bien la contraloría tiene facultades fiscalizadoras y puede ponderar la legalidad de los actos de la administración del estado, no puede evaluar la legalidad de un acuerdo de un asunto litigioso, cuyo examen de legalidad queda entregado al tribunal de justicia.”(SIC).

Por su parte, en cuanto dice el recurrente, se ha infringido la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, dado que la Contraloría Regional ha declarado ilegal el avenimiento aprobado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, ya que la legalidad del mismo corresponde exclusivamente al ente jurisdiccional y que no podría entrar la recurrida, a calificar un acuerdo de voluntades, cuyo examen de legalidad ya fue efectuado por el Sr. Juez del Trabajo, ya que a todas luces en dicho caso excede sus potestades, por lo que se estaría constituyendo en una comisión especial, al evaluar la legalidad o ilegalidad de un equivalente jurisdiccional.

Finalmente, en lo que dice relación con la eventual vulneración del derecho de propiedad del número 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, sostuvo que ella se infringe en tanto los trabajadores dependientes del municipio, han incorporado válidamente en su patrimonio, las prestaciones y bonificaciones precisadas en el avenimiento por lo que el dictamen de la Contraloría Regional, al ordenar al municipio ir en contra de la sentencia judicial que aprueba el avenimiento, por lo menos, amenaza el derecho de propiedad de los asistentes de la educación respecto del bono compensatorio reconocido por el empleador.

DÉCIMO: Que, cabe recordar, como ya se dio por establecido y asentado precedentemente, que, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, en el Rol Interno, número O-64-2018, frente a la presentación de un avenimiento por las partes del juicio, lo tuvo por aprobado, en todo aquello en que no fuere contrario a derecho. Dicho avenimiento, según los antecedentes de autos, se presentó luego de que la notificación de la demanda fuere realizada, de manera que no se llevó a cabo un juicio propiamente tal, puesto que la demanda no fue contestada ni se realizaron los demás trámites de rigor que permitieran, en suma, al Juez del Trabajo, analizar la prueba rendida y conforme a ella, debidamente ponderada de acuerdo a la ley, establecer los hechos y conforme al derecho vigente, dictar la resolución que en derecho procediere; por el contrario, la demanda presentada por los Asistentes de la Educación Municipal de Coyhaique, que derivó en la iniciación de un juicio, terminó de una manera especial en la que al Juez, sólo le cupo prestar su aprobación sin mayor análisis de la legitimidad y concurrencia de los requisitos de la misma, con la salvedad de que, si bien la aprobación de esta forma extraordinaria de terminación del juicio, vía avenimiento entre las partes, fue aprobado en todo aquello en que no fuere contrario a derecho.

A lo expuesto, no puede ni debe dejar de considerarse lo declarado por la máxima autoridad y representante de la Municipalidad de Coyhaique, vertidas a la prensa el día 4 de Octubre del año 2018, no desvirtuadas ni negadas por ella, en orden a la intencionalidad que revestía el avenimiento que se presentó y que en definitiva se aprobó por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, en circunstancias de que, al menos formalmente y con las solemnidades de rigor, la demanda aún no se había notificado, sin embargo la autoridad edilicia ya manifestaba, no sólo la intención de soslayar la interpretación de la Contraloría General de la República, sino que, directa y explícitamente, compartía el pago del controvertido bono compensatorio a los demandantes, estimando que la vía usada, judicial, se justificaba para inhabilitar al ente contralor. Todo ello, además, en un contexto de la información de prensa que da a entender un previo acuerdo o consenso entre demandantes y demandado en orden a la vía a seguir y con un determinado propósito: soslayar el Dictamen número 32.378, del año 2017, de la Contraloría General de la República, que fue el que determinó que el citado bono compensatorio del inciso segundo del artículo 29, de la Ley 20.717, no es aplicable a los trabajadores Asistentes de la Educación Municipal.

UNDÉCIMO: Que, expuesto lo anterior y en relación a las presuntas garantías y derechos vulnerados, acerca del numeral 24, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, ella no tiene asidero ni fundamento alguno, en lo que respecta a la recurrente de la presente acción constitucional, toda vez que su derecho de propiedad no se ha visto amenazado, perturbado o infringido de manera alguna comprobable en estos autos, máxime si dicha garantía dice relación con terceros que si bien se hicieron parte, por presentación de fecha 7 de Junio del año 2019, sólo solicitaron esa precisa circunstancia, de que se les tuviera como parte, más nada solicitaron, de manera que se observa una evidente falta de legitimación activa al respecto, lo que, unido a lo expresado, lleva a la unívoca conclusión de que el recurso, por esta causal, ha de ser rechazado, tanto por falta de fundamento formal, cuanto por su improcedencia en lo sustantivo.

DUODÉCIMO: Que, en relación a las causales fundadas en los números 2 y 3, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, basándose, ambas, en las mismas circunstancias, esto es, de una presunta intromisión de la Contraloría Regional de Aysén, en las labores jurisdiccionales de un Tribunal de Justicia de la República, en cuanto aquélla habría declarado la “ilegalidad”, de una resolución judicial, ello, carece de sustrato fáctico, en cuanto el oficio impugnado no declaró ninguna ilegalidad de una sentencia; se limitó a hacer presente la ilegalidad del actuar de la Municipalidad recurrente, en orden a insistir en cancelar un beneficio a determinadores trabajadores de su dependencia que, de acuerdo a la ley y a sus propios antecedentes administrativos, no son procedentes y que de ninguna manera alteran lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, ya que éste aprobó un avenimiento en todo aquello que no fuere contrario a derecho y respecto de este aserto nada se acreditó que hubiere infringido la recurrida, la que, además, sólo instó a la recurrente para que adoptara las “medidas pertinentes para regularizar la situación descrita”, debiendo informar de ello en un determinado plazo.

Que, en consecuencia, lo actuado por la Contraloría Regional de Aysén, en el oficio impugnado, número 1.305, que se fundamentó en lo razonado y establecido en el Dictamen de la Contraloría General de la República, número 32.378, del 5 de Septiembre del año 2017, que describe, analiza e interpreta el inciso segundo, del artículo 29, de la Ley 20.717, cuyos razonamientos y fundamentos se contienen en uno y otro, que hacen innecesario e inútil el reproducir, tanto la norma en comento, cuanto aquellas en que el referido Dictamen de la Contraloría General se basó, no cabe sino declarar, como se hará, que el presente recurso de protección habrá de ser rechazado.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el citado Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA QUE:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Waldemar Alejandro Sanhueza Quiniyao, en representación de la Municipalidad de Coyhaique, en contra de la Contraloría Regional de Aysén, representada por don Ricardo Hevia Kaluf.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 378-2019.- - 1 -