nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

En Coyhaique, a diecisiete de Julio del año dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 372-2019, con fecha veintidós de Mayo del año dos mil diecinueve, comparece don Carlos Flores Olivares, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, funcionario público, para estos efectos de su mismo domicilio, quien de conformidad a lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación Familiar Los Andes, CCAF LOS ANDES, representada por don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que el actuar del recurrido es ilegal, ya que informó y solicitó por la vía administrativa a su empleador, el requerimiento de un descuento de sus remuneraciones, por la suma de $88.566.- (ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos), con lo que le ha vulnerado su derecho de propiedad que ampara el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1.- Se ordena a la recurrida que cese en forma inmediata de informar y requerir al empleador de mi representado el descuento de sus remuneraciones por el concepto indicado. 2.- Que se deje sin efecto el descuento en la remuneración de mi representado correspondiente al mes de abril de 2019, por un monto de $88.566.- 3.- Que se restituya a mi representado la suma de $531.396, correspondientes a los descuentos de $88.566.- mensuales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero, febrero y marzo de 2019. 4.- Que se adopten de inmediato las providencias indicadas o aquellas que esta Ilustrísima Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho o asegurar la debida protección de mi representado. 5.- Que se condene en costas a la recurrida.”.

Acompañó la documentación que indicó en el primer otrosí.

Con fecha tres de Junio de dos mil diecinueve, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha catorce de Junio del año dos mil diecinueve, el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, al evacuar el informe requerido, solicita su rechazo por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada, acompañando la documentación que relaciona en el segundo otrosí de su informe.

Con fecha diecinueve de Junio del año dos mil diecinueve, se ordenó a la Caja de Compensación La Araucana, oficina Coyhaique, a fin de que informara respecto de los antecedentes relacionados al descuento practicado al recurrente.

Con fecha tres de Julio del año dos mil diecinueve, se agregó la información solicitada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, oficina Coyhaique.

Con fecha nueve de Julio del año dos mil diecinueve, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, fijada para el día once de Julio del año dos mil diecinueve, no concurrieron letrados para alegar.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, fundamentando su recurso, expone, que el día 24 de abril de 2019, su representado, al revisar su liquidación de remuneraciones, se percató que aparecía un descuento por un crédito cuyo acreedor es la Caja de Compensación Los Andes, por un monto de $88.566.- (ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos), situación que, revisando sus liquidaciones anteriores, también ocurrió desde octubre de 2018 a la fecha, agregando que la recurrida informó al empleador de su representado, Ministerio de Obras Públicas, en forma arbitraria e ilegal que se le descontara la suma en comento, ya que éste no mantiene deudas con la institución que se reputa acreedora, cobro que le perturba su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones como funcionario público del Ministerio de Obras Públicas, ya que él no es deudor de la Caja de Compensación Los Andes y jamás ha tenido algún tipo de cobranza judicial con el supuesto acreedor; que sólo por resolución judicial se puede embargar o retener remuneraciones y que, además, la ley señala que las remuneraciones de los funcionarios públicos son inembargables por créditos comerciales, por lo que recurre de protección para que cese la indebida cobranza, que perjudica el derecho de propiedad de su representado.

En cuanto al derecho, expresa que no existe ningún vínculo contractual, pagaré o cualquier otro título que señale alguna obligación crediticia de su representado con Caja Los Andes, que no es deudor actual por suma alguna con el supuesto acreedor, el que por vía de hecho está descontando actualmente una suma de dinero que se supone representa una deuda actual y exigible, en circunstancias de que no lo es.

Señala, seguidamente, que el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que: “No son embargables, los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades. La excepción la contempla la misma norma tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente y, así las cosas, tampoco los acreedores están facultados para embargar parte de las remuneraciones de los funcionarios públicos, salvo el caso que la misma disposición señala, por lo que los derechos constitucionales de su representado se le han privado, afectado y amenazado, agregando que el acto recurrido es ilegal porque vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, y arbitrario, porque no existe ninguna deuda pendiente con la recurrida y tampoco los acreedores están autorizados para embargar los sueldos que paga el Estado, ni para actuar en contra de derecho.

SEGUNDO: Que, el abogado don Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, evacuando el informe, expresa que según la base de datos Institucional, el recurrente presenta cotizaciones como afiliado trabajador por el Ministerio de Obras Públicas, y a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado Proyecto Intercajas, la Caja de Compensación La Araucana, les ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración de don nombre reservado, por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución, por la suma de $88.566, y que en ese contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social correspondiente a los meses de octubre de 2018 a abril de 2019, su representada informó al empleador del recurrente los descuentos mensuales por la suma de $88.566, y que su representada ha procedido al cobro de cuotas en calidad de mandataria de La Araucana C.C.A.F y no posee mayor información del crédito otorgado al recurrente, antecedentes que deberán ser aportados por dicha Caja.

Manifiesta, que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco "Proyecto Intercajas". Que las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente, contrato en que además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley 18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al artículo 1 de la Ley 18.833.

Refiere, que conforme a la cláusula Cuarta del convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G. y como delegada de ésta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido, y que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos del proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F., de Chile A.G., información que corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Que, lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N° 2714, 2743 y 2839, de la Superintendencia de Seguridad Social, archivos que son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F., información que constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos, por lo que en el contexto normativo descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833.

Indica, que a la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato, agregando que el pago de esta cuota de crédito social descontada al recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación y, en el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil, en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal, y que teniendo en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación a los descuentos reclamados por el recurrente, solicita el rechazo del recurso de protección intentado por no existir acto ilegal o arbitrario TERCERO: Que, comparece doña Yasna Vukic Zalaquett, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien evacuando la información requerida, indica que, conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los regímenes legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, citando y reproduciendo, en lo pertinente, el artículo 29 de la citada ley; el artículo 2 letra B de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; los artículo N°7 y 22 de la Ley N°18.833, este último en concordancia con el artículo 11 inciso 1 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y con el artículo 22 inciso 1 de la Ley N°17.322, normas que, en resumen, describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de éste de remesar dicho descuento a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, descrito.

Indica, que con fecha 02 de junio de 2008, se otorgó al afiliado Sr. nombre reservado, el crédito social folio N°002-0011669795, por la suma de $2.489.016 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una por $88.556 pesos, obligación que pagó desde la cuota N°1 a la N°4, mediante descuentos en su remuneración por su empleador Diseño Gráfico Raúl Ramírez e Hijos Limitada, RUT N°RUT reservado, y posteriormente, atendido que no se recibieron más remesas para el pago del crédito social adquirido, se empezó a informar de las cuotas adeudadas en el sistema Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, hasta que en el mes de octubre de 2018, es posible ubicarlo por encontrarse trabajando en una entidad afiliada a la C.C.A.F. Los Andes, procediendo en consecuencia La Araucana C.C.A.F., a enviar las nóminas a la C.C.A.F. Los Andes, para que dicha Caja, en su calidad de diputada en el pago, remitiera a su actual empleador el monto a descontar por la cuota del crédito otorgado, lo que aconteció a partir del mes de octubre de 2018.

Expresa, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que -de acuerdo al artículo 22 inciso 1 de la Ley N°18.833, artículo 11 inciso 1 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 inciso 1 de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, y que en cuanto al descuento en su remuneración, esta tiene su origen no en un crédito comercial, como lo indica el recurrente, sino en un crédito social, contraído con la C.C.A.F. La Araucana, el que era de su pleno conocimiento, más aún si en el pagaré suscrito por éste, se señala: “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuentos por planilla de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual empleador y futuros empleadores para realizar”.

Que, en consecuencia, malamente pudo su representada, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, han obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, menos aún un embargo, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, atendido que el descuento por planilla de lo adeudado por concepto de crédito social de un trabajador, es una forma especial de pago establecida en la ley, por lo que no puede ser modificada por la voluntad unilateral de una de las partes y que, a mayor abundamiento, el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, es aplicable a los procedimientos ejecutivos, cuestión que escapa del ámbito del recurso de protección y de la normativa indicada precedentemente, al no haberse iniciado un procedimiento ejecutivo respecto del recurrente, agregando que el recurso de protección, conforme ha sido establecido por la doctrina y jurisprudencia es una herramienta que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho ante un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace una Garantía Constitucional, contexto fáctico que en este caso no se ha dado en absoluto, puesto que en todo momento tanto su representada como la C.C.A.F. Los Andes, han actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentran investidas, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, por lo que el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, es validado por jurisprudencia administrativa que cita, que sirve para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma que también es validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011, por lo cual su representada ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia y, finalmente, respecto a la orden de no innovar decretada, las nóminas de descuento en remuneraciones son informadas por sistema los últimos días del mes anterior a aquél en que se hacen efectivas dichas retenciones, de modo que a la fecha en que su parte tomó conocimiento de la orden de no innovar decretada, esto es, el 20 de junio del año en curso, los descuentos para las remuneraciones de dicho mes, ya habían sido informadas, resultando imposible a esa institución detener un descuento realizado, por reitero las planillas corresponden a nóminas masivas que contienen a todos los trabajadores a los que se les debe aplicar el descuento y estas son notificadas a las respectivas entidades empleadoras los últimos días del mes anterior al del descuento.

CUARTO: Que, para resolver el recurso de protección planteado, es previo señalar que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de un actuar o una omisión que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, apreciados los antecedentes de autos, acompañados por el recurrente y demás involucrados en la presente causa, conforme a las normas de la sana crítica, han de tenerse como hechos, los siguientes:

Que, al recurrente, con fecha 2 de Junio del año 2008, la Caja de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), La Araucana, le otorgó un crédito social por la suma de $2.489.016.-, pactado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $88.556.-, cada una, el que el recurrente canceló hasta la cuota número 4, por lo que dicha caja, comenzó a informar al sistema Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar (contrato de mandato y de prestación de servicios que tiene por objeto que la caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas y que permite que la caja a la que se incorporó el deudor proceda a la recaudación de lo adeudado), de manera que la actual Caja de Compensación de Asignación Familiar, Los Andes, a la que se encuentra afiliado el recurrente, comenzó, a partir del mes de Octubre del año 2018, esto es, luego de diez años transcurridos a partir de que se dejó de cancelar el crédito, a recaudar dichas sumas de la remuneración del titular de la acción de protección, por el citado monto mensual de $88.556.-, mensuales.

SEXTO: Que, en efecto, como quedó establecido, se pretende el cobro y recaudación de una obligación en dinero que se encontraría aparentemente prescrita, en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, la que se refiere sólo a las deudas actualmente exigibles ya que el objeto de dicha norma es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras del cobro de sus acreencias, pero no transforma tales obligaciones en imprescriptibles ya que no se establece ello expresamente, debiendo, en consecuencia, regir las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

SÉPTIMO: Que, de otra parte, no menos importante y como a cuyo respecto este Tribunal ya lo ha determinado, el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y el artículo 58, del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una posible deuda haya sido contraída con mucha antigüedad en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio contra los deudores en sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie y sin que se hayan dilucidado previamente las circunstancias de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer.

OCTAVO: Que, lo expuesto se ratifica con lo resuelto por nuestro más alto Tribunal, que ha razonado al respecto que: “en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando que alcanzaron a transcurrir prácticamente cinco años [en el caso sub lite, diez años], sin que se hubieran llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir de pago a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.”. (Excma. Corte Suprema, Rol 1215-2018).

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose constatado una serie de actos arbitrarios de la recurrida, ha de concluirse, necesariamente, con que tales actos vulneraron, vulneran y amenazan el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, privándole de beneficios económicos, derecho que se encuentra amparado y protegido por el número 24, de la Constitución Política de la República, de lo que se colige que el recurrente debe ser amparado y su recurso acogido en la forma que se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su texto refundido en el Acta Número 94-2015, SE DECLARA QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Carlos Flores Olivares, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada para estos efectos por don nombre reservado y se ordena el cese inmediato de la información y requerimiento al empleador del recurrente, del descuento de sus remuneraciones por concepto del crédito social, otorgado el 2 de Junio del año 2008 por la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana y cuya recaudación llevó a cabo la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, ordenándose, además, se restituyan o devuelvan al recurrente todas las sumas mensuales que se efectuaron de su remuneración a partir del mes de Octubre del año 2018 y hasta la última de ellas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 372-2019.-