Protección contra Ilustre Municipalidad de Coyhaique

Coyhaique, a quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 25 de enero del año 2025, nombre reservado, técnico profesional de administración de empresas, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada legalmente por don Carlos Patricio Gatica Villegas o por quien en derecho lo subrogue, represente o haga las veces de tal, con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrata para el año 2025, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 4661, de fecha 28 de noviembre de 2024 y en el Decreto Alcaldicio N° 5097 de fecha 27 de diciembre de 2024, todo lo cual vulnera, priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva: “1. Que se deja sin efecto la decisión de no renovar la contrata para el año 2025, contenido en el Decreto Alcaldicio N° 4661, de fecha 28 de noviembre de 2024 y confirmada por el Decreto Alcaldicio N° 5097 de fecha 27 de diciembre de 2024 que rechazó mi recurso de reposición, sin perjuicio de otras medidas de protección que S.S.I., estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida. 2. Ordenar que la recurrente sea reincorporada de inmediato a sus funciones, disponiendo la prórroga de sus designaciones a contrata por todo el año 2025. 3. Ordenar el pago de las remuneraciones que le correspondieren a la recurrente, por todo el tiempo en que estuvo separada de sus funciones. 4. Que la recurrida sea condenada en costas.”. (sic)

Con fecha 25 de febrero de 2025, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace, con costas.

Con fecha 07 de abril del año 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 09 de abril de 2025, se procedió a la vista de la causa, concurriendo a alegar por la recurrente el abogado Waldemar Alejandro Sanhueza Quiniyao; y el abogado don Isaac Jacob Oyarzo Guarda, por la recurrida; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su recurso, señalando como antecedente previo, que ingresó a prestar servicios para la recurrida, en calidad de Código del Trabajo, desempeñando funciones administrativas en el Departamento de Finanzas bajo la Dirección de Educación (DEM). Cuyo contrato fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°795 con vigencia desde el 11 de junio al 11 de septiembre de 2018.

Precisa que, su contrato fue objeto de diversas renovaciones, en efecto, mediante Decreto Alcaldicio N° 1188 de fecha 14 de septiembre de 2018, su contrato fue prorrogado desde el 12 de septiembre de 2018 al 10 de marzo de 2019; posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N° 291 de fecha 14 de marzo de 2019 su contrato pasó a ser indefinido. Agrega que, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1202 de fecha 22 de junio de 2022 se modifica su contrato en el sentido que a contar del 01 de junio 2022 desempeñaría el cargo de Tesorera de la unidad de Finanzas de la Dirección de Educación Municipal.

Añade que, las funciones de tesorera las ejerció hasta el 6 de enero de 2023, puesto que a partir del 9 de enero 2023 fue contratada bajo el amparo de la Ley N° 18.883 en calidad de contrata grado XVII del escalafón técnico.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio Nº 674 de fecha 27 de marzo de 2023, se dispuso la prórroga de su contrata desde el 02 de abril al 24 de mayo de 2023, posteriormente se prorrogó la contrata desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023 mediante Decreto Alcaldicio Nº 887. En tanto, para todo el año 2024 la renovación de su contrata se dispuso a través del Decreto Alcaldicio Nº 03 de fecha 02 de enero de 2024, labores que desempeñó hasta la fecha de su desvinculación.

Precisa que, ha desempañado labores por más de 6 años, desde el 11 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2024, sin solución de continuidad, primero en calidad de Código del Trabajo y posteriormente en calidad de contrata.

Indica que con fecha 29 de noviembre de 2024, se le notificó mediante Decreto Alcaldicio N° 4461 de fecha 28 noviembre de 2024, la no renovación de su contrata para el año 2025, consecutivo a ello, la recurrente interpuso recurso de reposición ante la autoridad, quien mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024, notifica el Decreto Alcaldicio N° 5097, rechazando la reposición, manteniendo firme la decisión de no renovar la contrata contenida en Decreto Alcaldicio N° 4461.

Sostiene que, mediante los Decretos ya referidos, la recurrida de manera ilegal y arbitraria disponen la no renovación de contrata sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa de carácter constitucional y legal, toda vez que carece de una debida motivación y justificación, no conteniendo argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder del Municipio, lo que estima infringe el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Que al tenor de lo anterior, indica que del Decreto Alcaldicio N° 5097 de fecha 27 de diciembre de 2024, mediante el cual se rechaza el recurso de reposición dirigido en contra el Decreto Alcaldicio N° 4661, señala que los trabajadores regidos bajo el Código del Trabajo no les favorece el principio de confianza legítima, agregando que la decisión de no renovar su contratación obedece a un proceso de reestructuración y modernización del municipio, y por su parte, menciona que no contaría con la máxima calificación en rendimiento ni condiciones personales, sin entregar mayores antecedentes.

Así las cosas, estima que los fundamentos sostenidos de los actos no satisfacen los requisitos de motivación del mismo, tornando ilegal y arbitraria la decisión, desde que no aporta mayores antecedentes, computando el periodo de trabajo desde una fecha que no es la correcta.

Expuso que, no se adjuntó la Estrategia y Reestructuración Municipal 2025 - 2028, no obstante, el Decreto indica que se acompañó. Sin perjuicio de lo anterior, indica que no consta que dicho instrumento municipal haya sido aprobado mediante acto administrativo y menos que cuente con aprobación del Concejo Municipal conforme a los artículos 31 y 65 letra l) de la Ley N° 18.695.

Aclara que, el inciso segundo del Artículo 11 de la Ley N° 19.880 Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, señala claramente el deber que pesa sobre la administración de fundamentar las decisiones que se adopten y que afecten derechos de terceros.

Señala que, en virtud de las sucesivas renovaciones de contratos, que se extendieron de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad por más de 6 años, la recurrente se hizo acreedora de la confianza legítima de mantenerse vinculada con el Municipio en los mismo términos en que venía haciéndolo, de modo que su relación estatutaria sólo podría terminar por sumario administrativo derivado de una falta grave que motive la destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en este caso.

Arguye que no obstante lo anterior, los Decretos Alcaldicios recurridos indican que el inicio de sus labores como contrata se produce desde el 09 de enero de 2023 sin hacer referencia alguna al tiempo servido previamente en la Dirección de Educación Municipal, señalando que el tiempo servido totaliza más de 6 años, por lo que estima que procede la aplicación del principio de confianza legítima, razón que obliga a la recurrida a fundamentar la decisión de no renovar su contrata para el año 2025.

En cuanto a las garantías que la recurrente estima vulneradas, sostiene que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, desde que, la decisión en sí misma no contienen ningún elemento que permita comprender cual es la motivación que la justifica, lo que impide una adecuada comprensión y defensa de la medida adoptada en su contra y sin que se evidencie cual es la razón de que se haya adoptado tal decisión en su contra y no respecto de los otros funcionarios a contrata, a quienes sí se les renovó su contratación.

Finalmente, señala que el acto recurrido vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se le priva de la estabilidad en el empleo y del derecho que le asiste de permanecer desempeñándose en sus funciones y recibir una remuneración por ello, afectando de esta forma su patrimonio.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso de protección, solicita que este sea rechazado, señalando en primer término que, en cuanto a la naturaleza jurídica de cada uno de los contratos suscritos entre el municipio y la recurrente, concluyen que la recurrente prestó servicios durante casi 6 años, sin embargo los dos últimos prestó servicios a contrata, debido a que los años anteriores, esto es, 2018 a 2022, su contratación fue mediante contrato de trabajo.

Indica que, el año 2016, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N°85.700, consideró necesario impartir nuevas instrucciones para los servicios públicos respecto de las renovaciones y términos anticipados del personal a contrata, haciendo aplicable, por la vía de la jurisprudencia administrativa, el principio de la confianza legítima.

Señala que, la Contraloría General de la República hace extensible el principio de confianza legítima, solo para aquellos funcionarios cuyas designaciones hayan sido desarrolladas en la Administración del Estado bajo la modalidad a contrata, excluyéndose de esta categoría a los prestadores de servicios en calidad a honorarios, criterio que además exige, que el periodo de renovación entre la primera y segunda contrata, exceda el plazo de dos años, sin que exista una interrupción entre una contrata y otra, cuestión que no se vislumbra en los presentes autos, debido a que la recurrente sólo estuvo designada a contrata en un plazo menor a lo establecido en los citados dictámenes, es decir, los años 2022, 2023 y 2024, con la salvedad que desde 01 de enero a julio de 2023 estuvo desempeñando funciones en la Dirección de Medioambiente, pues desde el 18 de julio de 2023 fue trasladada a la Oficina de Fiscalización Municipal, actual Dirección de Seguridad Pública. Y los años anteriores que estuvo contratada a honorarios no son útiles para computar o alegar la referida confianza legítima en los términos en que el órgano contralor ha manifestado que procede la aplicación de dicho principio.

Posteriormente cita de manera textual diversa jurisprudencia nacional referida la materia de autos, sostiene que la afirmación de la recurrente acerca de su relación contractual se encontraría amparada por el principio de confianza legítima, carece de todo mérito, desde que el tiempo en que realmente estuvo contratada con el municipio en calidad jurídica de contrata fue menor al plazo exigido por los Tribunales Superiores de Justicia para el nacimiento y procedencia del comentado principio.

Agrega que, en virtud de los antecedentes, la recurrente no reúne las condiciones para denunciar y exigir la concurrencia de la confianza legítima, ni mucho menos creer que a raíz de su vínculo contractual con el Municipio nace algún derecho o se perfecciona un derecho “adquirido” que le permita mantenerse de manera inamovible, permanente y/o sucesiva en el Municipio.

Señala que lo que le asistía a la recurrente era una mera expectativa al pretender que sus contrataciones en calidad a honorarios sirven de fundamento para computar estos periodos al tiempo en que se desempeñó a contrata. Sobre dicho punto, añade que el ente Contralor en reciente instructivo, esto es, Dictamen N° E156769, de 2021 sobre confianza legítima en las contratas refunde el criterio adoptado en varios dictámenes, lo llamativo de dicho instructivo, son las situaciones especiales de reconocimiento legal a la continuidad de los servicios en una calidad jurídica y/o un organismo diverso, sin embargo, en el caso sub lite, no existe antecedente alguno de que cuenta que exista una habilitación normativa que permita el reconocimiento de las contrataciones a honorarios de la recurrente para denunciar que se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, por lo que malamente procedería su reincorporación y el pago de los conceptos solicitados.

En lo que respecta a los órganos de la administración del Estado, y dentro de estos, las Municipalidades, indica que se encuentran regidas en su existencia y actividad por el principio de legalidad o juridicidad, el cual se constituye en la condición del ser y del obrar de los entes públicos. Lo anterior implica que la Administración Pública no es un sujeto dotado de autonomía plena, sino que los medios que utiliza y los fines que debe alcanzar vienen predeterminados por la Constitución y los otros cuerpos legales que la regulan, es decir, requiere de habilitación normativa previa y expresa de normas de Derecho Público que, como es sabido, son de interpretación estricta.

Precisa que los órganos públicos se someten a un procedimiento administrativo, el cual se formaliza en un acto administrativo terminal, siendo ella, la única forma de adoptar decisiones, dar órdenes e impartir instrucciones y, por tanto, de manifestar la voluntad del órgano y de obligar el patrimonio del mismo, de forma tal que, en el recurso no se vislumbra ilegalidad y/o arbitrariedad en la decisión adoptada por la recurrida, debido a que su actuar se apegó estrictamente a las normales legales, encontrándose debidamente fundamentado el acto administrativo Finalmente expuso que, en el recurso no se vislumbra de qué manera se han amenazado, privado o conculcado las garantías fundamentales de la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad de la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el Decreto Alcaldicio 4661, de fecha 28 de noviembre de 2024 y el Decreto Alcaldicio N° 5097 de fecha 27 de diciembre de 2024, ambos de la Municipalidad de Coyhaique, en virtud del cual se decidió no renovar su contratación para el año 2025, por estimarlo infundado, ya que operó el principio de confianza legítima, afectando con ello las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer los siguientes hechos:

1.- Que doña nombre reservado, prestó servicios como Administrativo de Unidad de Finanzas, dependiente de la Dirección de Educación Municipal, D.E.M., de la Municipalidad de Coyhaique, desde el 11 de junio de 2018 hasta el 11 de septiembre de 2018. Mediante Decreto Alcaldicio N° 1188 de fecha 14 de septiembre de 2018 su contrato fue prorrogado, desde el 12 de septiembre de 2018 al 10 de marzo de 2019; y posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N° 291 de fecha 14 de marzo de 2019, su contrato pasó a ser indefinido.

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1202 de fecha 22.06.2022 se modificó el contrato en el sentido que a contar del 01 de junio 2022 desempeñaría el cargo de Tesorera de la unidad de Finanzas de la Dirección de Educación Municipal. Doña nombre reservado desarrolló funciones como Tesorera de la Dirección de Educación Municipal hasta el 06 de enero de 2023.

3.- Que, a partir del 09 de enero de 2023 la recurrente fue contrata bajo el amparo de la Ley N° 18.883, en calidad de contrata grado 17° del escalafón técnico, según consta del Decreto Alcaldicio Nº 15 de fecha 10.01.2023, con una vigencia desde el 09 de enero al 31 de marzo de 2023 a objeto de prestar servicios como técnico en la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. Mediante Decreto Alcaldicio Nº 674 de fecha 27 de marzo de 2023, se dispuso la prórroga de la contrata de la recurrente desde el 02 de abril al 14 de mayo de 2023. Posteriormente, la contrata fue prorrogada desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023, mediante Decreto Alcaldicio Nº 887 de fecha 27 de marzo de 2023. Para todo el año 2024 la renovación de la contrata se dispuso a través del Decreto Alcaldicio Nº 03 de fecha 02 de enero de 2024.

4.- Con fecha 29 de noviembre de 2024, se le notificó a doña nombre reservado el Decreto Alcaldicio N° 4661 de fecha 28 de noviembre de 2024, a través del cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2025. Con fecha 05 de diciembre de 2024 la recurrente interpuso recurso de reposición para ante el Sr. Alcalde a fin de revertir la decisión y mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024 se le notificó el Decreto Alcaldicio N° 5097 de igual fecha, a través del cual se rechazó el recurso de reposición y mantuvo a firme la decisión de no renovar la contrata para el año 2025 contenido en el Decreto Alcaldicio N° 4661.

OCTAVO: Que, la recurrente señala que entre el 11 de junio de 2018 y hasta el 06 de enero de 2023, mantenía una relación cuya naturaleza estaba regida y protegida por el Código del Trabajo. Sobre el particular es necesario referir que ante esta Ilustrísima Corte se ha interpuesto un Recurso de Protección, el que tiene por objeto restablecer el imperio de un derecho indubitado cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de este u otras de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales; acción de la carta magna que permite una rápida y eficiente solución de las infracciones constitucionales que se someten a conocimiento y discusión en estrados; sin necesidad de un juicio contradictorio o de lato conocimiento. Que, respecto del período comprendido entre el 11 de junio de 2018 y el 06 de enero de 2023 no han sido adjuntados o exhibidos contratos de trabajo o alguna sentencia judicial que dé cuenta que en un juicio declarativo ha sido debidamente formalizada una relación laboral entre el recurrente y la Municipalidad recurrida, por ende, consecuencialmente el derecho que señala la recurrente como indubitado, a la luz de los antecedentes adjuntados a la presente acción, no es tal, razón por la cual a su respecto no puede prosperar la acción de protección y tiene aplicación la norma de inadmisibilidad prevista en el inciso segundo del numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso del Protección de Garantías Constitucionales.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento y respecto del periodo comprendido entre el 09 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, relación que se regía por la modalidad a contrata, es necesario tener presente, lo dispuesto por el Estatuto Administrativo, regulado en la Ley N°18.834, el cual dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; cuya distinción radica principalmente en la duración de sus cargos, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, a cuyo respecto el inciso 2 del artículo 2 de la Ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “…la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios.”. Por su parte la letra d) del artículo 5° de la Ley N° 18.883, señala: “Para los efectos de Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente:…f) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad.” El inciso 3 del artículo 2 de la Ley N° 18.883 agrega: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.”; encontrándose así, implícitamente reconocida la facultad de la autoridad municipal para no prorrogar la designación a contrata de la funcionaria para el periodo 2025.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, dilucidado lo anterior, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, para esa modalidad de prestación de funciones, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

UNDÉCIMO: Que, sin embargo, la controversia se reduce a la fundamentación del acto administrativo de desvinculación, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, por cuanto no contiene argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder del Municipio; lo que hace que la decisión de no renovar su contrata, deba necesariamente ser dejada sin efecto; alegación ésta que es contradicha por la recurrida.

DUODÉCIMO: Que, la resolución administrativa impugnada, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 4661 de fecha 28 de noviembre de 2024, a través del cual se dispone la no renovación de la contrata para el año 2025, y en el Decreto Alcaldicio N° 5097 de fecha 27 de diciembre de 2024, basa la no renovación de los servicios entre otros en: “… 2. Que, dicha contratación fue prorrogada para las anualidades 2023 y 2024 mediante los respectivos Decretos Alcaldicios.

3. Que, el art. 5 de la ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales define en su letra f) el empleo a contrata del modo que sigue: “Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad.”

4. Que, el art. 2 inciso 3° de la ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales refiere: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.”

5. Que, así las cosas disponer la prórroga de una contrata es una prerrogativa del jefe superior del servicio teniendo claro que la expiración de las mismas se produce el 31 de diciembre de cada año por el solo ministerio de la ley… 7. Que, así las cosas la decisión que se toma mediante este acto administrativo es del todo legal ya que se encuentra dentro del marco de atribuciones del jefe superior de servicio de conformidad a lo estipulado en la ley 18.883.

8. Que, la funcionaria referida se ha desempeñado en la calidad jurídica de contrata por aproximadamente 2 años, por lo cual no se encuentra amparada por la figura de la confianza legítima…”.

DÉCIMO TERCERO: Por lo anteriormente señalado, tratándose en la especie de la decisión de la Administración de no renovación de una contrata, ésta no requiere de fundamentación, ya que este tipo de vinculación expira de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo al artículo 2 inciso 3 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales, sin perjuicio que la funcionaria recurrente no se encuentra protegida por el principio de confianza legítima, por no darse los supuestos de hecho y de derecho, según se razonará a continuación.

DÉCIMO CUARTO: Que, efectivamente, la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de asentar un criterio unificador, ha establecido que, el principio de confianza legítima opera después de cinco años, plazo éste que se estima prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona. (CS. Sentencia 31 de marzo de 2023, recurso de protección 26.279-2023)

DÉCIMO QUINTO: Tal como se consignó en el motivo noveno, la recurrente señala que entre el 11 de junio de 2018 y hasta el 06 de enero de 2023, mantuvo una relación cuya naturaleza estaba regida y protegida por el Código del Trabajo, sin que advierta esta Ilustrísima Corte que, respecto del período antes indicado se adjuntaran o exhibieran antecedentes, contratos de trabajo o alguna sentencia judicial que dé cuenta que el derecho que señala la recurrente ostente la calidad de indubitado, y por otro lado, tal como se consignó en el motivo Séptimo del presente fallo, es un hecho de la causa que, la recurrente prestó servicios en la Municipalidad de Coyhaique en calidad de contrata desde el día 09 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, sumando un total de 1 año y 11 meses, no siendo procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, pues la extensión y naturaleza de las vinculaciones citadas, es decir, un período de desempeño inferior a dos años no permiten generar expectativa de la renovación de la contrata para el año 2025, con lo cual la recurrente no puede, atendida la naturaleza del vínculo, pretender una estabilidad y permanencia en el empleo, más allá de lo que en derecho le corresponde y, por ende, la decisión de no renovar los servicios de la funcionaria en cuestión no requiere la fundamentación de un sumario administrativo originado de una falta que motive su remoción o de una calificación anual que así lo permita; por lo que sólo cabe concluir que el derecho reclamado no es indubitado y además la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que, como se dijo, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el acto impugnado, no resulta ser ilegal ni arbitrario, desde que no existe un derecho indubitado por parte de la actora ni tiene el recurrido el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, desde que, por una parte, la contrata expiró de pleno derecho el 31 de diciembre de 2024 y, de otra, la funcionaria no se encuentra protegida por el principio de la confianza legítima, por haberse desempeñado funciones por un periodo menor a cinco años, por lo que no existiendo el presupuesto básico para acoger la presente acción de protección, esto es, un acto arbitrario o ilegal, ésta deberá rechazarse.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coyhaique, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Patricio Gatica Villegas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Marcos Gallegos Rodríguez. Rol N°37-2025.- (Protección).