I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN con REGIONA

Coyhaique, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 15 de febrero de 2019, comparece doña Alicia Gallardo Arenas, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Aysén, representada por su Alcalde don Oscar Catalán Sánchez, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Aysén, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Oficio N° 172, de 16 de enero de 2019, que resolvió no dar lugar a la reconsideración presentada por la recurrente en contra del Oficio N°3168, por lo que mantuvo lo ordenado en este último cuanto a que el municipio debía disponer la reincorporación a su empleo de la docente, señora nombre reservado, pagándole, asimismo, las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció indebidamente separada de su cargo, lo anterior en razón de encontrarse amparada por fuero maternal a la fecha del vencimiento del plazo de su contratación; atentando contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 10 y 24 de la Constitución Política de la República; solicitando que se deje sin efecto el Oficio N° 172, por no ser aplicable el Dictamen N°20.910 de 21 de agosto de 2018 y, en consecuencia, se declare que se mantiene firme la desvinculación de la funcionaria nombre reservado, con costas.

Funda su recurso en que doña nombre reservado ingresó a prestar servicios como educadora de párvulos el 06 de marzo de 2018, en funciones transitorias y de reemplazo hasta el 22 de agosto de 2018, fecha en que se reincorporó la funcionaria titular. Añade que, sin embargo la Contraloría Regional de Aysén, mediante Oficio N°3168 de 05 de noviembre de 2018, dispuso que la referida profesional gozaba de fuero maternal en los términos que establece el Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018, por lo que se debía disponer por parte del Municipio la reincorporación a su empleo, procediendo, además, que se le paguen las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció indebidamente separada de su cargo.

Señala que el Municipio solicitó la reconsideración del referido pronunciamiento, mediante Ord.N°3269 de 27 de noviembre de 2018, invocando nuevos antecedentes antes de que la Contraloría imponga su decisión de reincorporar a la reclamante, consistente en que no existe cupo disponible para que ésta ejerza sus funciones, ya que la necesidad que se presentó en meses anteriores y por la cual se contrató ya no existe. Añade que sin embargo tal reconsideración fue desestimada por la recurrida por Oficio N°172 del 16 de enero de 2019, reiterando la instrucción dada anteriormente.

Indica que la recurrente no ha desconocido jamás la protección normativa a la maternidad, pero en este caso en particular no se ha tomado por la recurrida en consideración la particularidad del caso, que a la fecha en la cual se puso término al nombramiento de la funcionaria se desconocía por la recurrente el nuevo criterio en orden a que el fuero maternal se extiende a las trabajadoras que prestan servicios en modalidad de reemplazo, desde que el citado Dictamen N°20.921 no fue notificado a la recurrente y para que opere la presunción de conocimiento de la ley ésta debe haber entrado en vigencia y tratándose de dictámenes se requiere que al menos éstos sean publicados para que tengan fuerza obligatoria. Agrega que en este caso, la recurrida debe analizar cuál era la normativa vigente a la época de nacimiento de la relación contractual entre las partes.

En cuanto a las garantías vulneradas, señala que se ha infringido el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que al aplicar la recurrida un dictamen que es de fecha posterior al nacimiento de la relación contractual estaría dando a ese dictamen un carácter de norma retroactiva al imponer un gravamen y una prestación pecuniaria que las partes, en especial el empleador, no consideró a la época de nacimiento del vínculo jurídico con la trabajadora. Añade que por lo que la recurrida al disponer el reintegro de su empleo a la docente y además que se le paguen las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció indebidamente separada de su cargo, priva a la recurrente de una suma importante, poniendo en riesgo la actividad educacional, vulnerando también el derecho a la educación consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución.

En su presentación de fecha 1 de marzo de 2019, la recurrida, Contraloría Regional de Aysén, evacúa informe solicitando se rechace el recurso interpuesto.

Fundamentó lo anterior en que el Oficio N°172 recurrido, reiteró lo ya manifestado en torno a que la interesada estaba amparada por fuero maternal al momento de su desvinculación, por lo que, al ser improcedente, le asistía la obligación al municipio de reincorporarla pagando las remuneraciones de las que se vio ilegítimamente privada.

Señala que, el asunto discutido se encuentra sometido al conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Aysén, existe un proceso de desafuero de la docente afectada, actualmente en curso, ya que con fecha 14 de febrero de 2019, esto es, un día antes de la interposición de este recurso de protección, la recurrente dedujo una demanda de desafuero en contra de doña nombre reservado, encontrándose dicha causa en trámite ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Aysén con el RIT O-4-2019.

Indica que, en el citado libelo de desafuero, que contiene en parte idénticos pasajes que los vertidos en la presente acción de protección, se señala que “la I. Municipalidad de Aysén se ha debido allanar al reintegro de la demandada, mediante Decreto Alcaldicio N° 420 de fecha 07.02.2019 que deja sin efecto vigencia el decreto N° 3298 de fecha 11.09.2018 que aprobó el término de nombramiento y sustituye en el mismo la vigencia de su parte dispositiva por la frase “Desde el 06.03.2018 hasta el término de su fuero maternal” con lo que queda de manifiesto que el municipio ya ha dado cumplimiento a la instrucción impartida en el oficio N° 172, de 2019, de este origen, que se pretende dejar sin efecto a través de esta acción constitucional de protección.

Precisa que, el municipio ha solicitado “decretar como medida prejudicial la separación inmediata de la trabajadora sin derecho a remuneraciones”, resultando así, que las actuaciones ejercidas por la entidad edilicia no resultan concordantes, pues, por una parte, ha dado cumplimiento a lo instruido por la recurrida, mientras que, por otra, pretende dejar sin efecto aquella instrucción impartida que ya cumplió. Agrega que, en el evento de prosperar el presente recurso, quedaría sin efecto el referido oficio N° 172, de 2019, pero, no obstante ello, subsistiría lo obrado por la municipalidad a través del decreto alcaldicio N° 420, de 2019, respecto al reconocimiento del fuero maternal que ampara a la señora nombre reservado.

Alega que el presente recurso es del todo extemporáneo, ya que el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción debe contarse desde la emisión del oficio N° 3.168, de 5 de noviembre de 2018, toda vez que el oficio N° 172, de 16 de enero de 2019, constituye solo una reiteración del primero.

Expuso que, la recurrente pretende por esta vía obtener un pronunciamiento sobre la procedencia del fuero maternal de una docente de reemplazo, materia que, evidentemente, es de lato conocimiento, lo que queda corroborado por el hecho de que actualmente, el procedimiento de desafuero de la señora nombre reservado, está sometido al conocimiento del Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, según se indicó.

Señala que, por otra parte, no se advierte de qué manera la actuación de la recurrida podría ser ilegal, toda vez que esta institución se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas de acuerdo a las normas constitucionales y legales. Por otra parte, tampoco la actuación de la recurrida resulta arbitraria, ya que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, lo cual representa el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor.

En cuanto al fondo expuso que advierte que, como el Estatuto Docente, Ley N°19.070, previó la figura del contrato de reemplazo en su artículo 79, y siendo la empleada contratada bajo tal modalidad una funcionaria pública, se sigue que al ser extensiva la protección maternal a las funcionarias públicas por expresa disposición del artículo 194 del Código del Trabajo, sin distinción alguna, ella beneficia también a las contratas de reemplazo. Agrega que, en este sentido se emitió el dictamen N° 20.921, de 2018, que concluyó que el hecho de contratar a una trabajadora para sustituir a otra, como acontece en las contratas de reemplazo, no obsta a su derecho de hacer valer el fuero maternal, en cuyo caso, será únicamente el juez el facultado para determinar si autoriza a finalizar dicho vínculo por el hecho que una ley haya dispuesto un plazo o una condición para concluir tal relación laboral, a través del procedimiento de desafuero, atendido a que se trata un vínculo laboral sujeto a una modalidad.

Precisa que, habiéndose configurado la cesación de funciones de la docente de reemplazo doña nombre reservado con fecha posterior a la emisión del anotado pronunciamiento - 22 de agosto del mismo año-, se concluyó, mediante el oficio N° 3.168 que resultaba aplicable a dicha servidora el nuevo criterio jurisprudencial y, por tanto, se encontraba amparada por fuero maternal, por todo el período que de conformidad a lo preceptuado en el Código del Trabajo dura tal prerrogativa, sin perjuicio de hacer presente la facultad de la recurrente para solicitar judicialmente el desafuero de la docente.

Indica que, asentado lo anterior, la recurrente cuenta con las herramientas para ajustar su dotación con el objeto de dar cumplimiento y observar el fuero maternal, es decir, para reincorporar a la señora nombre reservado y pagarle las remuneraciones durante el período de su desvinculación. Agrega que, la normativa aplicable a la relación laboral es la vigente a la data de la desvinculación.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, expuso que no se divisa vulneración alguna a la garantía constitucional del artículo 19 N° 10, desde que ella no se encuentra amparada por la acción constitucional de la especie, según se desprende de lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que procede desestimar dicha alegación.

Señala que, la actora estima vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sin embargo no es posible que la municipalidad esgrima la privación de un derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles cuyo dominio, en su opinión, le pertenecería, dado que no se trata en este caso del dominio sobre bienes determinados sino de eventuales recursos presupuestarios; ya que la recurrida nunca ha podido ejercer dominio sobre sumas de dinero correspondientes a remuneraciones de un tercero.

Con fecha 8 de abril de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 10 de abril de 2019, se procedió a la vista de la causa, se anunció y alegó por la parte recurrente la abogado, doña Alicia Gallardo Arenas y el abogado don Alejandro Castro Leiva por la recurrida, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, desde luego, se debe estimar que la presente acción constitucional no resulta extemporánea, como lo pretende la recurrida, Contraloría Regional de Aysén, ya que el acto recurrido, esto es, el Oficio N° 172, de 16 de enero de 2019, emanado de ésta, en su actuación administrativa terminal, por cuanto rechaza la reconsideración presentada por la municipalidad recurrente en contra de su acto administrativo previo de disponer la reincorporación a su empleo de la docente, señora nombre reservado, por encontrarse amparada por fuero maternal, de modo que pone fin a este proceso administrativo de reclamo, de tal modo que es precisamente este acto final el que eventualmente tendría la aptitud de vulnerar las garantías del recurrente.

SEGUNDO: Que, de otra lado, de acuerdo a lo expuesto por las partes, el análisis se debe centrar primeramente en determinar si es ilegal y/o arbitrario el Oficio N° 172, de 16 de enero de 2019, de la recurrida que resolvió no dar lugar a la reconsideración presentada por la recurrente en contra del Oficio N°3168, por lo que mantuvo lo ordenado en este último cuanto a que el municipio debía disponer la reincorporación a su empleo de la docente, señora nombre reservado, pagándole, asimismo, las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció indebidamente separada de su cargo, por encontrarse amparada por fuero maternal a la fecha del vencimiento del plazo de su contratación de reemplazo, por lo que la recurrente pide que se deje sin efecto el acto administrativo recurrido y, en consecuencia, se declare que se mantiene firme la desvinculación de la funcionaria nombre reservado.

TERCERO: Que, al respecto esta Corte estima que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, desde que fue dictado por la recurrida, como órgano competente, dentro de sus facultades legales y debidamente fundado al explicar las razones de hecho y de derecho en que sustenta su decisión, lo que no ha sido controvertido por las partes.

CUARTO: Que, sobre el punto, la recurrente ha alegado que la ilegalidad consiste en que la recurrida estima, en su resolución, que es procedente el fuero maternal respecto de la funcionaria nombre reservado contratada para un reemplazo, en circunstancias que ello es improcedente; alegación ésta que será desatendida, ya que precisamente la recurrente el día previo a la interposición de la presente acción constitucional obró de manera contraria al deducir una demanda de desafuero laboral en contra de aquella funcionaria municipal, lo que importa aceptar la procedencia del fuero maternal antes referido y, por ende, allanarse al acto que ahora reclama por esta vía y que pretende dejar sin efecto, lo que contraviene la teoría de los actos propios, sin perjuicio que mediante Decreto Alcaldicio N° 420, de fecha 7 de febrero de 2019, la propia recurrente dejó sin efecto el Decreto N° 3298 de fecha 11 de septiembre 2018 que aprobó el término de nombramiento y sustituyó la vigencia del mismo hasta el término de su fuero maternal.

QUINTO: Que, no existiendo un acto arbitrario e ilegal, no concurre en la especie el primer requisito para estimar procedente el recurso de protección y por ello resulta inoficioso pronunciarse sobre las garantías constitucionales que la recurrente estima conculcadas, esto es, la de los N°s 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio que la primera de ellas no se encuentra amparada por la acción constitucional que se conoce, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de dicho texto Constitucional.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña Alicia Gallardo Arenas, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Aysén en contra de la Contraloría Regional de Aysén, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo Rol N° 37-2019 (Protección).