Protección contra Universidad de Aysén

En Coyhaique, a cinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 29 de diciembre del año 2023, doña nombre reservado, psicóloga, ex funcionaria contrata de la planta de académicos de la Universidad de Aysén, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Universidad de Aysén, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrato como funcionaria de la misma entidad, decisión contenida en el Decreto Universitario N° 398/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, solicitando, se tenga por interpuesto el presente recurso de protección: “decretando los actos que estime pertinentes para el restablecimiento del derecho, por su accionar arbitrario e ilegal, o lo que SS. estime pertinente, debiendo en consecuencia invalidar la resolución individualizada previamente, ordenándose la continuidad de mi vínculo contractual, con expresa condenación en costas en caso de oposición.”. (SIC)

Con fecha 10 de enero de 2024, se declara admisible el recurso de protección y se pide informe a la recurrida.

Con fecha 10 de febrero de 2024, se agregó el informe evacuado por la recurrida, la que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 26 de marzo de 2024, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 28 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, concurriendo a alegar la abogada, doña Ximena Gutiérrez Jaramillo, por la recurrente, y doña nombre reservado, por la recurrida. Quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su recurso, señalando como antecedente previo, que, es psicóloga con amplia experiencia y trayectoria en diversas Instituciones de Educación Superior, e ingresó a prestar servicios como académica de la carrera de Psicología a la Universidad de Aysén el día 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Señala que el cargo que desempeña y que no se ha renovado para el año 2024, indicaba una duración de 3 años renovables anualmente en función de su evaluación de desempeño, sin embargo, no fue evaluada, por lo que careciendo de dicho insumo su desvinculación resulta infundada.

Sostiene que el perfil con el que fue contratada, se encontraba vacante y resultaba relevante de completar, desde que dicho cargo forma parte de la propuesta de carrera de Psicología formulada el año 2019 cuando ésta se crea.

Cita al respecto el DUE N°318/2020 que aprueba las bases del concurso al cargo indicado, en relación a las funciones del académico perfil social comunitario, asumiendo el cargo de Académica en la carrera de Psicología. Agrega que participó en el Proyecto URY 1095-DVcM Apoyo en la implementación de iniciativas A+S desde la Gestión Territorial a través de la implementación de la metodología en la asignatura de Práctica Territorial y Metodologías Participativas; cursó el Programa formativo denominado “Preparación y Evaluación de Proyectos de Vinculación”, de la Universidad de Tarapacá; participó como Directora subrogante del proyecto de la Universidad de Aysén “Sustentabilidad social desde las ciencias sociales en el territorio Aysén: Hacia una metodología de enseñanza-aprendizaje desde y en el territorio como patrimonio natural”; asumió el rol vacante de Coordinadora de prácticas de la carrera de Psicología; participó como docente en las asignaturas de Taller de Memoria I y II de la carrera, mediante la cual se encuentro dirigiendo 2 grupos de tesis; se ha desempeñado como Jefa de carrera Subrogante de la carrera de Psicología (DUE 96/2023) durante todo el año.

Alega que con su desvinculación, el perfil vuelve a quedar ausente, lo que hace que sea infundada la calificación de que sus servicios no son necesarios o que exista duplicidad en sus funciones, pues de los cuatro psicólogos que existen en el claustro, a excepción de la recurrente, tributa a la especialidad de territorio.

La decisión de la no renovación fue representada sin tener respuesta a la fecha, y también solicitada por la Jefa (S) Departamento Ciencias Sociales y Humanidades, sobre la que tampoco existe pronunciamiento del Rector.

Agrega que la resolución recurrida, señala que existió un aumento significativo de la dotación del personal de colaboración, siendo la recurrente parte del personal académico, por lo que dichos considerandos no se aplican a su situación.

Añade que la resolución recurrida no cumple con los requisitos para poner término a la contrata, desde que se utiliza como fundamento para la no renovación de su contrata el DUE Nº397 de 29 de noviembre de 2023 que aprobó criterios de no renovación académicos a contrata 2024, debiendo el departamento de ciencias sociales y humanidades reducir su dotación académica, sin indicar la razón de tal reducción y no aplicar la reorganización funcional que se propuso por el propio departamento.

Sostiene que, se señala que sus funciones están duplicadas, pero ningún otro académico cumple con su perfil. Así, por su parte, se dispuso autorizar a hacer uso de su feriado legal pendiente, sin advertir que no ha cumplido un año en la Universidad de Aysén, y se le indica que no tiene derecho a feriado alguno.

Por su parte, estima idóneo el argumento de ausencia de confianza legítima.

Alega que la decisión de no renovar su contrata es arbitraria pues carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, considerando el memorándum 050/2023 de 6 de diciembre del año 2023 de la jefe subrogante del departamento de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Aysén, más la propuesta de reorganización del mismo departamento, por lo que el concurso por el cual accedió al cargo y la ausencia de docentes con formación para asumir cursos con su desvinculación el perfil territorial queda vacante y sin cobertura. Así, al no existir duplicidad de sus funciones y frente a la posibilidad de que sean asumidas por otro docente, el motivo de la renovación es otro y no coincide con los criterios objetivos que la propia universidad se dio para regular las desvinculaciones.

Cita el artículo 8 de la Constitución Política de la República, y el 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880.

Acusa como infraccionados, el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su protección, y derecho de propiedad. Sobre esta última garantía, señala que se vulnera en la medida que se me impide continuar desempeñando sus funciones y a percibir la remuneración acorde a la labor para la que fue contratada, vulnerando su estabilidad en el empleo legítimamente adquirido, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso, posterior a referirse a la creación de la Universidad, comenta que ésta atraviesa una situación económica muy compleja que incluso compromete la continuidad del proyecto educativo, según da cuenta la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N°718, de 20 de junio del año 2023.

Agrega que la Comisión Nacional de Acreditación, advierte la necesidad de evaluar la estructura organizacional y la dotación administrativa de la institución, que cuenta con una baja matrícula.

Así, a comienzos del mes de septiembre del año 2023, asumió el nuevo gobierno universitario, encabezado por el nombre reservado, y como primera medida, el 4 de septiembre de 2023, el nombre reservado presentó a la comunidad educativa un plan de contingencia, con tres ejes a) equilibrio financiero; b) planificación y control y, c) consolidación de la docencia.

Comenta que, la Superintendencia de Educación, resolvió mediante Resolución Exenta N°35 de 27 de noviembre de 2023, formular cargos a la Universidad de Aysén, y mediante Resolución Exenta N°10, de 4 de enero de 2024, aplica a la Universidad de Aysén la medida contenida en la letra b) del artículo 4° de la Ley 20.800, esto es, nombramiento de un nombre reservado.

El complejo escenario afecta gravemente el estado financiero de la institución, y están trabajando para adoptar una serie de medidas de optimización y racionalización de gastos para el año 2024.

Sobre el caso particular de la recurrente, señala que esta no se encuentra amparada por el principio de la confianza legítima, desde que al momento de la no renovación de su contrata llevaba menos de un año en tal calidad y no habían renovaciones previas de su contrata, citando al respecto jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Señala que con el fin de enfrentar la grave crisis financiera, y la sobredotación de personal académico y de colaboración observados tanto por la Superintendencia de Educación Superior como por la Comisión Nacional de Acreditación, y mandatado por el Consejo Superior de la Universidad, el Rector en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 17 del Estatuto de la Universidad de Aysén, promulgó los decretos universitarios exentos N°395, N°396 y N°397, que en conjunto constituyen el sustento normativo inmediato de la decisión de no renovar la contrata de la contraria, a contar del 1 de enero de 2024.

Así, estima que la decisión no fue antojadiza ni carente de motivación y las alegaciones de la recurrente carecen de sustento e implican un pronunciamiento sobre aspectos de lato conocimiento, y no son materia de la acción de protección.

Por su parte, señala que no resulta efectivo que el perfil del cargo volvería estar vacante toda vez que no distingue entre lo que es un perfil de cargo, la función que cumple un determinado funcionario académico y el vínculo estatutario.

Agrega que la recurrente convenientemente omite señalar que las contratas son anuales, con vencimiento para el 31 de diciembre de cada año.

La recurrente estima que los criterios generales establecidos para hacer frente a la crisis de la Universidad no le eran aplicables, lo que no es una fundamentación válida que existiese apoyo de sus colegas y estudiantes o planes teóricos que pudiesen implicar ahorros de recursos, y en base a su interpretación, y apreciación del trabajo y perfil, declara que sus funciones no pueden ser asumidas por nadie más.

Las funciones de la recurrente se basan en ordenamientos y organización interna de la carrera que deben ser revisadas, optimizadas y reorganizadas conforme a los nuevos criterios y ordenamientos que se aprobaron para hacer frente a la situación financiera actual.

Añade que la facultad de la Universidad para no renovar la contrata de la recurrente, se encuentra regulada en la Ley N°18.834, que en su artículo 2 letra c) establece expresamente que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio, y, por tanto -a diferencia del cargo de planta- la contrata se encuentra definida por su duración siempre limitada en el tiempo, disposición que se encuentra refrendada en el artículo 5° del Decreto Universitario Afecto N°9 de 2018, que promulga el Reglamento del Personal de Colaboración de la institución. Esta distinción es sustancial para entender el actuar apegado a derecho de la Universidad de Aysén.

Así, al no estar amparada por el principio de confianza legítima, la decisión de la Universidad Aysén está completamente justificada, y la no renovación de la contrata se realizó mediante notificación previa y con un acto administrativo completamente fundado, al igual que con todas aquellas personas de la universidad en situación parecida, lo anterior para no generar una diferencia odiosa respecto de los otros funcionarios y académicos que no fueron renovados en la universidad. Agrega que, la naturaleza transitoria de un vínculo a contrata no otorga "propiedad en el empleo" ni menos una "inamovilidad".

El Decreto Universitario Exento 398 de 2023 cabe recalcar que la decisión adoptada se encuentra fundamentada en los términos exigidos por la ley N°19.880, que señala que las decisiones escritas que adopte la administración se expresarán por medio de actos administrativos y para efectos de esta ley estos serán: "las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado de las cuales contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública." no existiendo argumentación suficiente que permita destruir la presunción de legalidad de la resolución impugnada.

Posterior a citar dogmática y sobre vulneración de garantías constitucionales señala al respecto de la igualdad ante la ley que, todos los funcionarios a contrata de esta institución, tienen incorporado en sus resoluciones de nombramiento que la fecha de término es el 31 de diciembre del respectivo año.

Respecto del derecho de propiedad señala que, este tampoco se ha vulnerado, porque no existe respecto del ejercicio de la función pública de los funcionarios designados en calidad de contrata, y más aún si no existe confianza legítima.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la dictación del Decreto Universitario Exento N° 398/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, notificado con fecha 30 de noviembre del año 2023 que dispone la no renovación de su contratación como funcionaria de la Universidad de Aysén, para el año 2024, afectando con ello las garantías contempladas en el artículo 19, números 2, 16 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer, básicamente, los siguientes hechos:

1. Con fecha 17 de marzo de 2023, la Universidad de Aysén, dicta el Decreto Exento RA N°121418/186/2023, mediante el cual se designa a contrata a nombre reservado, a contar de 1 de febrero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, y mientras sean necesarios sus servicios, como académica, asimilado a grado 10° de la Escala de Sueldos de las Universidades Estatales, de la planta de Académicos, con jornada de 44 horas semanales.

2. Con fecha 29.11.2023, la entidad recurrida emite la circular número 397/2023, la cual aprueba Criterios de No Renovación Académicos a Contrata año 2024, en la cual detalla una serie de fundamentos específicos que cada acto administrativo de no renovación deberá contener, entre los que destacan el perfil idóneo para el cumplimiento de los criterios de horas de docencia directa (HDD); Alineación entre perfiles académicos y especialidades formativas (perfil de egreso); Inconsistencia del perfil académico con las líneas disciplinares de los departamentos académicos; Antigüedad (no renovación de ingresos recientes).

3. Con fecha 29.11.2023, mediante Decreto Exento N°398/2023, se le notifica la decisión de no prorrogar su contratación, señalando los fundamentos en los considerandos del Decreto referido.

OCTAVO: Que, igualmente, se debe tener presente la normativa atingente, a saber: La letra c) del artículo 3, de la Ley 18.834, indica que: “Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.” El mismo texto legal determina en su artículo 9, en relación a la permanencia, que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley (…)”; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha indicada. Por ello, se concluye que por tratarse de un funcionario público que ejercía sus labores a contrata, la característica principal es la transitoriedad en la prestación de los servicios, lo que trae como consecuencia que el funcionario público no sirve el cargo en propiedad, ni goza de estabilidad en el empleo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los funcionarios de planta.

NOVENO: Que, primeramente, se debe dilucidar la naturaleza del vínculo jurídico que unía a la recurrente con la Universidad de Aysén, el que no ha estado debatido, según se expresó, y que corresponde a un cargo “a contrata”, regulado en el Estatuto Administrativo, cuyo citado artículo 3 letra c) establece expresamente que detenta un carácter transitorio, y, por tanto -a diferencia del cargo de planta-, se encuentra definido por su duración siempre limitada en el tiempo, disposición refrendada en el artículo 5° del Decreto Universitario Afecto N° 9 de 2018, que promulga el Reglamento del Personal de Colaboración de la institución.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, teniendo como hechos inconcusos de esta causa, que la recurrente mantuvo la calidad de contrata desde marzo a diciembre del año 2023, esto es, menos de un año, sin renovación alguna, no cabe aplicar en la especie, el concepto de confianza legítima, que la Contraloría General de la República ha construido para resguardar a los servidores públicos ante la existencia de arbitrariedades en las desvinculaciones de funcionarios públicos. Es así como se exige una serie de requisitos que permitan entender que ha existido una confianza legítima y que el vínculo existente será renovado en el tiempo. Así mismo, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en su fallo en causa Rol N° 26.301-2023 fija en 5 años el criterio para que opere la confianza legítima de funcionarios públicos a contrata, principio que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, eleva el estándar de argumentación que debe contener el acto de autoridad que materializa la decisión de no renovar o terminar anticipadamente el vínculo reglamentario existente, por medio de la motivación y comunicación del acto administrativo al afectado.

La naturaleza transitoria de un vínculo a contrata no otorga "propiedad en el empleo" ni menos una "inamovilidad", dado que esta última es una prerrogativa de quienes integran una planta acogidos a la carrera funcionaria. Prerrogativas que no gozan los funcionarios a contrata, ya que, dada la transitoriedad de dicho régimen, no les aplica el régimen de la carrera funcionaria tal como se señala en los artículos 44 a 51 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución recurrida, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que, se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

DUODÉCIMO: Que, sin embargo, la controversia se reduce a la fundamentación del acto administrativo de desvinculación, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, por cuanto con su desvinculación, el perfil vuelve a quedar ausente, lo que torna infundada la calificación de que sus servicios no son necesarios o que exista una duplicidad en sus funciones; lo que hace que la decisión de no renovación a su contratación, deba necesariamente ser invalidada; alegación ésta que es contradicha por la recurrida, como se ha venido diciendo, fundamentando el acto respecto del cual se recurre.

Que, del examen de la resolución administrativa impugnada, Decreto Universitario Exento N°398/2023, de la Universidad de Aysén, se advierte una lata fundamentación de la decisión adoptada, desarrollada en diecisiete considerando que explican las razones de la no renovación de los servicios de la recurrente, advirtiendo en síntesis la compleja situación financiera que atraviesa dicha casa de estudios, que presenta un grave déficit financiero y problemas de flujo de caja, lo que obliga a mantener un equilibrio entre ingresos y gastos; reseña el informe de la Comisión Nacional de la Acreditación que manteniene a la recurrida sujeta a la intervención de un nombre reservado y el de la Superintendencia de Educación Superior, que constata una dotación funcionaria sobredimensionada, especialmente en el ámbito académico, sosteniendo en el considerando noveno de la referida resolución, que resulta imperioso gestionar eficazmente los claustros académicos regulando la carga académica y estableciendo criterios de eficiencia, lo que lleva junto con otras consideraciones en el basamento dieciséis a concluir que los servicios de doña nombre reservado no son necesarios, motivos por los cuales se decidió no renovar la contrata, coligiéndose que la resolución adoptada por la recurrida ha sido cabalmente motivada, pues la decisión de no renovación del empleo se encuentra fundada en razones generales y particulares, siendo expedido por quien tenía las facultades para hacerlo, lo que se acredita con documentación que se acompañó, por lo que además la decisión de la Universidad de Aysén se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, tratándose, en la especie, de una decisión de la Administración de no renovación de una contrata, ésta no requiere de fundamentación, ya que este tipo de vinculación expira de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de que la funcionaria recurrente no se encuentra protegida por el principio de confianza legítima, según se razonará a continuación.

De este modo, aparece que el acto administrativo reclamado contiene los fundamentos que sustentaron la determinación de no prorrogar la contrata del recurrente, por lo que es preciso descartar lo alegado en este aspecto.

Que, considerando lo expuesto, es posible afirmar que la Universidad de Aysén dio cumplimiento a la jurisprudencia administrativa aplicable en materia de no renovación del vínculo laboral del personal a contrata, por cuanto manifestó, mediante el singularizado acto administrativo, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión objetada.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, el acto impugnado, no resulta ser ilegal ni arbitrario, desde que la autoridad no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el período siguiente, pues la contrata expiró de pleno derecho el 31 de diciembre de 2023 y, la funcionaria no se encuentra protegido por el principio de la confianza legítima, al haberse desempeñado por un periodo menor a cinco años, no existiendo el presupuesto básico para acoger la presente acción de protección, esto es, un acto arbitrario o ilegal, ésta deberá rechazarse. Toda vez que como se ha venido diciendo, el acto contiene los fundamentos de hecho y de derecho que lo motivan.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Aysén, representada legalmente por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

No firman los Ministros don Luis Moisés Aedo Mora y don José Ignacio Mora Trujillo, pese haber concurrido a la Vista y asistido al Acuerdo de la presente causa, por estar haciendo uso de permiso 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°364-2023.- (Protección)