INVERSIONES TERRA PATAGONIA SPA con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Coyhaique, catorce de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 26 de diciembre de 2023 comparece en estos autos don Víctor Alejandro Oyarzún Rodríguez, abogado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, en representación de Inversiones Terra Patagonia SPA., del giro de su denominación, del mismo domicilio y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N°3, 7, 20, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, interpone Recurso de Protección en contra del Ministerio de Obras Públicas, (en adelante MOP) persona jurídica de derecho público, con domicilio en domicilio reservado y representada para estos efectos por su Secretario Regional Ministerial Regional don nombre reservado; (en adelante SEREMI) ignora profesión u oficio, del mismo domicilio; y en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, persona jurídica de derecho público, (en adelante DOH) con domicilio en domicilio reservado, representada por su Director Regional don Francisco Real Bahamonde, ignora profesión u oficio, del mismo domicilio y, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone, solicita en definitiva: “ acoger en todas sus partes el Recurso ordenando a los organismos públicos: a) el cese de toda privación, perturbación o amenaza en contra de mi representado, a la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes invocando el Decreto Supremo de expropiación N°1324 de 25/11/2021 del MOP -erróneamente emitido- pretenden afectar terrenos ubicados al interior del predio denominado “Sin Pensar”, localizado en el sector de la desembocadura del Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, XI Región de Aysén, perteneciente a Inversiones Terra Patagonia SPA, cuya inscripción de dominio rola a foja 05 N°04 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, que tiene rol de avalúo fiscal Nº 842-6 -inalterado con anteriores dueños-, comuna de Río Ibáñez; b) que se dicten las demás medidas que S.S. Iltma. estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos fundamentales cuya protección se invoca mediante la presente acción; y c) que se condene expresamente en costas a los recurridos. ”SIC.

Que, con fecha 8 de enero de 2024, informando este arbitrio proteccional las recurridas solicitan sea rechazado, con costas.

Con fecha 8 de febrero de 2024 se procedió a la vista de la causa, escuchando en estrado el alegato del apoderado de la parte recurrente don nombre reservado y en representación de las recurridas la abogada Tamara Oyarzo Hernández, por el Consejo de Defensa del Estado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su acción señalando que con fecha 11 de diciembre de 2023, el representante de la sociedad Inversiones Terra Patagonia, don nombre reservado se entera por comentarios de vecinos, del ingreso al predio de su representada, ubicado en el sector Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, XI Región de Aysén, inscrito a fojas 5 N°4 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, rol de avalúo N° 842-6, de máquinas pesadas y camiones rompiendo los cercos, moviendo el terreno y provocando daños, lo que se debería a trabajos del proyecto de Agua Potable Rural (APR) de Puerto Tranquilo, que está ejecutando un contratista externo por encargo de la Dirección de Obras Hidráulicas o DOH del Ministerio de Obras Públicas y que, hasta antes de ese día, se habían circunscrito a la faja fiscal del camino externo al predio.

Añade que existen dos causas voluntarias de consignación del monto provisorio de expropiaciones ingresadas ante el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique: (i) V-351-2021 y (ii) V-352-2021, referidas a las expropiaciones ordenadas mediante el Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas N°1324 de 25/11/2021, que adolecen de un error respecto de la individualización del predio objeto de las expropiaciones:

a) En la causa V-351-2021, se indica que la franja expropiada corresponde al lote de terreno Nº 3, cuyo propietario es el señor nombre reservado y que el rol de avalúos del inmueble es el N°842-2, comuna de Río Ibáñez.

b) En la causa V- 352-2021 se indicó que la franja expropiada corresponde al lote de terreno N°1, con una superficie de 9.438,60 metros cuadrados, teniendo el inmueble rol de avalúo N°842-2, comuna de Río Ibáñez, siendo su propietario nombre reservado.

Señala que informó a la Dirección de Obras Hidráulicas en Coyhaique, el error en cuanto a la individualización del predio objeto de la expropiación, ya que el terreno de Inversiones Terra Patagonia SPA, se encuentra inscrito a foja 05 N°04 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique y su rol de avalúo fiscal -inalterado con anteriores dueños- es 842-6 de la comuna de Río Ibáñez, y no el rol de avalúo 842-2 que figura en el Decreto de Expropiación y en las publicaciones del Diario Oficial y el Divisadero.

La DOH a través de nombre reservado y del Abogado Álvaro Rodríguez, manifestaron que corrigieron el error, emitiendo otra resolución y otro plano con el número del rol avalúo correcto. Además de ordenar que las máquinas salieran del predio mientras se hacían las modificaciones administrativas correspondientes.

Considera que la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Aysén, incurrieron en un acto ilegal que deviene en arbitrario, al ingresar al predio a través de un contratista y en virtud del Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas N°1324 de 25/11/2021, (en adelante DS) que se encuentra viciado al dirigirse a un destinatario distinto a su representado, pues se ha individualizado erróneamente el rol de avalúo de la propiedad que será objeto de expropiación en el Decreto Supremo, y su posterior publicación, privando y afectando sus derechos.

Añade que conforme a lo dispuesto el artículo 7° de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de legalidad que rige para los órganos del Estado, el acto administrativo -Decreto Supremo- debe encontrarse correcto en cuanto a la individualización del predio objeto del acto de expropiación, de lo contrario se incurre en un vicio que acarrea la anulabilidad de éste.

Añade que el error se advierte de la sola lectura del Decreto Supremo 1324 de 25/11/2021 del MOP ingresado en la causa V- Lo mismo sucede en la causa V-352-2021, donde consta la publicación del mismo Decreto Supremo, pero del terreno signando como N°1 con igual error del propietario aparente y rol de avalúo del inmueble:351-2021 ante el Juzgado de Letras de Coyhaique, cuyo texto es publicado en el Diario Oficial con fecha 01 de marzo de 2022.

SEGUNDO: Que, con fecha 8 de enero de 2024, informando el presente recurso, don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, de la Región de Aysén y nombre reservado, Director Regional de Obras Hidráulicas (S) del Ministerio de Obras Públicas de esta Región, domiciliados en domicilio reservado, solicitan su rechazo, con costas.

Que, en primer término expresan que mediante Resolución de fecha 07.09.2023, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas adjudica el proyecto de “Reposición Servicio Sanitario Rural Puerto Tranquilo, Comuna Río Ibáñez” a la empresa constructora Luis Roa Muñoz, para cuya ejecución, previamente, se llevaron a cabo procesos de expropiación, mediante la dictación del Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021, decretando el Fisco la expropiación del lote de terreno Nº 1, con una superficie de 9.438,60 metros cuadrados, necesario para la ejecución de la obra antes individualizada, lote que se identificó con rol de avalúo 842-2, de la comuna de Río Ibáñez, siendo su aparente propietario nombre reservado, a favor de quien se fija el monto provisional de la indemnización consignado en la causa Rol V-352-2021.

Que, asimismo, se decretó la expropiación del lote Nº 3, teniendo el inmueble rol de avalúo 842-2, de la comuna de Río Ibáñez, cuyo aparente propietario es nombre reservado, fijando el monto provisional de la indemnización en la suma de $5.057.850.- consignado en causa voluntaria que cita.

Niega que el actuar de la recurrida sea arbitrario o contrario a la razón; o ilegal, por cuanto se han cumplido todos los pasos establecidos por la Ley de Expropiaciones para la expropiación de los lotes N° 1 y N°3 requerida para ejecutar la referida obra. Advirtiendo que si se pretende la nulidad del proceso expropiatorio, ésta solicitud deberá ser objeto de un juicio de lato conocimiento contra el Consejo de Defensa del Estado como legítimo contradictor, pues requiere de una sentencia declarativa que permita reconocer el derecho que se invoca, que en este caso no es derecho indubitado, por cuanto sus alegaciones se basan en discutir que el decreto expropiatorio no consigna correctamente el Rol de Avalúo y el nombre del propietario aparente, .sin embargo, los antecedentes acompañados y que hacen referencia al rol de Avalúo que indica como “correcto”, a saber, el N° 842-06, no identifican al recurrente como propietario aparente. Lo anterior es motivo suficiente para que se resuelva el rechazo del recurso al ser manifiestamente improcedente.

Que, en cuanto a las modificaciones y rectificaciones a los decretos expropiatorios por el eventual error en el rol de avalúo fiscal y el nombre del propietario aparente, información que entrega el Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), la parte recurrente no acompaña más antecedentes de respaldo a su requerimiento de que se dicte un nuevo acto que modifique el Decreto Expropiatorio.

Aclaran que la consulta de antecedentes que entrega el Servicio de Impuestos Internos, respecto al rol de avalúo N° 842-06 de la Comuna de Río Ibáñez indicado por el recurrente, que correspondería a los lotes expropiados N°1 y N°3, aparece identificado como propietario aparente “nombre reservado DEL CA Y”, lo que se condice con la inscripción de dominio a fojas 3343 Número 1623 del Registro de Propiedad del año 2023, del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, que identifica a la sucesión por causa de muerte del Sr. nombre reservado, como propietarios de los inmuebles consignados en dicha inscripción cuyo rol de avalúo es, justamente, el N° 842-06 de la Comuna de Río Ibáñez. De este modo, la controversia no es factible de resolver mediante esta acción cautelar, puesto que requerirá la consulta y eventual rectificación en sede administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos y ante el Conservador de Bienes Raíces.

Que, por otra parte, las actuaciones denunciadas por la recurrente no son ilegales ya que tal como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, la ilegalidad resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural.

Que, de este modo, la evaluación de legalidad, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integran el derecho nacional y que en el presente caso coincide plenamente con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de las Constitución Política, en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, y el artículo 1°, 2° y 3° del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, fijado mediante el DFL N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que reglamentan claramente las funciones de dicha cartera pública. Por lo anterior, no ha existido ilegalidad o arbitrariedad de ninguna especie.

Que, en este sentido, siguiendo al profesor nombre reservado, entendemos que la arbitrariedad se refiere a los elementos discrecionales de la potestad del órgano público, por lo que sólo puede darse allí donde un órgano ha sido habilitado con un margen de libertad de apreciación para actuar en su función de satisfacer las necesidades públicas. Sin embargo, en el caso concreto de expropiación, esta obedece a una necesidad del Estado para desarrollar obras de infraestructura, cuyo mandante es la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Aysén a beneficio de todos los habitantes de la localidad de Puerto Tranquilo, siendo este un proyecto con un alto impacto social y económico, que busca abastecer de forma continua a la localidad y es una obra de interés público.

Que, no puede considerarse un actuar arbitrario ya que no obedece al mero capricho o un actuar irreflexivo por parte la DOH, sino que se enmarca dentro de las atribuciones legales de dicho órgano de la Administración, y más aún en su misión de brindar servicios de agua potable en los lugares más remotos del país.

Que, dado que no existe ni ha existido un actuar ilegal o arbitrario imputable a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Aysén, no existe una vulneración a alguna de las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente.

Que, respecto a la supuesta vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, lo cierto es que la recurrente no acompañó a su presentación ningún antecedente que pueda corroborar sus dichos en este aspecto. Además, tal como ya se ha señalado, la DOH posee plenas atribuciones legales para desarrollar obras de infraestructura como los sistemas de servicios agua potable, por lo que, se debe concluir que esta acción cautelar de protección carece de eficacia, debiendo la materia discutida en el presente recurso ser objeto del procedimiento señalado en el artículo 23 de la Ley de Expropiaciones o de un juicio de lato conocimiento, en su defecto.

Acotan que, conforme al artículo 577 del Código Civil: “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”. De esta forma, el dominio o propiedad -definido en el artículo 582 del Código Civil como el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno- es un derecho real por antonomasia. Luego, quien pretenda ser titular del todo o parte del derecho real de dominio sobre una cosa corporal debe participar –dentro del plazo indicado por el artículo 23, inciso primero, del D.L. 2186 del año 1978- de la liquidación del monto de la indemnización por expropiación por causa de utilidad pública.

Que, tan es así, que el inciso segundo del artículo 23 de la Ley de Expropiaciones señala: “Los juicios que hubieren iniciado se agregarán a este procedimiento y se paralizarán en el estado en que se encuentren, sin perjuicio que los acreedores usen de sus derechos en conformidad a las normas de este título. No obstante, los juicios en que un tercero reclame dominio sobre la totalidad o parte del bien expropiado, se acumularán también ante el Tribunal que conozca de la expropiación, pero continuarán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva conforme al inciso cuarto del artículo 40 de la le presente ley”

Que, la razón para que los juicios de lato conocimiento, en que se discute el dominio de un bien expropiado, se acumulen al conocimiento del Tribunal ante quien se ventila el procedimiento expropiatorio, se encuentra básicamente en el principio pretium succedit in loco rei, es decir, que el monto de la indemnización subroga al bien expropiado. Lo anterior, es de toda lógica ya que si existen derechos reales sobre un bien que pueden consistir en el dominio pleno, la nuda propiedad o una escisión del derecho real de dominio como el usufructo, no es equitativo ni razonable que el Fisco o la entidad expropiante pague o solucione dos veces el valor de un bien expropiado.

Que, si alguien pretende ser dueño del todo o parte de la indemnización de un lote de expropiación debe hacer valer sus pretensiones procesales ante el Tribunal que conoce de la expropiación judicial, conforme al procedimiento establecido para el artículo 23 de la ley de Expropiaciones, si su derecho no fuere objeto de controversia, o en el juicio que corresponda.

Que, en el mismo sentido, no es posible desconocer el claro tenor del artículo 20 de la Ley de Expropiaciones en orden a señalar: “… consignada a la orden del Tribunal el total o la cuota de contado de la indemnización … provisional, el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante y nadie tendrá acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien expropiado por causa existente con anterioridad”. A renglón seguido dicha norma jurídica señala: “En la misma oportunidad se extinguirá, por el ministerio de la ley, el dominio del expropiado sobre el bien objeto de la expropiación o sobre la parte de éste comprendida en ella, así como los derechos reales, con excepción de las servidumbres legales, que lo afecten o limiten. Se extinguirán, también, los arrendamientos, comodatos y demás contratos que constituyan títulos de mera tenencia, ocupación o posesión a favor de terceros, y todas las prohibiciones, embargos, retenciones y medidas precautorias que afectaren al bien expropiado.”

Que, en lo concreto, resulta evidente que su pretensión deberá ser entablada en un procedimiento señalado en el artículo 23 de la ley de expropiaciones o de un juicio de lato conocimiento, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho de aquellos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, indiscutido y que se encuentre amagado o violentado por un acto u omisión del recurrido.

En virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, fijado mediante el DFL N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de protección de garantías constitucionales, solicita sea desestimado en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que el acto arbitrario e ilegal que atentaría contra los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, se hace consistir en el ingreso al predio de su propiedad, ubicado en el sector Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, de máquinas pesadas y camiones rompiendo los cercos, moviendo el terreno y provocando daños en 800 metros cuadrados, por trabajos del proyecto de Agua Potable Rural de Puerto Tranquilo, que está ejecutando un contratista externo por encargo de la Dirección de Obras Hidráulicas o DOH del Ministerio de Obras Públicas, en base al Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021, decreto expropiatorio que adolece de un error en la identificación del inmueble expropiado y en el rol de avalúo asignado.

SEXTO: Que, de lo expuesto por las partes en sus escritos principales, esto es, el libelo pretensor e informe, aunados a los antecedentes que constan en la causa, se advierten como hechos no controvertidos, los siguientes:

a)Que Inversiones Terra Patagonia SPA., es poseedora inscrita de un predio de 475 hectáreas, ubicado en el sector Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, XI Región de Aysén, inscrito a fojas 5 N°4 del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, rol de avalúo N° 842-6.

b) Con fecha 11 de diciembre de 2023, ingresaron al predio referido máquinas pesadas y camiones rompiendo los cercos, moviendo el terreno y provocando daños en un área de aproximadamente 800 m2, para ejecutar trabajos del proyecto de Agua Potable Rural (APR) de Puerto Tranquilo, a cargo de un contratista externo por mandato de la Dirección de Obras Hidráulicas o DOH del Ministerio de Obras Públicas.

Este ingreso se mantuvo hasta la tarde del día martes 12 de diciembre de 2023 y el jueves 14 de diciembre 2023 la DOH accedió a suspender provisionalmente las obras.

c)Que mediante Resolución (T.R.) D.O.H. XI N°1, de fecha 07.09.2023, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas adjudica el proyecto de “Reposición Servicio Sanitario Rural Puerto Tranquilo, Comuna Río Ibáñez” a la empresa constructora Luis Roa Muñoz, para cuya ejecución, previamente, se llevaron a cabo procesos de expropiación, en conformidad al Decreto Ley 2.186, los que se manifestaron en la dictación del Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021, mediante el que el Fisco decretó la expropiación para sí del lote de terreno Nº 1, con una superficie de 9.438,60 metros cuadrados, necesario para la ejecución de la obra antes individualizada, que se encuentra ubicado en la Comuna de Río Ibáñez, lote que se identificó con rol de avalúo 842-2, de la comuna de Río Ibáñez, siendo de acuerdo a éste su aparente propietario nombre reservado.

d)Que, asimismo, el Fisco decretó la expropiación para sí del lote de terreno Nº 3, con una superficie de 7.495,70 metros cuadrados, teniendo el inmueble rol de avalúo 842-2, de la comuna de Río Ibáñez, siendo de acuerdo a éste su aparente propietario nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, de las mismas presentaciones referidas en el motivo precedente, se advierten como hechos controvertidos en autos, si el acto expropiatorio decretado por la recurrida recae sobre el inmueble del recurrente y si el rol de avalúo asignado en el Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021, adolece de un error que lo hace inválido y por ende, los convierte en actos arbitrarios e ilegales.

OCTAVO: Que, a partir de los hechos establecidos como inconcusos en la letras a ) y b) del basamento precedente, consistente en el ingreso del contratista externo por encargo de la Dirección de Obras Hidráulicas o DOH del Ministerio de Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de 2023, al predio de la recurrente, ubicado en el sector Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, mediante máquinas pesadas y camiones rompiendo los cercos para realizar moviendo del terreno y causando daños en 800 metros cuadrados, en base al Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021, decreto expropiatorio que identifica el inmueble expropiado con el rol de avalúo 842-2, en circunstancias que el rol de avalúo fiscal de la propiedad del recurrente corresponde al signado 842-6, se puede establecer la efectividad del hecho que motiva la pretensión recursiva, en cuanto a que la recurrida alteró el statu-quo existente, mediando actos unilaterales, que implican la auto tutela y vías de hecho como una forma de hacer efectivas sus pretensiones, situación anormal y evidente que atenta contra las garantías del recurrente, lo que se encuentra vedado en nuestro estado de derecho y que significan una amenaza su derecho a la propiedad, amparado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, cuyas facultades han sido afectadas y amenazas a consecuencia del ingreso al predio de la recurrente mediante rotura de cercos, provocando alteraciones en el terreno, ello por mandato de la recurrida, que si bien han cesado al retirarse el contratista de la obra del terreno de la recurrente, con fecha 12 de diciembre de 2023, persiste la amenaza de que tal ingreso vuelva a ocurrir, por lo que el recurso de protección deducido deberá ser acogido en esta parte , y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE HACE LUGAR, sin costas, al recurso de protección deducido por don Víctor Alejandro Oyarzún Rodríguez, en representación de Inversiones Terra Patagonia SPA., ordenando a la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, el cese de toda privación, perturbación o amenaza en contra del recurrente, respecto del terreno ubicado al interior del predio denominado “Sin Pensar”, localizado en el sector de la desembocadura del Lago Tranquilo, comuna de Río Ibáñez, XI Región de Aysén, perteneciente a Inversiones Terra Patagonia SPA, en base al Decreto Supremo Exento del Ministerio de Obras Públicas Nº 1324 de 25/11/2021.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la señora Ministra Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°: 353-2023.-