nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES A

En Coyhaique, a seis de Marzo del año dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, contador auditor, domiciliado en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regional de Aysén, representada por su Directora Regional (S) doña Elizabeth Montecinos Tranchino, o por quien conforme a derecho subrogue legalmente dicho cargo, ambas con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique, a fin de que se deje sin efecto la Resolución Exenta número 015/1415, del 30 de Noviembre del año 2018, que le fuera notificada con igual fecha, después de haber renovado reiterada, sucesiva e ininterrumpidamente relación a contrata, en siete oportunidades y por más de nueve años, ha decidido ahora no renovarla, declarando su cese de funciones como nombre reservado financieros, a contar del primero de Enero del año 2019, acto administrativo que vulnera sus derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, números 2, 16 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal, “restablecer el imperio del Derecho, adoptando las medidas que juzgue necesarias, en los términos que se desarrollará en el presente recurso, ordenando invalidar dicho acto, y disponer mi reincorporación indefinida, hasta su eventual término en proceso disciplinario que motive mi destitución o en proceso anual de calificación que así lo permita; o en su lugar, para el caso que lo anterior no lo no lo estime procedente, disponer mi reincorporación hasta el 31 de diciembre de 2019 por renovación de mi empleo a contrata, y en uno u otro caso, con expresa continuidad de mis remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta mi efectiva reincorporación, con costas.”.

A su presentación, acompañó los antecedentes documentales que describió en el Segundo Otrosí, como aquéllos que mencionó en su escrito del 28 de Febrero del año en curso.

Consta en autos también, que don Daniel Fernández Márquez, abogado, por la recurrida, informa según lo solicitado, pidiendo, en definitiva, el rechazo del recurso intentado, acompañando los antecedentes que indica en el otrosí de su informe y aquéllos mencionados en el escrito de fecha 19 de Enero del presente año.

Con fecha 27 de Febrero del año 2019, se ordenó traer los autos en relación.

A estrado y a la vista de la causa, por el recurrente, alegó la abogada, doña Vivianne Retamal Reyes, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su recurso; por la recurrida, alegó por el rechazo del recurso, el abogado don Daniel Fernández Márquez.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando su libelo, expresa que ingresó a prestar servicios para la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Dirección Regional de Aysén, en Octubre del año 2008, desempeñándose ininterrumpidamente en ese servicio, inicialmente como funcionario a honorarios y luego, desde Enero de 2010, en calidad de contrata, asumiendo en 2012 el cargo de nombre reservado financieros, y la última renovación de su contratación en dicha calidad y cargo se materializó a través de la Resolución Exenta RA N° 11084219120L8, de 4 de Enero de 2018, con lo que la recurrida ha renovado reiterada, sucesiva e ininterrumpidamente su relación funcionaria a contrata en siete oportunidades y por más de nueve años. En cuanto a sus calificaciones, señala que siempre ha sido calificado en lista 1 sobresaliente, y el promedio de sus evaluaciones en estos últimos nueve años es de 6.6; que su última evaluación del proceso calificatorio para el periodo comprendido en el semestre Marzo-Agosto de 2018, la efectúo particularmente la funcionaria, doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, quien lo evaluó con nota 6,7.

Agrega, que con fecha 30 de Noviembre de 2018, fue notificado de la Resolución Exenta N° 015/1415 de la misma data, dictada por la funcionaria referida, actuando en calidad de Directora Regional Subrogante, comunicándole a través de dicho acto administrativo que, el Servicio recurrido ha decidido no renovar su nombramiento a contrata, declarando el cese de sus funciones como nombre reservado financieros, a contar del 1° de Enero de 2019, y conforme se lee de dicha resolución, funda el cambio en la decisión que ha sostenido durante los últimos nueve años, en los criterios - que dice están-, contenidos en los Dictámenes N° 12.248 y N° 18.901, habiendo evidenciado una deficiente evaluación del suscrito que hace innecesario continuar requiriendo de sus servicios y en dicha Resolución Exenta que impugna, la recurrida no consigna ni cita antecedente alguno que respalde la deficiente evaluación que refiere.

En cuanto al derecho, luego de citar y reproducir los artículo 3 letra c) y 89 de la Ley N° 19.834, como asimismo jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, referida a que la transitoriedad o temporalidad de las relaciones a contrata no puede equipararse o ser entendida como sinónimo de inestabilidad o precariedad, correcto sentido y alcance del carácter transitorio del empleo a contrata que está además en consonancia con los principios jurídicos atinentes a la estabilidad de la relación laboral, recogidos en los Convenios de la OIT, de la cual nuestro país es miembro, y en particular en el Convenio N° 158 de 1982, - que, si bien no ha sido ratificado, recurrentemente es citado por la jurisprudencia de nuestros tribunales como fuente del derecho a la indemnidad del trabajador-, en tanto a propósito del régimen de término de la relación laboral, en su artículo 2.3 precisa que, "Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio.", siendo obvio que dicha garantía resulta fundamental, dado el estrecho vínculo que se advierte entre la duración de la relación y su estabilidad, en tanto ni aún la más estricta normativa que se implemente en materia de causalidad del despido resultará eficaz si existe la posibilidad de recurrir ad libitum a la contratación temporal, indeseada hipótesis y sus efectos que es justamente la que se ha implementado en nuestro país, a partir de la errada interpretación de las referidas normas de los artículos 3, 10 y 89 del Estatuto Administrativo, que entendiendo el carácter transitorio de los empleos a contrata como sinónimo de precariedad, ha permitido a la autoridad administrativa en su rol de empleador recurrir sin límites a las contrataciones pensadas como transitorias, renovándolas o prorrogándolas sucesiva y reiteradamente por años, e incluso décadas, transformando en ineficaz para los funcionarios de este estamento el estricto régimen de terminación de la relación prevista para todos los funcionarios públicos, que sólo debiera poder tener lugar al verificarse causales especificas en un debido proceso disciplinario.

Manifiesta que, sostenidamente, desde el año 2016, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, sin desconocer las facultades de la autoridad administrativa para decidir la no renovación o el termino anticipado de las relaciones a contrata, ha puesto límites a la decisión discrecional de la autoridad de poner término a las relaciones funcionarias que previamente ella misma decidiera renovar reiterada y sucesivamente, acudiendo, para así resolverlo, a los principios generales del derecho, entre otros, al de los actos propios, de estabilidad laboral, de supremacía de la realidad, y en especial, al principio de la confianza legítima y, en relación a este último principio, se establece que no resulta procedente que la Administración pueda cambiar su práctica, sea con efecto retroactivo o de forma sorpresiva, cuando su actuación continuada hubiere generado legítimamente en la persona - al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5°, 8° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República -, convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera en que lo ha sido anteriormente, y en la situación del funcionario público a contrata, respecto del cual la autoridad ha decidido reiterada, sucesiva e ininterrumpidamente renovar su contratación, la continuidad de esa conducta torna en permanente y constante la relación inicialmente pensada como transitoria, en tanto ese actuar genera en el funcionario legítimamente expectativas que se repetirá, y razonablemente confianza en ser recontratado, como se ha resuelto por el ente de Control Administrativo a partir de los Dictámenes Nos. 22.766 y 85.770, ambos del año 2016, y sostenido con precisiones particulares en los Dictámenes Nos. 6.400 y 16.512, citando y reproduciendo, además, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Expresa, que el reconocimiento del principio de confianza legítima impone a la autoridad que adopta una decisión o criterio en un sentido distinto del que ha venido teniendo, la obligación de así comunicarlo a través del respectivo acto administrativo, en el que además deberá explicitar el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que sustenta el cambio de su decisión o criterio, y la potestad de la autoridad en términos de decidir no renovar una relación a contrata debe ejercerse con arreglo a la ley, y para ello habrá que acudir a la legislación que regula los actos de la Administración, en tanto la decisión del jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado, y que en cuanto al funcionario investido de facultades o competencia para decidir el cambio de conducta, y resolver sobre la no renovación, el Estatuto Administrativo norma que corresponde al jefe superior del servicio el nombramiento o promoción de cargos, y en el caso, la recurrida, es de aquellos servicios regidos por dicho ordenamiento, y la Resolución Exenta N° 015/1415, de 30 de noviembre de 2018, impugnada, ha sido dictada por doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, en calidad de directora regional subrogante, agregando que con fecha 19 de mayo de 2017, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante la Resolución N° 15/11, publicada en el Diario Oficial de fecha 02 de agosto de 2017, delegó en los Directores Regionales, o en quien los subrogue en caso de ausencia temporal la facultad, entre otras, de designar, prorrogar y poner término a la designación del personal a contrata. (Acápite I., letra A, N.° 5), y que la resolución recurrida fue dictada por doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, en calidad de Directora Regional Subrogante.

Cita, a propósito de las subrogancias, lo dispuesto por el artículo 80 del citado Estatuto Administrativo que dispone que, “asumirá como subrogante, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el desempeño del cargo.”, orden legal de subrogancia que puede ser modificado por la autoridad facultada, según lo faculta expresamente el artículo 81 del mismo texto, en tanto se trate de cargos de exclusiva confianza, o cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan los requisitos para desempeñar las labores correspondientes (letras a) y b), y que con fecha 21 de septiembre de 2018, mediante Resolución Exenta RA N° 110790/916/2018, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, amparada en la mencionada norma del artículo 81 letra b) del Estatuto Administrativo, modificó el orden legal de subrogancia, entre otros, del cargo de Director Regional de Aysén, designando en primer lugar de subrogancia a doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, funcionaria de planta profesional grado 11, a contar del 3 de septiembre de 2018, consignando como fundamento para justificar el ejercicio de dicha facultad, consigno: “6.- Que, en las direcciones regionales de Tarapacá y Los Ríos no cuentan en su dotación de personal con funcionarios titulares que puedan asumir esta función. Por otro lado, en las direcciones regionales de Antofagasta, del Maule y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, las funcionarías titulares no se desempeñan en la misma comuna de la oficina regional, por lo que operativamente y en virtud del principio de continuidad del servicio se hace necesario alterar el orden de subrogación.”, sin embargo dichas circunstancias son falsas, por no ser efectivo que en esta comuna no se desempeñe otro funcionario de planta que siga en orden jerárquico al de Director Regional, que en esta región corresponde al grado 7 de planta, no encontrándose la Vicepresidenta Ejecutiva de la recurrida legalmente autorizada para alterar el orden legal de subrogancia y de consiguiente ilegítimo el accionar de doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino.

Que, tampoco resulta ser efectivo que doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino sea funcionaria de planta profesional, como lo dice su designación, ya que también es funcionaria a contrata, según se lee de la información que entrega la plataforma de transparencia activa de la recurrida, que hasta el mes de noviembre tenía asignado el grado 11, y desde ese mes ha sido ascendida a grado 9 en la misma calidad de contrata, razón por la cual tampoco se encuentra legítimamente habilitada para subrogar el cargo de Director Regional, correspondiéndole legítimamente subrogar en dicho a doña nombre reservado, funcionaria de planta titular, grado 8, quien sigue en el orden jerárquico del grado 7 correspondiente al titular, y siempre se ha desempeñado en esta ciudad, y de consiguiente, y advirtiendo que conforme lo regula el artículo 3 de la Ley N° 19.880 en su inciso tercero, la Resolución Exenta N° 015/1415, impugnada por el presente recurso, sólo pudo ser dictada por la autoridad administrativa dotada de poder de decisión, prerrogativa de la que doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino carece, -no encontrándose facultada para decidir sobre la no renovación de su contrata y el cese en sus funciones, quien ilegítimamente subroga el cargo de Directora Regional-, se erige entonces como un acto ilegal y así debe ser declarado.

En cuanto a los fundamentos del acto impugnado y los antecedentes que lo acreditan, es necesario acudir a la legislación supletoria que regula los actos de la Administración y, en ese sentido, la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, entre ellos, los principios de transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él; y de consiguiente, establece la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión que afecte los derechos de las personas, expresando los hechos y los fundamentos de derecho, acorde el artículo 11 inciso segundo; obligación que impone en todos los casos -aun cuando no se afecten derechos de personas-, si particularmente el acto administrativo es una resolución final. “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, inciso cuarto de su artículo 41, exigencia estrechamente vinculada con el control que debe existir sobre el recto ejercicio que la autoridad administrativa debe hacer de las potestades que le han sido otorgadas, garantizando y permitiendo revisar su actuar acorde los principios constituciones resguardados, a saber, principio de juridicidad -el que lleva implícito el de racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, establecido con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y recogido en su artículo 2; principio de igualdad y no discriminación arbitraria, contenido en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental; y el accionar en concordante con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al conferirle tales potestades, requisito sustancial, en tanto condición de mínima racionalidad en la afectación de los derechos de la persona a la que se dirige; lo contrario implicaría confundir la discrecionalidad que concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad, sin que sea suficiente la mera referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión, citando y reproduciendo, al efecto, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Seguidamente, cita y reproduce los numerales 4 al 6 de la Resolución recurrida, referidas a las motivaciones para tomar la decisión de no renovar su empleo a contrata, a saber, su deficiente gestión y falta de interés alguno en mejorar, incumpliendo sus tareas, funciones y responsabilidades, sin embargo, no desarrolla en ella cuál ha sido el razonamiento utilizado para llegar a esas apreciaciones, ni cita antecedente alguno que las respalden, como acontecería, por ejemplo, con informes, instrucciones, actas de reuniones, etc., resultando una simple retórica formal que le impide de su sola lectura, conocer la real motivación de la decisión de no renovar su contrato, que solo puede especular y a los terceros hacerse una muy mala opinión del suscrito. Que cita la resolución -no sabe si con el propósito antes anotado-, los Dictámenes 12.248 y 18.901, ambos de 2017, de la Contraloría General de la República, en los que por cierto nada dicen relación con una evaluación deficiente, sino reiteran el criterio de que las contrataciones sucesivas y continuas de un empleo a contrata generan una legítima confianza que sería renovada, y recalcan la obligación de que la decisión de no renovarla se materialice en un acto administrativo que contenga "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta", de modo tal que la sola expresión de los motivos que se tuvo en cuenta para adoptar esa decisión sin señalar en el mismo acto los antecedentes que la respaldan, como acontecería, por ejemplo, con informes o estudios, constituye una simple referencia formal de los motivos que impide que, de la sola lectura de la resolución, se pueda conocer cuál han sido las reales razones de la autoridad para así decidirlo, restando toda eficacia a antecedentes proporcionados posteriormente en esa sede administrativa, por lo que dispone que los afectados sean restituidos en sus empleos en los mismos términos de sus últimas contrataciones.

Expresa, que durante los nueve años que ha servido para la recurrida en calidad de contrata ha sido calificado en lista 1, siendo el promedio de mis notas un 6.6; que nunca su desempeño profesional ha tenido un reproche, salvo aquél que se hiciera con ocasión de distintas deficiencias administrativas que se detectaran en toda la unidad regional, y que en lo personal le significó una anotación de demerito y la resta de 2 puntos en su evaluación de desempeño en el factor comportamiento funcionario, según así fuera dispuesto por resolución N° 015/010 de 29 de diciembre de 2017, de la misma Dirección Regional, y de la que se tomara nota en su último proceso calificatorio, que concluye con nota 6,1., hecho conocido por doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, quien en septiembre de 2018 procedió a la calificación de su gestión para el periodo marzo - agosto, consignando expresamente sobre su rendimiento: “En situación de emergencia climática asume el liderazgo de la situación con oportunidad en la respuesta. Se da cumplimiento a la ejecución presupuestaria (meta al 31/08). Asesora y colabora activamente en periodo de subrogancia y jefatura”, sobre sus condiciones personales, "Ejerce liderazgo positivo lo que se traduce en un clima laboral adecuado para el personal a su cargo. Buena disposición presenta a las tareas encomendadas y a los requerimientos de su jefatura”, sobre su comportamiento funcionario: “Cumple con Estatuto administrativo y lineamientos institucionales”, y en cuanto a las mejoras de su desempeño que se le requieren, señala: “Seguir mejorando la coordinación entre subdirecciones, se sugiere jornada que permita reflexionar los procedimientos del SEC de los cuales su unidad es responsable con participación de representantes de otras subdirecciones y con participación de todo su personal a cargo, de manera de garantizar respuesta oportuna a las demanda de los clientes internos. Participar de la creación de un procedimiento interno para inicio de actividades de ampliación de cobertura”.

Refiere que tal es la evaluación que sobre su desempeño hizo doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, en septiembre de 2018, que él conoció el día 20 de ese mes, ¿qué cambió entre esa fecha y el 30 de noviembre?, lo desconoce ¿Cómo pudo en menos de 60 días, de pasar a ser un funcionario que ejerce liderazgo, da respuesta oportunas, cumple con la ejecución presupuestaria, con buena disposición a las tareas encomendadas y a los requerimientos de su jefatura, y cumple con el estatuto administrativo y los lineamientos institucionales, a ser un funcionario cuyo desempeño se encuentra por debajo de lo esperado y definido, que no manifiesta interés alguno en mejorar, por cuanto, no ha cumplido, en términos de calidad y oportunidad con las tareas, funciones y responsabilidades para su cargo. ¿Cómo resulta ser posible que advierta deficiencias en su gestión y administración de los recursos físicos de los distintos programas y proyectos de la Dirección Regional, al punto de poner en riesgo la seguridad de la provisión eficiente y oportuna de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio, a nivel regional, si menos dos meses antes lo calificaba con nota 6,0 los ítems sobre esos aspectos?, lo cierto es que, en su caso, lo único evidente es la contradicción de la recurrida, quien sin referir antecedente alguno descalifica su conducta profesional y personal con el solo propósito de cumplir formalmente con su obligación de motivar el acto administrativo cuestionado, no permitiéndole conocer cuáles son las reales motivaciones que ha tenido para decidir después de 9 años no renovar su contrata, pudiendo sólo especular sobre ello.

Señala que, curiosamente, pocos días antes de la dictación de la Resolución recurrida, doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino tuvo la oportunidad de conocer el contenido de sus declaraciones en causa RIT O-58-2018, del Juzgado del Trabajo de esta ciudad, a la que debió concurrir como testigo de la recurrida y en la que, distinto de lo que se le sugiriera, declaró lo que le constaba sobre las condiciones de trabajo del funcionario que demandaba, a diferencia de los otros testigos que depusieron en los términos que se les sugería, quienes no han corrido su suerte y respecto de ellos sus contratas han sido renovadas. Ha sido esto lo que ha motivado la decisión de la recurrida, no tiene como saberlo, y ahora, si el descontento con su desempeño fuera la circunstancia verdadera que motivó su desvinculación, en tanto puede ser efectivo que su cometido no fuera el adecuado, ese fundamento no es idóneo ni cumple con la entidad suficiente para vencer la legitima confianza que le asiste en que su contratación será renovada, puesto que sus calificaciones, efectuadas en el período previsto en el estatuto administrativo, son suficientes para mantenerlo en sus funciones, siendo las herramientas para llevar a cabo las desvinculaciones en conductas como las que se le atribuyen de deficiente desempeño.

Manifiesta, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, que las consideraciones precedentes permiten concluir que la Resolución Exenta N° 015/1415, de 30 de noviembre de 2018, dictada ilegítimamente por Doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino, fundada en los dictámenes N° 12.248 y N° 18.901, ambos del año 2017, de la Contraloría General de la República, en circunstancia que su contenido no acredita ni se refieren a la justificación que formalmente expresa, sin que en ella se cite ni consigne antecedentes alguno que acredite su deficiente evaluación sobre hechos o periodos no comprendidos en su calificación, y sea razón para que sus servicios no sean ya necesarios, es ilegal en tanto contraviene las normas contenidas en los artículos 3, 10, 16, 80, 81 y 89 de la Ley N° 19.834 sobre Estatuto Administrativo, en los artículo 1 y 2 de la Ley N° 17.301 que crea la corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, en los artículos 3, 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y por cierto en los artículos 5, 6, 7, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política del Estado.

Agrega, que la decisión de la recurrida importa, por cierto, además una desviación de poder, por cuanto lo que se desea es desvincularlo sin un procedimiento previo que le permita defenderse de las acusaciones de falta de deberes y deficiente desempeño que se le imputa, como sí ocurriría en una investigación disciplinaria o en el proceso de calificación anual, existiendo concretamente un fin diverso a que no sean necesarios ya sus servicios por la pretextada evaluación deficiente, esta última, que constituye desviación de poder, al pretender la autoridad disponer del cargo para entregar su desempeño a otra persona de su confianza, proceder ciertamente contrario al ordenamiento jurídico, y lo constituye en ilegal, debiendo ser anulado y, de otra parte, las justificaciones consignadas en el acto impugnado, desprovistas de una relación circunstanciada de los hechos que pretende atribuirle, sin referencia a antecedente alguno que los sustente y carente de fundamentos legales, constituye una mera retórica formal e injuriosa, que da cuenta que el recurrente ha quedado entregado al capricho o voluntad desnuda de la autoridad recurrida. Que el actuar voluntarioso de la decisión administrativa recurrida por lo demás, se hace latente cuando pretende justificarse en los contenidos de Dictámenes del año 2017, los que en nada se refieren a las motivaciones que anuncia, razones que permiten afirmar que el actuar de la recurrida, además de ilegal, es también arbitrario y así debe ser declarado.

Respecto de los derechos fundamentales vulnerados refiere, en relación con el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que acorde con lo razonado y advertida la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que no ha renovado su contrata, contrariado además el propósito que el legislador previó al establecer dichos empleos, definir sus características de transitoriedad y la facultad para ponerles término en razón de las necesidades del servicio, desvinculándolo al margen del proceso calificatorio o del procedimiento disciplinario, ha terminado siendo objeto de un trato desigual por parte de la recurrida respecto de aquéllos a otros empleados que, desempeñándose bajo la misma modalidad han sido renovados en sus contrataciones, vulnerándose su derecho de igualdad ante la ley.

En cuanto a la vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, referida a la libertad de trabajo y su protección, refiere que según aparece de los antecedentes de sus calificaciones acompañadas, desempeñaba sus funciones para la recurrida, con compromiso y liderazgo, con lo que la no renovación de su empleo ha vulnerado flagrantemente su libertad de trabajo, entendiendo por tal, la posibilidad de continuar ejerciendo funciones como personal a contrata, que desempeñó históricamente y amparado en el principio de confianza legítima, y que con su reiterada contratación, primero a honorarios y luego a contrata, se evidencia un interés en mantener el vínculo entre la Administración y él, incurriendo en una práctica administrativa que genera una legítima expectativa que induce razonablemente a confiar en la repetición de la actuación, resultando improcedente que la Administración cambie dicha práctica, en forma sorpresiva, y sin que resulte verificable en el acto administrativo impugnado que las razones reales se vinculen sólo con su capacidad o idoneidad personal, única circunstancia que la Constitución le garantiza permitiría discriminarle en el ámbito laboral y excluirle de su empleo a contrata.

Luego de citar y reproducir, en lo pertinente, el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 583 del Código Civil, y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresa que la recurrida, quien ha renovado reiterada, sucesiva e ininterrumpidamente la relación a contrata - en siete oportunidades y por más de nueve años-, transformándola por su propia conducta, en una relación de carácter indefinido, asistiéndole en ese sentido la confianza legítima en que ella ha debido ser renovada, ve amenazado su derecho de propiedad, no en el sentido de propiedad del cargo, sino de propiedad sobre la estabilidad en el empleo, del que no puedo ser privado sino sólo por razones suficientemente fundadas y conforme causales contempladas en la ley, privándole de sus funciones como nombre reservado financieros y de sus remuneraciones.

Pide se declare que se acoge el recurso de protección deducido, ordenando invalidar la Resolución Exenta N.° 015/1415, de 30 de noviembre de 2018, y disponer su reincorporación indefinida, hasta su eventual término en proceso disciplinario que motive su destitución o en proceso anual de calificación que así lo permita; o en su defecto, para el caso que ello no se estime procedente, disponer su reincorporación hasta el 31 de diciembre de 2019, por renovación de su empleo a contrata, y en uno u otro caso, con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece don Daniel Fernández Márquez, abogado, por la recurrida, informando al tenor del recurso, quien luego de relacionar los antecedentes del mismo, manifiesta que niega la existencia de infracciones a las garantías constitucionales de la recurrente, afirmando que el Servicio, ha ejecutado su actividad con absoluta sujeción a la legislación vigente y pleno respeto al derecho, ya que tal como lo sostiene la recurrente, y no es punto controvertido, ésta prestó servicios para JUNJI desde Enero de 2010 en calidad de contrata, asumiendo el año 2012 el cargo de nombre reservado, que pertenece a la dotación de las denominadas “contratas”, razón por la cual sus funciones para JUNJI son anuales, expirando por el sólo ministerio de la ley esta vinculación el 31 de diciembre de cada año, y que en su caso, el vínculo que existió es una relación de derecho público, de corte estatutaria, regulada taxativamente por el estatuto administrativo; que el legislador define expresamente lo que es un cargo a contrata en el artículo 3 letra c) del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, el que por su propia naturaleza es transitorio y precario, y agrega además el artículo 10 del Estatuto Administrativo una fecha límite de duración, esto es, que durarán como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley.

Que, en cuanto a las facultades de la autoridad, la Ley N° 17.301 de 1970, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ha facultado expresamente a su Vicepresidenta Ejecutiva conforme a lo prescrito en el artículo 7 del referido cuerpo legal, para organizar al Servicio dentro de los límites establecido por la ley, unido ello a los principios de eficiencia y eficacia prescritos por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.575, en sus artículos 3 y 5, que imponen el deber al Jefe del Servicio - Vicepresidenta Ejecutiva - para utilizar los recursos de la forma más eficiente posible, quedando dentro de su ámbito de competencias discrecionales determinar la contratación, desvinculación o no renovación del personal, según las necesidades del Servicio; así las cosas, la Vicepresidenta ejecutiva, dentro de sus facultades atribuidas directamente por la ley, puede disponer la organización del Servicio, lo que conforme a su sentido natural y obvio implica como lo señala la RAE “Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados”.

Indica, que el actuar de los Órganos Administrativos está sometido al principio de legalidad, y en el caso de la Administración existen un conjunto de normas que regulan la ejecución de sus acciones. En este mismo sentido, el artículo 31 inciso 2° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.575, prescribe, que son los Jefes Superiores de los Servicios, quienes deben dirigir y organizar los Servicios, siendo los responsables de su gestión, esto debe entenderse en relación con el artículo 5o de dicho cuerpo legal, conforme a lo cual es el legislador, el cual, atribuye una serie de facultades a los Jefes Superiores de los Servicios Públicos, todo en miras a lograr un eficiente desempeño de los recursos del Estado, y satisfacer las necesidades de la población, por lo cual, el actuar de JUNJI, se encuadra dentro de este ámbito de atribuciones legales y, en consecuencia, no ha habido un actuar ilegal.

Luego de reseñar y reproducir citas y normas legales referidas a la delegación de facultades y atribuciones de determinados niveles jerárquicos de la institución, refiere que, en ese sentido, JUNJI debe contar con el personal necesario para desarrollar todas y cada de las funciones que le han sido asignadas, siendo facultad legal, exclusiva y excluyente de la Vicepresidenta Ejecutiva y en razón de la facultad delegada, las Directoras Regionales de JUNJI, velando y supervisando por la optimización del recurso humano y, así en su caso, la no renovación de la recurrente ha obedecido a un acto absolutamente ajustado a derecho.

Seguidamente, relaciona el perfil de cargo de la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos de la Dirección Regional, observándose una serie de hechos acreditados que dan cuenta de que el recurrente efectivamente “desempeñó sus funciones por debajo de lo esperado”, en “términos de calidad y oportunidad con las tareas, funciones, y responsabilidades previstas para su cargo”, y que “en su rol de nombre reservado se han advertido deficiencias en las gestión, planificación y control en términos financieros, contables, presupuestarios y de recursos físicos de los distintos programas y proyectos de la Dirección Regional”, tal como rezan algunos de los razonamientos contenidos en los considerandos 4° y 5° que fundan y motivan la Resolución Exenta N° 015/1415, de 30 de noviembre de 2018, que dispuso el Cese de Funciones por no Prórroga de Nombramiento al recurrente.

En relación a lo anterior y respecto del deficiente desempeño del funcionario conforme a hallazgos de Auditoría Interna, refiere que con fecha 28 de noviembre de 2018, se aprobó por la Unidad de Auditoría Interna de JUNJI, el Informe de Auditoría de aseguramiento al proceso de compras públicas, cuyo objetivo gubernamental de auditoría N° 1-2018, consistió en realizar una evaluación de los riesgos asociados a la probidad y transparencia en los procesos de compras al interior de JUNJI, de las regiones de Antofagasta y Aysén. Código F-SAI-11, relacionando las situaciones de mayor relevancia que conformaron los 9 hallazgos obtenidos de la revisión, relativos a la Dirección Regional de Aysén, hechos que dan cuenta del asesoramiento deficiente a las diferentes jefaturas y áreas de la Dirección Regional en materia de contabilidad y finanzas, y recursos físicos, y que dieron lugar a la aplicación, al recurrente, de una primera medida de censura por pagos indebidos, mediante Resolución Exenta N° 015/995, de fecha 10 de septiembre de 2013, con anotación de demérito de dos puntos en su hoja de vida; y a la aplicación de una segunda medida de censura por vencimiento de documentos en garantía, mediante Resolución Exenta N° 015/10, de fecha 29 de diciembre de 2017, con anotación de demérito de dos puntos en su hoja de vida, agregando que con fecha 26 de noviembre de 2018, mediante correo institucional dirigido por la Directora Regional de JUNJI (S) Región de Aysén, doña Elizabeth Montecinos, a don nombre reservado, Director Nacional del Departamento de Recursos Financieros de JUNJI, se informa que el 13 de Noviembre del año en curso, en reunión de subdirectores, el recurrente, en su calidad de nombre reservado de JUNJI Aysén, declara “no tener la capacidad de realizar la gran compra, por lo que no contaríamos con el material para un adecuado inicio de actividades en marzo. Refiere nuevamente que sólo tiene un encargado de compra, y que es el motivo por el que no se podría responder con oportunidad a los requerimientos de los jardines"., y con fecha de 14 de enero de 2018, la Directora Regional vuelve a informar a don nombre reservado, señalando que “en el periodo en que estuvo a cargo don nombre reservado, no hubo avance respecto de la gran compra, y que en el actual escenario, la opción que están barajando es compra parcializada.”, quedando de manifiesto que la mala planificación en esta materia, pondría en riesgo el inicio normal de las actividades de todos los jardines infantiles de la Región de Aysén.

Relaciona, seguidamente, hallazgos de preinforme de la Contraloría Regional de la Región de Aysén, relacionados con movimiento contables de las tres cuentas corrientes bancarias que administra la recurrida, que contiene 8 hallazgos, agregando, a modo de conclusión, que efectivamente, a la luz de dichos hallazgos contenidos fehacientemente en dos informes, a saber, el de Auditoría de JUNJI, de fecha 28 de noviembre de 2018, y el de la Contraloría Regional de Aysén de fecha 29 de agosto de 2018, que el recurrente incumple con las funciones y responsabilidades propias asignadas en el perfil del cargo de nombre reservado y Físicos de JUNJI; que en el caso del vencimiento de instrumentos de garantías de Contratos de Obra de JUNJI (hallazgo N° 4 de Preinforme de Contraloría) el recurrente reincide en el motivo mediante el cual ya había sido objeto de la aplicación de la medida de Censura mediante Resolución N° 015/10, de fecha 29 de diciembre de 2017, tomada de Razón con fecha 28 enero de 2018, con anotación de demérito; que el cargo de nombre reservado y Físicos JUNJI es estratégico y funcionalmente determinante para el buen uso y debido resguardo de los recursos públicos asignados al Servicio, y que por tanto debe siempre disponer de funcionarios altamente calificados, hecho que conforme al mérito de lo expuesto, no ocurrió en la especie; que los dos Informes antes aludidos, son estrictamente técnicos, y fueron dados a conocer a las autoridades del Servicio con posterioridad al periodo de evaluación de desempeño del recurrente, el cual comprendió entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto del 2018, y antes del 30 de noviembre de 2018, y por tanto, quedaron excluidos de ser apreciados en dicho periodo de tiempo; y que a la luz de los hallazgos descritos precedentemente, queda de manifiesto que no podía generarse para el Servicio una confianza hacia la labor ejercida por el recurrente en su cargo de nombre reservado y Físicos de JUNJI, por cuanto aquélla incidía directamente en el buen uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de las metas fijadas para todos los procesos y subprocesos del Servicio bajo los principios de la legalidad del gasto y de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública.

Como razones de fondo para desestimar el recurso por inexistencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, expresa, luego de citar y reproducir el artículo 20 de la Carta Fundamental, y hacer lo propio con reiterada jurisprudencia relacionada con la arbitrariedad y la ilegalidad, que el acto u omisión arbitrario e ilegal para ser atacable vía recurso de protección, debe tener una relación causa - efecto con una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de un derecho, y que la recurrente no ha logrado establecer la forma o manera en que la autoridad regional habría afectado el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 números 2, 16 y 24, toda vez no ha aportado ningún antecedente fundante que permita acreditar que se ha ejercido un trato ilegal o discriminatorio por parte de esa autoridad, sólo se limitó a señalar que “el acto administrativo” de no prorroga de su contrata no tiene fundamento o motivación suficiente, es más, se ha sometido al funcionario al mismo régimen normativo estatutario que a cualquier otro funcionario a contrata de la Administración regidos por el Estatuto Administrativo, tal como lo señala la jurisprudencia en fallo de la Excelentísima Corte Suprema en recurso de Protección, Rol N° 21.517-2014, que afirma que el término de las contratas se produce por el solo ministerio de la ley.

Que, en cuanto al derecho de igualdad, luego de citar y reproducir fallos del Tribunal Constitucional, manifiesta que la recurrente acusa que la no renovación de su contrata es ilegal, por cuanto no tenía fundamento o motivación suficiente, siendo preciso señalar que la afirmación de la contraria es absolutamente errada, por cuanto la contrata al tenor de los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, son transitorias y duraran sólo hasta el día 31 de diciembre de cada año, expirando por el sólo Ministerio de la Ley las funciones de las personas que las ejercen, en consecuencia la “contrata” termina por causa legal y por el sólo ministerio de la Ley; en consecuencia, la decisión de la autoridad administrativa de no renovar su contrata, tiene su fuente en la ley, siendo el fundamento de ese acto la propia norma del Estatuto Administrativo citado, razón por la cual no hay una contravención a la ley ni carencia de fundamento en el acto, por lo cual éste no es ni ilegal ni arbitrario.

Agrega que yerra la recurrente en la calificación jurídica del tipo de estatuto aplicable a los funcionarios públicos y las consecuencias del mismo, ya que el vínculo que existió entre la ésta y JUNJI, es una relación de derecho público, de corte estatutaria, regulada taxativamente por el estatuto administrativo, así el legislador, define expresamente lo que es un cargo a contrata en el artículo 3 letra c) y 10 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, es decir, por su propia naturaleza es transitorio y con fecha de conclusión explícita, citando y reproduciendo, al respecto, doctrina de la Contraloría General de la República, por lo que no puede considerarse ilegal ni arbitraria la actuación de la autoridad administrativa cuando ésta se ha producido dentro de sus facultades legales discrecionales (exclusivas y excluyentes), dentro del contexto de las facultades legales expresas del artículo 3 y 10 del Estatuto Administrativo.

Indica, que la recurrente señala en su líbelo que el acto de la no prorroga habría vulnerado su derecho de propiedad sobre “la estabilidad del cargo” incorporado a su patrimonio y, así las cosas, en base a tal argumento impetra recurso de protección alegando estar afectado en el “ejercicio legítimo de un derecho”; es decir que estando en el ejercicio legítimo de su derecho de propiedad de su cargo por un acto ilegal y arbitrario del recurrido fue desvinculado del servicio.

Que, al respecto, el mayor reproche que merece la fundamentación del recurrente, es precisamente el arrogarse la titularidad de la legitimación activa del recurso de protección, al señalar -de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República- que al tiempo de la vulneración se encontraba en el ejercicio legítimo de un derecho, situación que no es efectiva, en esos términos por cuanto el recurrente no es el titular del derecho de propiedad que alega conculcado, ello por cuanto, la propia Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 17, en relación a los empleos públicos sólo protege el ingreso o admisión a ellos, situación que no afecta al recurrente, y en el caso del N° 24 de la norma citada se protege el bien jurídico propiedad, y no un sistema de mayor o menor movilidad de un funcionario en su empleo como sería la estabilidad en el empleo, por lo cual no se vislumbra que el recurrente se encontraba al momento del cese de sus servicios como titular de un derecho de propiedad y en consecuencia en el ejercicio legítimo de un derecho, citando jurisprudencia al respecto y, en síntesis, el recurrente carece de legitimación activa, al no estar en ejercicio legítimo de un derecho (propiedad), toda vez que los funcionarios públicos tienen una relación estatutaria de derecho público con el Estado, que no le otorga propiedad sobre el empleo, pudiendo terminar en su cargo el funcionario por causal legal o por la llegada del plazo establecido, y en el caso sub-lite la contratación termina por causa legal ya que los servicios del funcionario han dejado de ser necesarios.

Agrega que, tal como se desprende del análisis de los antecedentes, el recurrente carece de derecho indubitado que es un requisito indispensable para la procedencia del recurso, lo que determina que la resolución del conflicto existente entre las partes exceda el ámbito del Recurso de Protección que es meramente cautelar, sumario y no contradictorio y que debió ser conocido en la sede administrativa correspondiente, atendido que responde a una materia de lato conocimiento y, en ese orden de ideas, el artículo 160 de la Ley 18.834, que reproduce, en lo pertinente, confiere a los funcionarios públicos el derecho a reclamar por la ilegalidad de los actos de la administración, y según consta en autos, el recurrente no realizó presentación alguna, ante dicho órgano Fiscalizador en conformidad a lo establecido por la norma precitada, por tanto, se entiende que renunció a la instancia administrativa que pudo resolver el asunto de lato conocimiento, cual es la declaración de algún derecho supuestamente inculcado, hecho que se desprende a partir de la lectura de los subtítulos de las materias que se observan en el libelo, lo transitorio no significa precariedad; en la actualidad es un “axioma” la relación laboral a contrata renovada reiterada y sucesivamente se transforma en indefinida, por la propia continuidad de la conducta de la administración; y, la decisión de no renovar la relación a contrata debe constar en acto administrativo.

Como conclusiones y peticiones concretas, expresa que de acuerdo a lo expuesto, no queda sino concluir que en la no renovación de la contrata de la recurrente no ha ocurrido un acto arbitrario o ilegal por parte del Servicio, que a su vez afecte el derecho de igualdad ante la ley o la propiedad como lo sostiene ésta, por cuanto la no renovación de la contrata a un funcionario, es una potestad discrecional radicada en la autoridad administrativa que se ejecuta de acuerdo a planes y programas que priorizan las materias más relevantes fijadas por la autoridad, terminando la contrata por el solo ministerio de la Ley el 31 de diciembre de cada año, no vislumbrándose la existencia de actos que afecten las garantías referidas, debiendo ser rechazado el recurso de protección materia de autos.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, resulta menester, entonces, analizar previamente si existió o no un acto o una omisión, arbitrarios o ilegales que hubieren perturbado o amenazado las garantías constitucionales que el recurrente invoca.

De los antecedentes de autos, acompañados por la recurrente y por recurridos y de lo que se desprende de sus respectivas presentaciones, ponderados de conformidad al respectivo Auto Acordado, y sus modificaciones, esto es de conformidad a las reglas de la sana crítica, es que deben tenerse como hechos de la causa, que: el recurrente, de profesión contador, se desempeñó, desde Enero del año 2010, en calidad de contrata, asumiendo en el año 2011, el cargo de nombre reservado y Físicos, Profesional de Gestión, grado 10 de la EUR, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Aysén, habiéndosele renovado su contrata, por última vez, con fecha 4 de Enero del año 2018, siendo su última calificación en el período del primero de Septiembre del año 2017 al 31 de Agosto del año 2018, de 6,7.

Que, con fecha 30 de Noviembre del año 2018, se le notificó la Resolución Exenta número 015/1415, dictada por la Directora Regional, Subrogante, de la Región de Aysén, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la que se le comunica la decisión del cese de sus funciones, por no prórroga de nombramiento a contar del primero de Enero del año 2019, basado en seis considerandos, que se refieren: el Primero, a la actividad y tiempo en que se desempeñó el recurrente en la institución; el segundo, lo dispuesto en los artículos 3, letra c), y 10 de la Ley 18.834; el tercero, lo prescrito en el artículo 31 de la Ley 18.575; en el cuarto, que “el desempeño del funcionario nombre reservado, se encuentra por debajo de lo esperado y definido, sin manifestar interés alguno en mejorar, por cuanto el citado servidor no ha cumplido, en términos de calidad y oportunidad con las tareas, funciones y responsabilidad previstas para su cargo.”; en el quinto, se consignó que: “En su rol de nombre reservado se han advertido deficiencias en la gestión, planificación y control en términos financieros, contables, presupuestarios y de recursos físicos de los distintos programas y proyectos de la Dirección Regional.”. “Asimismo, el funcionario en comento ha demostrado una mala gestión en la administración y orientación del correcto uso de los recursos asignados tanto por el nivel central, como los obtenidos por otras vías de financiamiento, poniendo en riesgo la seguridad de la provisión eficiente y oportuna de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio, a nivel regional. Las situaciones descritas, pugnan con el principio de eficiencia y eficacia dispuesto en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575, en orden a la eficiente e idónea administración de los medios públicos.”; la explicación, en base a los fundamentos previos, de que la legítima expectativa de ser renovados sus servicios, se ha quebrado por evidenciarse una deficiente evaluación del funcionario sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación, cuyo es el caso.

Que, consta, asimismo, que con fecha 10 de Septiembre del año 2013 se le aplicó medida disciplinaria de Censura con anotación de demérito de menos dos puntos en hoja de vida; y lo propio con fecha 29 de Diciembre del año 2017.

Asimismo, con fecha 29 de Agosto del año 2018, se emite Pre Informe de la Contraloría Regional de Aysén, que da cuenta de ocho hallazgos negativos en tres cuentas corrientes con las que opera la recurrida; como asimismo con fecha 28 de Noviembre del año 2018, se aprobó un Informe de Auditoría Interna, que encontró diez irregularidades en la Dirección Regional de Aysén; hallazgos de debilidades, omisiones, mala administración y otros, que dicen relación directa con la función que debía desempeñar el recurrente en el ejercicio de su cargo.

Tanto el Pre Informe de Contraloría, cuanto el Informe de Auditoría Interna, fueron conocidos por la autoridad Regional con posterioridad a la calificación del recurrente, pero con anterioridad al día 30 de Noviembre del año 2018.

SEXTO: Que, la recurrente alega la ilegalidad de la resolución recurrida basada en la irregular accionar de la Directora Regional Subrogante de la JUNJI, de Aysén, puesto que se le habría designado en disconformidad a la ley. Sin embargo dicha alegación habrá de ser rechazada ya que se acreditó que quien suscribe y emite la Resolución impugnada, Resolución Exenta número 015/1415, del 30 de Noviembre del año 2018, fue designada de conformidad a la ley por la Vicepresidente Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que por Resolución número 15/11, del año 2017, delegó en los Directores Regionales, o subrogantes, entre otras, la facultad de no prorrogar los servicios de sus funcionarios a cargo, y en el caso de autos, la Directora Regional Subrogante que suscribió la citada resolución de cese de funciones, fue designada, como Subrogante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81 b), del Estatuto Administrativo, por R.A. 110790/716/2018, de manera que este capítulo de impugnación habrá de ser rechazado, toda vez que lo resuelto se enmarca dentro de la esfera de competencias y atribuciones de la Directora Regional Subrogante de la JUNJI, de la Región de Aysén.

SÉPTIMO: Que, la falta de fundamentación a que alude la recurrente, no es tal si se atiende a los seis considerandos que contiene la Resolución Exenta número 015/1415, en cuanto alude a las consideraciones de hecho que dan pie a la infracción del derecho que respectivamente se cita, lo que se encuentra debidamente refrendado con la documentación aludida a que se ha hecho referencia en el considerando Quinto precedente, especialmente en cuanto al incumplimiento de funciones básicas que debía desempeñar el recurrente en la función para la que fue contratado, de manera que a juicio de estos sentenciadores la resolución que se objeta se encuentra revestida de la motivación suficiente que la ley exige, Leyes 18.575, artículos 5,7 y 11, y 19.880, artículos 3, 11 y 41, por lo que este fundamento habrá, también de ser rechazado.

OCTAVO: Que, el principio de la confianza legítima a que redundantemente alude la recurrente, no significa, necesariamente, que la autoridad administrativa, dotada de la competencia y pertinente facultad, no pueda, en uso de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 18.575, y en el presente caso, atendido lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 17.301, adoptar la decisión de no renovar una contrata. El principio aludido no significa determinar la inamovilidad del empleo a contrata, de por sí transitorio y con fecha de término definido legalmente, de manera que a la llegada de la fecha, 31 de Diciembre de cada año, la contrata expira por el solo Ministerio de la Ley, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3 y 10, de la Ley 18.834; facultándose, incluso administrativamente, la no renovación de la contrata o su término anticipado, siempre y cuando se den los supuestos que claramente ha expuesto la Contraloría General de la República en su Dictamen número 006400N18, del 2 de Marzo del año 2018, supuestos y requisitos que en la Resolución Exenta 015/1415, se han cumplido a cabalidad.

NOVENO: Que, de esta manera, la cuestión debatida se reduce a determinar si en el acto administrativo por el que se dispuso el cese de funciones, por no prórroga del nombramiento a contrata del recurrente a contar del primero de Enero del año 2019, se incurrió en alguna arbitrariedad o ilegalidad, de cuya conclusión dependerá el análisis acerca de la afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de la parte recurrente, lo que, como se ha venido razonando, no ha acontecido, no advirtiéndose, en consecuencia, la concurrencia del primer requisito para la procedencia de esta acción cautelar, esto es, la existencia de una acción u omisión de carácter arbitrario o ilegal, de manera que resulta inoficioso y huelga, en consecuencia, referirse a la eventual afectación o amenaza de las garantías y derechos constitucionales que dice se encontrarían afectados respecto de la recurrente, de manera que no cabe sino rechazar el recurso deducido y así se declarará.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en autos por don nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regional de Aysén, representado por su Directora Regional Subrogante, doña Elizabeth del Carmen Montecinos Tranchino.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 351-2018. (Protección).

Se deja constancia que no firma el señor Fiscal nombre reservado don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse ausente.