nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

En Coyhaique, a veinticinco de Enero del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 7 de Diciembre del año 2023, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Laboral, representado legalmente por su Directora Nacional, doña Aida Chacón Barraza, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, Región de Aysén, por transgredir la garantía constitucional protegida por el artículo 19, en su numeral 4°, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “que deje sin efecto el sumario incoado en mi contra, retrotrayéndolo a su inicio, eliminando la sanción administrativa impuesta y sin perjuicio de otra medida que estime más adecuada y conforme a derecho; con costas”. (sic)

Que, con fecha 4 de Enero del año 2024, doña Tania Rojas Muños, abogada, en representación del Instituto de Seguridad Laboral, incorporó el informe requerido.

Con fecha 10 de Enero del mismo año, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 19 de Enero del año 2024, alegando, por el recurso y telemáticamente, el abogado don Aníbal Rogel Sepúlveda; por la recurrida la abogado doña Tania Rojas Muñoz, por la misma vía y solicitando el rechazo del recurso, quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta el recurso señalando que hace 30 años que trabaja como funcionario de atención de público para la recurrida.

Indica que con fecha 17 de Abril de 2023, la recurrida dictó la Resolución Exenta N°16, que ordenó iniciar un sumario administrativo en su contra por acoso laboral, el cual tuvo por causa la denuncia realizada por la directora subrogante, doña nombre reservado, el día 11 de Abril de 2023, acusándole de haberla tratado con actitud prepotente y de haber cerrado la puerta de manera violenta, además de imputársele el no cumplimiento de una instrucción directa, que en otra oportunidad no cumplió con el horario de llegada a la oficina y que no habría informado el retiro del compresor de aire para inflar el neumático de una camioneta institucional.

Expone que, por lo anterior, el día 25 de Mayo de 2023, el Fiscal instructor formula cargos por acoso laboral basado en dos presupuestos: levantar la voz con tono amenazante y desestimar instrucción.

Continúa señalando que, el 7 de Agosto de 2023 presentó escrito de descargo, solicitando distintos tipos de probanzas tendientes a desacreditar la acusación, tales como testimonial de la única testigo, audiencia de percepción de video de una reunión y prueba documental.

Señala que con fecha 11 de Octubre de 2023, la Directora Nacional, doña Aida Chacón Barraza, dicta la Resolución Exenta N°47 que aprueba el sumario administrativo y aplica la medida disciplinaria de censura, ordenando que se deje constancia en su hoja de vida mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación, de lo cual dedujo recurso de reposición, el que con fecha 9 de noviembre de 2023 fue desestimado por no haber aportado nuevos antecedentes, declarándose cerrada la vía administrativa mediante Resolución Exenta N° 64 de misma fecha.

Alega que la Resolución Exenta N° 47, que aplica la medida disciplinaria y la Resolución Exenta N°64 que desestima el recurso de reposición, son un único proceder ilegal y arbitrario, toda vez que durante la investigación y en la fundamentación de las referidas, no se hace mención a los medios de prueba aportados por éste, tanto en la parte expositiva como resolutiva, omitiéndose su existencia, afectando su derecho a defensa.

Agrega que la Directora Nacional hizo suya la acusación del Fiscal y que su razonamiento es una mera copia del sumario, además de incurrirse en errores de cortar y pegar, al individualizarse a otro funcionario.

Arguye que la resolución que desecha la reposición es arbitraria, ya que se sustenta en no haberse agregado antecedentes nuevos a la causa, exigencia no contemplada en el artículo 141, literal “a”, del Estatuto Administrativo, desestimándose de manera formal e ilegítima.

Así las cosas, reclama que su derecho a la defensa, a ser oído, a presentar pruebas e interponer recursos, no fue respetado por la recurrida, de forma directa o solapada, todo lo cual importa la comisión de un proceder arbitrario e ilegal.

En cuanto a las garantías conculcadas, enuncia la vulneración de su dignidad al, minimizar su derecho a defensa, a presentar pruebas que desvirtúen los cargos y porque se ha coartado el derecho a recurrir en contra de la resolución sancionatoria, la cual no indica cuál es el hecho que se dio por acreditado en su contra, cómo se dio por acreditado y en base a qué probanzas, no explica por qué no fueron considerados sus argumentos de defensa ni la razón por la que no fueron valorados sus medios de prueba, por lo que el sumario administrativo y en particular sus resoluciones de término, son denigrantes y oprobiosas, y por tanto, atentan contra su derecho a la honra e identidad, garantías consagradas en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, ya que las expresiones de la recurrida al acusarlo de acosador y manchar su hoja de vida, importa lesionar su calidad moral e identidad, protegidas por el derecho a la honra, puesto que su reputación y dignidad en el ambiente social y laboral siguen siendo denostados, toda vez que aún se comenta la medida disciplinaria, arruinando una carrera de 35 años.

En cuanto al derecho, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional e instrumentos internacionales.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida solicita el rechazo.

Parte su exposición enunciando las características del Instituto de Seguridad Laboral, así como la normativa administrativa que lo regula.

En cuanto a la actuación recurrida, señala que recibida la denuncia realizada contra el recurrente, se instruyó sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 16, a objeto de investigar eventuales irregularidades y de establecer las posibles responsabilidades administrativas.

Indica que tras el proceso de investigación, con fecha 25 de mayo de 2023, se determina formular cargos al recurrente, que con fecha 25 de julio de 2023 se declara el cierre de la investigación en sumario administrativo y que con fecha 07 de agosto de 2023 el recurrente realiza sus descargos.

Continúa exponiendo que, con fecha 25 de septiembre de 2023 el Fiscal Instructor propone aplicar medida disciplinaria de Censura, dado que se pudo acreditar la concurrencia de cada uno de los cargos formulados, por lo que mediante Resolución Exenta Sumario Administrativo N° 47, de la Sra. Directora Aida Chacón Barraza, se aprueba el Sumario Administrativo, aplicando la medida disciplinaria de Censura.

Explica que, producto de lo anterior, el recurrente habría deducido recurso de reposición, el cual se rechazó mediante Resolución Exenta N° 63, de fecha 09 de noviembre de 2023, por cuanto el recurso no contiene nuevos antecedentes de hecho y de derecho que hagan cambiar la opinión de la Directora del Instituto, no logrando desvirtuar en ningún caso los fundamentos que sirven para aplicar la medida de censura, además de haberse tomado razón por la Contraloría General de la República.

Alega que la pretensión del recurrente no se condice con la naturaleza del recurso interpuesto, pues se trata de un asunto que excede el ámbito de la acción de protección, debido a que pretende dejar sin efecto un procedimiento disciplinario que se encuentra regulado por ley, el cual se encuentra con toma de razón por parte de la Contraloría, sin posteriores impugnaciones ante dicha entidad, además de considerar que no existe derecho actualmente indubitado que se vea amenazado o lesionado con la resolución impugnada.

Agrega que no se advierte de qué manera el recurrente se vio afectado en un proceso de investigación, analizado desde el principio de transparencia y probidad, en ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, ya que no se obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye un pronunciamiento debidamente motivado, resultado de un estudio.

En cuanto al derecho a la honra, refiere que existe un procedimiento disciplinario sancionado por la Contraloría General de la República y que las vías de impugnación administrativa se encuentran concluidas por haber agotado las instancias, por ello, no existe tal vulneración.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que la recurrida a través del sumario administrativo dirigido en su contra y la consecuente sanción disciplinaria, afectarían su derecho a la honra, pudiéndose observar, también, afectación a las normas del debido proceso.

SÉPTIMO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, es funcionario del Instituto De Seguridad Laboral.

2.- Que, con fecha 11 de Abril del año 2023, la Directora Subrogante, doña nombre reservado, realiza denuncia contra don nombre reservado, remitido mediante MEMORANDUM M 224/2023, acusándole de haberla tratado con actitud prepotente y de haber cerrado la puerta de manera violenta, además de imputársele el no cumplimiento de una instrucción directa, que en otra oportunidad no cumplió con el horario de llegada a la oficina y que no habría informado el retiro del compresor de aire para inflar el neumático de una camioneta institucional.

3.- Que, a raíz de lo anterior y mediante Resolución Exenta N° 16, de fecha 17 de Abril de 2023, la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral instruye sumario administrativo y designa Fiscal.

4.- Con fecha 25 de Abril de 2023, se acepta el nombramiento como Fiscal por parte de don nombre reservado.

5.- Que, con fecha 25 de Mayo de 2023, el Fiscal encargado del sumario administrativo determina formular cargos en contra de don nombre reservado.

6.- Que, con fecha 25 de Julio de 2023, el Fiscal decreta el cierre de la investigación, notificándose personalmente al recurrente, con fecha 26 de Julio de 2023.

7.- Que, con fecha 7 de Agosto de 2023, don nombre reservado, a través de su apoderado, presenta por escrito sus descargos y solicita probanzas, entre ellas, declaración de testigo y registro audiovisual de la reunión de fecha 15 de Marzo de 2023.

8.- Que, con fecha 25 de Septiembre de 2023, se procede a la Vista Fiscal, proponiéndose la aplicación de la medida disciplinaria de Censura.

9.- Que, mediante Resolución Exenta N° 47, de fecha 11 de Octubre de 2023, la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral aprueba el sumario administrativo y aplica a don nombre reservado la medida disciplinaria de Censura, informándole su derecho a reponer, notificándosele con fecha 19 de Octubre de 2023, personalmente.

10.- Con fecha 26 de Octubre de 2023, se presenta por el abogado, don Aníbal Rogel, recurso de reposición, en representación de don nombre reservado, respecto de la Resolución Exenta N° 47.

11.- Que, mediante Resolución Exenta N° 63, de fecha 9 de Noviembre de 2023, la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral rechaza el recurso de reposición, la que pone fin a la instancia administrativa y mediante Resolución Exenta N° 64, de la misma fecha, se aprueba de manera concluyente el sumario administrativo instruido, donde se aplica sanción de Censura a don nombre reservado, informándosele el derecho de presentar el recurso contenido en el artículo 160, del Estatuto Administrativo ante la Contraloría General de la República, resoluciones que fueron notificadas con fecha 10 de Noviembre de 2023, personalmente.

12.- Finalmente, con fecha 18 de Diciembre de 2023, la Contraloría General de la República realizó Toma de Razón de la Resolución Exenta N° 64, sin constar haberse impugnado dicha resolución ante la autoridad fiscalizadora.

OCTAVO: Que, al efecto, resulta necesario tener a la vista la normativa atingente al caso, esto es, la Ley 18.834 que fija el Estatuto Administrativo y la Ley 20.255 que reforma el sistema previsional Chileno, que en sus artículos 119 a 145, regula la responsabilidad administrativa, fijándose medidas disciplinarias consistentes en: a) Censura; b) Multa; c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y d) Destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta y circunstancias atenuantes o agravantes.

NOVENO: Que, a su vez, el inciso 4º, del artículo 41, de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración Pública, respecto del contenido de la resolución final, señala que: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Que, sobre la norma expresamente señalada, la Contraloría General de la República, ha expresado, en el Dictamen Nro. 62.113, del año 2006, lo siguiente: “Además, atendido que los actos administrativos terminales deben necesariamente ser fundados, conforme se prescribe en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880, corresponde a la autoridad que los dicta señalar de qué manera llegó a la convicción de la veracidad de los hechos que se dan por acreditados, para lo cual deberá ponderar debidamente todos los medios de prueba que se hayan hecho valer y aquellos de que disponga.”

DÉCIMO: Que, la resolución que efectivamente aplica la sanción, y que es impugnada mediante esta vía, es la Resolución Exenta N° 64, de fecha 09 de noviembre de 2023, dictada por la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, doña Aida Chacón Barraza, la cual se limita a exponer, en lo medular, que: “1.- La investigación realizada y lo informado por el Fiscal designado, mediante su propuesta, la que esta Directora Nacional hace suya, reproduciendo íntegramente a continuación.”

Que, luego, posterior a transcribir la vista fiscal, señala:

“2.- Que, la funcionaria Sra. nombre reservado, (sic), con su actuar infringió lo dispuesto en los artículos 61 letra c) y f) y 84 letra l) y m) del Estatuto Administrativo: Serán obligaciones de cada funcionario: c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico; Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: 84, letra i), Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación, y m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo;

3.- Que, el artículo 122, de la Ley N° 18.834, establece que: “La censura consiste en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente”.

4.- Que, verificada una conducta que constituye una infracción a las obligaciones funcionarias, resulta procedente en razón de los argumentos expuestos, aplicar sanción propuesta por el Fiscal en su Vista reproducida en el Considerando 1, de la presente Resolución.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta de Vistos 4, en virtud del cual se investigaron los hechos y donde se da cuenta de incumplimientos de obligaciones funcionarias al Sr. nombre reservado.

2.- APLÍCASE al funcionario Sr. nombre reservado, Rut RUT reservado, quien se desempeña en el Instituto de Seguridad Laboral como Ejecutivo de Plataformas de Atención, la medida disciplinaria de Censura que consiste en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente de la Ley N°18.834, en virtud de los argumentos expuestos en la Vista Fiscal, y en los Considerandos de la presente Resolución.

3.- DECLÁRASE que el Sr. nombre reservado, dispone de un plazo de cinco días hábiles para deducir recurso de reposición en contra de la presente Resolución, a contar de la fecha de notificación, con arreglo al artículo 141, letra a) de la Ley 18.834.”

UNDÉCIMO: Que, a juicio de esta Corte, la autoridad nacional de la institución recurrida, no dictó la Resolución Exenta N° 64, de fecha 09 de noviembre de 2023 de conformidad a derecho, ya que de su simple lectura, no explicita de qué manera llegó a la convicción de que se había, efectivamente, acreditado la responsabilidad del funcionario recurrente, limitándose a transcribir como fundamento del acto administrativo, la resolución correspondiente a la “Vista Fiscal” de fecha 25 de mayo de 2023, sin ponderar de ningún modo los medios de prueba aportados en el procedimiento, por lo que malamente puede estimarse como fundada, máxime si en el acto final no existe razonamiento alguno que permita dar por cumplidas las exigencias que señalan los artículos 11 y 41, de la Ley N° 19.880, esto es, que se trate de un acto terminal motivado o fundado, lo que constituye un requisito esencial que permite justificar los efectos del acto administrativo.

DUODÉCIMO: Que, sobre el punto anterior, nombre reservado define la “fundamentación” como “la exposición formal y explícita de la justificación de la decisión. Es decir, la expresión formal de las atribuciones normativas que le permiten a un sujeto/órgano dictar un acto administrativo, de los antecedentes de hecho y de las razones que dan justificación lógica/racional de la decisión que se adopta, para satisfacer una determinada necesidad pública. En otros términos: la justificación normativa, fáctica y racional que da razón, que fundamenta la decisión, que da cuenta del por qué se emite esa decisión, y que sustenta o sostiene su juridicidad, su conformidad a Derecho.” (Derecho Administrativo. Temas Fundamentales. Legal Publishing, 2009, p. 352).

DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, tanto la Resolución Exenta, número 47, cuanto la resolución número 63, del 11 de Octubre y del 9 de Noviembre, ambas del año 2023, básicamente reproducen las afirmaciones y antecedentes contenidos, sesgadamente, en la vista Fiscal, toda vez que se ha omitido la declaración de una testigo presencial, doña nombre reservado y tampoco considera, en el fondo, los argumentos expuestos y propuestos por la defensa del recurrente y sumariado, salvo su sola mención, antecedentes relevantes que indudablemente pudieron haber influido en lo resolutivo de dicha vista fiscal y posteriores Resoluciones que impone sanción y que rechaza recurso de reposición en contra de la misma, dada la trascendencia de las alegaciones, especialmente en orden al cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la causal por la que se instruyó el sumario administrativo, esto es el acoso laboral, de manera tal que tales omisiones son constitutivas de la afectación al debido proceso, que lo amenaza, perturba y afecta por las reiteradas actuaciones de los involucrados en la formulación de cargos, vista fiscal y Resoluciones 47 y 63, ya mencionadas, infringiéndose con ello la garantía del número 3, inciso quinto, del artículo 19, de la Constitución Política de la República y, consecuencialmente el derecho a la honra del número 4, del artículo y cuerpo normativo citados.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, de lo expuesto, es pertinente establecer que las Resoluciones Exentas números 47 y 64, de fechas 11 de Octubre y del 9 de Noviembre, ambas del año 2023, carecen de la suficiente y necesaria motivación para dotarla de fundamento, lo que conlleva, indefectiblemente, a estimar que se trata de una resolución arbitraria e ilegal, por infracción a la normativa de la Ley 19.880, asomándose como medida necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho, dejarlas sin efecto, debiendo entonces, acogerse el recurso interpuesto por don nombre reservado, de la manera que se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad Laboral, representado legalmente por su Directora Nacional, doña Aida Chacón Barraza, debiendo dictarse la resolución que en derecho corresponda a la Vista Fiscal, dejándose, consecuencialmente, sin efecto las citadas Resoluciones números 47 y 63, dictadas en el curso del procedimiento sumarial incoado en contra del recurrente.

Se previene que el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora concurre al acuerdo, haciendo presente que, aun cuando excepcionalmente se entre por su intermedio a revertir aspectos de mérito o de fondo de las resoluciones administrativas impugnadas, lo que ordinariamente sólo queda reservado para situaciones evidentes o de manifiesta infracción, agregando en tal sentido que parece además dudosa la existencia en la especie del denominado acoso laboral del tipo vertical ascendente, que un sector de la doctrina acepta, por cuanto el carácter aislado de la situación planteada en el orden subjetivo - al tratarse de un solo funcionario el denunciado - y acotado en el ámbito objetivo - al referirse a un evento puntual - , ligado a la circunstancia de asimetría de poder que exhibe este asunto, portadora de un claro efecto perjudicial para el propio sumariado, revela que la conducta castigada a título disciplinario, amén de carente de fundamento, resulta dudosa en su tipificación administrativa para efectos de su represión, considerando la interpretación restringida que debe asignarse a los comportamientos sancionables al título designado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza y del voto de prevención, su propio autor.

Se deja constancia que no suscribe la presente sentencia el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347, del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°: 343-2023.- (Protección).-