Protección contra Hospital Regional Coyhaique

Coyhaique, once de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Que, de fojas 17 a 24, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado,matrona, funcionaria pública del Hospital Regional de Coyhaique, domiciliada en domicilio reservado, Valle La Foresta de esta ciudad, quien comparece por sí y en representación de nombre reservado, Rut N° RUT reservado; nombre reservado, Rut N° RUT reservado y nombre reservado, Rut N° RUT reservado, quienes deducen recurso de protección, en contra del Hospital Regional Coyhaique, representado por su Directora Subrogante doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por violación arbitraria e ilegal de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24, de la Constitución Política del Estado, al dictar la Resolución Exenta Nº 2871/2014, de fecha 10 de abril de 2014, mediante la cual se dejó sin efecto su Resolución Exenta N° 1404/2014, Resolución Exenta N° 5405/2013 y Resolución Exenta N° 8131/2012, que la designó matrona en calidad de contrata, grado 7º de la planta del citado servicio, señalando que la resolución dictada por la recurrida es arbitraria y que, acogiéndose el presente recurso, así se declare, disponiéndose que se restablezca el imperio del derecho, ordenándose a la recurrida que, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 2871/2014, cese todo apremio ilegítimo como el de encerrar a funcionarios en una sala, conminar la entrega de sus puestos laborales sin mediar acto administrativo alguno, realizar cambios de jornada laboral arbitrarios y, de corresponder, se llame a concurso para proveer los cargos que han sido designados sin dicho requisito y, finalmente, decretar que el Hospital Regional de Coyhaique no puede dejar de obedecer la Norma Administrativa N° 21.

Acompaña los documentos que se encuentran agregados de fojas 1 a 16.

De fojas 31 a 36, comparece don Rodrigo Octavio Solís Solís, abogado, en representación del Hospital de Coyhaique y de su Directora (S) Doctora nombre reservado, médico cirujano, quién informa el recurso y acompaña la documentación pertinente al caso.

A fojas 48, se trajo los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 17 a 24, comparece doña nombre reservado, matrona, funcionaria pública del Hospital Regional de Coyhaique, quien comparece por sí y en representación de nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, quienes deducen recurso de protección, en contra del Hospital Regional Coyhaique, representado por su Directora Subrogante doña nombre reservado, por violación arbitraria e ilegal de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, y N°24, de la Constitución Política del Estado, al dictar la Resolución Exenta Nº 2871/2014, de fecha 10 de abril de 2014, mediante la cual se dejó sin efecto su Resolución Exenta N° 1404/2014 que la designó matrona en calidad de contrata, grado 7º de la planta del citado servicio, señalando que la resolución dictada por la recurrida es arbitraria y que, acogiéndose el presente recurso, así se declare, disponiéndose que se restablezca el imperio del derecho, ordenándose a la recurrida que deje sin efecto el acto administrativo que funda esta acción, cesando todo apremio ilegítimo como el de encerar a funcionarios en una sala, conminar la entrega de sus puestos laborales sin mediar acto administrativo alguno, realizar cambios de jornada laboral arbitrarios y de corresponder, se llama a concurso para proveer los cargos que han sido designados sin dicho requisito y, finalmente, decretar que el Hospital Regional de Coyhaique no puede dejar de obedecer la Norma Administrativa N° 21.

SEGUNDO: Que, funda su petición, señalando que con fecha 28 de abril al retormar sus labores como Matrona Administradora de los Cuidados en el Hospital Regional de Coyhaique, función que ejerce desde diciembre de 2012, luego de haber hecho uso de su feriado anual en el extranjero, tomó conocimiento que, con fecha 10 de abril de 2014, doña nombre reservado suscribió la resolución exenta N° 002871 en su calidad de Directora Subrogante del Hospital Regional de Coyhaique y que, en dicho acto, violentó lo preceptuado por nuestra Carta Fundamental, atropellando los derechos garantidos tanto a la suscrita, como respecto de todas quienes en su favor recurre y, dejó sin efecto su designación como Matrona Administradora de los Cuidados, lo cual habría decretado en mérito de las Resoluciones Exentas N° 1404/2014, N° 5405/2013 y N° 8131/2012. Explica la recurrente, que el Ministerio de Salud, mediante la Subsecretaría de nombre reservado, dentro de sus facultades normativas técnicas, ha regulado la forma de cómo se debe estructurar el Servicio Público, particularmente en cuanto al funcionamiento de los servicios relacionados con la atención de la mujer con procesos gineco-obstétricos y del recién nacido, entendiendo como aquél cuya edad no supera los 27 días de vida, creando una serie de cargos que realizan funciones determinadas. Que, en uno de esos cargos se encontraba ejerciendo sus funciones, cuando el acto arbitrario e ilegal que menciona le priva del ejercicio del mismo.

Agrega que la Resolución Exenta recurrida N° 002871 de fecha 10 de abril de 2014, deja sin efecto la también Resolución Exenta N° 8131/2012 que la designó como Matrona Administradora de los Cuidados, en calidad jurídica de contrata. Que, la misma resolución, designó a doña nombre reservado, titular, en dicho cargo, sin otro fundamento que, y cita textualmente “La necesidad de designar Matrona Administradora de los Cuidados de este Establecimiento a la funcionaria que más abajo se indica, mediante el acto administrativo correspondiente, dicto lo siguiente:” y, refiere que el acto mencionado que deja sin efecto su designación, así como la designación de otra persona, carece totalmente de motivo, fundamento y razonabilidad, lo que lo convierte en arbitrario y, por tanto, ilegal.

Expresa la recurrente que, lo anterior, no sólo afecta a su persona, sino que ha traído como consecuencia la “derogación informal” de las funciones de Matronas Supervisoras en las áreas Policlinico Gineco-Obstetra y UNACESS de doña nombre reservado, titular; Hospitalización de Maternidad de doña nombre reservado, titular, Resolución Exenta N° 5405/2013; UCIN y Recién Nacido de doña nombre reservado, contrata, Resolución Exenta N° 1437/2013 y N° 5405/2013; Primer Subrogante de UCIN y Recién Nacido de doña nombre reservado, contrata; nombre reservado de UCIN y Recién Nacido de doña nombre reservado, contrata; Tercer Subrogante de UCIN y Recién Nacido de doña nombre reservado, contrata y Encargada de Sub-área de Recién Nacido sano y Chile Crece Contigo, Sra. nombre reservado, Resolución exenta N° 4541/2013, N° 4542 y 4573/2013.

Manifiesta que habla de “derogación informal”, debido a que doña nombre reservado solicitó hacer entrega de los cargos a todas éstas personas, sin respaldo alguno que acredite o haga público un acto administrativo final que determine el futuro de las mismas, pues oficialmente seguirían en su labor, aun cuando materialmente les resulte imposible, pues han sido conminadas a hacer entrega de sus cargos.

Refiere la recurrente que la Norma Administrativa 21 conlleva la implementación del “Modelo para la administración del cuidado de profesionales matronas y matrones para la atención cerrada” en relación a la atención de la mujer con procesos gineco-obstétricos y del recién nacido, entendiendo como aquel cuya edad no supera los 27 días de vida; que ésta norma administrativa de carácter ministerial, fue aprobada el 01 de septiembre de 2010 por Resolución Exenta N° 678/2010 de la Subsecretaría de nombre reservado, Departamento de Asesoría Jurídica y, que con fecha 22 de diciembre de 2011, mediante Ord. N° 3909/2011 el señor nombre reservado, refiriéndose a los Directores de los Servicios de Salud de todo el país, estableció que: “Por lo tanto, solicito a Ud., tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de dicha norma, considerando los puntos N° 2 y 3 de la resolución exenta N° 678 de 01/09/2010”. Que, en consecuencia, nos encontraríamos frente a una norma plenamente vigente, emanada de quién tiene a su cargo dicha facultad-obligación y con la obligatoriedad propia de aquellas de su naturaleza. Señala, además, que en el Hospital Regional de Coyhaique, como dicha norma administrativa 21 se encontraba recién en etapa de implementación, los cargos de la misma no se concursaron, debiendo concurrir dicho trámite en el futuro para efectos de ocupar las plazas respectivas, lo que en la especie no ocurrió, sino que se designó a las funcionarias sin proceso de selección alguno, pasando a llevar tanto a las que detentaban dicho cargo, como al resto de los funcionarios públicos.

Que, producto de estos hechos, la salud física y mental de las recurrentes se ha visto vulnerada, de tal modo que su persona como nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se encuentran con licencia médico-psiquiátrica por esta situación laboral.

Como fundamentos de derecho de su recurso, la recurrente indica que el acto arbitrario e ilegal que deja sin efecto, sin fundamento alguno, el nombramiento de su persona así como la “derogación informal” que impide en el hecho la aplicación de la normativa administrativa 21, al cesar de sus funciones de facto a las matronas supervisoras, transgrede gravemente el artículo 19 N° 1, es decir, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, prohibiendo la aplicación de todo apremio ilegítimo, ya que en la especie, la integridad psíquica se ha visto perjudicada, por medio del actuar irracional de la administración, lo que quedaría de manifiesto en las licencias médicas otorgadas por médicos a las afectadas. Que, son apremio ilegítimos aquellos que resultan del actuar inexplicable de la administración, sea en razón de una resolución infundada, sea por el encierro en una habitación con imposibilidad de comunicarse con el resto del Hospital, como ocurría con la Supervisora Sra. nombre reservado, a quién se le impedía tomar contacto directo con el personal a su cargo.

Afirma que el Estatuto Administrativo contempla una especie de propiedad en el artículo 4° inciso segundo al señalar que: “Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante.”, entendiendo que todo nombramiento conlleva la investidura del cargo en un individuo, incorporándose ésta en una especie de propiedad de la cual es garante y asume obligaciones, así como también constituye derechos incorporados al patrimonio de la misma en tanto y cuanto detente dicha investidura.

Que, por su parte el artículo 24 de la Constitución Política de la República establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, siendo una especie de propiedad la que el funcionario público detenta sobre su nombramiento, así como las designaciones, promociones y demás actos de la administración que le favorecen. Agrega, asimismo, que el artículo 6° de la Carta Fundamental dispone que los Órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, preceptos constitucionales que obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo, y la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Lo anterior, lo relaciona al inciso final del artículo 7° de la Constitución Política de la República que dispone que todo acto en contravención a éste artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

La recurrente relaciona también lo anterior, a una falta de razonabilidad referente a la Resolución Exenta 2871/2014, así como a la designación de cargos sin concurso ni procedimiento alguno, como el no cumplimiento ni apego por parte de la autoridad a la norma administrativa 21.

Finalmente, la recurrente hace referencia a la Ley N° 18.834 que en su artículo 3 letra f) al referirse a la carrera funcionaria, dispone que, ésta última, es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la antigüedad. Que, asimismo, el artículo 8° de la citada norma legal, establece que los cargos de jefes de departamento y los niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán de carrera y se someterán a las reglas especiales que pasan a expresar, dentro de los cuales en su letra a) establece la provisión de cargos se hará mediante concursos, en su letra d) que la permanencia de estos cargos de jefatura será por un periodo de tres años y, en su letra e) que los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su periodo o eventual prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda. En este orden de cosas, manifiesta la recurrente, que las normas del Estatuto Administrativo regula la forma de ingreso y promoción de los respectivos cargos públicos, normas que en la especie, por medio de la Resolución Exenta 2871/2014 han sido inobservados por la autoridad, al no llamar a concurso y designar directamente a otra persona.

TERCERO: Que, de fojas 31 a 36, comparece don Rodrigo Octavio Solís Solís, abogado, en representación del Hospital de Coyhaique y de su Directora (S) Doctora nombre reservado, médico cirujano, quién informa el recurso intentado por la funcionaria nombre reservado por sí y en representación de nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, quienes impugnan la Resolución Exenta Nº 2871/2014 de 10 de abril de 2014, de esa Dirección de Servicio, que dispone su cese en el cargo y basan su acción constitucional deducida, según lo exponen, en una supuesta arbitrariedad e ilegalidad que vulnera sus garantías constitucionales de integridad psíquica y propiedad, solicitando el rechazo del recurso deducido, con costas, sosteniendo que, contrariamente a lo que señala la recurrente, no se ha cometido acto u omisión ilegal ni arbitrario alguno que vulnere, perturbe o amenace los derechos constitucionales de la recurrente o los de sus colegas, consagrados en los N° 1 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, agregando que, respecto al N° 1 de la norma constitucional que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, se entiende que la recurrente aludiría a la protección del derecho a la integridad psíquica de ella y sus colegas, derecho que jamás ha sido conculcado o vulnerado ni por vía de acción ni por vía de omisión por parte del Hospital de Coyhaique, ni de su directora, ni directivos, ni de funcionario alguno del mismo. Que, además, ésta norma no puede considerarse vulnerada por la medida adoptada por la autoridad a través del acto administrativo legal y legítimo correspondiente, ya que de aceptarse dicho planteamiento habría que concluir que cada vez que los Organismos del Estado ejercen sus potestades relativas a la administración y organización interna de sus servicios, estarían afectando la integridad psíquica de los involucrados, atendido que todo individuo, como es propio del ser humano, sufrirá una alteración emocional al reubicarlos por razones de buen servicio, aun cuando esto, como ocurre en el caso, se ajuste plenamente a derecho.

Refiere que, en efecto, no se observa de qué forma se ha conculcado, amenazado o privado por acción u omisión el derecho a la integridad psíquica de la recurrente y las funcionarias ya singularizadas, toda vez que el hecho de la autoridad cumple con una obligación inherente a su cargo de Director de un Hospital Autogestionado en Red, como es la señalada en el artículo 64 del Estatuto Administrativo que le impone la obligación de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, como así también la de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.

Expresa, además, que cambiar de funciones a un funcionario por razones de buen servicio, es una facultad inherente a un Jefe de Servicio y así se establece en el artículo 36 letras c) y f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y 18.469, al señalar que en el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente establecimiento y en especial tendrá las atribuciones de la letra c), es decir, organizar internamente el establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y demás normativas vigentes y, en su letra f), es decir, ejercer las funciones de administración del personal destinado al establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento y, respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe de servicio.

En este contexto, aduce el informante, el cambio de funciones que denuncia la recurrente se ajusta a derecho y no es constitutivo del atropello de sus derechos, ya que esa decisión fue adoptada en el ejercicio de las prerrogativas que posee la superioridad y, además, que la recurrente seguirá cumpliendo tareas propias del estamento profesional al cual pertenece dentro del mismo recinto en que trabaja. Que, de igual forma, el cambio de las actividades, de las cuales fueron objeto las recurrentes, se encuentra ajustado a derecho ya que, por una parte, dicha decisión fue adoptada en el ejercicio de las facultades que en dicha materia posee la autoridad, cuyos motivos fueron comunicados a la afectada y que, las tareas encomendadas en su nueva función son las propias de una plaza administrativa. Puntualiza que, entre las obligaciones que impone a los empleados públicos el artículo 61 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sean de planta o contrata, se encuentra la de realizar las labores que les encomiende el superior jerárquico y, luego indica, que la autoridad administrativa se encuentra facultada para asignar a sus empleados las funciones a desarrollar, acorde con las necesidades del servicio, especialmente tratándose del personal contratado para realizar tareas genéricas, como acontece en el caso y, en tal sentido, según ésta normativa, la superioridad del establecimiento puede determinar la reubicación de sus trabajadores, esto es, su destinación a una nueva unidad o función, siempre que las tareas que deba desarrollar digan relación con el estamento al cual pertenece el empleado.

Considera que, según ha demostrado, la recurrente ocupa un cargo de la planta profesional en el Hospital, las nuevas labores asignadas corresponden a las propias de ese estamento y, así lo ha resuelto en reiterados dictámenes, como los N° 33268/93, 37917/96 y 29455/98, la Contraloría General de la República y, en lo que dice relación con una eventual falta de fundamento del traslado, recuerda el informante que según el criterio contenido en varios dictámenes de la Contraloría General, entre otros el N° 13.822 de 2012, en esta materia la autoridad máxima del servicio decide discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición en la medida que la destinación no afecte las limitaciones ya anotadas en cuanto a la posición jerárquica y la naturaleza de las nuevas funciones.

Señala, también, que la normativa que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece claramente, en su artículo 46 que, “Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él, por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de los requisitos para ejercer la función, en el término del periodo legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza. El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo. Los funcionarios públicos sólo podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio público correspondiente. Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las comisiones de servicio serán esencialmente transitorias y no podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo o ajenas a los conocimientos que éste requiere o al servicio público” y, que conforme al aforismo jurídico de que “quién puede lo más, puede lo menos”, es claro concluir que, si un jefe superior de servicio puede destinar a un funcionario a otro servicio público, a otra parte del territorio del país e incluso destinarlo fuera del país, es decir al extranjero, con mayor razón puede destinarlo a cumplir otras funciones dentro del mismo establecimiento.

Refiriéndose al artículo 24 N° 19 de la Constitución Política de la República que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, señala la recurrida que, de los propios documentos que adjunta la recurrente, consta que ella fue nombrada para el ejercicio de una función a través de una resolución que se dejó sin efecto y de la cual recurre y no existe propiedad de la función, sino del cargo, cargo que jamás ha sido concursado, por lo que ella fue nombrada igualmente por una simple resolución, la cual es eminentemente derogable, modificable, rectificable, pues no produce ni un germen de derecho de propiedad en los funcionarios a quienes se encomienda el desempeño de la función, que es distinto de un cargo. Agrega que, en este sentido, la jurisprudencia ha puntualizado que, en lo relativo a ésta garantía constitucional, no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos del Estado pues la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que el derecho de propiedad se inserta y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional. (Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de 17 de febrero de 2003, Rol N° 2.293 confirmada por la Corte Suprema el 12 de marzo de 2003, Rol N° 847-03). Agrega, además, que sostener un criterio contrario importaría establecer que la aplicación de una sanción expulsiva implicaría una vulneración del derecho de propiedad, lo que por cierto, haría inoperante la potestad sancionadora de la Órganos del Estado y, al respecto, su parte cumple con manifestar que si bien el artículo 19 N° 24 reconoce a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y que ésta acción cautelar no sólo tutela el derecho de propiedad propiamente tal, sino que también los atributos y facultades esenciales del dominio, pero no se aprecia como la dirección hospitalaria habría privado, perturbado, amenazado o conculcado la propiedad que las recurrentes tendrían sobre la función que le había sido asignada o sobre la carrera funcionaria dentro de la planta profesional del Hospital, haciendo presente que el cargo para el cual éstas fueron contratadas es un cargo de la planta profesional, son matronas y se les asignó funciones tal como se hace a otros profesionales a quienes también se reubica y se cambia de funciones, siempre respetando que éstas sean propias de su cargo y respectando la jerarquía. Agrega que la recurrente no indica de que manera se habría vulnerado el derecho constitucional que invoca, limitándose a efectuar imputaciones genéricas, imprecisas y carentes de razonabilidad, sobre cada una de las materias que reclama, por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto.

Termina señalando que el Hospital recurrido ha estado lejos de actuar en forma ilegal y arbitraria y, muy por el contrario, su nueva Dirección ha actuado dentro del marco de la legalidad y exenta de toda arbitrariedad en el cumplimiento de su deber de organizar el establecimiento auto-gestionado, ejerciendo su facultad de administrar, a fin de reubicar a los funcionarios conforme a sus potencialidades de manera tal de utilizar con eficiencia y eficacia el escaso recurso humano con que se cuenta para el desarrollo de las labores y requerimientos a que debe responder el único centro de atención de salud que tiene ésta región, por lo que solicita se declare que el Hospital de Coyhaique y su Dirección han actuado conforme a derecho y a las garantías constitucionales, negando lugar al recurso de protección interpuesto, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección interpuesto en estos autos, según lo expresa el recurrente, tiene por objetivo que esta Corte de Apelaciones decrete las medidas necesarias para que se repongan los derechos conculcados de manera ilegal y arbitraria y que, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, declarando que el recurrido ha actuado de manera ilegal y arbitraria y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2871/2014, se ordene que cese todo apremio ilegitimo como el de encerrar a funcionarios públicos en una sala, conminar la entrega de sus puestos laborales sin mediar acto administrativo alguno, realizar cambios de jornada laboral arbitrarios y, de corresponder, se llame a concurso para proveer los cargos que han sido designados sin dicho requisito y se decrete que el Hospital Regional no puede dejar de obedecer la norma administrativa N° 21.

Que, a su vez, ya se ha señalado en forma reiterada, que la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica y, por otro lado, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

QUINTO: Que, la recurrente, doña nombre reservado, estima como vulnerado, en primer lugar, la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas y, en su inciso final, prescribe que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo, manifestando luego que la integridad psíquica se ha visto perjudicada por medio del actuar irracional de la administración, lo que queda de manifiesto con las licencias médicas psiquiátricas por la situación laboral de las afectadas y que son apremios ilegítimos aquellos que resultan del actuar inexplicable de la administración, sea en razón de una resolución infundada, sea con el encierro en una habitación con imposibilidad de comunicarse con el resto del hospital, como ocurría con la supervisora señora nombre reservado, donde se le impedía tomar contacto directo con el personal a su cargo.

SEXTO: Que, la recurrente, para fundamentar sus alegaciones expone que con fecha 28 de abril de 2014, al retornar a sus labores como matrona del Hospital Regional de Coyhaique donde se encontraba en el cargo de Matrona Administradora de Cuidados, ejerciendo dichas funciones desde diciembre del año 2012 y luego de haber hecho uso de su feriado anual, tomó conocimiento que con fecha 10 de abril de 2014, doña nombre reservado, Directora Subrogante del Hospital Regional de Coyhaique, suscribió la Resolución exenta N° 2871 por la cual dejó sin efecto su designación como Matrona Administradora de los Cuidados, lo que había sido decretado en mérito de la resolución exenta N° 8131/2012, señalando también otras dos resoluciones exentas la N° 1404/2014 y 5405/2013, pero sin indicar a quién corresponden o afectan éstas. Expresa, también, que por la misma resolución exenta N° 2871 del 10 de abril de 2014, se designó a doña nombre reservado, titular en dicho cargo, sin otro fundamento que la necesidad de designar Matrona Administradora de los Cuidados de este establecimiento, careciendo por lo tanto dicha resolución, totalmente de motivo, fundamento y razonabilidad, lo que la convierte en arbitraria y por tanto ilegal.

Que, lo anterior, no solo afectó a su persona sino que trajo como consecuencia la “derogación informal” de las funciones de matronas supervisoras de doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en las áreas que indicó en su recurso, a quienes doña nombre reservado solicitó hacer entrega de los cargos, sin respaldo alguno que acredite o haga público un acto administrativo final que determine el futuro de las mismas, pues oficialmente seguirían en su labor, aun cuando materialmente les resulta imposible, pues han sido conminadas a hacer entrega de sus cargos, vulnerándose la Norma Administrativa N° 21, de carácter ministerial, vigente y con la obligatoriedad propia de aquellas de su naturaleza y designándose a las funcionarias sin proceso de selección alguno, pasando a llevar tanto a las que detentaban dicho cargo como al resto de los funcionarios públicos, concluyendo que producto de estos hechos su salud física y mental como de doña nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por quienes también recurre, pese a que éstas no han manifestado su conformidad con ello ni firmado el libelo de protección, se encuentran con licencia médico-psiquiátrica por ésta situación laboral.

SÉPTIMO: Que, pese a lo vago, confuso e incompleto que resulta el recurso de protección en cuanto a los antecedentes que aporta, este Tribunal de Alzada se encuentra impelido necesariamente a hacerse cargo de las aseveraciones efectuadas y, de tal modo debe expresarse, en primer lugar que, efectivamente de resolución exenta N° 2871 del Servicio de Salud de Aysén, Hospital Regional de Coyhaique, suscrita por doña nombre reservado, Directora Subrogante, de 10 de abril de 2014, luego de establecerse la normativa aplicable al caso y considerando la necesidad de designar Matrona Administradora de los Cuidados de este establecimiento, se designó para dicho cargo a doña nombre reservado, matrona grado 7° EUS en su calidad jurídica de titular y se dejó sin efecto la resolución N° 1404/2014 que designó en las mismas funciones a la recurrente nombre reservado, del mismo grado de la EUS y calidad jurídica de contrata, lo que ha sido cuestionado por ésta última expresando que dicho acto sería ilegal, arbitrario y carecería de motivo y razonabilidad; alegaciones éstas que deben ser desestimadas dado que de la normativa legal y administrativa existente se puede concluir en forma inequívoca y cierta que efectivamente al jefe superior del servicio correspondiente, en este caso, la Dirección del Hospital, corresponde en forma privativa y exclusiva, la Unidad de Administración de los Cuidados de Matronas, estando subordinada a aquella, según lo dispone la resolución exenta N° 678 que Aprueba la Norma General Administrativa N° 21, denominada “Administración del Cuidado de Profesionales Matronas y Matrones Para la Atención Cerrada”. Tanto es así, que en la misma se encuentra establecido que los directores de los servicios de salud, o de los establecimientos que conforman la red asistencial de su dependencia o de los establecimientos autogestionados en red y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, están facultados para determinar la organización interna de dichos establecimientos, estableciéndose también en el documento anexo a la norma general administrativa N° 21, que forma parte de ésta, que la Dirección del establecimiento debe asegurar la continuidad y calidad de los cuidados en el ámbito de las atenciones gineco-obstétricas y neonatológicas, definiendo responsabilidad, atribuciones y adecuados recursos, humanos y materiales que permitan el funcionamiento del “Modelo Administración del Cuidado de Profesionales Matronas y Matrones”, agregando que, en este sentido, la función de “Administración del Cuidado de Profesionales Matronas y Matrones” se realizará encomendando funciones directivas.

Que, asimismo, tal como lo señala la recurrida en su informe correspondiente, el artículo 36 del DFL N° 1 del año 2005 que fija el Texto Refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 del 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece que en el Director que se encuentra a cargo del establecimiento, estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración y, en especial, tendrá como atribución, según lo establece la letra c) la de organizar internamente las tareas correspondientes y, en su letra f)

le entrega las facultades de ejercer las funciones de administración del personal destinado al establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento. Que, a su vez, el artículo 61 del Estatuto Administrativo establece las obligaciones de los funcionarios y entre ellas, se contemplan que deben cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente y obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, a la vez que, el artículo 64 del mismo cuerpo legal, señala como obligación de las jefaturas, las de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Por último, la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.575, en su artículo 46, establece claramente que los funcionarios públicos solo podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio público correspondiente, agregando que podrán ser designados en comisiones de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de lo cual es obvio concluir, como lo señala la recurrida, que su jefe superior de servicio puede destinar a un funcionario a otro servicio público en otra parte del territorio del país e incluso en el extranjero y, por ende, con mayor razón puede destinarlo a cumplir otras funciones dentro del mismo establecimiento, OCTAVO: Que, en consecuencia, de lo indicado precedentemente, aparece claramente que de modo alguno se puede estimar que la resolución dictada por la Directora del Servicio, Hospital Regional de esta ciudad, pueda ser considerada como ilegal o arbitraria ya que se limitó, en uso de sus facultades y atribuciones, que le son propias y exclusivas, a designar a otra persona, titular en el cargo, en las funciones que servía la funcionaria recurrente, que es a contrata, y a reubicar a ésta, pero dentro del mismo establecimiento hospitalario, no existiendo detrimento ni menoscabo en cuanto a sus remuneraciones, grado y jerarquía que ostenta y, obviamente, cumpliendo funciones para la que fue contratada y que le son propias dentro de la calidad jurídica que posee como matrona, todo ello de conformidad a las necesidades del servicio, debiendo también señalarse que, para ello, el superior jerárquico tiene la facultad discrecional para actuar como lo hizo no requiriendo establecer, en forma circunstanciada, los motivos para tal decisión puesto que, como se señaló, lo fue por necesidades del servicio que a la recurrida le corresponde dirigir y, en todo caso, la resolución se asila y basta a sí misma con la consignación de la leyes y reglamentos contenidos en la misma.

NOVENO: Que, el actuar de la recurrida, en la forma que se determinó, y más aun considerando que todo funcionario público necesariamente tiene conocimiento, o no puede menos que tenerlo, que se encuentra supeditado a que se le reubique en sus funciones en la medida que ello no le cause un grave detrimento o menoscabo, tal determinación no puede ser considerada arbitraria o ilegal ni tampoco puede entenderse que cause a la recurrente una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su persona, más aún si se considera que si bien la funcionaria indicada ha expresado que ello se encuentra comprobado con las licencias médicas psiquiátricas que le han sido otorgadas, consta también, de documentos agregados de fojas 42 a 45, que éstas tienen como motivo enfermedades comunes y no tiene su origen en circunstancias o situaciones laborales y, en consecuencia , no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido por la recurrente nombre reservado por éste motivo y lo propio ocurre con las otras funcionarias por las cuales se ha recurrido.

DÉCIMO: Que, por las mismas razones expresadas con antelación, tampoco se vislumbra de qué manera se puede haber visto afectada la salud física y mental de las otras personas por quienes se ha recurrido, doña nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y menos aún si no existe ningún elemento de juicio que determine que éstas sufrieron algún tipo de apremio ilegitimo tal como haber sido encerradas en una sala y conminadas a entregar sus puestos laborales, no existiendo ningún antecedente, como se dijo, que acredite tales aseveraciones y, por tanto, debe también desestimarse el recurso de protección planteado en favor de éstas, por no existir algún acto ilegal o arbitrario que emane de la recurrida que deba ser remediado conforme a derecho.

UNDÉCIMO: Que, en relación con la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, que también ha sido deducido por la recurrente, y que ésta hace consistir en la falta de razonabilidad en la dictación de la resolución exenta N° 2871, cabe expresar que ésta última solo afecta a doña nombre reservado y de acuerdo a las consideraciones efectuadas en los motivos anteriores, que se reproducen, no cabe sino desestimarla; y en relación a lo señalado por ésta, en orden que se habría conculcado dicha garantía por haberse efectuado una designación de cargo sin concurso ni procedimiento previo, debe expresarse que actualmente ello no resulta obligatorio para el servicio más aún si el cargo que se trata, con anterioridad no ha sido concursado y, tanto es así, que la propia recurrente fue designada en las funciones que desempeñaba sin que haya mediado concurso, mediante una resolución, la que tiene como característica la de ser esencialmente modificable y que no establece ningún tipo de derecho de propiedad siendo inherente tan solo a la función a que se desempeña y, que tiene su origen en la relación jurídica estatutaria que vincula a las partes, no pudiéndose olvidar que la recurrente, y aquellas por quienes recurre, mantienen su cargo para el cual han sido contratadas y solo se han cambiado sus funciones dentro del mismo servicio, respetándose sus respectivas jerarquías, grados y remuneraciones y sin que se afecte sus carreras funcionarias.

Que, al respecto, debe también consignarse que la propia recurrente, al interponer su recurso, se encargó de reconocer que en el Hospital de Coyhaique “como la norma administrativa 21 se encontraba recién en etapa de implementación, los cargos de la misma no se concursaron, debiendo concurrir dicho trámite en el futuro para efectos de ocupar las plazas respectivas” por lo cual no puede aseverar, ahora, que se efectuó la designación de las funcionarias sin proceso de selección y pasando a llevar a quienes detentaban dicho cargos, reafirmándose que, en todo caso, mantienen la estabilidad o permanencia en sus respectivos cargos ya que no ha concurrido una causa legal de cesación de funciones, que es lo que ampara la Carta Fundamental.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, por los motivos señalados precedentemente y apareciendo que las resoluciones impugnadas mediante el presente recurso de protección, fueron dictadas por quién tiene facultad e imperio para ello, actuando éste dentro del marco de sus atribuciones legales y no observándose que, con motivo de éstas, se haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad que le sea reprochable, sino que hubo un estricto apego al principio de legalidad que establece la Constitución Política de la República, en sus artículos 6 y 7, no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido, por no aparecer como vulnerado el artículo 19 de la Constitución Política en sus números 1 y 24 y así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, del 27 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido, en lo principal del escrito de fojas 17 a 24, por doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación de doña nombre reservado, nombre reservado, y PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.