nombre reservado con MUNICIPALIDAD GUAITECAS

En Coyhaique, a dos de septiembre del año dos mil veinte.

VISTOS:

En la presentación de 11 de julio del año 2020, comparece don Héctor Díaz Maluenda, abogado, en representación de don nombre reservado, contador, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de la comuna de Guaitecas, representada por su Alcalde, don Marcos Silva Miranda, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la comisión del acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio N°416 de fecha 12 de junio del 2020, la cual aplica sanción de destitución del funcionario, afectándose sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva, que: a) se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°416, por ser un acto ilegal y arbitrario; b) se deje sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del acto de destitución; c) se le restituya en el cargo de funcionario de la planta administrativa y Jefe de Finanzas (s) de la Municipalidad de Guaitecas; d) se decreten las demás medidas que esta Iltma. Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y e) se condene en costas a la recurrida.

Sostiene que por Resolución Exenta N° PD00775, de 19 de noviembre de 2018, de la Contraloría Regional de Aysén, se dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario, sumario administrativo, con el objeto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Municipalidad de Guaitecas, cerrándose la etapa indagatoria, formulándose cargos contra su representado, frente a los cuales presentó sus descargos.

Agrega, que luego la Vista Fiscal se emitió por resolución de 29 de noviembre de 2019 y se estimó acreditada la responsabilidad administrativa del Sr. nombre reservado, elevándose los antecedentes a la Contraloría Regional de Aysén, la que aprobó, la Vista Fiscal y propuso aplicar al recurrente la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 123, en relación con lo indicado en el artículo 120 letra d), ambos de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, por resolución de 23 de enero del presente año, siendo derivado luego a la Municipalidad de Guaitecas para los efectos de lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Ley N° 10.336.

Indica que, en tal contexto, el Alcalde, por Decreto N° 349 de 14 de Abril pasado, resolvió aplicar una sanción distinta a la destitución propuesta, esto es, la medida de suspensión de empleo por 30 días con goce de 50% de su remuneración, conforme lo dispone el artículo 120, en armonía con el 122 de la Ley N° 18.883, expresando los fundamentos que tuvo para disentir de la propuesta del órgano contralor.

Expuso, que tal sanción fue efectivamente aplicada en el mismo mes en que fue dictada, teniendo lugar la suspensión de empleo con descuento de remuneración, lo que acredita con la liquidación de remuneraciones de abril pasado.

Refiere que, sin embargo, dicho Decreto N°349, fue representado posteriormente a su aplicación por la Contraloría Regional, mediante Oficio N° 1.240 de 6 de Mayo de 2020, ingresado en el Municipio el 18 de Mayo siguiente, destacando que el cúmplase de la sanción aplicada se dio por Decreto N°440 de 15 de Abril del corriente. Contra dicha representación, el Municipio repuso el 26 de mayo pasado, para posteriormente el Alcalde dictar el Decreto N°416 de 12 de junio de 2020, que dispone la destitución del recurrente, el que le fue notificado al recurrente con la misma fecha. Agrega que, posteriormente, mediante Decreto N° 441 de 25 del mismo mes y año, se desestima el recurso de reposición deducido por el funcionario recurrente.

Afirma que, el Decreto Alcaldicio N°349 ya referido, puso término al procedimiento administrativo sancionatorio en cuestión, cumpliendo con los requisitos necesarios para imponer una sanción distinta a la propuesta por la Contraloría Regional, pero fue representada tras su cumplimiento efectivo, el que tampoco es atribuible al Sr. nombre reservado, quien se vio compelido por acto de autoridad, por lo que, al haberse cumplido la sanción, opera la extinción de la responsabilidad administrativa, de conformidad con la letra c) del artículo 153 de la Ley N° 18.883, no obstante lo cual, por un Decreto Alcaldicio posterior, el N°416 contra el cual recurre, se pretendió dejar sin efecto la sanción de suspensión y retención de remuneraciones ya aplicada, por lo que deviene en un acto con objetivo ilícito, al operar la causal de extinción ya indicada y porque de verificarse la sanción se estaría reviviendo la responsabilidad administrativa ya extinguida, desbordando el ejercicio de la potestad sancionatoria, siendo ilegal y conculcando con ello el principio de non bis in ídem.

Precisa que, no obstante lo anterior, el acto en sí carece de motivación, no contiene ninguna referencia a la sanción diversa ya aplicada y sus efectos jurídicos, no expresa los recursos que contra ella proceden ni consta la firma del Ministro de Fe respectivo, con lo que deviene en un acto arbitrario e ilegal que hace procedente esta acción constitucional.

Finalmente, estima conculcadas las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que si se extinguió la responsabilidad administrativa por cumplimiento de la sanción ya impuesta, no puede ejercerse nuevamente la potestad sancionatoria por un nuevo acto sin sumario previo y porque el acto recurrido vulnera su estabilidad en el empleo y sus remuneraciones, al ser despojado de su puesto de planta administrativa sin causa legal para ello, solo por la discrecionalidad de la autoridad del Alcalde recurrido; tenía derecho a mantenerse en el cargo por el tiempo establecido en la ley, lo que no ocurrió.

Con fecha 31 de julio de 2020, comparece don Waldo Barraza Pino, abogado, en representación de la Municipalidad de Guaitecas, evacuando informe al tenor del recurso interpuesto.

Hace presente que, ante esta misma Corte se tramitó anteriormente recurso de protección interpuesto por el recurrente, contra la propuesta de sanción disciplinaria del Contralor Regional, el que fue rechazado, bajo el Rol 48-2020, y confirmado el mismo fallo por la Excelentísima Corte Suprema, el 9 de Abril pasado.

Indica que, una vez firme y ejecutoriada dicha sentencia, el Alcalde Suplente, Sr. Barría Cárdenas, dictó el Decreto N° 349 imponiendo una sanción diversa a la propuesta por la entidad de control, verificándose la misma, el que, sin embargo, fue representado por aquélla, al estimarse que no se ajustaba a derecho la decisión. Agrega que, si bien luego el Alcalde Titular, Sr. Silva Miranda, dedujo reposición y recurso jerárquico administrativo a favor del recurrente en contra de la decisión de Contraloría, el mismo fue retirado antes de su tramitación, por haber sido sorprendido y sin medir su alcance, rubricó los documentos que realizó por desconocimiento.

Refiere que, en virtud de lo anterior, con fecha 12 de junio del presente año, procedió a dictar el Decreto Alcaldicio N° 416, disponiendo la destitución del recurrente, contra la cual repuso el funcionario, siendo rechazado el mismo, quedando a firme la decisión de sanción disciplinaria que, ahora, se impugna por esta vía, procediendo, en consecuencia, a la restitución del 50% de las remuneraciones retenidas del recurrente, junto con las asignaciones respectivas.

Alega, además, la improcedencia del recurso por desbordar el procedimiento administrativo en cuestión la naturaleza cautelar del presente arbitrio, firmando con desconocimiento el escrito, sin medir el alcance de éste.

Finalmente, razona en relación a la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad del acto recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Con fecha 14 de agosto de 2020, la Contraloría Regional de Aysén, informa el recurso de protección deducido -de acuerdo a lo ordenado por esta Corte de conformidad a lo dispuesto en el inciso 3, del numero 3°, del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales- señalando que, en la especie, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Ley N° 10.336, el cual dispone que en los sumarios que la Contraloría instruya en municipios, en caso de que el Alcalde imponga una sanción distinta, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de toma de razón, en virtud de los cual, tras ser remitido el respectivo decreto, aquel fue representado por concluirse que la rebaja de la sanción impuesta al recurrente, no se encontraba debidamente sustentada, y ello por no haberse ingresado los antecedentes que dieran cuenta del cumplimiento de las etapas procesales posteriores a la resolución de la Contraloría por la cual se propuso la destitución del funcionario, y por carecer de fundamentos que evidenciaran las razones por la que, en el caso concreto, se vería aminorada la responsabilidad del funcionario.

Hace presente que, si bien la facultad administrativa sancionatoria en este caso radica en el Alcalde respectivo, conforme a lo preceptuado en el artículo 138 del Estatuto Administrativo, en caso que se absuelva por la autoridad o se rebaje la sanción propuesta, tal atribución debe efectuarse con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, lo que en control preventivo de legalidad ejercido por el órgano, se determinó no ocurría ni se cumplía con el Decreto Alcaldicio impugnado en estos antecedentes.

Asimismo, en relación a la sanción diversa a la destitución propuesta, en forma previa a la toma de razón del Decreto, indica que aquello no debió haber ocurrido, pues solo puede verificarse la misma una vez que se cuenta con un control de legalidad preventivo positivo de la entidad Fiscalizadora, lo que no aconteció, agregando que al haber sido representada la sanción, no se encuentra incorporada a la hoja de vida funcionaria del recurrente, considerando, además, que al dictarse un nuevo decreto alcaldicio que dispuso la destitución, se dejó sin efecto la medida anterior, devolviéndose al funcionario las remuneraciones retenidas, con lo cual, no subsiste la situación de hecho que motivó la presentación del recurso, habiendo éste perdido oportunidad.

Refiriéndose a las garantías que se estiman amagadas, advierte que no se ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente con la actuación de la Municipalidad de Guaitecas, entidad que al verificar el error en que incurrió al haber verificado la sanción aminorada antes de su toma de razón, dejó sin efecto aquella medida disciplinaria para rectificar su proceder ajustándose a derecho. Agrega que, de no haber ocurrido lo anterior, habría existido una vulneración como la alegada, ya que se habría aceptado que el recurrente no se encuentre sujeto a la normativa constitucional y legal que regula la materia.

Por último, en relación al derecho de propiedad del recurrente sobre su cargo, señala que el vínculo jurídico que liga al funcionario con el Estado u otro organismo público, es una relación estatuaria que no otorga ninguna forma de propiedad sobre el empleo, el que se mantendrá mientras no opere alguna causal de cesación de funciones, que fue lo que precisamente aconteció en la especie con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 144 letra d) de la Ley N° 18.883.

Con fecha 24 de agosto de 2020, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 27 de agosto de 2020, se llevó a cabo la vista de la causa, compareciendo por modalidad de videoconferencia, los abogados don Héctor Díaz Maluenda, por el recurrente, y don nombre reservado, por la Contraloría Regional de Aysén; quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la decisión contenida en Decreto Alcaldicio Nº416 de fecha 12 de junio del año 2020, el cual aplica a don nombre reservado, funcionario de la Municipalidad de Guaitecas, la medida disciplinaria de destitución, en relación con propuesta indicada en Resolución Exenta N°PDOOO5O, de 23 de enero del 2020 del Contralor Regional de Aysén, por estimar que es ilegal pues carece de objeto, al pretender aplicar una sanción contra hechos cuya responsabilidad se encuentra extinguida, de acuerdo con la letra c) del artículo 153 de la Ley N°18.883, por lo que no es un acto posible ya que de aplicarse la sanción que contempla se estaría reviviendo la responsabilidad administrativa extinguida, desde que el Decreto recurrido pretendió dejar sin efecto la sanción de suspensión y retención del 50% de sus remuneraciones ya aplicada por medio del Decreto Alcaldicio N°349, emanada de la misma autoridad, que dispuso la sanción de suspensión y descuento de remuneración en contra del recurrente, y, por otro parte, estima que el acto recurrido es arbitrario, por cuanto no cumple con la motivación, pues para ello debería explicar los motivos que llevaron al sancionador a decidir de tal o cual forma, los medios de prueba de que se valió, aquellos que excluyó y las razones de ello, ya que en su considerando letra i, se refiere a un acto de otro órgano del Estado, pero no lo incorpora al texto del Decreto N°416, como lo ordena el artículo 40 de la ley N°19.880, no bastando una referencia, de lo contrario se burlaría la ley, y, en segundo lugar, el acto recurrido, no contiene ninguna referencia a la suspensión y el descuento de remuneraciones que padeció el recurrente, no precisa sobre los efectos jurídicos de éste. Refiere que el Decreto Alcaldicio recurrido, además, contiene, defectos de forma, ya que éste no expresa los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, como lo exige el artículo 41 inciso 5° de la ley N°19.880, y, tampoco consta la firma del Ministro de Fe, que establece el artículo 20 de la ley N°18.695, dado que dicho acto emana supuestamente del Alcalde, por lo que debería llevar la firma del Secretario Municipal, cosa que no acontece, pues hay nombre, firma y timbre del funcionario que supuestamente desempeñaría el cargo de Administrador Municipal; afectándose con este actuar arbitrario e ilegal, sus derechos fundamentales de Igualdad ante la Ley y el Derecho de Propiedad.

QUINTO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 19 de noviembre de 2018, mediante Resolución Exenta N°PD00775, la Contraloría Regional de Aysén, dispuso que se instruyese sumario administrativo en la Municipalidad de Guaitecas y en los demás servicios públicos pertinentes, a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas que pudieren resultar del procedimiento disciplinario que se encontraba desarrollando en la referida Municipalidad. Asimismo, se designó como fiscal instructor al funcionario de la Contraloría Regional, don nombre reservado.

2.- En el referido sumario administrativo, se formularon en contra de don nombre reservado, Jefe suplente del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad, los siguientes cargos: Cargo Uno: en su calidad de Jefe (s) de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Guaitecas, en virtud del cual le correspondía visar –acorde a la ley- los decretos de pago que irroguen gastos o generen recursos al municipio, no realizó dicha labor con la debida diligencia y cuidado, incumpliendo así con lo dispuesto en los artículos 1° y 18 de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y Cargo Dos: Que, en su calidad de Jefe (s) de Administración de Finanzas de la Municipalidad de Guaitecas, cargo en virtud del cual le correspondía dirigir, coordinar y visar las actividades financieras de la Municipalidad y de los servicios traspasados, no realizó dichas labores con la debida diligencia y cuidado, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, que especifica en lo que interesa, que ninguna institución pública podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575.

3.-. Mediante Resolución Exenta N°PD00050, de 23 de enero de 2020, la Contraloría Regional de Aysén, propuso aplicar al señor nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución, prevista en los artículos 120, letra d) y 123, de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, considerando que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad administrativa respecto de los dos cargos que le fueron imputados y que dentro de los reproches formulados en el presente procedimiento disciplinarios se verifican reiteradas faltas al principio de probidad administrativa, respecto de don nombre reservado, conforme se advierte en las distintas piezas acusatorias.

4.- Por Decreto Alcaldicio N°349, de fecha 14 de abril de 2020, el Alcalde Suplente, don Juan Carlos Barría Cárdenas, resolvió modificar la Resolución Exenta N°PD00050, antes referida, en el sentido de aplicar al recurrente, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce de un 50% de su remuneración, conforme lo dispone el artículo 120, en armonía con el 122 A, de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, por estimar que no existe proporcionalidad entre la falta imputada y la sanción aplicada, toda vez que la sanción propuesta al funcionario sumariado resulta en exceso desproporcionada, por cuanto si bien se aprecian conductas administrativas que pueden estimarse como carentes de celo, escrupulosidad, esmero y diligencia, en la especie, no se habría logrado acreditar fehacientemente y de modo objetivo e imparcial, la forma en que serían constitutivas de un actuar doloso, como es el caso de los cargos formulados considerando la atenuante de responsabilidad de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, circunstancia que no fue ponderada, toda vez que si bien es cierto, es preciso tener presente que de conformidad con el artículo 133 de la citada Ley N°18.883, los funcionarios municipales tienen la obligación de prestar colaboración en los procesos disciplinarios en que se vean involucrados, precepto que tiene por finalidad permitir que el instructor recabe todos los antecedentes que sean necesarios para el adecuado desarrollo y término de su cometido, aquello no resultó suficientemente ponderado.

5.- Por el Decreto Alcaldicio N°440 de 15 de abril de 2020, se ordena cumplir sanción de suspensión del empleo al funcionario nombre reservado, a partir del 16 de abril de 2020 hasta el 15 de mayo del 2020, y que se realice el descuento del 50% de su remuneración correspondiente al mes de abril de 2020 y fija como subrogante del funcionario recurrente a doña nombre reservado o quien la subrogue.

6.- Mediante Oficio N°1.240, de 06 de mayo de 2020, la Contraloría Regional de Aysén, representa el Decreto N°349, referido en el N°4 que antecede, por estimar que no se ajusta a derecho, fundándose, primeramente, en que no se han remitido los antecedentes que den cuenta del cumplimiento de las etapas procesales posteriores a la dictación de la Resolución Exenta N°PD00050, toda vez que no consta que ese Municipio se hubiere pronunciado respecto de las sanciones propuestas por esta entidad fiscalizadora a través de la dictación del pertinente acto administrativo, respecto del cual los inculpados, una vez notificados, pueden interponer el recurso de reposición que prevé el artículo 139 de la Ley 18.893. En segundo lugar, fundamenta que el Municipio, en esta oportunidad, no aporta antecedentes que permitan desvirtuar la propuesta de ese órgano de control, por lo que no es dable entender que el acto administrativo de la especie se encuentre debidamente fundado, ya que los instrumentos analizados no aparecen debidamente fundados, por cuanto ellos se han limitado a citar y transcribir diversa jurisprudencia administrativa y judicial, y opiniones de doctrina, en relación con los principios de proporcionalidad y legalidad, así como respecto de la motivación de los actos administrativos, de las facultades de las que se encuentra dotada la autoridad edilicia, y respecto de la sustanciación de procedimientos disciplinarios por la Contraloría, sin determinar de qué modo por tales circunstancias, en el caso concreto y conforme al mérito de los antecedentes que obran en el expediente, se vería aminorada la responsabilidad administrativa del funcionario recurrente.

7.- Que, mediante el Decreto Alcaldicio N°416, de fecha 12 de junio de 2020, que motivó la presente acción cautelar, el Alcalde Marcos Silva Miranda, dispone aplicar a don nombre reservado, funcionario de la Municipalidad de Guaitecas, la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 123, en relación con lo indicado en el artículo 120 letra d), ambos de la Ley N°18.893, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, desde que al apreciar los hechos contenidos en el proceso, dicha autoridad advierte la gravedad de las faltas administrativas cometidas, circunstancias que hacen merecedor al servidor de la indicada medida disciplinaria.

8.- Mediante el Decreto Alcaldicio N°441 de 25 de junio de 2020, se resuelve rechazar en todas sus partes la reposición interpuesta por el recurrente, don nombre reservado, por la cual éste solicita dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°416, en estudio, en virtud de los antecedentes que en éste se consignan.

9.- Mediante decreto de pago N° 643 de fecha 17 de julio de 2020, el Municipio recurrido procedió a pagar el 50% del sueldo retenido del mes de abril de 2020 y la asignación colectiva de mejoramiento de la gestión ( PMG) del recurrente, efectuando transferencia a su cuenta corriente del Banco Falabella por la suma de $ 1.546.065.

SEXTO: Que, desde luego, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, a juicio de esta Corte, no existe un acto arbitrario e ilegal de la recurrida y por ello debe desestimarse el presente arbitro constitucional.

SÉPTIMO: Que, en efecto, el Decreto Alcaldicio N°416, no constituye un actuar ilegal por parte del recurrido, desde que, aquel ha emanado de la autoridad competente, esto es, el Alcalde de la Municipalidad de Guaitecas, don Marcos Silva Miranda, en ejercicio de sus potestades legales contenidas, específicamente, en el artículo 63, letra d), de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales, que establece la atribución para aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan y lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de La Contraloría General de la República, que dispone que aún en los sumarios instruidos por la Contraloría General, como es el caso, cuando se realicen en municipalidades, corresponderá al Contralor General proponer a la autoridad administrativa correspondiente, el Alcalde, que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, quien aplicará directamente las sanciones que procedan; por lo que no puede estimarse que la decisión recurrida surja contraria a la ley, en este sentido.

Por otra parte, el actuar de la recurrida no resulta ilegal, desde que la dictación del Decreto Alcaldicio N°416, se sujetó a sumario administrativo en la Municipalidad de Guaitecas, que instruyó la Contraloría Regional de Aysén, mediante Resolución Exenta N°PD00775, a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas respecto del funcionario don nombre reservado, de conformidad a los hechos establecidos en los N°1, 2 y 3 del considerando Quinto que antecede, en virtud del cual se decide aplicar la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 123, en relación con lo indicado en el artículo 120 letra d), ambos de la Ley N°18.893, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, propuesta por la Contraloría Regional de Aysén, Mediante Resolución Exenta N°PD00050, de 23 de enero de 2020, por estimarse que se encontraba plenamente acreditada la responsabilidad administrativa respecto de los dos cargos que le fueron imputados al funcionario y porque los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente al principio de probidad administrativa.

OCTAVO: Que, en este sentido, se deberá desestimar la alegación de la parte recurrente, consistente en el que el Decreto Alcaldicio N°416 recurrido es ilegal pues carece de objeto, desde que no es efectivo que pretende aplicar una sanción contra hechos cuya responsabilidad se encuentra extinguida de acuerdo con la letra c) del artículo 153 de la Ley 18.893, por cuanto si bien el Decreto Alcaldicio N°349, emanada de la misma autoridad, dispuso la aplicación de una sanción distinta a la propuesta por la entidad contralora mediante la Resolución Exenta N°PD00050, a saber, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce de un 50% de su remuneración, signada en el hecho N°4 del considerando Quinto que antecede, lo cierto es que este acto sujeto al trámite de Toma de Razón por la Contraloría, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 133 bis de la Ley 10.336, fue representado por dicho órgano contralor, según el hecho N°6 del considerando Quinto precedente, razón por la cual no nació a la vía jurídica y, en consecuencia, al no producir efecto alguno a su respecto, malamente podría considerarse extinguida la responsabilidad administrativa del funcionario recurrente por estimarse cumplida la sanción contenida en el referido Decreto Alcaldicio N°349, máxime si el Municipio recurrido procedió a pagar al recurrente el 50% del sueldo retenido del mes de abril de 2020 y la asignación colectiva de mejoramiento de la gestión , de acuerdo al hecho N°9 del motivo Quinto que antecede.

Igualmente, el recurrente acusa que el Decreto Alcaldicio recurrido, además, contiene, defectos de forma, ya que éste no expresa los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, como lo exige el artículo 41 inciso 5° de la ley N°19.880, lo que deberá ser rechazado por esta Corte, desde que, conforme al N°8 del motivo Quinto que antecede, el recurrente, precisamente, en ejercicio de los recursos que franquea la ley, interpuso reposición en contra del mentado acto alcaldicio, de manera tal que no ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ese derecho.

Asimismo, alega que tampoco consta la firma del Ministro de Fe, que establece el artículo 20 de la ley N°18.695, ya que el acto recurrido debería llevar la firma del Secretario Municipal, cosa que no acontece, pues hay nombre, firma y timbre del funcionario que supuestamente desempeñaría el cargo de Administrador Municipal; circunstancia ésta que no resulta atingente en la especie, por cuanto el impugnado Decreto Alcaldicio N°416, emana de la autoridad competente, a saber, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Guaitecas, don Marcos Silva Miranda, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, según ya se razonó.

NOVENO: Que, tampoco aparece que el actuar de la recurrida resulte arbitrario, desde que conforme a lo asentado precedentemente, a juicio de estos sentenciadores, la resolución dictada por la autoridad recurrida, resulta debidamente fundada, tanto en la descripción de los hechos como en el derecho, desde que de su sola lectura y del análisis conjunto de los antecedentes que se tuvieron a la vista para su dictación, se advierten, las razones suficientes por las cuales se decide finalmente aplicar la medida disciplinaria de destitución al funcionario recurrente, consignándose en éste que el sumario administrativo tuvo por objeto establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas en los hechos consignados en el Informe de Investigación Especial N° 76, de la Contraloría; a su vez, da cuenta de las circunstancias que se tuvieron por acreditadas, establecidas de manera detalladas desde la letra a) a la letra i) del considerando C, numeral II del texto del acto recurrido, respecto a los cuales indica que se formularon cargos en contra de los funcionarios don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en base a las consideraciones contenidas en la Vista Fiscal; disponiendo que al apreciar los hechos contenidos en el proceso, advierte la gravedad de las faltas administrativas cometidas, circunstancias que hace merecedor al servidor de la medida disciplinaria de la destitución, en consideración a los fundamentos de derecho que expuso, a saber, los artículos 69, 120 letra d) y 123 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus números 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve que:

I.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don Héctor Díaz Maluenda, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del Decreto Alcaldicio N°416, de doce de junio de dos mil veinte, dictado por don Marcos Silva Miranda, Alcalde de la Municipalidad de la comuna de Guaitecas.

II.- Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol 335-2020 (Protección).