nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

En Coyhaique, a dos de Abril del año dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por el Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney, o por quien conforme a derecho subrogue, represente o haga las veces de tal, ambas con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, a fin de que se deje sin efecto la Resolución Exenta número 7132, del 23 de Noviembre del año 2018, que dispuso no renovar su designación a contrata como profesional grado 7 EUR, del servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Intendencia Regional de Aysén, que le fuera notificada con fecha 27 de Noviembre del año 2018, acto administrativo que vulnera sus derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, números 2, 4 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal, “se acoja y ordenar que dicha institución deje sin efecto la tramitación de la no renovación de mi contrata, ordenando que la autoridad adopte las medidas que el Tribunal estime conducentes o apropiadas para obtener el restablecimiento del imperio del derecho y protección de las garantías constitucionales que legítimamente me corresponden. Se ordene además el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medir (sic) entre mi desvinculación y mi efectiva reincorporación al servicio. Todo, con costas del recurso.”.

A su presentación, acompañó los antecedentes documentales que describió en el Segundo Otrosí.

Consta en autos también, que doña nombre reservado, abogado, por la recurrida, informa según lo solicitado, pidiendo, en definitiva, el rechazo del recurso intentado, acompañando los antecedentes que indica en el otrosí de su informe y aquéllos ordenados agregar con fecha 25 de Enero del presente año.

Con fecha 25 de Marzo del año 2019, se ordenó traer los autos en relación.

A estrado y a la vista de la causa, por el recurrente, alegó la abogada, doña Ximena Jiménez Ulloa, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su recurso; por la recurrida, alegó por el rechazo del recurso, el abogado don Paulo Gómez Canales.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando su libelo, refiere, primeramente, la necesidad de cautela constitucional por parte de este Tribunal, en cuanto a la protección de la ciudadanía respecto de quienes ejercen el poder público, en este caso del Gobierno Regional, en cuya cabeza se encuentra el Intendente Regional, a lo que alude por las expresiones que se contienen en la resolución impugnada.

Seguidamente, reseñó sus antecedentes académicos y que por Resolución 1513/2014, de la Subsecretaría del Interior, fue contratado a contar del 23 de Abril del 2014 hasta el 31 de Diciembre del año 2014, como profesional, asimilado a grado 7 en la EUR, en el Servicio de Gobierno Interior y con desempeño en la Intendencia Regional de Aysén, prorrogado por los años 2015, 2016, 2017 y 2018; indicó que las funciones del departamento jurídico de la Intendencia son asesorar a la autoridad regional, a los funcionarios del servicio y a la comunidad en materias jurídicas, respecto de trámites propios de este servicio, sean de índole legal, administrativo u otras que requieran en el cumplimiento de la labor de esta Intendencia regional, propendiendo a que la gestión de la autoridad y el servicio en su conjunto se ejecute conforme al ordenamiento jurídico vigente y, en general, dar forma jurídico-administrativa al ejercicio de las facultades de la autoridad. Señaló, además, que desde su ingreso a la administración siempre fue calificado en lista 1, con anotaciones de mérito y ninguna de demérito ni ha sido sancionado, sin licencias médicas ni atrasos, calificándose de ser un funcionario intachable.

Acerca de la resolución impugnada, reproduce en su escrito, gran parte de la misma, para seguidamente, analizar el régimen jurídico, naturaleza jurídica y principales características de las contratas, citando al efecto el D:F:L: número 29, del 2004, del Ministerio de Hacienda, relativo al estatuto Administrativo, artículos 2, 10 y 89; como también la Circular número 21/2018, del Ministerio de Hacienda en cuanto a instrucciones sobre la renovación del personal a contrata.

Luego el recurrente se explaya sobre el acto administrativo que determina la no renovación de una contrata o que pone término anticipado a la misma, citando dictámenes de la Contraloría General de la República, números 22766 y 23.518, del año 2016 y artículos 3 y 11, de la Ley 19.880; el plazo en que debe dictarse y la notificación que debe hacerse. Más adelante discurre sobre las consecuencias de la no dictación o insuficiente fundamentación del acto que determina la no renovación de la contrata, aludiendo al artículo 10, del Estatuto Administrativo y jurisprudencia administrativa. En este contexto aludió a la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata, en relación a lo dispuesto en el artículo 89, de la Ley 18.834, de lo que colige el derecho al cargo y a la función, del artículo 146, del cuerpo legal citado y dictámenes de La Contraloría General de la República, como artículo 38, inciso 1° y Ley 18.575, en cuanto el derecho a permanecer el el empleo a que se ha accedido legalmente mientras no medie una causal legal de expiración de funciones, de manera que la cesación de labores no quede entregada a la discrecionalidad de la administración sino a lo que la ley determine, citando jurisprudencia judicial al respecto.

Aludió también el recurrente sobre la obligación de fundamentación con razones objetivas y verificables, del artículo 41 de la Ley 19.880, en relación a jurisprudencia que citó.

Acerca de los fundamentos de la resolución impugnada, procede a su análisis particular de lo que estima serían seis, que indica de las letras a) a la f). Sobre el que indica como a), que la información de la Intendente Regional de Aysén, en cuanto a que su perfil no está acorde a las necesidades de la Intendencia porque necesita de mayor personal para desempeñar su función, lo que implicaría un bajo nivel de productividad; se refiere al sistema de evaluación que le rige, habiendo sido calificado siempre en lista 1 por cuatro Intendentes con los que trabajó, incluida la actual, que lo calificó con un puntaje de 100 sobre 100, sólo con anotaciones de mérito en su hoja de vida y que incluso era Ministro de Fe del sistema SIAPER TRA de la Contraloría Regional de Aysén, autorizado para girar de la cuenta corriente de la Intendencia. Agregó que desde que inició funciones existía otro funcionario y a partir de Septiembre del año 2018, la misma Intendente designó a otra funcionaria para que se desempeñe en sección extranjería pero que él jamás solicitó a otro funcionario.

Respecto de la letra b), en orden a que no tendría aptitudes de asumir jefatura y supervisión de funcionarios a su cargo; explica que tal jefatura solo se da en cargos de planta, citando al efecto dictámenes administrativos y lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley 18.834 y él solo se ha desempeñado como asesor jurídico.

En cuanto a la letra c), en que se le atribuye inadecuada gestión y falta de control; se trata, dice, de un fundamento subjetivo e inexistente, ya que ello corresponde a la única jefatura de la Intendencia, a la Intendente, según la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, como Ley 18.575, artículo 31.

De la letra d), en que da un ejemplo de lo signado en la letra c), en orden a que los funcionarios a su cargo han sido sorprendidos realizando labores para las que no fueron contratadas o fuera de sus puestos de trabajo, explicó que las otras dos personas trabajaban en el primer piso y él en el segundo, haciendo presente que jamás se le representó a él o a los funcionarios tal circunstancia ya que era la Jefe del servicio, de hecho, a los dos funcionarios no se les prorrogó la contrata y en la respectiva resolución no se mencionan estos hechos.

De la letra e), que existe inadecuado nivel de desempeño, con dos funcionarios realizando la misma función, existiendo sobredotación e incapacidad del recurrente para sumir la carga laboral que le corresponde como asesor jurídico, lo que denotaría una deficiente administración de su tiempo. Sostiene que se le denostó injustamente, lo que no se condice con sus calificaciones.

Acerca de la letra f), en cuanto la opinión jurídica del funcionario ha hecho incurrir en falta a esa repartición, que se acreditaría con la Resolución Final en sumario administrativo, instruida en la Intendencia de la Región de Aysén, donde se resuelve aplicar al funcionario la medida disciplinaria de multa de un siete por ciento de su remuneración mensual y una anotación de demérito, de los artículos 121, letra b) y 123 letra a), de la Ley 18.834. Sostuvo que la recurrida aduce argumentos que no corresponden, ya que omitió señalar que la Contraloría Regional ordenó reabrir dicho sumario, de manera que el procedimiento está en curso, sin sanción; que en caso de ocurrir tiene derecho a reponer y además al recurso jerárquico; sin perjuicio de que dicha falta no amerita la destitución.

El recurrente, más adelante, se explaya acerca del principio de confianza legítima, amparado en diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República, que protegen la estabilidad del empleo a contrata, principio que puede ser conculcado a través de un acto administrativo debidamente fundado, de lo que concluye que la Resolución 7131/2018, no goza de los presupuestos básicos necesarios de fundamentación y plausibilidad. Cita, además, lo dispuesto en el artículo 1, de la Constitución Política del Estado, como el artículo 19, número 2; artículo 17, inciso tercero, del Estatuto Administrativo, por lo que sostiene, que al llevar cuatro renovaciones continuas, demuestran la legítima confianza que tenía de ejercer sus funciones por el período 2018-2019. Al respecto, cita abundante jurisprudencia.

Acerca de la acción u omisión arbitraria o ilegal, señala que el acto impugnado se funda en expresiones de la Intendente Regional enviados mediante reservado de fecha 23 de Noviembre de 2018, el que, por ley de transparencia solicitó, sin tener respuesta, explayándose seguidamente acerca de la ley de transparencia, y concluye con que el acto recurrido nace viciado al no incorporar el informe de la Intendente, el que además es señalado como reservado, contrariando la legislación nacional en materia de transparencia, de manera que la resolución impugnada es arbitrario e ilegal ya que se dicta sin fundamentos objetivos, sin establecer la forma en que arriba a conclusiones que lo denostan y difaman profesionalmente. Sobre el particular, cita jurisprudencia.

Además, agregó, se infringe la Circular número 21, del Ministerio de Hacienda, del 28 de Noviembre del 2018, en orden a que las renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes y deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño.

Discurre, también el recurrente, acerca del concepto de arbitrariedad, atacando los fundamentos que tilda de subjetivos y que contiene afirmaciones difamatorias; infringiendo el principio de confianza legítima, en cuanto a la motivación del acto administrativo, que desarrolla a la luz del artículo 8, de la Constitución, 11 de la Ley 19.880 y 41 de la misma ley y oficio Circular número 21/2018 del Ministerio de Hacienda, ya que la resolución contra la que se recurre carece de fundamentos reales y no se sustenta en criterios objetivos, al menos de razonabilidad.

En lo relativo a las Garantías Constitucionales conculcadas cita el artículo 19, número 2, de la Constitución, en cuanto discriminación arbitraria, citando jurisprudencia administrativa, como doctrina y jurisprudencia judicial, sosteniendo que en el acto recurrido se estableció una discriminación total y completamente arbitraria e ilegal en su contra, existiendo una falta de igualdad porque recibió un trato diverse, estando en las mismas condiciones, respecto de otros funcionarios de la región y el país, quienes al igual que el recurrente, estando con la máxima calificación posible y sin antecedentes que obren en contrario, si fueron renovados o prorrogados en sus cargos.

Sobre el artículo 19, número 4, de la Constitución Política del Estado, sostuvo que el acto recurrido vulnera su honra, al hacer afirmaciones difamatorias e injuriosas, a cuyo efecto cita el considerando Séptimo, que refiere el reservado de la Intendente, replicado en el acto impugnado, reiterando aquello a que ya hiciera mención con anterioridad, cuando analizó cada una de las imputaciones que la Resolución Exenta 7132/2018 le hiciera, citando normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, citando doctrina acerca de qué debe entenderse por dignidad y honra, e incluso disposiciones de carácter penal, como el artículo 416, del Código Penal.

Finalmente, respecto del artículo 19, número 24, de la Constitución, en cuanto se estaría vulnerando el derecho a la propiedad sobre su cargo, la estabilidad en el empleo, citando al efecto jurisprudencia judicial, ya que accedió legalmente al cargo, por su desempeño y calificaciones debió permanecer en el cargo, no fue renovado de manera ilegal y arbitraria, que no medió causal para ello y que los fundamentos dados son falsos, abusivos e injuriosos. Agregó la propiedad sobre sus remuneraciones, citando, también, jurisprudencia al respecto, tanto nacional como internacional.

En sus conclusiones, resume lo ya expuesto latamente.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado, abogado, por la recurrida, informando al tenor del recurso, quien, como antecedentes de hecho quien reconoce la prestación de servicios del recurrente en el Gobierno Interior con desempeño en la Intendencia de la Región de Aysén, profesional grado 7 EUR, desde Junio del año 2014 y hasta el 31 de Diciembre del año 2018, en el cargo de asesor jurídico y que por Resolución Exenta número 7132, del 23 de Noviembre del año 2018, se dispuso la no prórroga de la designación a contrata, notificado el 27 de Noviembre del año 2018, basado en que el recurrente no se encuentra acorde a las necesidades de la Intendencia ni de la administración, al hecho de la sobredotación de personal en el departamento jurídico, pese a lo cual se constató falta de diligencia y cuidado en las labores, haciendo referencia, además, a resolución de la Contraloría Regional que dispuso instruir sumario administrativo en su contra y con fecha 22 de Mayo del año 2018, el fiscal instructor formuló cargos en contra del recurrente quien en calidad de su cargo autorizó, con fecha 27 de Febrero de 2017, la Resolución Exenta número 67, de la Intendencia Regional, que adjudicó el servicio cam0057 “Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Modalidad Marítima, en el Tramo Chacabuco-Aguirre”, a la empresa Austral Patagonia SPA, ello en el marco de la licitación privada –bajo denominación de trato directo-, del subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas contemplado en el programa de apoyo al transporte regional, por no haber realizado la labor con la debida diligencia y cuidado, al no observar que existiera un acto fundado que autorizara a recurrir a esa modalidad de contratación y omitir la licitación pública, como lo señala el artículo 7 del Decreto número 4, de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministerio de Hacienda –que reglamenta el Programa de Apoyo al Transporte Regional. El 27 de Julio de 2018, en el citado sumario, se procedió a dictar Vista Fiscal, en la que se concluyó mantener el cargo formulado al recurrente. El 20 de Diciembre de 2018, el Contralor Regional de Aysén consignó la resolución final en sumario administrativo instruido en la Intendencia Regional de Aysén en la que se indicó que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad administrativa de don nombre reservado y que se justifica la aplicación de una sanción disciplinaria consistente en una multa de un 5% de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor calificación de 2 puntos, de los artículos 121 letra b) y 123, letra a), de la Ley 18.834.

Asimismo cuestiona las anotaciones de mérito, que, dice, no tienen relación con la labor directa que debía desempeñar el recurrente en la Intendencia.

Así, concluyo, en esta parte, que no existe acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías del recurrente, ya que nace del análisis del desempeño laboral, en relación al Dictamen de la Contraloría Regional de Aysén, en cumplimiento al artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que indica que el desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo.

Sostuvo, por razones de forma, que el recurso debe ser rechazado ya que ésta no sería la vía idónea para los fines perseguidos, en cuanto la acción de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Así, los actos arbitrarios o ilegales sobre derechos preexistentes e indubitados, evidentes y ostensibles, pero no para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

Administrativamente, además, cita el Dictamen 6.400 de la Contraloría General de la República, relativo al principio de confianza legítima, que en el caso de autos, la Resolución impugnada pudo ser objeto de recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia administración, sin perjuicio de la acción de reclamación ante la Contraloría general de la República por mandato del artículo 160 de la Ley 18.834, de manera que existiendo mecanismos de impugnación, no ejercidos por el recurrente, lo pretendido excede las materias que deben ser conocidas en un recurso de protección, por su naturaleza cautelar, excediendo el procedimiento breve y concentrado de la acción de protección, debiendo recurrirse ante la autoridad judicial pertinente para la sustanciación de un procedimiento de lato conocimiento.

Sostuvo la recurrida que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad. El Subsecretario del Interior actuó en calidad de Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior, de acuerdo al artículo 1 del D.F.L. número 22, de 1959, del Ministerio del Interior, de manera que cuenta con las facultades legales para resolver acerca de ls renovaciones del personal con desempeño en las Intendencias y Gobernaciones.

Agregó que la recurrente confundió la ilegalidad con la falta de motivación del acto, y haciéndose cargo de ello, indicó que no existen actos u omisiones arbitrarias, a este respecto hace presente el contenido de la Circular Número 21, del 28 de Noviembre del año 2018, del Ministerio de Hacienda, que resumió a la situación de autos, manifestando que la Intendencia tomó su decisión a través de un proceso mesurado, producto de una atenta observación en el actuar y desempeño del recurrente, y no de manera antojadiza, materializada luego de 8 meses de que asumió la nueva administración, tiempo en el que también se evaluó el trabajo del resto de los funcionarios de la Intendencia Regional y en la no renovación de la contrata del recurrente no hubo arbitrariedad ni ilegalidad ya que hubo parámetros objetivos, como la gravedad de los hechos ocurridos y conocidos en el sumario administrativo ordenado por la Contraloría Regional de Aysén, que dan cuenta de no haber realizado la labor con la debida diligencia y cuidado al no observar que existiera un acto fundado que autorizara recurrir a esa modalidad de contratación y omitir la licitación pública, emitiéndose, respecto del recurrente, un acto administrativo que expresa cada uno de los fundamentos de la decisión de no renovar su contrata, medida que obedece al desempeño deficiente del señor nombre reservado, claramente explicados en la Resolución Exenta número 7132, de fecha 23 de Noviembre de 2018 y detallados en lo que va de este informe, quien no usó los recursos administrativos pertinentes, habiéndose actuado en conformidad a la normativa vigente que autoriza para dictar la resolución recurrida.

Sostuvo además que no hay afectación al principio de confianza legítima, en cuanto cita y discurre acerca de pronunciamientos administrativos en este sentido, toda vez que la autoridad se encuentra revestida de una facultad para poner término a una contratación o a su prórroga en el momento que estime conveniente, siempre y cuando se expresen adecuadamente sus motivos, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado la decisión, los que pueden incluir razones presupuestarias, de reorientación técnica e incluso consideraciones referidas a las aptitudes personales del empleado.; agregando que la motivación y fundamentación esta debidamente cumplida en la resolución impugnada al señalar los antecedentes tenidos a la vista para solicitar la desvinculación, que el recurrente no cumple con las expectativas en cuanto a la idoneidad para desempeñar su cargo y los demás fundamentos esgrimidos en el acto administrativo impugnado, por lo que concluye con la solicitud de rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas, fundamentalmente, en el artículo 19, de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, resulta menester, entonces, analizar previamente si existió o no un acto o una omisión, arbitrarios o ilegales que hubieren perturbado o amenazado las garantías constitucionales que el recurrente invoca.

De los antecedentes de autos, acompañados por la recurrente y por la recurrida y de lo que se desprende de sus respectivas presentaciones, ponderados de conformidad al respectivo Auto Acordado, y sus modificaciones, esto es de conformidad a las reglas de la sana crítica, es que deben tenerse como hechos de la causa, que: el recurrente, de profesión abogado, se desempeñó, desde el mes de Junio del año 2014, en calidad de contrata, Profesional, grado 7 de la EUR, en el Servicio de Gobierno Interior y con desempeño en la Intendencia de la Región de Aysén, habiéndosele renovado su contrata, por cuatro veces, durante los años 2015, 2016, 2017 y hasta el 31 de Diciembre del año 2018, siendo siempre calificado en lista 1. Hechos que no han sido controvertidos.

Que, con fecha 27 de Noviembre del año 2018, se le notificó la Resolución Exenta número 7132, del 23 de Noviembre del año 2018, dictada por el Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney, por la que se le comunica la decisión de no prorrogar la designación a contrata del recurrente, la que expirará, en consecuencia, el 31 de Diciembre del año 2018, basado en siete considerandos, que se refieren: el Primero, a citas de los artículos 3 y 10, de la Ley 18.834; el segundo, la exigencia administrativa de fundamentación del acto que decide la no renovación de la contrata en relación al principio de confianza legítima; el tercero, la necesidad de la dictación de un acto administrativo de acuerdo al artículo 3, de la Ley 19.880; en el cuarto, cita de Dictámenes Administrativos del ente contralor en cuanto a que tales Dictámenes anteriores no obstan al ejercicio de las facultades que tienen las autoridades administrativas en cuanto a decidir la no renovación de una contrata; en el quinto, se consignó que: el costo de la dotación de personal excede el monto de la asignación contenida para esos efectos en la Ley de Presupuesto, no se superándose el déficit lo que resulta imposible mantener la dotación actual; en el sexto, los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia que debe observar la autoridad; en el séptimo: “lo señalado por la Intendenta Regional de Aysén en documento Reservado de fecha 23 de noviembre de 2018 dirigido a la Jefa de la División de administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior, en cuanto a que tras la revisión de los antecedentes y el trabajo del funcionario nombre reservado, se ha detectado que el perfil del servidor no se encuentra acorde a las necesidades de la Intendencia, basado en que el funcionario necesita del apoyo de una mayor dotación de funcionarios para resolver la carga de su unidad en condiciones que podría resolverla por su sola facultad, lo que da cuenta de un bajo nivel de productividad, además de no notificar oportunamente las condiciones laborales deficientes que se registran en el servicio, colocando con ello en riesgo su trabajo y el del equipo y que ha sido sancionado por Contraloría, por hacer incurrir en falta a esta repartición. Por lo anterior, es que se hace necesaria la no renovación de su designación a contrata, pero no la supresión del cargo.

Tras el análisis del trabajo del Sr. nombre reservado, se ha detectado que éste no es el adecuado para un cargo de jefatura que mantiene funcionarios bajo su supervisión.

Se ha constatado que no existen procedimientos establecidos que permitan tener una adecuada gestión al interior de la unidad que encabeza, atribuible a una falta de control por parte del funcionario.

Ejemplo de lo anterior resulta en que no hay control de los dos funcionarios a su cargo, quienes en reiteradas ocasiones han sido sorprendidos por esta autoridad, realizando labores para las cuales no han sido contratados, o bien fuera de sus puestos de trabajo cuando son requeridos para la ejecución de funciones urgentes, sin argumento alguno que lo explique.

Otro hecho que demuestra un inadecuado nivel de desempeño, es que actualmente el Departamento Jurídico encabezado por el funcionario, cuenta con dos administrativos de apoyo, quienes tienen a su cargo el trabajo de extranjería, situación innecesaria, que da cuenta de una sobredotación y que además, deja en evidencia la incapacidad del funcionario para asumir la carga laboral que le corresponde como asesor jurídico, denotando una deficiente administración de su tiempo.

En la misma línea, la opinión jurídica del funcionario ha hecho incurrir en falta a esta Repartición. De esto da cuenta el documento exento de la Contraloría General de la República N° PD00608, con fecha 13.09.2018, denominado “Resolución final en sumario administrativo instruido en la Intendencia de la Región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo en los servicio que fueren necesarios”, en donde se resuelve aplicar al funcionario la medida disciplinaria de multa de un siete por ciento (7%) de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor de calificación de dos puntos, contemplada en los artículos 121, letra b) y 123 letra a), ambos de la Ley N° 18.834, sobre estatuto administrativo..”; luego, la citada Resolución Exenta, cita normas del Estatuto Administrativo, que el funcionario debía cumplir y lo que no realizó, contenidas en el artículo 61, en sus letras a), b) y c).

Que, con fecha 6 de Julio del año 2017, la Contralora General de la República, observa que en el proceso de contratación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Modalidad Marítima, en el Tramo Chacabuco-Aguirre, derivado del Subsidio Gubernamental al Transporte en Zonas Aisladas, debe regir lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley 18.575, en cuanto a que los contratos administrativos deben celebrarse previa propuesta pública o por licitación privada, la que procede previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo y que tratándose del proyecto en comento se invitó a empresas privadas para que formularen propuestas para la celebración de un trato directo contratándose, en suma a la empresa Austral Patagonia SPA. Para la celebración de dicho contrato en esa modalidad, no se invocó causal legal específica en una resolución formal y fundada que autorizara la omisión del proceso de licitación pública, sin perjuicio de otros errores en la evaluación de los candidatos oferentes, concluyéndose con que debía instruirse un procedimiento disciplinario, derivado de la resolución Exenta número 67, de la Intendencia Regional de Aysén, autorizada por el recurrente con fecha 27 de Febrero del año 2017 y que adjudicó el servicio “cam0057 “Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Modalidad Marítima en el tramo Chacabuco-Aguirre”, a la empresa Austral Patagonia SPA y en el marco de una licitación privada, bajo la denominación de trato directo.

En virtud de tal hecho, la Contraloría Regional de Aysén, por Resolución Exenta PD00040, del año 2018, ordenó a la Intendencia Regional la instrucción de un sumario administrativo para determinar la existencia de responsabilidades administrativas, resolviéndose, en suma, a través de Resolución Exenta N° 6, de fecha 21 de Enero del año 2019, de la Intendente Regional de Aysén, con la aplicación de medida disciplinaria de multa de un cinco por ciento de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor de calificación de 2 puntos, contemplada en los artículos 121, letra b) y 123, letra a), de la Ley 18.834 a don nombre reservado.

SEXTO: Que, la recurrente alega la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución recurrida basada en que los fundamentos en que se basa la misma no serían efectivos, según extensamente lo expuso la recurrente.

Que, en lo que respecta a la ilegalidad de la resolución impugnada, dicha alegación habrá de ser rechazada ya que se acreditó que quien suscribe y emite la Resolución impugnada, Resolución Exenta número 7132, del 23 de Noviembre del año 2018, fue extendida por el Subsecretario del Ministerio del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney, en su calidad de Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 del D.F.L. número 22, del año 1959, del Ministerio del Interior, de manera entonces, que el acto impugnado se encuentra dentro de las facultades y competencia de quien lo suscribió, por ende, habiéndose dictado por quien correspondía, en un acto administrativo que cumple con los requisitos de la Ley 19.880, e incluso con la Circular N° 21, del Ministerio de Hacienda, del año 2018 como de las exigencias de Contraloría, vertidas últimamente en el Dictamen número 6.400, ha de rechazarse la alegación de ilegalidad del acto impugnado.

SÉPTIMO: Que, la falta de fundamentación a que alude la recurrente, no es tal si se atiende a los siete considerandos que contiene la Resolución Exenta número 7132, en cuanto alude a las consideraciones de hecho que dan pie a la infracción del derecho que respectivamente se cita, lo que se encuentra debidamente refrendado con la documentación aludida a que se ha hecho referencia en el considerando Quinto precedente, especialmente en cuanto al incumplimiento de funciones básicas que debía desempeñar el recurrente en la función para la que fue contratado, de manera que a juicio de estos sentenciadores la resolución que se objeta se encuentra revestida de la motivación suficiente que la ley exige, Leyes 18.575, artículos 5, 7 y 11, y 19.880, artículos 3, 11 y 41, por lo que este fundamento habrá, también de ser rechazado.

OCTAVO: Que, si bien la calificación del recurrente es la mejor, ello no obsta al hecho de que sus servicios, por ley, con fecha 31 de Diciembre del año 2018 y que, en el transcurso de dicho lapso ya se habían detectado irregularidades en el desempeño funcionario del recurrente, habiéndosele formulado cargos con fecha 22 de Mayo del año 2018; y que con fecha 27 de Julio de 2018 se dictó Vista Fiscal, de manera que a la fecha de dictación de la resolución contra la que se recurre, ya existían en conocimiento de las respectivas jefaturas estos antecedentes, que constituyen uno de los varios fundamentos de aquella. De manera que el desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo, según reza el artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, todo lo cual, refuerza el hecho de que el acto administrativo se encuentra racionalmente motivado.

NOVENO: Que, el principio de la confianza legítima a que alude la recurrente, no significa, necesariamente, que la autoridad administrativa, dotada de la competencia y pertinente facultad, no pueda, en uso de lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley 18.575, adoptar la decisión de no renovar una contrata. El principio aludido no significa determinar la inamovilidad del empleo a contrata, de por sí transitorio y con fecha de término definido legalmente, de manera que a la llegada de la fecha, 31 de Diciembre de cada año, la contrata expira por el solo Ministerio de la Ley, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3 y 10, de la Ley 18.834; facultándose, incluso administrativamente, la no renovación de la contrata o su término anticipado, siempre y cuando se den los supuestos que claramente ha expuesto la Contraloría General de la República en su Dictamen número 006400N18, del 2 de Marzo del año 2018, supuestos y requisitos que en la Resolución Exenta 7132, se han cumplido a cabalidad.

DÉCIMO: Que, de esta manera, la cuestión debatida se reduce a determinar si en el acto administrativo por el que se dispuso el cese de funciones, por no prórroga del nombramiento a contrata del recurrente a contar del primero de Enero del año 2019, se incurrió en alguna arbitrariedad o ilegalidad, de cuya conclusión dependerá el análisis acerca de la afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de la parte recurrente, lo que, como se ha venido razonando, no ha acontecido, no advirtiéndose, en consecuencia, la concurrencia del primer requisito para la procedencia de esta acción cautelar, esto es, la existencia de una acción u omisión de carácter arbitrario o ilegal, de manera que resulta inoficioso y huelga, en consecuencia, referirse a la eventual afectación o amenaza de las garantías y derechos constitucionales que dice se encontrarían afectados respecto de la recurrente, de manera que no cabe sino rechazar el recurso deducido y así se declarará.

UNDÉCIMO: Que, acerca de la veracidad o no de los fundamentos invocados en la resolución que ahora se ataca, no es una cuestión que deba ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, sumarísimo, sino que requiere de un juicio de lato conocimiento con la oportunidad para las partes de incorporar y acreditar, por los medios legales, la veracidad de sus afirmaciones, exigiéndose al respecto una sentencia de carácter declarativo y no cautelar como en el presente evento, toda vez que el asunto discutido se ha vuelto controvertido al afirmar uno, en un acto administrativo y negar el otro, mediante el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en autos por don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, representado por el Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 333-2018. (Protección).