Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

Coyhaique, veintinueve de Enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 332-2018, con fecha dieciocho de Diciembre de dos mil dieciocho, comparece don nombre reservado, chileno, casado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N° RUT reservado, representada para estos efectos por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que el actuar de la recurrida, quien informó y solicitó por la vía administrativa a su empleador, el requerimiento de un descuento de sus remuneraciones, por la suma de $99.678, le ha vulnerado sus derechos amparados por el artículo 19 N° 16 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida devolver, dentro de tercero día, las sumas de dinero descontadas y abstenerse de solicitar a su actual empleador la retención y descuentos en su remuneración mensual, con costas, acompañando la documentación que indica en el segundo otrosí de su libelo.

Con fecha veintiuno de Diciembre de dos mil dieciocho, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha cinco de Enero de dos mil diecinueve, la abogada Yasna Vukic Zalaquett, por la recurrida, informando el recurso, solicita su rechazo, en atención a que el actuar de su representada no constituye un acto arbitrario y/o ilegal, por los fundamentos que expresa en su presentación, acompañando la documentación que relaciona en el segundo otrosí.

Con fecha ocho de Enero de dos mil diecinueve, se ordenó oficiar a la Caja de Compensación Los Andes, oficina Coyhaique, a fin de que informara respecto de los antecedentes relacionados al descuento practicado al recurrente, información agregada con fecha quince de enero del mismo año.

Con fecha veintidós de Enero de dos mil diecinueve, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, fundamentando su recurso, expone que con gran sorpresa, al recibir el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de noviembre de 2018 y revisar la liquidación de remuneraciones, constato que se produjo un descuento por concepto "CCAF LA ARAUCANA" correspondiente a la suma de $99.678, en circunstancias que, como acredita con certificado que acompaña, no tiene crédito alguno vigente con dicha entidad, y que al hacer averiguaciones, se enteró que durante el mes de Octubre de 2018, la recurrida solicitó a su actual empleador, Gendarmería de Chile, descontar de su remuneración mensual la suma de $99.678, en circunstancias que jamás ha aceptado ni adquirido compromisos comerciales ni de ningún tipo con la Caja de Compensación La Araucana, desconociendo detalle o concepto al que corresponderían dichos cobros.

Agrega, que de acuerdo a lo informado por el área de remuneraciones de su actual empleador, dichos descuentos obedecerían a cuotas correspondientes a créditos antiguos y sus eventuales intereses recargos y gastos de cobranza, señalando, el recurrente, que esos créditos habrían sido suscritos el año 2010 con la Caja de Compensación La Araucana, y que a la fecha se encuentran totalmente prescritos; que en el evento de existir una obligación de pago legítima, indiscutida y no prescrita, su intención siempre será cumplir sus obligaciones, por supuesto en el evento que éstas efectivamente existan y sean presentadas a cobro por mecanismos que la ley establece, sin embargo, en este caso, no ha sido notificado de cobro por esas supuestas deudas, o al menos informado sobre el concepto al cual corresponden dichos descuentos, como tampoco fue advertido por la Caja de Compensación La Araucana, al menos en un tiempo previo prudente, del descuento por cuenta de un tercero que se solicitaría realizar de su remuneración mensual, siendo por tanto la actitud de la recurrida indirecta, del todo arbitraria, abusiva e ilegal, actuaciones que vulneran su derecho de propiedad sobre sus remuneración, privándole del beneficio económico producto de su trabajo, más aun cuando con dicha acción se le ha generado un problema mayor puesto que al generarse el descuento solicitado por la recurrida, se le hizo imposible hacer otros pagos de deudas vigentes.

Manifiesta, que el principio de protección de las remuneraciones, consagrado en los artículos 54 y siguientes del Código del Trabajo, garantiza la certidumbre del trabajador respecto de las remuneraciones que le corresponde recibir como contraprestación de su trabajo y que particularmente su artículo 58, enumera taxativamente cuales son los descuentos autorizados a descontar, entre los que se encuentran los impuestos que gravan las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales, obligaciones con instituciones de previsión u organismos públicos, y que ellos no comprenden los créditos de terceros, menos los que no corresponden a la caja o entidad que la recauda, siendo aún más ajeno aquellos créditos y gastos asociados antiguos o prescritos privando de paso al trabajador de ejercer su legítimo derecho a defenderse o cuestionarles y, en tal entendido, no existe norma que permita cobrar sin una clara, actual e indubitada obligación, mediante la apropiación de parte importante de su salario mensual, más aún sin siquiera acreditar la existencia de dicha obligación, como es el caso.

Indica, que aparentemente lo ocurrido es que se ha actuado bajo el amparo fáctico de un convenio de características colusivas e ilegal entre Cajas de Compensación, denominado "Proyecto Intercaja", cuyo objeto es, a través de prestaciones recíprocas, cobrar créditos prescritos, intereses y supuestos gastos de cobranza, reviviendo en forma arbitraria un crédito ajeno usando un mecanismo contemplado por la ley que beneficia a cada entidad, pero para un crédito propio en circunstancias de cobro oportuno, y que tal como se ha fallado por la Excma. Corte Suprema, en modo alguno las entidades denominadas cajas de compensación pueden mal utilizar las facultades que se contemplan en el artículo 22 de la Ley 18.833 como un mecanismo para “de manera caprichosa e injustificada… revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la Ley concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan…” C.S. Rol P 2895-​2018.; por el contrario, autorizar o avalar por la vía de aceptar una acción de esta naturaleza, equivale a dar facultades de autotutela privilegiada a unas instituciones respecto del cobro de prestaciones de dinero sin importar los derechos de los sindicados como deudores a hacer sus alegaciones de pago, prescripción e inoponibilidad cuando procedan, dejándoles en la absoluta indefensión, máxime si para el ejercicio de esas acciones de supuesto recupero, se actúa a título propio o por cuentas de terceros y solapadamente sin siquiera dar aviso a la víctima.

Expresa que, en los hechos, y muy probablemente, dado que la recurrida evidentemente actúa sobrepasando sus facultades, apropiándose de dineros que no le corresponden en beneficio de terceros, hace pensar que se verifican acciones de carácter doloso, y tan ilegítimos que constituyen delito, sobre todo considerando que el actuar es doloso, por ser previamente conocido el carácter ilegal de su proceder apropiatorio a la luz de los muchos fallos que declaran ilegal su actuar carente de toda facultad y, de esa forma, la acción arbitraria ejercida por parte de la Caja de Compensación Los Andes, ha vulnerado flagrantemente las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 16 y 24, privándole del ejercicio de sus derechos, y la justa retribución y administración de sus ingresos producto de su trabajo.

Seguidamente, cita y reproduce, en lo pertinente, distintos fallos de Tribunales Superiores, solicitando, como peticiones concretas, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida devolver dentro de tercero día las sumas de dinero descontadas y abstenerse de solicitar a su actual empleador la retención y descuentos en su remuneración mensual, con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha cinco de Enero de dos mil diecinueve, la abogada Yasna Vukic Zalaquett, por la recurrida, informando el recurso, expresa que el recurrente señala que en el mes de noviembre del año en curso, se le ha practicado un descuento en su remuneración por parte de la C.C.A.F. La Araucana, a petición de la C.C.A.F. Los Andes, a pesar de no tener créditos vigentes con dicha caja y que si fuera el caso a la fecha estarían prescritos, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República, siendo menester señalar que don nombre reservado, no figura en los registros de La nombre reservado.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al Sr. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de una deuda, solicitando el descuento en la remuneración del recurrente, en virtud de las normas legales y del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar - Cajas de Chile A.G.

Agrega, en cuanto al fondo, que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los regímenes legales de carácter previsional, contemplados en el D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el de Subsidios por Incapacidad Laboral, administración que se realiza con cargo a los fondos financieros de dichos regímenes y se recibe por ello una comisión cuyo monto es fijado por resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda; y de prestaciones de bienestar social, pudiendo establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los Regímenes de Crédito Social, de Prestaciones Adicionales y de Prestaciones Complementarias.

Indica que, para lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley, y al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados, por lo que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra "B" de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circular N°2052, del año 2003, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social y sus respectivas modificaciones.

Que, es en ese contexto y para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante ese mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Manifiesta, seguidamente, que conforme a la cláusula cuarta de ese convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de ésta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido, y que es así, que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G., y que dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentren en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia de Seguridad Social para la Central de Riesgo Financiero, lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N°2174, N°2743 y N°2839, de la Superintendencia de Seguridad Social, información que constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos, contrato en que además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7, de la Ley N°18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Refiere, que por otra parte, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, ello, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Que, además, se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”, y, en consecuencia, los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22, inciso 1°, de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11, inciso 1°, del Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22, inciso 1°, de la Ley N°17.322 y Circular N°2052, del año 2003, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, normas que, en resumen, describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de éste de remesar dicho descuento, en este caso, a la Caja diputada para recibir el pago conforme el "Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar".

Expresa, que los descuentos practicados en la liquidación de remuneración del recurrente, se practicaron en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, que señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales ordinarios de justicia y que tiene que ser iniciada por el deudor; más aun teniendo presente que el origen de la obligación lo constituye el crédito social contraído con la C.C.A.F. Los Andes, procediendo su representada sólo al cobro de la cuota adeudada en calidad de diputada para recibir el pago del crédito otorgado al recurrente, diputación que se encuentra consagrada en los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato, en el fondo, es el acreedor mismo quien recibe el pago, conforme lo dispone el artículo 1576 del Código Civil, en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Manifiesta, finalmente, que el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989, de 13 de diciembre de 2016, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, que sirve para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma que también es validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011 y, en consecuencia, conforme lo descrito, su representada ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia y teniendo en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación al descuento reclamado por el recurrente, solicitando, se rechace el recurso de protección interpuesto, puesto que no constituye un acto arbitrario y/o ilegal por los fundamentos que expuso.

TERCERO: Que, para resolver el recurso de protección planteado, es previo señalar que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, para dilucidar la materia que ha sido objeto del recurso de protección planteado y de acuerdo a los antecedentes que rolan en estos autos se puede constatar que, el acto denunciado como ilegal o arbitrario en que habría incurrido la recurrida, C.C.A.F. La Araucana, consiste en que durante el mes de Noviembre de 2018, al recurrente, se le efectuó un descuento en sus remuneraciones por la suma de $99.678, requiriendo dicha caja de ello a su empleador, Gendarmería de Chile, a fin se le descontara la suma indicada, sin que, según el recurrente, haya aceptado o adquirido compromisos comerciales ni de ningún tipo con la Caja de Compensación recurrida, pero que obedecerían, eventualmente, a cuotas correspondientes a créditos antiguos y sus eventuales intereses, recargos y gastos de cobranza, suscritos el año 2010.

Que, lo anterior, aparece acreditado en estos autos con la documentación que se acompañó, específicamente la liquidación de remuneraciones del mes indicado, de la cual consta que efectivamente se procedió al descuento señalado y por la cantidad consignada.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes existentes, en especial liquidación de remuneraciones del recurrente, del mes de Noviembre de 2018, consta que su actual empleador, Gendarmería de Chile, a petición o requerimiento de la C.C.A.F. La Araucana, procedió a descontar en la liquidación de sueldo correspondiente a dicho mes, la suma de $99.678, de lo cual aparece, entonces, que la recurrida actuó de una manera injustificada y arbitraria, desde que con ello, sin que mediara acción judicial o administrativa legalmente incoada, hizo renacer o resurgir de forma unilateral una prestación pecuniaria que atentó directamente contra las remuneraciones del recurrente, sin que haya existido un cobro oportuno, y transcurrido ello un prolongado tiempo, lo que demuestra un desinterés en el cobro de dichas prestaciones, además que la suma que se supone adeudada representaría una deuda que aparece como actual y exigible, sin que conste fehacientemente que la recurrente tenga actualmente una deuda con la Institución recurrida.

SEXTO: Que, la actuación de la recurrida, como se dijo, es arbitraria y caprichosa ya que con este proceder obtiene un reconocimiento actual y futuro a una jurisdicción que, incluso, atendido el tiempo transcurrido, puede ser objeto de disputa o debate el que, obviamente, debe ser conocido en un procedimiento distinto a este recurso de protección, atendida la naturaleza del mismo y, por ende, no cabe sino amparar al recurrente de la acción denunciada.

SÉPTIMO: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, privándole de un beneficio económico, el que se encuentra amparado por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido y, así se declarará.

OCTAVO: Que, no obsta a la conclusión a que se arribó con anterioridad, lo señalado por el representante de la Caja de Compensación de Los Andes, en cuanto informa que la suma de $99.678, correspondiente al descuento efectuado al recurrente, a la fecha, ha sido remesada a dicha Caja de Compensación y se encuentra a disposición de aquél para su retiro en cajas pagadoras de las sucursales de esta última, en atención a que dicha circunstancia, aparte de lo señalado, no se encuentra legalmente acreditada en estos autos mediante la documentación correspondiente.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, chileno, casado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N° RUT reservado, representada para estos efectos por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y se ordena el cese de los descuentos efectuados, disponiéndose que la recurrida deberá devolver al actor los dineros descontados con motivos de los hechos materia de autos en relación a los créditos de consumo que le fueron entregados por Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, y cuyo cobro llevó a cabo la Caja de Compensación y Asignación Familia La Araucana.

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente.

Redactada por el señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol 332-2018.