SOCIEDAD MAQSUR MAQUINARIAS CON INSPECCION DEL TRABAJO DE AYSEN

Coyhaique, nueve de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 27 a 36, comparece don Oscar Eduardo Macías Contreras, abogado, en representación de la Sociedad MAQSUR MAQUINARIAS S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por habérsele conculcado la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, relacionado con la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución N° 54, de fecha 26 de marzo de 2014, por haberse incurrido en error de hecho en su dictación y porque la recurrida carecía de facultades para haber conocido y resuelto el recurso de reconsideración presentado por su partes, con costas, acompañando la documentación que rola de fojas 1 a 26.

A fojas 38, se declara admisible y a tramitación el recurso de protección.

De fojas 86 a 94, doña Dina Victoria Sierra Salas, abogada de la Dirección Regional del Trabajo de Aysén, en representación de la Inspectora Provincial del Trabajo recurrida, comparece informando el recurso, solicitando su rechazo en todas sus partes, por improcedente; por no existir actuación arbitraria o ilegal, y porque no se ha vulnerado ningún derecho constitucional, con costas, acompañando la documentación que corre de fojas 49 a 85.

A fojas 96 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 27 a 36, comparece don Oscar Eduardo Macías Contreras, abogado, en representación de la Sociedad MAQSUR MAQUINARIAS S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por habérsele conculcado la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, relacionado con la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución N° 54, de fecha 26 de marzo de 2014, por haberse incurrido en error de hecho en su dictación y porque la recurrida carecía de facultades para haber conocido y resuelto el recurso de reconsideración presentado por su partes, con costas.

Refiere, al efecto, que la facultad del Director del Trabajo para reconsiderar multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia es una facultad exclusiva que la ley entrega a dicha autoridad y que en parte alguna del Código del Trabajo o en otra norma legal, se autoriza delegarla en otros funcionarios. Que la actuación arbitraria e ilegal consiste en que en un procedimiento de fiscalización, una Inspectora del Trabajo, resolvió aplicar una multa y luego ella misma resolvió un recurso de reconsideración mediante la Resolución N° 54, de fecha 26 de marzo de 2014, que es en definitiva la resolución recurrida. Especifica también, en su recurso, que mediante Resolución 1136-13, de fecha 30 de diciembre de 2013, de la Dirección del Trabajo, se le aplicó a la empresa recurrente una multa por supuestas infracciones a la Ley Laboral, específicamente no informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo una accidente fatal grave ocurrido al interior de la empresa; no consignar por escrito las modificaciones de un contrato de trabajo y, además, el que un trabajador de la empresa, sin tener licencia de conducir, haya conducido tractores, sembradoras y maquinarias similares para la empresa recurrente. Que por lo anterior, la empresa presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución 1136-13, con sus descargos correspondientes, recurso que fue resuelto el 26 de marzo de 2014, y que confirma las multas aplicadas, resolución que emana de la misma autoridad que cursó la infracción y que además fue la que efectuó el denuncio por los hechos que motivaron la multa.

Pide que se tenga por interpuesto el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución N° 54, de fecha 26 de marzo de 2014, por ser arbitraria e ilegal ya que no ha habido de parte de la administración un debido proceso y en que hubieran intervenido entres distintos dentro de sus respectivas competencia, sino que sólo fue una misma persona, esto es, la autoridad recurrida, la Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, doña nombre reservado, la que adoptó el proceso de fiscalización, aplicó la multa y luego resolvió el recurso destinado a impugnar la multa, y pide que el Tribunal de Alzada deje sin efecto la referida resolución, que resolvió el recurso de reconsideración, con costas.

SEGUNDO: Que, de fojas 86 a 94, doña Dina Victoria Sierra Salas, abogada de la Dirección Regional del Trabajo de Aysén, en representación de la Inspectora Provincial del Trabajo recurrida, comparece informando el recurso, solicitando su rechazo en todas sus partes, por improcedente, por no existir actuación arbitraria o ilegal, y porque no se ha vulnerado ningún derecho constitucional, con costas.

Refiere, al efecto, que la protección no es la vía idónea para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, citando al efecto diversa jurisprudencia, y porque, además, el recurso, no cumple con los supuestos jurídicos porque debe tratarse de un derecho constitucionalmente amparado, y en el caso de autos, la garantía que se denuncia, del artículo 19 N° 3, inciso segundo, no está amparada por la Constitución, la que sólo ampara la del artículo 19 N° 3, inciso quinto; y por otro lado, tiene que haber una ocurrencia de una acción u omisión reprochable, que no es el caso de autos, en que el accionar de la recurrida se enmarcó dentro de las funciones y atribuciones que le concede el artículo 2 y 505 del Código del Trabajo, artículo 1, letra a), del DFL N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, y el artículo 511, también del Código del Trabajo; y además la acción u omisión tiene que ser arbitraria o ilegal, y que en el presente caso hay ausencia de arbitrariedad y de ilegalidad, y por lo tanto, no hay privación, perturbación o amenaza respecto de un legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente. Termina señalando, en el informe, que los hechos por los cuales se cursó la multa, fueron constatados por la inspectora nombre reservado, en el cumplimiento de sus funciones e investida de sus facultades de fiscalizadora, que gozan de presunción legal, y al interponerse un recurso de reconsideración fue resuelto el mismo por la Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, conforme a la delegación de facultades publicadas en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2007.

Respecto a la inadmisibilidad del recurso:

TERCERO: Que, la parte recurrida, solicita al Tribunal de Alzada, que declare inadmisible e improcedente el recurso, porque este no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa en el orden laboral, y porque así lo ha señalado la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido que el procedimiento debatido tiene un procedimiento especial y la parte que le afectó la multa debe hacer uso en la sede jurisdiccional idónea; porque no se cumplen los supuestos jurídicos del recurso de protección, desde que el derecho que se recurre, del artículo 19 N°3, inciso segundo, no está amparado por la acción de protección, sino que la garantía reconocida y amparada es la del artículo 19 N° 3, inciso quinto, y porque, además, hay ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.

CUARTO: Que, al respecto, debe tenerse presente que el artículo 20 de la Carta Fundamental, indica que el recurso de protección procede cuando el acto ilegal o arbitrario produce una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales garantizados, y lo puede deducir el afectado o cualquier persona a su nombre, y en el caso de autos, quien recurre de protección, es una persona jurídica afectada en su patrimonio por la aplicación de multas administrativas, de suerte que, evidentemente, se encuentra afectado y agraviado, por lo que tiene, en este sentido, legitimación activa.

Que, por otro lado, los derechos enumerados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, entre ellos, el establecido en el numeral 3, inciso segundo, y también el establecido en el inciso cuarto del referido numeral y artículo, y que entiende esta Corte constituyen los arbitrios o ilegalidades denunciadas en el recurso, son efectivamente los que motivan la protección. Es así, como en el recurso se señala como hecho y actuación ilegal y arbitraria un procedimiento administrativo de la Inspección del Trabajo, que trasgrede el artículo 19 N° 3, de la Carta Fundamental, desarrollándose en el recurso la garantía, señalándose textualmente que “toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida…”, para luego, siempre en el recurso, denunciar que el actuar de la recurrida culmina con la dictación de la Resolución N° 54, y con ello denuncia que se vulnera la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos por cuanto el recurrente no ha tenido de parte de la administración un debido proceso en que deben intervenir en cada etapa distintos entes dentro de sus respectivas competencias, lo que no ha ocurrido en su caso en que una autoridad adopta el proceso de fiscalización, aplica la multa y conoce y resuelve el recurso destinado a impugnarlo.

Que, de este modo, esta Corte entiende que, además de la garantía establecida en el artículo 19 N° 3, inciso segundo, también se denuncia la garantía del inciso cuarto del numeral tercero, en cuanto a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, pues del claro tenor del recurso así aparecen denunciadas las referidas garantías, y de ello dimana el que el recurso sea absolutamente admisible y procedente, pues lo deduce una persona jurídica determinada, que es agraviada con la resolución que impugna de arbitraria e ilegal, y las garantías denunciadas están amparadas por la Constitución, de modo que, lo referido a la arbitrariedad o ilegalidad que se denuncia es justamente lo que será examinado al resolverse el fondo del recurso.

Que, conforme a lo precedentemente expuesto, se rechaza la solicitud de inadmisibilidad e improcedencia del recurso de protección.

En cuanto al fondo:

QUINTO: Que, conforme al mérito de los autos, documentos acompañados y probanzas rendidas, pueden constatarse los siguientes hechos:

a) Que según consta del documento agregado a fojas 2, denominado Informe de Inicio de Fiscalización, de fecha 30 de octubre de 2013, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Aysén, nombre reservado, le comunica a doña nombre reservado, que procedería a fiscalizar la empresa respecto de los trabajadores que en ella se desempeñan, en el kilómetro 2, camino Aysén Chacabuco;

b) Que según consta de la documentación agregada de fojas 49 a 52, denominado informe de fiscalización N° 757, se señala que a contar del 30 de octubre de 2013, la funcionaria de la Inspección del Trabajo de Aysén, nombre reservado, en inspección solicitada por ella misma, concurrió el día 4 de noviembre de 2013, al lugar donde funciona la empresa MAQSUR MAQUINARIAS S.A., ruta 240, camino Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, kilómetro 4, y producto de dicha fiscalización constató tres hechos infraccionales a las normas del Código del Trabajo y a otros cuerpos legales, como lo fueron que no se diera cuenta a la Inspección del Trabajo, de un accidente grave de uno de sus trabajadores, que no se efectuara por escrito las modificaciones al contrato de trabajo de un trabajador, y que éste último no contara con licencia de conducir para guiar una grúa manipulador telescópico, de todo lo cual dicha fiscalizadora evacuó su informe que concluyó con la dictación de la Resolución N° 1136-13-6, de fecha 30 de diciembre de 2013, suscrita por la misma Inspectora Provincial del Trabajo, nombre reservado que, en base al informe por ella realizado, se resolvió cursar una multa por cada una de las infracciones denunciadas;

c) Que, la Resolución 1136, que cursa la multa a la empresa recurrente, fue objeto de recurso de reconsideración denominado “Reconsideración de Multa Administrativa”, el que fue resuelto con fecha 26 de marzo de 2014, mediante Resolución N° 54, emanado de la referida Inspectora Provincial del Trabajo, bajo el rezo de “Por orden de la Directora”;

SEXTO: Que, el recurso de protección, fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

SÉPTIMO: Que, además de lo expuesto precedentemente, el recurso de protección, para que sea acogido, en términos que constituyan una acción, omisión o amenaza de alguna determinada garantía constitucional, debe ser oportuno, vigente, actual, de forma que se refiera a actos perturbatorios, subsistentes y permanentes, única manera que este recurso tutelar sea apto e idóneo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la persona afectada, debiendo referirse a derechos indubitados, por lo que corresponde dilucidar si efectivamente tales condiciones y requisitos se encuentran presentes con ocasión del hecho respecto del cual se recurre.

OCTAVO: Que, del recurso de protección planteado a fojas 27 y siguientes, consta en forma clara y precisa que el recurrente, Sociedad MAQSUR MAQUINARIAS S.A., interpuso esta vía excepcional y extraordinaria en contra de la resolución N° 54, de fecha 26 de marzo de 2014, que resuelve una solicitud de reconsideración de multa administrativa, que había interpuesto la recurrente, y que confirmó la resolución 1136.2013.6-1, que aplicó una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales, la Resolución 1136.2013.6-2, que aplicó una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y la Resolución 1136.2013.6-3, que aplicó una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales, todas las cuales fueron confirmadas por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, que dictó esa Resolución N° 54, empleando la fórmula “Por orden de la Directora”, por estimarla arbitraria e ilegal, pues dicha resolución emanó de la misma autoridad que había aplicado la multa y que a su vez había concurrido a la empresa a fiscalizar e informar posteriormente de las infracciones que fueron objeto de la resolución que aplicó la multa y de la que resolvió la reconsideración.

NOVENO: Que, en relación a lo anterior, cabe consignar que en el ámbito de la fiscalización laboral, las Cortes han ido construyendo criterios casuísticos distinguiendo entre el válido ejercicio de la facultad fiscalizadora del órgano que fiscaliza en materia laboral respecto de aquél en que pueda constatarse una intromisión en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de los tribunales.

Por de pronto, debe señalarse, que a la Dirección del Trabajo, le corresponde la fiscalización de la legislación laboral, dentro de lo que prescribe el DFL N° 2, de 1967, limitando el artículo 476 del Código del Trabajo la labor de los Inspectores del Trabajo a actuaciones de constatación de hechos objetivos y concretos, que revelen incumplimiento o desacato de la normativa laboral, pero evidentemente ellos carecen de atribuciones para ejercer labores jurisdiccionales, pues no puede admitirse que invadan funciones propias de los órganos de la jurisdicción.

En el presente caso, si bien la Dirección del Trabajo está facultada para fiscalizar la aplicación de la Ley Laboral por parte de la empresa recurrente, tal facultad debe ejercerse dentro del ámbito de las facultades y competencias que le entrega la ley. En efecto, como puede advertirse, la fiscalizadora nombre reservado, informa a la empresa recurrente, el 30 de octubre de 2013, que iniciaría un proceso de fiscalización, cuestión que está dentro de sus facultades, para luego, constituirse en la empresa el 4 de noviembre de 2013 y denunciarla por infractora de tres disposiciones legales, no informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo de un accidente fatal y grave, infringiéndose el artículo 76 de la Ley 16.744 y 184 del Código del Trabajo, no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo de un trabajador, infraccionándose los artículos 11 y 506 del Código del Trabajo, y conducir tractores, sembradoras y maquinarias similares sin licencia de conducir, infraccionándose el artículo 43 del Decreto Supremo 594 y los artículo 184 y 506 del Código del Trabajo.

A raíz del informe de la citada fiscalizadora, la Dirección del Trabajo, por Resolución 1136-13-6, de fecha 30 de diciembre de 2013, aplicó una multa por cada infracción denunciada, dictando dicha Resolución 1136, la misma funcionaria fiscalizadora.

Que, en razón de lo anterior, la empresa afectada, solicitó reconsideración de las tres multas que le fueron aplicadas, resolviendo la Dirección del Trabajo, por Resolución 54, de 26 de marzo de 2014, que se confirmaban las tres multas y en consecuencia no se las dejaba sin efecto ni tampoco se las rebajaba. Resolvió como órgano Jurisdiccional Administrativo, la misma funcionaria que había actuado como fiscalizadora y luego como autoridad administrativa que aplicó la multa, aunque en esta ocasión lo hace bajo la fórmula “Por orden de la Directora”.

DÉCIMO: Que, esta Corte, advierte que la resolución recurrida, esto es, la que resolvió la solicitud de reconsideración de multa administrativa, y que firma la Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, nombre reservado, para justificar su competencia y resolver la reconsideración invoca las atribuciones conferidas al Director del Trabajo, los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y la Resolución Exenta N° 444, de 2 de mayo de 2007, de la Dirección del Trabajo, de modo que habrá de examinarse si estas normas le entregan competencia legal a la autoridad administrativa que resolvió la reconsideración.

Que, la aludida Resolución Exenta 444, se agregó a fojas 79 y 80, en fotocopia, y emana de la Directora del Trabajo Patricia Silva Meléndez, que delega facultades en materias de reconsideraciones de multas administrativas que indica, y en la parte que interesa, resuelve delegar en los Directores del Trabajo, y también en los Inspectores Provinciales y Comunales del Trabajo, la facultad de mantener, rebajar o dejar sin efecto, según corresponda, las multas aplicadas por funcionarios de su jurisdicción, por infracción a nomas laborales, previsionales, de salud y de higiene y seguridad, y al DFL N° 2, de 1967, cualquiera que sea su monto.

Por su parte, los artículo 511 del Código del Trabajo, se refieren a la facultad del Director del Trabajo para dejar sin efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia; y el artículo 512, señala que el Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, y la resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de 15 días de notificada y en conformidad al artículo 474 del Código del Trabajo.

UNDÉCIMO: Que, de las disposiciones legales mencionadas, aparece con absoluta claridad, que las normas contenidas en el Código del Trabajo, efectivamente facultan al Director del Trabajo para dejar sin efecto o rebajar aquellas multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, y de su resolución procede reclamación ante el Juez de Letras del Trabajo.

De lo anterior, se extrae, con absoluta claridad, que el Director del Trabajo, o en su defecto, los funcionarios respecto a los cuales les delegó su facultad, entre ellos a los Inspectores Provinciales y Comunales del Trabajo, siendo del caso consignar que doña nombre reservado, por Resolución Exenta Interna 1145, de 25 de mayo de 2012, agregada a fojas 46, se le asignaron las funciones de Inspectora Provincial del Trabajo de Aysén, están facultadas para dejar sin efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de la respectiva dependencia, cuestión que evidentemente quiere decir que la autoridad que puede ejercer la facultad para dejar sin efecto o rebajar una multa administrativa no puede, en ningún caso, y bajo ningún punto de vista, ser la misma que actúa cursando la multa, y menos aún, actuando como fiscalizadora.

Al respecto, y tal como lo señala el recurrente, los principios de juridicidad o legalidad y control de responsabilidad que se contemplan en el artículo 7 de la Constitución, implica que el Órgano del Estado deba actuar válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y en el caso de autos, es evidente que la Inspección del Trabajo actuó como comisión especial al asumir funciones jurisdiccionales que son propias de los Tribunales Laborales, y es así como puede advertirse que una fiscalizadora de esa repartición actuó como tal frente a la empresa recurrente, calificando en su informe tres infracciones a la legislación laboral, producto de lo cual a la empresa se le cursaron tres multas administrativas, y que la misma fiscalizadora fue la que resolvió cursar las multas por infracciones que ella misma había denunciado, y posteriormente, arrogándose facultades propias y excluyentes de los tribunales en la materia, aparece resolviendo un recurso de reconsideración de multa, que en todo caso debió haber sido resuelto por el Director del Trabajo o un funcionario a quien éste le haya delegado sus facultades, entendiéndose que no podía ser el mismo que fiscalizó y después aplicó multas.

Que, de lo antes razonado, aparece de manifiesto, que la recurrida incurrió en un acto ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, pues nadie puede ser juzgado por comisión especial sino por el tribunal que la ley señale, desde que asumió en la práctica la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales, amén de también asumir la función de fiscalizador y resolutor de la multas que afectaron a la empresa recurrente. El arbitrio anterior, desde luego, es sin perjuicio de la acción que el artículo 512 del Código del Trabajo contempla a la parte recurrente, lo que en su oportunidad, de accionarse, deberá ser resuelto por el tribunal jurisdiccional correspondiente.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo dicho y razonado precedentemente, resulta innecesario que esta Corte emita pronunciamiento respecto de la restante garantía denunciada en el recurso de protección que se conoce.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve:

PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.