nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, a dos de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 16 de septiembre de 2021, doña Ximena Jiménez Ulloa, abogada en representación de don nombre reservado, trabajador social, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique, deduce recurso de protección en contra de Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representado legalmente por doña nombre reservado, Gobernadora Regional, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber cometido un acto arbitrario e ilegal, que vulnera sus derechos establecidos en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; pidiendo: 1.- Que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 813/83/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, mediante la cual se pone término anticipado a la contratación de mi representado, resguardando de esta forma su derecho a la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su derecho de propiedad, los que se han visto privados y perturbados; 2.- que se disponga el reintegro inmediato a sus funciones; 3.- que se ordene el pago de las remuneraciones devengadas durante el periodo de tiempo que ha estado separada de su cargo, hasta su efectiva reincorporación; y 4.- que se prorrogue su designación a contrata por todo el periodo 2022, por asistir a su respecto el principio de confianza legítima; todo con expresa condena en costas.

Funda su recurso en que la recurrida ha ejecutado un acto arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución Exenta RA N°813/83/2021, de fecha 17 de agosto del año 2021, que le fuera comunicada al recurrente el día 20 de agosto de igual año, mediante envío a su correo electrónico personal, y por la cual se determinó el término anticipado de su designación como funcionario público a contrata para el año 2021, técnico grado 13, E.U.R., del Gobierno Regional de Aysén.

Indica como antecedente que el recurrente, de profesión trabajador social, ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 22 de agosto de 2019, mediante Resolución Exenta RA N° 813/477/2019 de 10 de septiembre de 2019, con vinculación funcionaria a contrata, para desempeñarse en el cargo de técnico, desarrollando funciones en la Unidad de Gestión del 6% de la División de Desarrollo Social y Humano, debido a que una de sus funcionarias se acogería a beneficios maternales de pre y post natal, por lo que se requería que el funcionario de reemplazo, ingresara con antelación, para la correspondiente inducción. Agrega que posteriormente, operaron 10 sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de su nombramiento.

Indica que las funciones que cumplió durante su trayectoria laboral en el servicio fueron de encargado del fondo de deporte del 6% del FNDR, de la Unidad de Gestión de la División de Gestión y Desarrollo Humano, inicialmente de manera conjunta con funcionaria que prontamente saldría con permiso de pre y post natal. Al retornar de su descanso maternal, a la funcionaria se le asignaron otras funciones, por lo que su representado continuó ejerciendo las labores descritas y fue evaluado anualmente durante toda su permanencia laboral en la entidad demandada, habiendo sido calificada siempre en lista 1.

Señala que luego del cambio normativo de la Ley 19.175, sobre Gobiernos Regionales, conforme a las modificaciones establecidas por la Ley 21.073, que implicó introducir la figura de Gobernadores Regionales electos popularmente y ubicarlos como jefaturas superiores de los Gobiernos Regionales de cada región, en el caso de la región de Aysén, resultó electa doña nombre reservado, quien asumió su cargo el día 14 de julio del presente año, sin embargo el mensaje de estabilidad laboral funcionaria de la nombre reservado, no solo parecía creíble, sino que resultaba razonable.

Expuso que el recurrente se encontraba con licencia médica desde 9 de agosto de 2021, por un periodo de 14 días, cuando de forma inesperada, se enteró por correo electrónico, de su desvinculación.

Indica que, en cuanto a los motivos de la resolución recurrida para desvincular al recurrente, la contratación de éste si bien fue realizada a través de distintas contrataciones, todas ellas abarcan parte del año 2019 y todo el año 2020. Por otra parte, para su contrata del año 2021, la resolución que lo designa comprende inmediatamente todo el periodo 2021, por lo que el argumento de realizar a su respecto contrataciones “breves”, no resulta efectivo.

Precisa que en relación al supuesto déficit presupuestario de subtítulo 21, no es un asunto inamovible, puesto que tal como lo indica la resolución, se encuentra en espera de respuesta para una modificación presupuestaria; pero más allá de ello, tampoco corresponde que se haga recaer en funcionarios específicos y mediante desvinculación, el efecto de un déficit que no les es imputable, máxime que sus remuneraciones forman parte de la glosa presupuestaria aprobada el año anterior y para dar cobertura a los subtítulos correspondientes respecto de todo el periodo 2021. Tampoco ello se condice, con actuaciones de la misma autoridad demandada, que implican precisamente mayor carga de gastos presupuestario, para el mismo subtítulo 21, como lo es la Resolución Exenta 923 de 6 de Septiembre de 2021, por la que se aprueba la realización de horas extras, por un periodo que abarca la segunda quincena de julio, todo agosto y todos septiembre, en favor de un total de 19 funcionarios, entre los que destaca la propia nombre reservado, junto a todos sus Jefes de División, a todos los cuales se les aprueban un total de 80 horas extras, adicionales a las jornadas ordinarias de 44 horas semanales, quienes al detentar los grados más alto del Gobierno Regional, naturalmente irroga un gasto por valor hora, muy superior, a cualquier otro funcionario.

Señala que no se indica ni consta, que efectivamente se haya realizado una reorganización financiera del Servicio, así como tampoco se indica que otras medidas contemplarían esta decisión, ni de qué forma aquello implicaría necesariamente la desvinculación del recurrente.

Precisa que el término anticipado de la contratación del recurrente, en ningún caso se encuentra justificado en el hecho de haber sido “uno de los últimos en sumarse al equipo”, máxime que su desempeño no está en duda y tampoco su contratación se limitaba a un equipo ni unidad específica. Agrega que tal resolución, al constituir un término anticipado, genera un impacto gravoso a la estabilidad funcionaria, superior incluso a una no renovación de contrata, por cuanto, sin aviso ni previsibilidad de ninguna especie, transgrede la última resolución de prórroga de la vinculación funcionaria, en este caso, la Resolución exenta RA 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, que aseguraba, al funcionario, a lo menos una permanencia por todo el año 2021; y en forma adicional, quebranta la estabilidad laboral ganada por casi 2 años de servicios. En efecto, cuando a un funcionario público no se le renueva su contrata, se le debe avisar con a lo menos 30 días de anticipación, a efectos que éste, pueda, si lo estima, hacer uso de feriados pendientes, días administrativos, descansos compensatorios, percepción de remuneraciones devengadas.

Expuso que sin perjuicio de la transitoriedad de las designaciones a contrata, la extensión de éstas está predefinida, al tiempo que la designación disponga, normalmente el 31 de diciembre de cada año; contemplándose en todo caso, la posibilidad de la autoridad respectiva, de extender su vigencia, más allá del plazo previsto, mediante la prórroga del nombramiento, normalmente por toda la anualidad siguiente.

Indica que el recurrente gozaba de una permanencia en el servicio, continua e ininterrumpida de 1 año, 11 meses y 26 días, cuando de manera arbitraria e ilegal, se le impide completar el periodo por el cual había sido contratado (31 de diciembre de 2021), a través de la resolución objeto del presente recurso. Añade que de no existir esta resolución, la cual de manera intempestiva vulnera sus derechos al poner término anticipado a su contrata, el recurrente hubiera completado su contratación, conforme lo dispone la Resolución Exenta n° 813/106/2020, el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, porque así estaba previsto, dispuesto y presupuestado por la administración, quien luego de constantes y continuas prórrogas en su contrata en los años 2019 y 2020, decide una vez más renovar la contrata, esta vez por todo el periodo 2021. Siendo así las cosas, el Principio de la Confianza Legítima, es decir, aquella confianza fundada del funcionario en que persistirá en su empleo por haberse renovado su nombramiento por más de dos años nace al momento de renovarse su contratación por todo el periodo 2021 mediante Resolución Exenta n° 813/106/2020.

En cuanto a las garantías que el recurrente estima vulneradas, sostiene que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde que brinda un trato discriminatorio al recurrente en relación con los demás funcionarios de la institución, que se encuentran en condiciones equivalentes, pero que pueden continuar sirviendo su cargo a contrata hasta el vencimiento del plazo establecido en la misma.

Sostiene que, se infringe la Libertad del Trabajo, se encuentra consagrado a nivel constitucional, en el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, por cuanto, la lesión a la Libertad de trabajo, se produce por el término anticipado y por privar al funcionario-trabajador del ejercicio del empleo libremente elegido por él, y la estabilidad laboral funcionaria ganada, por causas absolutamente ajenas a su desempeño, y cuyos fundamentos, además de no explicarse en plenitud, como ocurre con la alusión a la reestructuración y déficit presupuestario, violentan el plazo previamente establecido en su última prórroga.

Expuso que, asimismo, se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha decidido poner término anticipado a la contratación del recurrente, con lo que arbitrariamente se produce una privación en la estabilidad laboral del funcionario y en el derecho que a ésta le asiste de permanecer desempeñándose en sus funciones y recibir una remuneración por ello, afectando de esta forma su patrimonio.

Finalmente expuso que el acto recurrido es arbitrario, en cuanto a la fundamentación de la Resolución de desvinculación, al contener afirmaciones errada, impertinentes, futuras e inciertas, o en curso de resolución definitiva, todas las cuales además, no explican en concreto cómo y porqué se determina la exclusión de ella en particular y no otros funcionarios, considerando que el Gobierno Regional cuenta con más de 100 funcionarios, máxime que no se considera el desempeño ni la antigüedad laboral de la funcionaria, por lo que la arbitrariedad surge al no satisfacer el estándar de razonabilidad exigido, deviniendo en un acto discrecional. Agrega que el acto es ilegal, porque quebranta la transitoriedad prevista de nombramiento a contrata, plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, y con ello, el artículo 10 del Estatuto Administrativo.

Con fecha 1 de octubre de 2021, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace, con costas, señalando como cuestión previa que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la Republica que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en materia de contratas.

El citado dictamen, establece el régimen recursivo del acto administrativo en cuestión, detallando que este puede ser impugnado de acuerdo al artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, entablando el recurso de reposición y/o jerárquico ante la propia administración.

En cuanto al fondo indica que el funcionario recurrente ingresó a prestar servicios al Gobierno Regional de Aysén con fecha 22 de agosto del año 2019 por Resolución TRA N°813/477/2019 en virtud de la cual se le designa en cargo técnico, grado 13 de la EUR del servicio administrativo del Gobierno Regional de Aysén, contrata, hasta que sus servicios sean necesarios siempre y cuando éstos no excedan el 31 de diciembre del año 2019.

Precisa que los servicios prestados por el recurrente fueron evaluados por la nueva administración que asumió el día 14 de julio de 2021 y se estimó necesario dar término a su contrata en atención a los siguientes criterios de análisis:

1.- Que de acuerdo con lo antecedentes de hecho expuesto, el recurrente fue contratado en un inicio para el reemplazo de una licencia de pre y post natal. Luego de ello se realizaron prórrogas de contrata mensuales o bimensuales y una por el año 2021 y hasta que sus servicios fueren necesarios.

2. Que la funcionaria que reemplazó durante su licencia el Sr, nombre reservado recién se reincorporó a cumplir funciones al servicio el día 24 de septiembre del año 2020, en atención a la ampliación del postnatal de emergencia, manteniéndose en condición de teletrabajo.

3. Que las nuevas autoridades del Gobierno Regional de Aysen recibieron el servicio con un déficit presupuestario en el subtítulo 21 ascendente a $51.299.000.

4. Que frente al déficit presupuestario se solicitó modificación presupuestaria a la Dirección de Presupuestos, a fin de poder mantener las contrataciones existentes, la que resolvió negativamente.

5. Que la reorganización financiera del servicio es una prioridad para la nueva administración regional lo que implica considerado lo expuesto prescindir de los servicios del Sr. nombre reservado.

6. Que fue uno de los últimos en sumarse al equipo de trabajo de la División de desarrollo social y humano y sus funciones pueden redistribuirse con otros funcionarios de la misma división como se venía haciendo en atención a licencias médicas del funcionario que iniciaron el 3 de julio del presente y se mantuvieron hasta su desvinculación el 17 de agosto o como se operó frente su feriado legal de 4 al 29 de marzo del mismo año.

7. Que las desvinculaciones que se estimaron necesarias realizar se limitaron a casos debidamente fundados, basándose en antecedentes objetivos, lo que ocurre en el caso del recurrente.

Expuso que la terminación anticipada de una contrata es procedente de acuerdo a la jurisprudencia administrativa vigente en la materia, contenida en los dictámenes Nos 85.700, de 2016 , 6.400, de 2018, 8.060, 2019 y 14.499, de 2020 de Contraloría General de la República que, entre otros, ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la citada fórmula -esto es, ‘mientras sean necesarios sus servicios’, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado. Añade que la terminación anticipada de la recurrente es un acto administrativo fundado, ya que contiene una extensa motivación que explica, en concreto, porqué los servicios de la recurrente resultan prescindibles y dicho criterio no puede aplicarse a las restantes 78 contratas vigentes en nuestro servicio, las que pese a déficit presupuestario se deben mantener.

Precisa que la confianza legítima no impide la desvinculación de un funcionario a contrata sino que impone a la administración fundar sus decisiones en esta materia, exigencia que cumple la resolución recurrida. Añade que de acuerdo al inciso primero del artículo 3 de la Ley N° 19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos por lo que en el caso en análisis correspondía que la autoridad emitiera el respectivo acto administrativo que contuviere la decisión formal de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cosa que en los hechos ocurre.

En cuanto a los derechos supuestamente conculcados, indica que con respecto a la igualdad ante la ley la recurrente hace solo una mención de la garantía constitucional y una eventual relación con la discriminación arbitraria pero en lo relacionado con su caso en particular no describe fácticamente como se conculca su derecho más allá de calificar el actuar de la autoridad como carente de lógica, de justificación racional o razonable.

Por su parte, en relación a la libertad de trabajo y su protección, el recurrente señala que se ve afectada porque se le priva del ejercicio del empleo libremente elegido por él y la estabilidad laboral ganada, sin embargo no se expresa por el recurrente como se ve afectada la garantía constitucional que cita, de esta manera, sin relación de hechos que se vinculen con la garantía constitucional alegada que es solo descrita, no puede darse por establecida la forma en que la garantía se afecta o se pone en riesgo.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, expuso que el recurrente señala que su derecho de propiedad se ha vulnerado toda vez que se puso término anticipado a la contrata que servía, ya que con ello se le priva de la estabilidad laboral, de desempeñarse en sus funciones y de percibir una remuneración, dichos planteamientos son efectivos, pero dicha afectación al derecho de propiedad es legítima ya que no mantenían estabilidad en el empleo, ya que servían una contrata que es normativamente un cargo transitorio.

Con fecha 23 de octubre del año 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 26 de octubre de 2021, se procedió a la vista de la causa; por el recurso, se presentó y alegó, la abogado Ximena Jiménez Ulloa y por la recurrida, la abogado Ximena Gutiérrez Jaramillo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo expuesto por las partes, el análisis se debe centrar primeramente en determinar si el acto recurrido, esto es, la Resolución Exenta N° 813/83/2021, del Gobierno Regional de Aysén, de fecha 17 de agosto de 2021, que dispuso la terminación anticipada de la contrata del recurrente, nombre reservado, como funcionario público a contrata para el año 2021, es ilegal y/o arbitrario; para luego analizar si tal acto vulnera sus derechos establecidos en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; posteriormente considerar y resolver si se acceden a las pretensiones del recurso consistentes en dejar sin efecto el acto recurrido, disponer el reintegro inmediato a sus funciones, el pago de todas las remuneraciones devengadas, desde el tiempo que medie entre la fecha de la separación de sus funciones hasta su reintegro y la prórroga de su designación a contrata para todo el año 2022, con costas.

QUINTO: Que, previo a analizar el fondo del recurso, la recurrida ha planteado la inadmisibilidad de éste, por cuanto que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que establece el régimen recursivo del acto administrativo en cuestión, detallando que este puede ser impugnado de acuerdo al artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, entablando el recurso de reposición y/o jerárquico ante la propia administración. Además puede ser reclamado de ilegalidad ante dicha Contraloría por aplicación del artículo 160 de la Ley 18.834.

La alegación anterior, será rechazada, desde que la existencia de un recurso de reposición o jerárquico y de un reclamo de ilegalidad, como los indicados precedentemente, no son óbice para el ejercicio de la presente acción de emergencia, desde que esta acción se establece “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”, según lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República, transcrito en el considerando Primero que antecede, máxime si estamos en presencia de una acto arbitrario e ilegal que conculca garantías constitucionales de las previstas en dicha normativa, lo que ocurre en la especie, según se pasará a analizar a continuación.

SEXTO: Que, en cuanto a fondo, cabe señalar, desde luego, que los empleos a contrata se encuentran reconocidos en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, cuyo artículo 3° señala que, empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia la señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el solo ministerio de la ley, pudiéndose constatar que, en el caso que se conoce, y de acuerdo a los antecedentes aportados, el recurrente fue contratado, bajo calidad jurídica a contrata, desde el día 22 de agosto de 2019, hasta la fecha de su desvinculación mediante resolución de 17 de agosto de 2021, tras disponerse el término anticipado de su contratación para este año calendario.

SÉPTIMO: Que, dicho lo anterior, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

OCTAVO: Que, sin embargo, la controversia se reduce a la fundamentación del acto administrativo de desvinculación, dado que la recurrente sostiene que contiene afirmaciones erradas, impertinentes, futuras e inciertas que no explican, en concreto, cómo y porqué se determina la exclusión del recurrente en particular y no de otros funcionarios, considerando que el Gobierno Regional cuenta con más de cien funcionarios, máxime que no se considera el desempeño ni la antigüedad laboral del funcionario, por lo que la arbitrariedad surge al no satisfacer el estándar de razonabilidad exigido, deviniendo en un acto discrecional; como asimismo estima que el acto es ilegal, porque quebranta la transitoriedad prevista de nombramiento a contrata, que tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, y con ello, el artículo 10 del Estatuto Administrativo, quebranta la estabilidad laboral ganada por casi 2 años de servicios; lo que hace que la decisión de poner término anticipado a su contratación, deba necesariamente ser dejada sin efecto; alegación ésta que es contradicha por la recurrido.

NOVENO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, son hechos de la causa, los siguientes:

1.- El recurrente, ingresó al servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 22 de agosto de 2019, mediante Resolución Exenta N°813/477/2019, de 10 de septiembre del año 2019, con vinculación funcionaria a contrata, en el cargo de técnico, asimilado a grado 13, escala única de sueldos, de la planta de técnicos. Que dicha contratación, mediante diez sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de su nombramiento, se extendió por un año y 11 meses, en virtud de las siguientes resoluciones: Resolución Exenta RA Nº 813/500/2019, de 20 de noviembre de 2019, (designa contrata de reemplazo, desde el 26 de octubre al 6 de diciembre de 2019); Resolución Exenta RA N° 813/17/2020, de 7 de enero de 2020, (designa contrata desde el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2019); Resolución Exenta RA N° 813/20/2020, de 14 de enero de 2020, (prórroga contrata desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, en iguales condiciones anteriores); Resolución Exenta RA N° 813/49/2020, de 3 de junio de 2020 (prórroga desde el 1 de junio al 30 de junio de 2020, en iguales condiciones anteriores; Resolución Exenta RA N° 813/66/2020, de 20 de julio de 2020, (prórroga desde el 1 de julio al 31 de julio de 2020, en iguales condiciones anteriores); Resolución Exenta RA N° 813/75/2020, de 3 de agosto de 2020 (prórroga desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2020, en iguales condiciones anteriores; Resolución Exenta RA N° 813/82/2020, de 3 de septiembre de 2020 (prórroga desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2020, en iguales condiciones anteriores); Resolución Exenta RA N° 813/97/2020, de 9 de octubre de 2020 (prórroga desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2020), en iguales condiciones anteriores); Resolución Exenta RA N° 813/103/2020, de 27 de octubre de 2020, (prórroga desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, en iguales condiciones anteriores); y Resolución Exenta RA N° 813/106/2020, de 11 de noviembre de 2020, (prórroga por todo el año 2021, en iguales condiciones anteriores).

2.- Que, la Resolución Exenta N° 813/83/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén, que contiene la decisión formal de terminar anticipadamente el vínculo contractual del recurrente, a contar de la tramitación del referido acto administrativo por no ser necesario sus servicios, en síntesis, se fundamenta básicamente en los motivos que se exponen a continuación:

- “Que como puede apreciarse en el considerando anterior el funcionario mencionado, fue contratado por períodos breves de tiempo precisamente en atención a la poca disponibilidad presupuestaria con que el Gobierno Regional contaba.

- Que actualmente el Gobierno Regional de Aysén, presenta un déficit presupuestario en el Subtítulo 21, equivalente a M$ 51.299, lo cual fue informado a la Dirección de Presupuesto mediante Oficio No 949 de fecha 15 de abril de 2021, solicitando modificación presupuestaria, el cual fue respondido por este organismo mediante Oficio No 1766 del 17 de junio de 2021, en el que se indica la imposibilidad de autorizar lo impetrado, para ser reevaluado en el mediano plazo, situación que aún no ocurre.

- Que con fecha 14 de julio asumió la Jefatura Superior de Servicio esta Gobernadora Regional, quien en el uso de sus facultades legales y en el marco de su Programa de Gobierno 2021-2025, ha determinado como una de sus prioridades, la organización financiera del Servicio, lo que implica prescindir de los servicios de don nombre reservado, por cuanto en la unidad en la que se desempeña, existe personal suficiente que podrá asumir las responsabilidades que él tenía asignadas.

- En atención a lo antes señalado esta administración debe prescindir de don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, poniendo término anticipado de su contrata, en atención al déficit presupuestario y a que fue uno de los últimos en sumarse al equipo de trabajo, por lo que sus responsabilidades serán redistribuidas en el resto de los funcionarios que integran el equipo.

- Las facultades que el ordenamiento jurídico a este respecto me confiere en mi calidad de Jefatura Superior del Servicio.”

Hecho acreditado con la copia de la Resolución Exenta recurrida, a la cual se le dará valor, de conformidad a las reglas de la sana crítica, por ser grave y precisa al efecto, al emanar de la autoridad respectiva y haber sido acompañado por ambas partes.

3.- Resolución Exenta 923 de 6 de Septiembre de 2021, por la que se autoriza trabajos extraordinarios a funcionarios que indica, por un periodo que abarca la segunda quincena de julio, todo agosto y todo septiembre, en favor de un total de 19 funcionarios, entre los que destaca la propia nombre reservado, junto a otros directivos y profesionales.

DÉCIMO: Que, en síntesis la resolución administrativa impugnada fundamenta el término anticipado de la contrata del recurrente, en atención al déficit presupuestario y a que fue uno de los últimos en sumarse al equipo de trabajo, por lo que sus responsabilidades serán redistribuidas en el resto de los funcionarios que integran el equipo; todo lo cual implica prescindir del funcionario que recurre.

UNDÉCIMO: Que, desde luego, si bien en lo formal la resolución antes referida aparece con consideraciones, en un análisis de fondo ella aparece claramente infundada, dado que resulta contradictoria con el propio actuar de la recurrida, ya que renovó diez veces su contratación, siendo la última el 11 de noviembre de 2020, prorrogando la contrata por todo el año 2021, en los mismos términos vigentes, lo que supone, en forma grave y precisa, la disponibilidad de presupuesto para ello, porque sus remuneraciones necesariamente formaban parte de la glosa presupuestaria aprobada el año anterior; sin embargo nueve meses después, el 17 de agosto de 2021, se le pone término a la misma en forma anticipada, basada en un déficit presupuestario, sin explicitar cómo ello incide particularmente en el recurrido y no otros funcionarios en específico, en términos que se haga imperiosa su desvinculación, de tal forma que los argumentos se anulan, apareciendo infundado el acto administrativo recurrido, como ya se indicó.

DUODÉCIMO: Que, además la resolución administrativa objeto del recurso se sustenta en que pone término a sus servicios, debido a la organización financiera del Servicio, lo que implica prescindir de los servicios de don nombre reservado, sin embargo, posteriormente, la misma recurrida, con fecha 6 de Septiembre de 2021, autoriza en favor de 19 funcionarios, la realización de trabajos extraordinarios por un periodo que abarca la segunda quincena de julio, todo agosto y todo septiembre; de manera tal que lo contradictorio surge porque la misma resolución argumenta el supuesto déficit presupuestario y luego autoriza fondos adicionales imputables a horas extras, sin dar razones del por qué esta opción, lo que resulta en perjuicio del recurrente, considerando, además, que no hay ningún reparo en sus motivaciones a su desempeño laboral, lo que, desde luego, ello no sería posible, porque ha sido calificado siempre en Lista 1 y no consta que haya sido sometida a sumario administrativo alguno, lo que no ha sido controvertido en autos, de tal manera que el acto administrativo se torna arbitrario, por vulnerar el principio lógico de la no contradicción y de fundamentación suficiente; de modo que sus fundamentos no son suficientes, comprobables ni reales, lo que consta de la simple lectura de la resolución recurrida.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la resolución administrativa impugnada mediante esta acción de protección, surge del todo ilegal, desde que al ser infundada infringe los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880; como asimismo aparece arbitraria, ya que se ha basado en antecedentes contradictorios y por ello carece de la debida razonabilidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que se ha discriminado arbitrariamente al recurrente, por cuanto se prescindió sus servicios, dejándolo sin sus labores asignadas, reasignado las responsabilidad que hubiesen estado a su cargo a otros funcionarios, sin justificación suficiente para adoptar tal diferenciación, con mayor razón si no se basan en cuestiones de mérito profesional.

Asimismo tal acto vulnera el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N°24 del nuestra Carta Magna, desde que priva de manera ilegítima al recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

DÉCIMO QUINTO: Que, sin embargo, no se advierte, a juicio de esta Corte, una vulneración a la garantía del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, desde que no se ha acreditado por el recurrente una lesión a la libertad de trabajo y del ejercicio del empleo libremente elegido por éste.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, habiéndose incurrido por la recurrida en un acto arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales señaladas; se deberá acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá; no accediendo, en todo caso, a la petición de que se prorrogue su designación a contrata por todo el periodo 2022, por estimar, estos sentenciadores, que ello no resulta procedente en atención a la vigencia actual de la contrata que esta Corte mantendrá vigente por este año calendario y la fecha que se dicta la presente resolución, por lo que hasta ahora ello es de competencia de autoridad administrativa respectiva, lo que deberá resolver en su oportunidad, sin que sirva de fundamento, por el momento, el principio de confianza legítima alegado por la recurrente para sustentar tal petitorio.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Ximena Jiménez Ulloa, en representación de don nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de Aysén, solamente en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 813/83/2021, de fecha 17 de agosto del año 2021, mediante la cual la recurrida puso término anticipado a la contratación del recurrente; disponiéndose el reintegro inmediato a sus funciones; como asimismo, se ordena el pago de las remuneraciones devengadas durante el periodo de tiempo que la recurrente ha estado separada de su cargo, hasta su efectiva reincorporación.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma la presente sentencia, la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien concurrió a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de permiso administrativo de conformidad a los dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°329-2021.-