nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, veintisiete de Octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 15 de Septiembre de 2021, comparece doña Ximena Jiménez Ulloa, abogada, en representación de nombre reservado, ingeniero comercial, Rut N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Rut N° RUT reservado, representado legalmente por doña nombre reservado, Gobernadora Regional, Rut N° RUT reservado, o por quien la subrogue o represente, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, específicamente, por la dictación de la Resolución Exenta RA N° 813/79/2021, de fecha 17 de agosto del año 2021, en virtud de las cuales se dispuso el término anticipado de su designación como funcionario público a contrata para el año 2021, profesional, grado 8 E.U.R., del Gobierno Regional de Aysén, acto que ha vulnerado su garantía constitucional de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando a este Tribunal de Alzada, que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 813/79/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, mediante la cual se pone término anticipado a la contratación del recurrente; disponiendo el reintegro inmediato a sus funciones, o la prosecución de éste en caso de haberse acogido la Orden de No Innovar interpuesta en el primer otrosí de esta presentación; el pago de las remuneraciones devengadas durante el período de tiempo que ha estado separada de su cargo, hasta su efectiva reincorporación; y la prórroga de su designación a contrata por todo el período 2022, por asistir a su respecto el principio de confianza legítima; todo lo anterior, con expresa condena en costas.

Con fecha 20 de Septiembre de 2021, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 1 Octubre de 2021, se agregó el informe evacuado por doña Ximena Gutiérrez Jaramillo, abogado, en representación de la señora Gobernadora Regional, doña Andrea Macías Palma.

Con fecha 23 de Octubre de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 26 de Octubre de 2021, compareciendo vía telemática mediante plataforma zoom, la abogado doña Ximena Jiménez Ulloa, en representación del recurrente, y la abogado Ximena Gutiérrez Jaramillo, en representación de la recurrida.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes de protección, fundan su acción cautelar, en los siguientes antecedentes de hecho y derecho:

Don nombre reservado, señala que ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 1 de Septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta TRA N° 813/32/2016, en calidad de Contrata, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2016, y hasta que fueran necesarios sus servicios, con una jornada de 44 horas semanales y Grado 8, a partir de lo cual operó una segunda contratación, continua e ininterrumpida respecto de la anterior, mediante Resolución TRA 813/86/2017, de fecha 23 de marzo de 2017, que lo contrató desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Acota que operaron cuatro sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de su nombramiento mediante Resolución Exenta N° 813/16/2018, de 30 de enero de 2018, la cual prorroga por todo el año 2018; Resolución Exenta N° 813/871/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, que prorroga por todo el año 2019; Resolución Exenta RA 813/498/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, que prorroga por todo el año 2020; y Resolución exenta RA 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, que prorroga por todo el año 2021.

En virtud de lo anterior, el funcionario en el Gobierno Regional de Aysén, alcanzó una antigüedad laboral de 4 años y 11 meses, con una remuneración en el último año de funciones de $2.791.262, salvo los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en que ascendía a $4.196.133.

Detalla que cumplió durante la mayor parte de su trayectoria laboral en el servicio, esto es, desde su ingreso hasta el mes de marzo del presente año, fueron dentro de la División de Planificación y Desarrollo Regional, DIPLADE, en ese contexto, a mi representado, en su calidad de ingeniero comercial, le correspondía evaluar programas de fomento productivo. A partir del mes de abril del presente año, fue asignado a prestar funciones en la nueva División de Fomento e Industria, DIFOI.

Agrega que se desempeñaba presencialmente en dependencias del Gobierno Regional de la ciudad de Coyhaique, en calle General Parra, habiendo sido calificado siempre en Lista 1, imputando su contratación al Subtítulo 21 del presupuesto.

Señala que, el Gobierno Regional de Aysén, no cuenta con un organigrama funcionario, aprobado normativamente, y tampoco con descripciones de perfiles de cargo; razón por la cual los funcionarios son contratados en forma genérica, como funcionarios del Gobierno Regional, adscritos únicamente a la Planta Profesional, administrativa o técnica, según corresponda, con potencialidad de moverse de una unidad o división a otra, como en los hechos se ha realizado.

Sostiene que, día 17 de agosto de 2021, fue citado a dependencias del Gobierno Regional de calle Ejército, por instrucción del nuevo Jefe de Administración y Finanzas, don nombre reservado, quien de manera personal le informó que estaba desvinculado del servicio a partir de ese momento, entregando copia de la resolución que lo disponía. Ante ello, mi representado volvió a su oficina a recoger sus cosas y su correo electrónico personal, ya había sido bloqueado.

El acto administrativo, corresponde a Resolución Exenta RA N° 813/79/2021, de fecha 17 de agosto del año 2021, la cual expresa:

“CONSIDERANDO: 1. Que mediante la Resolución TRA Nº 813/32/2016 a contar del 01 de septiembre de 2016 el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén contrató como profesional grado 8° E.U.R, a don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, contrata que se ha prorrogado hasta la fecha mediante las Resoluciones N° 813/86/2017, 813/16/2018, 813/871/2018, 813/498/2019, 813/106/2020. 2. Que don nombre reservado, se desempeñó en la División de Planificación y Desarrollo Regional desde su ingreso y hasta el 05 de abril de 2021, fecha en la que pasó a formar parte del equipo de la División de Fomento e Industria, específicamente en el Departamento de Fomento Productivo. 3. Que con fecha 14 de julio asumió la Jefatura Superior de Servicio esta Gobernadora Regional, quien en el uso de sus facultades legales y en el marco de su Programa de Gobierno 2021-2025, ha determinado como una de sus prioridades, ha determinado la reestructuración de ciertas áreas identificadas como estratégicas dentro del Gobierno Regional de Aysén. 4. Que el División de Fomento e Industria es considerada un eje estratégico en el desarrollo del Programa de Gobierno de la actual administración, razón por la cual, esta Gobernadora requiere contar con personal de su confianza que conforme el equipo de trabajo que desempeñará dichas funciones. 5. Que para desarrollar las mencionadas funciones se requiere de un profesional con experiencia en el área operativa, que sea capaz de proponer, promover y ejecutar los planes y programas de alcance Regional destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación para el desarrollo de nuevas capacidades empresariales, por lo que se requiere que la persona que desempeñe esta función, tenga experiencia comprobada en las áreas antes mencionadas, y conocimiento en nuevas tecnologías de la información, lo que permitirá favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de nuestra Región, condición que no cumple don nombre reservado cuya experiencia ha estado ligada a la planificación y no a las áreas anteriormente mencionadas. 6. En atención a lo antes señalado esta administración debe prescindir de don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, poniendo término anticipado de su contrata. 7. Las facultades que el ordenamiento jurídico a este respecto me confiere en mi calidad de Jefatura Superior del Servicio. RESUELVO: PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE 1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, como PROFESIONAL, asimilado a grado 8° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES del servicio SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios.”

Agrega que, hasta la fecha de la desvinculación del recurrente, no existía información de reestructuración alguna, nada de ello se había presentado ni aprobado por el Consejo Regional y la Resolución no explica en qué consiste tal medida ni cómo se desarrollará, de forma que implique, necesariamente, la desvinculación del recurrente.

Alega que, el término anticipado genera un impacto gravoso a la estabilidad funcionaria, por cuanto, sin aviso ni previsibilidad de ninguna especie, transgrede la última resolución de prórroga de la vinculación funcionaria, en este caso, la Resolución exenta RA 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, que aseguraba, a los funcionarios, a lo menos una permanencia por todo el año 2021; y en forma adicional, quebranta la estabilidad laboral ganada, ignorando así la obligación de avisar con a lo menos 30 días de anticipación, a efectos que éste, pueda, si lo estima, hacer uso de feriados pendientes, días administrativos, descansos compensatorios, percepción de remuneraciones devengadas, como acontece con los bonos trimestrales por cumplimiento de PMG cumplidos el año anterior, etc.

Pese a lo categórica de las resoluciones de desvinculación que por este acto se impugnan, don nombre reservado, con fecha 18 de agosto de 2021, dedujo Recurso de Reposición respecto de ella, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 892 de 30 de agosto de 2021, por no modificarse los fundamentos de la resolución recurrida.

Estima que, en el caso de autos, las resoluciones impugnadas devienen en un acto o actuación ilegal, al transgredir las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, y en arbitraria, porque sus fundamentos no satisfacen la razonabilidad requerida.

Alega que, sin perjuicio de la transitoriedad de las designaciones a contrata, la extensión de éstas está predefinida, al tiempo que la designación disponga, normalmente el 31 de diciembre de cada año; contemplándose en todo caso, la posibilidad de la autoridad respectiva, de extender su vigencia, más allá del plazo previsto, mediante la prórroga del nombramiento, normalmente por toda la anualidad siguiente.

Señala, que el recurrente gozaba de una permanencia en el servicio, continua e ininterrumpida por más de 2 años, se había hecho plenamente acreedor de los efectos que supone la aplicación del Principio de Confianza Legítima, confianza fundada del funcionario, en que persistirá en su empleo por haberse renovado su nombramiento por más de dos años; principio acuñado por la Contraloría General de la República, entre otros, en los dictámenes N°22.766, N° 85.700 y N°6.400 del año 2018, cuyos fundamentos basales han sido refrendado por la Jurisprudencia, especialmente de esta misma Corte de Apelaciones.

Manifiesta que, la decisión informada de terminar de manera anticipada la contratación correspondiente al periodo 2021, entregando argumentos que no son efectivos ni concretos, vulnera la garantía constitucional relativa a la igualdad ante la ley.

Asimismo, estima que, el actuar de la recurrida vulnera la Libertad de Trabajo, que se encuentra consagrado a nivel constitucional, en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

En ese sentido, la libertad de trabajo detenta un carácter dual, que importa analizarla en relación a dos aspectos: a) la libertad de trabajo, en cuanto derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, b) por otra, la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley.

Alega que, la lesión a la Libertad de trabajo, se produce por el término anticipado y por privar al funcionario-trabajador del ejercicio del empleo libremente elegido por él, y la estabilidad laboral funcionaria ganada, por causas absolutamente ajenas a su desempeño, y cuyos fundamentos, además de no explicarse en plenitud, como ocurre con la alusión a la reestructuración y déficit presupuestario, violentan el plazo previamente establecido en su última prórroga.

Finalmente, manifiesta que, la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, en relación a su cargo a contrata, toda vez que ha decidido poner término anticipado a sus contrataciones, con lo que arbitrariamente se produce una privación en la estabilidad laboral del funcionario y en el derecho que a éste le asiste de permanecer desempeñándose en sus funciones y recibir una remuneración por ello, afectando de esta forma su patrimonio.

SEGUNDO: Que la recurrida representada por la abogada Ximena Gutiérrez Jaramillo, informando el recurso, solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

Señala como cuestión previa que, el recurrente señor nombre reservado, quien presentó recurso de reposición en contra de la Res. Exenta N°813/79/2021 que dispuso el término anticipado de su contrata, el cual fue rechazado por Res. Exenta N°892 del 30 de agosto del año 2021, siendo esta última resolución el acto administrativo con el cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa, y que en este caso no ha sido reclamado. Por tanto, estima que se valida el actuar de la administración, no siendo procedente entonces acoger la acción de protección respecto de un acto no terminal ni conclusivo.

La recurrida efectúa una relación de las resoluciones emanadas del Servicio, mediante las cuales se les han renovado en distintas ocasiones las diversas contratas del recurrente, agregando que a contar del 05 de abril del año 2021 por Res. Exenta N°357, el recurrente paso a depender de la División de Fomento e Industria de este Gobierno Regional siendo sus funciones principales colaborar en todas aquellas labores que le sean requeridas por su jefatura directa en el marco de las funciones institucionales que le corresponda a dicha división, asignándosele luego con fecha 28 de abril por Res. Exenta N°465 al departamento de fomento productivo de la referida División.

Así las cosas, por Res. Exenta 813/79/2021 se dispuso el término anticipado de su contrata en atención a necesidades del servicio, reestructuración de áreas identificadas como estratégicas y la necesidad de contar con un profesional con experiencia en materias determinadas, lo que no cumple el recurrente.

Agrega que, frente a la necesidad de contar con un profesional con experiencia en el área operativa vinculado al área de la ciencia y tecnología en innovación para el desarrollo de nuevas capacidades empresariales, fue imprescindible e imperativo dar término anticipado a su designación a contrata.

Alega que, la terminación anticipada de una contrata es procedente de acuerdo a la jurisprudencia administrativa vigente en la materia, contenida en los dictámenes Nos 85.700, de 2016 , 6.400, de 2018, 8.060, 2019 y 14.499, de 2020 de Contraloría General de la República que, entre otros, ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la citada fórmula -esto es, ‘mientras sean necesarios sus servicios’-, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado.

Respecto del acto administrativo impugnado, estima que en el caso del recurrente operó la terminación anticipada en virtud de un acto administrativo dictado por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones legales, notificada dentro de plazo legal y motivada, requisitos que pasaré analizar particularmente demostrando con ello que la Resolución Exenta N°813/79/2021, del 17 de agosto del año 2021, es un acto administrativo que cumplen con los requisitos de competencia, forma, fin, motivo y objeto.

En cuanto a la procedencia de la acción impetrada en autos, estima que considerando que la arbitrariedad, es la forma de actuar basada sólo en la voluntad o en el capricho y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, se destaca que la decisión de la autoridad de terminar anticipadamente las contratas de los recurrentes, resulta razonable y fundada en argumentos precisos y determinados, ajustados a la legalidad vigente tanto en el actuar de la autoridad como en la ejecución propia del acto.

Agrega, respecto a la Igualdad ante la ley que, el recurrente hace sólo una mención de la garantía constitucional y una eventual relación con la discriminación arbitraria sin relación al caso en particular, ni describir fácticamente como se conculca su derecho más allá de calificar el actuar de la autoridad como carente de lógica, de justificación racional o razonable sin respaldo técnico, etc.

Asimismo, respecto a la libertad de trabajo y su protección, señala que no se expresa por los recurrentes cómo se ve afectada la garantía constitucional que cita, sumado a que sin relación de hechos que se vinculen con la garantía constitucional alegada que es solo descrita, no puede darse por establecida la forma en que la garantía se afecta o pone en riesgo.

En lo concerniente al derecho de Propiedad, los recurrentes señalan que su derecho de propiedad se ha vulnerado toda vez que se puso término anticipado a la contrata que servían los recurrentes ya que con ello se le priva de la estabilidad laboral, de desempeñarse en sus funciones y de percibir una remuneración, lo que resulta efectivo, pero dicha afectación al derecho de propiedad es legítima ya que no mantenían estabilidad en el empleo, pues una contrata es normativamente un cargo transitorio, mientras sus servicios sean necesarios, lo que ha dejado de ocurrir en atención al perfil profesional que no se ajusta a los requerimientos actuales de la División en que laboraba el recurrente y la imposibilidad de reubicación por restricciones presupuestarias insalvables.

Por lo expuesto, solicita se rechace la acción constitucional impetrada en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expuestos por las partes en su recurso e informe respectivos, y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

a) Que ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 1 de Septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta TRA N°813/32/2016, en calidad de contrata.

b) Que, mediante mediante Resolución TRA ° 813/86/2017, de fecha 23 de marzo de 2017, se le contrató desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; mediante Resolución Exenta N°813/16/2018, de 30 de enero de 2018, se prorrogó su contrato por todo el año 2018; mediante Resolución Exenta N°813/871/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, se prorrogó su contrato por todo el año 2019; mediante Resolución Exenta RA 813/498/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, se prorrogó su contrato por todo el año 2020; mediante Resolución Exenta RA 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, se le prorrogó su contrato por todo el año 2021.

c) Que a través de Resolución Exenta RA N°813/79/2021, de 17 de agosto de 2021, se dispone el término anticipado a su designación a contrata.

CUARTO: Que las Resolución Exenta RA N°813/79/2021, del 17 de agosto de 2021, emanada del Gobierno Regional de Aysén, que disponen el término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado, constituye el acto administrativo impugnados por el recurrente y que atentaría contra sus derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, debiendo resolverse si dicho acto, emanado del Gobierno Regional de Aysén, han sido ilegales o arbitrarios, o por el contrario se encuadra dentro de las facultades y atribuciones que detenta, para cursar y notificar dichas resoluciones y las motivaciones de las mismas, que decidieron poner término anticipado a la contrata del funcionario recurrente.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SÉPTIMO: Que, como primera cuestión, esta Corte debe hacerse cargo de la alegación sostenida por la recurrida, en cuanto el recurrente habría impugnado el acto administrativo que dispuso el término anticipado de su contrata, mediante recurso de reposición ante la misma autoridad regional, frente a cuyo rechazo, no reclamó, siendo realmente esta última resolución, el acto administrativo que perfecciona la decisión administrativa, por lo que habría convalidado el acto.

Que, deberá desestimarse tal alegación, pues si bien, el recurrente no impugnó vía arbitrio de protección la resolución que desecha su reposición, tal omisión no trae aparejado el efecto subsanar los vicios reclamados por una convalidación o aceptación del acto administrativo que dio origen a la reposición y a la presentación de esta acción cautelar, ya que, frente a la notificación de la denegatoria de la referida reposición, esto es, el 30 de agosto del año 2021, el recurrente acciona de protección, dentro de plazo legal, manifestando su disconformidad respecto de ambas resoluciones, por lo que no puede estimarse que concurran en la especie los presupuestos de la convalidación, habida consideración que ésta institución apunta a dar seguridad jurídica y evitar perjuicios a los administrados.

OCTAVO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo y en la Ley 19.880.

Que, en lo pertinente el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, siendo el artículo 3° de dicho cuerpo normativo el que establece que los empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal.

NOVENO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentre dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales.

DÉCIMO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que pone término anticipado a las contratas de los recurrentes, cabe tener en consideración que la resolución administrativa impugnada, se fundamenta, principalmente, en la reestructuración de ciertas áreas identificadas como estratégicas dentro del Gobierno Regional de Aysén, sumado a que la División de Fomento e Industria es considerada el eje estratégico en el desarrollo del Programa de Gobierno, la Gobernadora requiere contar con personal de su confianza, y por último, añade el hecho de que se requiere de un profesional con experiencia en el área operativa, que sea capaz de proponer, promover, y ejecutar los planes y programas de alcance regional destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación para el desarrollo de nuevas capacidades empresariales, condición que no cumpliría el recurrente don nombre reservado, lo cual implica prescindir del funcionario, poniendo término anticipado a su contrata.

UNDÉCIMO: Que, consta de las referida resolución exenta, que la decisión de poner término anticipado a la designación a contrata del recurrente, ha sido realizada unilateralmente y bajo el arbitrio de la autoridad regional, Gobernadora Regional de Aysén, sin evidenciarse de su examen, motivaciones que den cuenta de hechos concretos vinculados al trabajador objeto del término anticipado de su contrata vigente, que hagan insostenible a la recurrida mantenerlo en funciones, ya que la circunstancia de determinar la reestructuración de ciertas áreas identificadas como estratégicas dentro del Gobierno Regional de Aysén, y la consecuente afectación a la contrata del recurrente, debe ser ampliamente fundada, no bastando para ello, señalar en el acto administrativo que es parte del Programa de Gobierno 2021-2025, sino que debe explicitarse por la autoridad de qué manera influye en la contrata del recurrente, la reestructuración del área de División de Fomento e Industria.

Sumado a lo anterior, consta del proceso que el desempeño del recurrente no ha sido objetado, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido,ariencia, nos, incumplido, ual que los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700 y 6.400 del año 2018, instrucciones vinculantes para la recurrida.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, no resulta razonable estimar fundados los actos administrativos en comento, en una eventual reestructuración del área de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Aysén, en atención a que se requiere contar con personal de confianza, si las contratas de los recurridos se han renovado consecutiva e ininterrumpidamente aproximadamente por cuatro años, y en los mismos términos, lo que supone que le asiste al recurrente el Principio de la Confianza Legítima, no obstante, además, se le pone término a su contrata de forma anticipada, fundamentado en la reestructuración del área al que pertenece, sin explicar cómo ello incide particularmente en el recurrente y no en los otros funcionarios, y que conlleve necesariamente a la imperiosa necesidad de desvincularlo del Servicio, de tal forma que los actos administrativos, aparecen infundados.

DÉCIMO TERCERO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto en el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien, es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional e infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que subyace en los empleos de la administración pública, existiendo entre los funcionarios y los órganos de la administración del Estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, precisamente, de data del 2 de Marzo del año 2018 N° 6.400, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República, en cuanto se ha constituido en casi un axioma el que a partir de la segunda renovación de un cargo a contrata, nace la confianza legítima en el contratado de que dicha práctica será renovada en el futuro y si se procediese en contra del mismo principio, el acto debe ser motivado y fundado.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman, que la facultad de disponer el término anticipado a la designación a contrata de los funcionarios, que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de autos, ya que las mismas contratas se renovaron en variadas ocasiones, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función de los empleados, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo de la naturaleza del que lo emite, Gobierno Regional de Aysén, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose los actos reclamados, en consecuencia, en actos arbitrarios, por la ausencia de sus debidos fundamentos.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo, como lo ha resuelto reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, si una relación a contrata excede los dos años se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en los empleos a contrata regidos por la Ley 18.884 y, por consiguiente, si se ha generado una expectativa legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que ponga término a esa relación debe ciertamente dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.800, en orden a que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”; y al inciso 4 de su artículo 41, conforme al cual “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con los recurrentes, en cuanto se les ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares y según se observa en la resolución impugnada, sólo el recurrente aparece afectado, sin perjuicio de que el deber de motivación del acto administrativo debe emplearse para todas las personas que se encuentren en la misma situación y en el presente caso ello no se cumple.

Que, asimismo, dichos actos vulneran el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que priva a los recurrentes de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

Que, por el contrario, no se vislumbra, a juicio de esta Corte, una vulneración a la garantía del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, desde que no se ha establecido por la recurrente una lesión a la libertad de trabajo y del ejercicio del empleo libremente elegido por ésta.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el acto administrativo impugnado deviene en un acto arbitrario, por falta de una debida motivación, misma razón que deviene en su ilegalidad por infracción a los principios contenidos en la Ley 19.880; acto que infracciona la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes, como también amenazan y perturban sus derechos a la propiedad en cuanto a la estabilidad en sus empleo y sus derechos a una remuneración, por lo que deberá acoger el recurso de protección de la manera que se dirá, exceptuando la petición de prórroga de sus designaciones a contrata de los recurrentes, por todo el período 2022, por exceder del marco de vigencia de tales designaciones como funcionario a contrata, quien denuncia haberse transgredido la última resolución de prórroga de la vinculación funcionaria, que le aseguraba a lo menos una permanencia por todo el año 2021, la que al parecer de esta Corte, se mantendrá vigente por este año calendario y la fecha que se dicta la presente resolución, siendo competencia de la autoridad administrativa respectiva, resolver tal pretensión en su oportunidad, sin que sirva de fundamento, por el momento, el principio de confianza legítima alegada por los recurrentes para sustentar este petitorio.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representado por doña nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°813/79/2021, de fecha 17 de agosto del año 2021, en virtud del cual se dispuso el término anticipado de su designación como funcionario público a contrata para el año 2021, y consecuencialmente se deja sin efecto, también, la Resolución Exenta número 892, del 30 de Agosto del año 2021, como asimismo se ordena el pago de las remuneraciones devengadas durante el período de tiempo que ha estado separado de su cargo, hasta su efectiva reincorporación.

II.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata renovación de las contratas de los recurrentes, en el cargo que servía, estamento profesional, grado 8 E.U.R., respectivamente, del Gobierno Regional de Aysén, por todo el año 2021.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Protección N°: 328-2021.-