ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE AYSEN con UNIVERSIDAD DE AYSEN

En Coyhaique, a dieciocho de Diciembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 25 de Octubre del año 2023, comparecen la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Aysén, representada legalmente por su Directorio, domiciliados en domicilio reservado y en favor de nombre reservado, nombre reservado, Naxia nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Alcalde, Eduardo Antonio Bascuñán Quiroz, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Hayley nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Amaury nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado A, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; quienes recurren de protección en contra de la Universidad Estatal de Aysén, representada legalmente por su Rector, don nombre reservado, Ingeniero Civil Informático o por quien en derecho lo subrogue, represente o haga las veces de tal, todos con domicilio en domicilio reservado, Región de Aysén, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales, entre los que señala el cambio de la fecha de pago de sus remuneraciones, cambio de modalidad contractual en algunos casos, el no pago de remuneraciones íntegras que se habría materializado con fecha 27 de Septiembre de 2023, y la emisión de liquidaciones de sueldos que dan cuenta de pagos de remuneraciones no percibidas efectivamente por los funcionarios, lo que se habría materilizado en las fechas 27 y 29 de septiembre de 2023; todo lo cual vulnera los derechos de los recurrentes garantizados en el artículo 19, N°s 2 y 24, de la Constitución Política de la República; solicitando, en síntesis, se ordene dejar sin efecto el acto por el cual la recurrida dispuso el cambio de fecha de pago de sus remuneraciones; se deje sin efecto todas liquidaciones de remuneraciones de fechas 27 a 29 de septiembre de 2023; se reconozca el derecho a que se les pague sus remuneraciones de forma íntegra y ordene a la recurrida el pago de los dineros adeudados, dentro de un plazo perentorio; se decrete que el “cambio unilateral de la modalidad contractual” (sic) impuesto a parte de los recurrentes, es un cambio arbitrario e ilegal; con costas.

Fundamentando su recurso, la parte recurrente señala como cuestión previa que, la autoridad universitaria con fecha 19 de junio de 2023, comunicó que: “El Consejo Superior, a solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, ha aprobado de manera unánime la modificación gradual de la fecha del pago de remuneraciones para el personal académico y de colaboración de la Universidad de Aysén. El cual, al final de este proceso, será el último día hábil del mes”. (sic)

Con fecha 6 de julio de 2023, la Ex nombre reservado, envía reporte financiero en que especifica que el déficit no permitirá asegurar el pago para los meses de julio a diciembre de 2023.

Así, con fecha 7 de julio de 2023, la referida Ex Rectora, informa se podría asegurar el pago de remuneración para el mes de julio y eventualmente hasta diciembre de 2023, lo que sería informado.

Con fecha 25 de julio de 2023, la misma autoridad universitaria, señala que se aseguraría el pago de remuneraciones de los meses de agosto y septiembre de 2023.

Luego, el 1 de septiembre de 2023, la sindicada, informa que pese a lo informado el 25 de julio de 2023, la situación de flujo de caja actual no permite asegurar el pago de remuneraciones del mes de septiembre para los funcionarios que están asignados al presupuesto institucional a los cuales se les realizará solo el pago de cotizaciones previsionales, mientras quienes tienen asignadas sus remuneraciones a los proyectos Mineduc URY recibirán sus pagos íntegros.

Señala que con fecha 8 de septiembre, el actual Rector Sr. nombre reservado, informa un “Plan de Contingencia” cuyo eje principal sería el “equilibrio financiero”, entre las medidas se encuentra la “replanificación de remuneraciones contratos honorarios gestión y reestructuración transversal”, comunicando que la replanificación de remuneraciones a contrata especifica que los meses de septiembre serían sin pago, octubre y noviembre con pago y diciembre con pago parcial. La regularización de los pagos adeudados informa que en enero y febrero de 2024 se regularizarán parcialmente, y en marzo del mismo año, la regularización total.

Comenta que con fecha 26 de septiembre el Rector informa que se encontrarían en un “nuevo escenario de liquidez” y que “los recursos que se utilizarán para realizar este pago corresponden a adelantos en transferencias desde el Ministerio de Educación que se habían proyectado para meses posteriores. No son recursos adicionales. Es decir, contamos con los mismos fondos a distribuir durante el semestre que fueron enunciados en el Plan de Contingencia” (sic). Agrega que, “Se realizará un pago de remuneraciones parcial en septiembre, con fecha miércoles 28/09. Dicho pago será un porcentaje gradual para las personas que mantengan contratos en calidad de contrata, según detalle de Tabla 1.” (sic), priorizando así aquellas personas que reciben una menor remuneración, tomando como referencia la distribución planteada en la negociación de reajustes de diciembre de 2022.

Acusa que el pago a funcionarios asignados al presupuesto institucional se depositó el 27 de septiembre, dos días después de lo informado, y la liquidación fue remitida el 29 de septiembre, en la cual se especificaba el “pago completo” de las remuneraciones, no formalizándose en el documento el “pago real” depositado.

Indica que para el pago de remuneraciones de algunos funcionarios se les asignó el financiamiento de remuneraciones con cargo al presupuesto de proyectos URY del Mineduc, sin consultar ni tomar el consentimiento de los funcionarios, siendo de manera unilateral y arbitraria. Así, se aseguró el pago de remuneraciones, pero al mismo tiempo tienen que responder a los objetivos del proyecto URY del Mineduc.

Señala que, la relación contractual se rige por los Estatutos de la Universidad de Aysén, y en lo no regulado, por lo dispuesto en la Ley N°18.834, denominado Estatuto Administrativo, y la naturaleza jurídica de la relación entre el funcionario y la Administración lo aclara la Contraloría General de la República en el Dictamen N°31000-2008 al informar al Tribunal Constitucional en el marco del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de causa Rol N°1133-2008, el cual señala: "supone la sujeción de los funcionarios, empleados o servidores públicos a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el Estado, cualquiera sea el nombre específico que pudieran recibir los diversos cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere la naturaleza del servicio en que se desempeñen".

Agrega que, el empleo a contrata es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa, y tiene la misma finalidad que el cargo de planta, el artículo 2° del Estatuto Administrativo, prescribe que: "Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1º" Comenta que, en virtud del principio que recoge el artículo 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880, “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”.

Alega que, las autoridades universitarias han señalado en todo momento que lo que motiva sus acciones y decisiones, están basados en una profunda crisis económica y financiera, sin fundamentar respecto a que la ley ampara el privar de parte de la remuneración a los funcionarios afectados y mucho menos, que alguna ley o norma particular permita, discriminar entre mayores o menores ingresos, para realizar pagos parciales.

Sostiene que, han decidido pagar cotizaciones previsionales y descuentos por planilla para instituciones privadas, por sobre el pago de remuneraciones, lo que implica diversos perjuicios.

Refiere, en síntesis, que la acción arbitraria e ilegal consisten en la decisión de no pagar sus remuneraciones de forma íntegra, priorizar pagos a entidades previsionales favoreciéndose personalmente, emitir pagos de otras fuentes de financiamiento interno como lo es el presupuesto URY Mineduc, cambio de calidad contractual, de una contrata a un contrato en base a un proyecto determinado, y el confeccionar liquidaciones de sueldos ideológicamente falsas, aparentando un pago total de remuneraciones cuando en concreto sólo se les paga una parte de ellos.

Finalmente, acusa como infraccionados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de igualdad ante la ley, al establecer porcentajes para pagos parciales en función de cuánto gana cada funcionario.

Asimismo, acusa que se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la referida Carta Política, al privarles de sus remuneraciones.

Con fecha 21 de Noviembre del año 2023, la recurrida, a través de la abogada doña Daniela Martínez Martínez, alega la improcedencia de la acción, por ser ésta extemporánea, en relación a las acciones imputadas a la recurrida.

En primer lugar, referido al cambio de fecha de pago de las remuneraciones, refiere que, fue comunicada por la encargada de la Unidad de Desarrollo de Personas a los correos institucionales de los funcionarios del estamento académico y del personal de colaboración el día 19 de junio de este año, con el detalle de la forma en que se implementaría el cambio de fecha de pago.

Señala que la acción fue interpuesta el 25 de octubre de 2023, esto es, 131 días corridos después de que los recurrentes tomaran conocimiento de la decisión impugnada, solicitando así, se rechace la acción, respecto a la petición de declaración de arbitrariedad e ilegalidad de la decisión de cambiar gradualmente la fecha del pago de las remuneraciones del personal de la Universidad, por extemporáneo.

En segundo, lugar, relativo al supuesto cambio de modalidad contractual impuesto a parte de sus asociados en relación al cambio de la fuente de financiamiento de sus remuneraciones, refiere que, el reproche de la parte recurrente, recae en la decisión de cambiar transitoriamente la imputación presupuestaria del pago de remuneraciones a algunos de sus asociados, sin especificar a quienes corresponde, medida que fue aprobada por la rectora de la época, a través del Decreto Universitario Exento N°324, del 31 de agosto del presente.

Asimismo, alega sobre este capítulo que, el recurso fue interpuesto el día 25 de octubre de 2023, esto es, 45 días corridos después del acto administrativo que aprobó la medida, en consecuencia, también sería extemporánea.

En cuanto al fondo, señala que, la decisión de modificar las fechas de pago, no es arbitraria ni ilegal, y no priva, perturba o amenaza los derechos constitucionales amparados por los numerales 2° y 24° del artículo 19, de la Carta Fundamental, por cuanto fue adoptada en el ejercicio de las facultades administrativas previstas en la normativa interna de la Universidad de Aysén, específicamente en el estatuto institucional aprobado por Decreto Supremo N° 7 del Ministerio de Educación del año 2016, que en su artículo 5° dispone: “La Universidad tiene autonomía académica, económica y administrativa para desarrollar sus actividades, así como para determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a lo establecido en el presente estatuto y la ley.” (sic)

Dicha medida comenzó a implementarse a partir del día 20 de julio de 2023, para llegar en diciembre a efectuar el pago el último día hábil del mes, y se adoptó en pos de mejorar la gestión administrativa, evitar pagos por funciones no realizadas y teniendo en cuenta que el flujo de caja depende principalmente de la fecha de transferencia de recursos desde el nivel central, lo que permite reducir la incertidumbre y asegurar la disponibilidad de recursos, y además proyectar con certeza los pagos a partir del mes de enero del próximo año.

En cuanto a la solicitud de dejar sin efecto las liquidaciones de remuneraciones, confeccionadas por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad de Aysén, de fechas 27 a 29 de septiembre de 2023, por no ser efectivo el hecho de haberse pagado íntegramente las remuneraciones, como aparecen en ellas, la recurrida comenta que, se trataría de un error observado en la emisión de las liquidaciones de remuneraciones del mes de septiembre del presente año, el que no pretende desconocer.

Dicho error se advierte en la parte que indica el pago total de la remuneración, no obstante que los montos efectivamente pagados en dicha oportunidad, se condicen con los porcentajes de la remuneración total indicados en la tabla contenida en su presentación, no obstante, hace presente que a fin de dar claridad respecto del estado del pago de las remuneraciones de septiembre, se explicó en el correo electrónico el monto que se estaba pagando y el saldo pendiente de pago.

Las liquidaciones de septiembre de 2023, fueron emitidas con la finalidad de determinar el monto de los descuentos legales de seguridad social, y para dar cumplimiento a la obligación legal de la recurrida de enterar en las cuentas de las entidades administradoras la totalidad de las sumas correspondientes a los descuentos de salud y previsión, y efectuar el pago de las obligaciones de aquellos funcionarios que solicitaron practicar los descuentos correspondientes directamente a la institución empleadora.

Agrega que en pos de enmendar el error y disipar dudas, posterior a la interposición del recurso, la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad se envió a los correos de los funcionarios un certificado de remuneraciones del mes de septiembre, detallando el monto pagado, como el adeudado de las remuneraciones devengadas en el mes de septiembre del 2023, alegando que el recurso, en este punto, habría perdido oportunidad.

En relación a la petición de pago “íntegro” de las remuneraciones de septiembre, indica que éste no pudo ser íntegro por falta de flujo de caja, arguyendo que la nueva administración, al asumir sus funciones en septiembre de 2023, se encontró con una difícil situación financiera y problemas de liquidez de caja, flujo de caja que ascendía a $117.000.000, y los gastos corrientes, esto es egresos en remuneraciones y gastos operacionales del mes de septiembre, arrojaban un total de $648.000.000.

Indica que, se elaboró un Plan de Contingencia, cuyos objetivos fueron transparentar el déficit financiero que enfrenta actualmente la Universidad y adoptar las medidas que permitirán, a mediano plazo, contar con un adecuado equilibrio financiero.

Agrega que, según lo proyectado en septiembre, se esperaban ingresos por conceptos de AFD (Aporte Fiscal Directo) 95% de $28.645.640 en septiembre, y $35.186.640 en los meses octubre, noviembre y diciembre; por concepto de AFD 5% de $22.104.000 en los meses octubre, noviembre y diciembre; por AIUE (Aporte Institucional de Universidades Estatales) de $873.836.000 en octubre; además, de otros montos por reintegros de fondos institucionales de proyectos URY, FIC y Overhead de $242.000.000 aproximadamente en septiembre; $30.000.000 por becas varias en diciembre y $30.000.000 por recuperación de licencias médicas en diciembre.

Lo anterior, generaba problemas de liquidez que hicieron imposible efectuar el pago completo de las remuneraciones del mes de septiembre de la mayoría de los funcionarios de la Universidad.

En razón de la implementación del plan anteriormente señalado, junto a otras gestiones, permitieron adelantar algunas transferencias y mejorar el flujo de caja del mes de septiembre, pudiendo pagar la totalidad de las remuneraciones de los funcionarios de servicios generales, de los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo y honorarios de docentes colaboradores; no realizar pago de remuneraciones de personal de planta correspondiente al equipo directivo, a excepción de los descuentos legales y por planilla comprometidos; y, realizar un pago parcial escalonado que consideró un rango entre el 35% y 100% del total haberes, considerando el pago total de los descuentos legales y por planilla, según grado.

Agrega que, además se han llevado a cabo distintas acciones y ajustes, tales como reducir el gasto en docentes colaboradores, estableciendo un mínimo de horas de docencia directa para académicos a contrata; implementación de trabajo remoto y la habilitación de espacios de trabajo co-work; se eliminó el pago de viáticos y horas extras; se optimizó la imputación de gastos a proyectos institucionales, reduciendo en $50.000.000 el gasto corriente en septiembre y además se redujeron costos de arriendo de inmuebles institucionales en un 50% a contar del mes de noviembre de 2023.

Manifiesta la recurrida que con las medidas en ejecución y los recursos que ingresarán a las arcas universitarias durante el 2024, será posible cancelar lo adeudado durante el mes de febrero en la próxima anualidad, contando con un flujo de caja saludable que permita garantizar el funcionamiento continuo de las operaciones institucionales.

Arguye que no es efectivo que se haya ejecutado por parte de la recurrida un cambio unilateral de la modalidad contractual impuesto a parte de asociados, sujeto a proyectos Ury “bajo la premisa que ello asegura el pago de sus remuneraciones presentes o futuras” y no ha actuado de manera ilegal o arbitraria al imputar transitoriamente las remuneraciones de los funcionarios en el Decreto Universitarios Exento N°324 de 31 de agosto de 2023, acto que aprobó dicha medida.

Finalmente, agrega que el cambio de fuente de financiamiento es temporal, esto es, desde el momento de la aprobación de las pertinencias hasta el término del presente año 2023, esto es, hasta el 31 de diciembre.

Con fecha 27 de noviembre de 2023, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 29 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, presentándose telemáticamente a estrados y alegando, por la recurrente, el abogado don Marcelo Rodríguez Avilés y por la recurrida, la abogado doña Daniela Martínez Martínez.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20, de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, de los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte, de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible establecer como hechos pacíficos, los siguientes:

1.- Con fecha 19 de Junio del año 2023, la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad de Aysén, comunicó, mediante correo electrónico, que el Consejo Superior, aprobó la modificación gradual de la fecha del pago de remuneraciones para el personal académico y de colaboración, el que al final del proceso, será el último día hábil del mes.

2.- Con fecha 6 de Julio de 2023, la nombre reservado y el Equipo Directivo de la Universidad de Aysén, comunica, mediante correo electrónico, a la comunidad universitaria que existe un déficit presupuestario que no permite asegurar el pago de remuneraciones para los meses de Julio a Diciembre de 2023, entre otras cuestiones.

3.-Con fecha 7 de Julio de 2023, la nombre reservado y el Equipo Directivo de la Universidad de Aysén, comunica, mediante correo electrónico, a la comunidad universitaria que se ha hecho posible dar cobertura al pago de remuneraciones del mes de Julio, y se aseguraría el pago hasta el mes de Diciembre del año en curso.

4.- Con fecha 25 de Julio de 2023, la nombre reservado y el Equipo Directivo de la Universidad de Aysén, comunica, mediante correo electrónico, a la comunidad universitaria que se puede asegurar el pago de remuneraciones de los meses de Agosto y Septiembre del año en curso.

5.- Con fecha 26 de Septiembre de 2023, el nombre reservado y el Equipo Directivo de la Universidad de Aysén, comunica a los funcionarios que se realizará un pago de remuneraciones parcial el 28 de septiembre de 2023, de conformidad a lo detallado en la Tabla 1 acompañada; Pago completo en Octubre, sujeto a la recepción de la transferencia de los recursos desde nivel central; Pago parcial en Noviembre y Diciembre, cuyo porcentaje dependerá de la capacidad de atraer recursos externos, optimización de recursos URY y otras acciones a trabajar; y se mantiene pago completo de descuentos legales, y por planilla, así como el 100% del pago de funcionarios de Servicios Generales y regidos por Código del Trabajo; y los montos pendientes de pago serán regularizados durante los meses Enero, Febrero y Marzo de 2024.

QUINTO: Que, primeramente, sobre la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, en orden a que la presente acción habría sido interpuesta fuera del plazo legal, fundado en que las actuaciones reprochadas, consistentes en primer lugar, en el cambio de fechas de pago de remuneraciones, y en segundo lugar, el supuesto cambio de modalidad contractual relativo al cambio de la fuente de financiamiento de las mismas, habrían sido comunicadas, en el caso del primer evento, mediante correo electrónico de fecha 19 de Junio de 2023, mientras que el segundo episodio, habría sido adoptado mediante Decreto Universitario Exento N° 324 de 31 de Agosto del presente año, y en consecuencia, habiendo sido interpuesto el recurso con fecha 25 de Octubre de 2023, excede el plazo establecido en el Auto Acordado que regula la materia para el ejercicio de la acción, siendo extemporánea.

Que, la excepción invocada debe ser necesariamente desestimada por esta Corte, en atención a que de la presentación principal, se desprende que los hechos reclamados por el recurrente, tildados de arbitrarios e ilegales son aquellos que tuvieron lugar el 27 y 29 de Septiembre del presente año, referidos al eventual no pago íntegro de sus remuneraciones y a la confección de las liquidaciones de remuneraciones no ajustadas a la ley. Asimismo, tal como lo advierte la entidad universitaria, el actuar denunciado por el actor consiste en el cambio en las fechas de pago de remuneraciones, lo que si bien se informó a los recurridos mediante correo electrónico de fecha 19 de Junio de 2023, produce sus efectos mes a mes, lo que le transforma en el carácter de permanente, por lo que, en consecuencia, el recurso de protección que se conoce fue deducido en tiempo y forma.

SEXTO: Que, previo a resolver el fondo del asunto, es necesario señalar que de la presentación principal del actor, se concluye que lo reprochado por éste, consiste en la decisión adoptada por la recurrida de no pagar sus remuneraciones de forma íntegra, priorizando el pago a entidades previsionales, favoreciendo personalmente, emitiendo pagos de otras fuentes de financiamiento interno como lo es el presupuesto URY Mineduc, cambio de calidad contractual, de una contrata a un contrato en base a un proyecto determinado, confeccionando liquidaciones de sueldos ideológicamente falsas, aparentando un pago total de remuneraciones, en circunstancias que sólo se les pagó una parte de éstas, todo lo cual se habría materializado con fecha 27 y 29 de Septiembre de 2023, vulnerando de este modo, las garantías constitucionales de los recurrentes, especialmente, las contenidas en el artículo 19, N°s 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, lo anterior es controvertido por la recurrida, justificando para ello que, la decisión de modificar las fechas de pago de las remuneraciones de los recurrentes, fueron adoptadas en el ejercicio de las facultades administrativas previstas en el Estatuto de la Universidad de Aysén, aprobado por Decreto Supremo N°7 del Ministerio de Educación del año 2016 y lo fue en objeto de mejorar la gestión administrativa, evitar pagos por funciones no realizadas, reducir la incertidumbre y asegurar la disponibilidad de recursos, así como proyectar con certeza los pagos a partir del mes de Enero de 2024. Lo anterior, en el marco del Plan de Contingencia adoptado por la Universidad, para afrontar el déficit financiero que atraviesan y adoptar las medidas que permitan, a mediano plazo, contar con un adecuado equilibrio financiero, para lo cual se han implementado una serie de medidas tendientes a regularizar los problemas de liquidez que actualmente les afecta, todo lo cual permitiría descartar la comisión de actos u omisiones calificables de ilegal o arbitrarios.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el conflicto de marras y que ha sido puesto en conocimiento de este Tribunal de Alzada radica en cuestionamientos y reproches de los actores a un conjunto de medidas adoptadas por la Universidad recurrida, consistentes en llevar a cabo una modificación gradual de la fecha de pago de las remuneraciones; pago únicamente de cotizaciones previsionales para aquellos funcionarios que están asignados al presupuesto institucional, así como la puesta en marcha del “Plan de Contingencia”, adoptado por la recurrida, cuyo eje principal es el “equilibrio financiero”, entre cuyas medidas se encuentra la replanificación de remuneraciones, contratos, honorarios, gestión y reestructuración transversal, lo que implicó e implicará variaciones y alteraciones en los pagos de las remuneraciones de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023.

Por otra parte, lo controvertido en estos asuntos consiste, además, en que con fecha 27 de Septiembre del presente año, se efectuó el depósito de las remuneraciones a los funcionarios, esto es, dos días después de lo informado primitivamente, y se reprocha que con fecha 29 de Septiembre del presente, se remitió liquidación de pago, en la que se especifica el “pago completo” de las remuneraciones, lo que difiere del “pago real” efectivamente depositado; Asimismo, se reprocha el hecho de haberse asignado el financiamiento de remuneraciones de algunos funcionarios al presupuesto de proyectos URY del Mineduc, sin el consentimiento de los recurrentes.

NOVENO: Que, conforme lo precisado en el motivo Segundo, es preciso señalar que, el presente recurso de protección constituye una instancia de evidente carácter cautelar, cuyo objeto es amparar el libre ejercicio de los derechos preexistentes enunciados en la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que deban tomarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos.

Que, ante lo señalado, es posible advertir que, entre otros de los requisitos indispensables para la procedencia del recurso deducido, es la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, que provoque alguna clase de impedimento para el ejercicio de las garantías y derechos señalados por el recurrente, de forma tal que se habilite a esta Corte de Apelaciones la adopción de alguna medida que restablezca el imperio del derecho; debiendo calificarse dicha ilegalidad o arbitrariedad, respecto de un derecho indubitado, esto es, claro, prístino y no discutido.

DÉCIMO: Que, en ese sentido, el presente arbitrio no constituye una instancia declarativa, a través de la cual pueda debatirse sobre la existencia, procedencia o improcedencia de un derecho, como las señaladas precedentemente, desde que del estudio de los antecedentes, la controversia de autos radica en alegaciones que requieren ser zanjadas en un procedimiento de lato conocimiento, pues éstas dicen relación, entre otras materias, de índole netamente laboral, con cuestiones de orden de cálculo remuneracional respecto de los recurrentes, desde que se alega el pago parcial y no íntegro de remuneraciones en el mes de Septiembre del presente año, así como el cambio de la modalidad contractual de algunos funcionarios, desde una contrata a un contrato en base a un proyecto determinado y por otro lado, la confección de liquidaciones de sueldos ideológicamente falsas, en las que se aparenta un pago total de remuneraciones, cuando sólo se efectuó un pago parcial.

Que, refrenda lo anterior, el tenor de las medidas solicitadas por los recurrentes para la satisfacción de sus pretensiones, las que dicen relación con que se ordene a la Universidad recurrida dejar sin efecto el acto que dispuso el cambio de la fecha de pago de las remuneraciones, adoptado en la Sesión Ordinaria del Consejo Superior, Acta N°2/2023 de la Universidad de Aysén; se dejen sin efecto todas las liquidaciones de remuneraciones, confeccionadas por la Dirección de Administración y Finanzas de la recurrida, de fechas 27 a 29 de Septiembre del año 2023, debido a no ser efectivo el hecho de haberse pagado íntegramente sus remuneraciones, como aparecen en ellas; se reconozca su derecho a que se paguen sus remuneraciones de forma íntegra y ordene a la recurrida el pago de los dineros adeudados, en un plazo perentorio; y, se decrete que el “cambio unilateral de la modalidad contractual” (sic) acusado por parte de los recurrentes, es arbitrario e ilegal.

UNDÉCIMO: Que, en dicho escenario, cabe señalar que las materias sobre la que versa el presente conflicto, así como lo pretendido por los recurrentes, exceden en demasía el margen de conocimiento del presente arbitrio, pues tales controversias convergen en asuntos de un carácter eminentemente técnico, jurídico y con todos los antecedentes necesarios para dicho pronunciamiento y las alegaciones, medidas a adoptar, alcances y determinaciones respecto del fondo de la cuestión, requieren para su correcta resolución, que sean ventilados en un juicio de lato conocimiento, para que de este modo, la autoridad facultada por ley, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, todo lo cual, además, permite descartar la existencia de un derecho indubitado en favor de los recurrentes, pues es preciso que tales derechos sean primeramente declarados en un juicio que cumpla con las etapas necesarias para garantizar su correcto entendimiento y resolución, lo que en eventualmente, le habilitaría para recurrir en estas instancias.

DUODÉCIMO: Que, de lo razonado precedentemente, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista a los recurrentes, y que los habilite a obtener una sentencia cautelar favorable a sus intereses, desde que su alegación se sustenta principalmente, en cuestiones de orden contractual y remuneracional, lo que necesariamente debe descartarse por estar sometido a un procedimiento reglado y que a todas luces corresponde a las vías legales previstas por el legislador y que regulan la materia.

DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 175, letra b), del Código Procesal Penal, en orden a la obligación de denuncia que exige a estos sentenciadores y observándose que se ha manifestado por los recurrentes el hecho de haberse confeccionado liquidaciones de sueldos, ideológicamente falsas, compúlsense estos antecedentes y remítanse al Ministerio Público, Fiscalía de Coyhaique, a fin de que investigue la eventual comisión de un ilícito penal.

Por estas consideraciones, atendido el mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y demás disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- SE RECHAZA, sin costas, la excepción de extemporaneidad planteada por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Aysén, en favor de los funcionarios individualizados en lo expositivo de la presente sentencia, en contra de la Universidad Estatal de Aysén, representada legalmente por su Rector, don nombre reservado, ya individualizado, sin perjuicio de ejercer los demás derechos y acciones que le franquee la ley, ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

III.- Cúmplase con lo dispuesto en el fundamento Décimo Tercero precedente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no suscribe la presente sentencia la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de su feriado legal.

Rol N°: 326-2023.- (Protección).-