nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Coyhaique, once de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 325-2018, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, casado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quién de conformidad en los dispuesto a lo establecido en artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de la CCAF LOS ANDES, RUT N° RUT reservado, representada para estos efectos por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, adopte las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, en especial el legítimo ejercicio del Derecho Constitucional establecido en el artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, de cuyo legítimo ejercicio se ha privado a este recurrente, a consecuencia de la acción arbitraria y carente de toda atribución legal, ejercida por esa entidad, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expone:

Con fecha 06 de diciembre de 2018 recibió un llamado telefónico por parte del Presidente de la Asociación de Empleado del Poder Judicial don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quien puso en conocimiento a quien suscribe, de una deuda impaga, la cual no habría sido descontada por la Asociación de Funcionarios del PJUD., en los meses de octubre y noviembre del 2018. Revisadas las liquidaciones de sueldo de los meses señalados, a saber de octubre y noviembre de 2018, se percató que la CCAF LOS ANDES ha solicitado a su actual empleador, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, descontar de su remuneración mensual, la suma de $113.272 (ciento trece mil doscientos setenta y dos), en los meses de octubre y noviembre 2018; las cuales enteran un total de $226.544 (doscientos veintiséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos), en circunstancias que no tengo compromisos comerciales con la Caja de Compensación antes mencionada, desconociendo el concepto al cual corresponden dichos cobros. Que, de acuerdo a lo informado por el área de remuneraciones de su actual empleador, estos descuentos obedecerían a cuotas correspondientes a créditos antiguos, que habría suscrito el año 2007 con la Caja de Compensación La Araucana, los cuales no fueron descontados ni pagados por su empleador en ese entonces. (I. Municipalidad de Cochrane).

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamenta su recurso, que en el evento de existir una obligación de pago por su parte, su intención siempre será cumplir con sus obligaciones, en el evento que estas efectivamente existan, pero en este caso no ha sido notificado de cobro por estas supuestas deudas, o al menos informado sobre el concepto al cual corresponden dichos descuentos, como tampoco fue advertido por la Caja de Compensación Los Andes, al menos en un tiempo previo prudente, del descuento que se solicitaría realizar de su remuneración mensual, siendo por tanto la actitud de la recurrida indirecta, del todo arbitraria, abusiva e ilegal, vulnerando su derecho de propiedad sobre su remuneración, privándole del beneficio económico producto de su trabajo, más aun cuando con dicha acción ha generado un problema mayor puesto que al darse prioridad al descuento solicitado por la CCAF LOS ANDES, le ha impedido cumplir con otras obligaciones de las cuales sí ha aceptado en forma voluntaria, que se realice el descuento directo de su sueldo. En tal entendido no existe norma que permita cobrar sin una clara, actual e indubitada obligación, mediante la apropiación de parte importante de su salario mensual, más aún sin siquiera acreditar la existencia de dicha obligación, como es el caso, sino más bien basándose en un acuerdo suscrito entre Cajas de Compensación denominado "Proyecto Intercaja", intentando de esta forma revivir en forma arbitraria un beneficio que la ley contempla para el cobro oportuno.- Manifiesta, que la acción arbitraria ejercida por parte de la Caja de Compensación Los Andes, ha vulnerado las Garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 16 y 24, privándole del ejercicio de sus derechos, y la justa retribución y administración de sus ingresos producto de su trabajo.- Seguidamente, cita jurisprudencia reciente en Rol de Protección N° 5127- 2016 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, que en su considerando 4o señala : "Que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 señala que : Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora; no cabe duda que dicha norma es aplicable sólo a aquellas deudas que son exigibles, puesto que se desprende con nitidez que el objetivo de dicha disposición legal es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero de ninguna manera transformar tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debió haberlo dicho de manera expresa, puesto que, además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones". En este entendido, la Jurisprudencia en Rol 53-2012 de la lltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, señala al respecto: "Que el artículo 54 y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio a la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas, que tiene como objetivo, esta última, garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y luego el artículo 58 obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una posible deuda haya sido contraída con mucha antigüedad en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio contra los deudores e sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en el presente caso y sin que se haya dilucidado previamente las circunstancias de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer"… Que, en lo pertinente el mismo fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, señala: "Que de lo señalado precedentemente, no cabe sino concluir que la recurrida en su actuar, vulneró en forma ilegal y arbitraria la garantía constitucional que se encuentra establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, puesto que al ordenar efectuar los descuentos de dinero que se realizó en las remuneraciones mensuales del recurrente, produjo en éste una privación de su derecho de propiedad, específicamente sobre las remuneraciones que le correspondía percibir por los meses a que se hizo referencia", solicitando en consecuencia, suspender los descuentos que la recurrida pretenda realizar a futuro, y se condene con costas el presente recurso.

SEGUNDO: Que, con fecha veintitrés de Enero del año en curso, el abogado Sergio Abarca Vargas, informando por la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, en autos sobre recurso de protección, caratulado “nombre reservado con nombre reservado” Rol N°325-2018, señala que, los compromisos contractuales y a través del mecanismo establecidos en el artículo 22 de la Ley N°18.833, fueron informados al empleador del recurrente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los siguientes descuentos.

Mes Octubre 2018 $39.621, Mes Octubre 2018 $73.651 Mes Noviembre 2018 $39.621, Mes Noviembre 2018 $ 73.651 Mes Diciembre 2018 $39.621, Mes Diciembre 2018 $ 73.651 Asimismo, agrega el recurrido que procedió al cobro de cuotas en calidad de mandataria de la Caja de Compensación Los Andes, en su calidad de diputada para recibir el pago en solicitud del convenio y mandato reciproco “Proyecto Intercajas”.

Agrega que, en este contrato es parte, además la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Señala que, conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Con lo expuesto, tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, en operaciones de créditos, y otros datos útiles según lo detallado en las circulares N° 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que, estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Asimismo, continua diciendo que, el pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Finalmente señale que, en atención a lo hasta aquí informado y teniendo en consideración la calidad jurídica en que la recurrida ha obrado en relación a los descuentos reclamados anteriormente por la recurrente, solicita, se resuelva conforme a derecho la acción constitucional de marras y, en caso de acogerla, se les exima del pago de costas, por no mediar oposición de su parte.

TERCERO: Que, para resolver el recurso de protección planteado, es previo señalar que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, para dilucidar la materia que ha sido objeto del recurso de protección planteado y de acuerdo a los antecedentes que rolan en estos autos se puede constatar que, el acto denunciado como ilegal o arbitrario en que habría incurrido la recurrida, C.C.A.F. Los Andes y Otro, alude que durante los meses de Octubre y Noviembre, se solicitó al actual empleador del recurrente descontar de sus remuneraciones la suma de $226.544, desglosado en dos pagos de $113.272, requiriendo dicha caja de ello a su empleador, Corporación Administrativa del Poder Judicial, a fin se le descontara la suma indicada, sin que, haya aceptado o adquirido compromisos comerciales ni de ningún tipo con la Caja de Compensación recurrida, pero que obedecerían, eventualmente, a cuotas correspondientes a créditos antiguos y sus eventuales intereses, recargos y gastos de cobranza, suscritos el año 2007.

Lo anteriormente señalado, aparece acreditado en estos autos con la documentación que se acompañó, específicamente la liquidación de remuneraciones de los meses indicados, de la cual consta que efectivamente se procedió al descuento señalado y por la cantidad consignada.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes existentes, en especial liquidación de remuneraciones del recurrente, de los meses de Octubre y Noviembre de 2018, consta que su actual empleador, Corporación Administrativa del Poder Judicial, a petición o requerimiento de la C.C.A.F. LOS ANDES, procedió a descontar en la liquidación de sueldo correspondiente a dichos meses, la suma de $113.272, de lo cual aparece, entonces, que la recurrida actuó de una manera injustificada y arbitraria, desde que con ello, sin que mediara acción judicial o administrativa legalmente incoada, hizo renacer o resurgir de forma unilateral una prestación pecuniaria que atentó directamente contra las remuneraciones del recurrente, sin que haya existido un cobro oportuno, y transcurrido ello en un prolongado tiempo, lo que demuestra un desinterés en el cobro de dichas prestaciones, además que la suma que se supone adeudada representaría una deuda que aparece como actual y exigible, sin que conste fehacientemente que la recurrente tenga actualmente una deuda con la Institución recurrida.

SEXTO: Que, la actuación de la recurrida, como se dijo, es arbitraria y caprichosa ya que con este proceder obtiene un reconocimiento actual y futuro de una cuestión que, incluso atendido el tiempo transcurrido, puede ser objeto de disputa o debate el que, obviamente, debe ser conocido en un procedimiento distinto a este recurso de protección, atendida la naturaleza del mismo y, por ende, no cabe sino amparar al recurrente de la acción denunciada.

SÉPTIMO: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, privándole de un beneficio económico, el que se encuentra amparado por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido y, así se declarará.

OCTAVO: Que, no obsta a la conclusión a que se arribó con anterioridad, lo señalado por el representante de la Caja de Compensación de Los Andes, en cuanto informa que la suma de $226.544, correspondiente al descuento efectuado al recurrente, a la fecha, ha sido remesada a dicha Caja de Compensación y se encuentra a disposición de aquél para su retiro en cajas pagadoras de las sucursales de esta última, en atención a que dicha circunstancia, aparte de lo señalado, no se encuentra legalmente acreditada en estos autos mediante la documentación correspondiente.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada para estos efectos por don nombre reservado, y se ordena el cese de los descuentos efectuados, disponiéndose que la recurrida deberá devolver al actor los dineros descontados con motivos de los hechos materia de autos en relación a los créditos de consumo que le fueron entregados por la Caja de Compensación La Araucana en año 2007, y cuyo cobro llevó a cabo la Caja de Compensación y Asignación Familia Los Andes.

Se previene que el Señor Ministro don Pedro Alejandro Castro Espinoza, fue del parecer de condenar en costas a la recurrida por estimar que su conducta no se condice con la normativa legal vigente.

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente.

Redactada por la señora Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza.

Rol 325-2018.