nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, veinticinco de Octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 14 de Septiembre de 2021, comparece doña Ximena Jiménez Ulloa, abogada, en representación de nombre reservado, administrativo, Rut N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, administrativo, Rut N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Chile Chico; y nombre reservado, ingeniero en informática , Rut N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quienes, en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurren de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Rut N° RUT reservado, representado legalmente por doña nombre reservado, Gobernadora Regional, Rut N° RUT reservado, o por quien la subrogue o represente, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, específicamente, por la dictación de la Resolución Exenta RA Nª 813/78/2021, Resolución Exenta RA Nª 813/76/2021 y Resolución Exenta RA Nª 813/84/2021, todas de fecha 17 de agosto del año 2021, en virtud de las cuales se dispuso el término anticipado de sus designaciones como funcionarios públicos a contrata para el año 2021, administrativos, grado 17, 15 y 20 E.U.R., respectivamente del Gobierno Regional de Aysén, acto que ha vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando a este Tribunal de Alzada que, “deje sin efecto los actos impugnados, disponga el reintegro de los funcionarios a las funciones que correspondan, el pago de las remuneraciones devengadas durante todo el tiempo que han permanecido separados de sus cargo hasta sus reincorporaciones efectivas y asimismo, la prórroga de sus designaciones a contrata para todo el año 2022, por asistirles el principio de Confianza Legítima, todo ello, con expresa condenación en costas”.

Con fecha 20 de Septiembre de 2021, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 1 Octubre de 2021, se agregó el informe evacuado por doña Ximena Gutiérrez Jaramillo, abogado, en representación de la señora Gobernadora Regional, doña Andrea Macías Palma.

Con fecha 15 de Octubre de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 19 de Octubre de 2021, compareciendo vía telemática mediante plataforma zoom, la abogado doña Ximena Jiménez Ulloa, en representación de la recurrente, y la abogado Ximena Gutiérrez Jaramillo, en representación de la recurrida.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes de protección, fundan su acción cautelar, en los siguientes antecedentes de hecho y derecho:

Don nombre reservado, señala que ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 25 de Septiembre de 2018, mediante Resolución Exenta RA N° 813/851/2018, en calidad de Contrata, con vigencia hasta el 23 de octubre de 2018, o hasta cuando sean necesarios sus servicios, con una jornada de 44 horas semanales y Grado 19. Acota que se dictaron una serie de resoluciones, que extendieron de forma continua e ininterrumpida, su calidad funcionaria en el Gobierno Regional de Aysén, alcanzando una antigüedad laboral de 2 años y 10 meses, con una remuneración en el último año de funciones de $962.012, salvo los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en que ascendía a $1.948.277.

Don nombre reservado, indica que ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 31 de Octubre de 2018, mediante Resolución Exenta RA N° 813/867/2018, con vinculación funcionaria a contrata, para desempeñarse en el cargo de administrativo de la planta administrativos, con una jornada de 44 horas semanales y Grado 19, y a partir del año 2020, Grado 15 de la E.U.R, contrata que se extendía hasta el 31 de diciembre de dicho año, o hasta que fueran necesarios sus servicios, a partir de lo cual operaron tres sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de su nombramiento, alcanzando una antigüedad de 2 años y 9 meses, con una remuneración, respecto del último año de funciones, que ascendía a $1.175.420, salvo los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre que alcanzaba a $2.227.997.

El tercer recurrente, nombre reservado, manifiesta que ingresó al mismo Servicio, el día 1 de enero de 2019, mediante Resolución Exenta RA N°813/3/2019, mediante contrato de honorarios, por todo el año 2019. Posteriormente, su vinculación pasó a ser funcionario en calidad de contrata, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta cuando sean necesarios sus servicios, una jornada de 44 horas semanales y Grado 20 de la E.U.R. Al término, se prorrogó su contratación desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021, en las mismas condiciones anteriores, alcanzando una antigüedad laboral de 2 años y 8 meses y una remuneración, respecto del último año de funciones, de $1.005.168, excepto los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en que ascendía a $2.093.037.

Detallan que fueron destinados en Comisión de servicios a la Gobernación Provincial de Aysén (Sr. nombre reservado e nombre reservado) y General Carrera, (Sr. nombre reservado), hasta el 1 de julio de 2021, fecha en que por Resolución Exenta N° 729, se les comunicó del término de dicha Comisión de Servicios, disponiendo sus traslados y dependencia a la División de Infraestructura y Transportes, en modalidad de teletrabajo, y a contar del 2 de agosto de 2021 se les destina a dependencias del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique. Por Resolución Exenta N°814 de 4 de Agosto de 2021, se dispuso la prosecución del cumplimiento de sus funciones en modalidad teletrabajo porque no tenían lugar físico para asignarles.

Agregan los recurrentes que durante toda su permanencia fueron siempre calificados en lista 1, y que las contrataciones se imputaron al subtítulo 21 del presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional de Aysén y que el Gobierno Regional de Aysén, no cuenta con un organigrama funcionario, aprobado normativamente, como tampoco con descripciones de perfiles de cargo; razón por la cual los funcionarios son contratados en forma genérica, como funcionarios del Gobierno Regional, adscritos únicamente a la Planta Profesional, administrativa o técnica, según corresponda, con potencialidad de moverse de una unidad o división a otra, como en los hechos se ha realizado.

Sostienen que con fecha 17 de agosto de 2021, recibieron un llamado a su teléfono de la jefa del departamento de gestión y desarrollo de personas, doña nombre reservado, quien les informó que estaban desvinculados del servicio y que se les enviaría la resolución correspondiente por correo electrónico institucional. Acto seguido, intentaron ingresar a dichos correos para revisar los documentos, pero éstos habían sido bloqueados.

Los actos administrativos, correspondieron a Resolución Exenta RA Nª 813/78/2021, Resolución Exenta RA Nª 813/76/2021 y Resolución Exenta RA Nª 813/84/2021, respectivamente, todas de fecha 17 de agosto del año 2021.

En cuanto a don nombre reservado, la Resolución Exenta RA N° 13/78/2021, de 17 de agosto de 2021 expresa que se ha determinado la reestructuración de los Departamentos de Programas y Proyectos dependientes de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén, en atención a las necesidades propias del Servicio, y además no existiendo Gobernaciones Provinciales por modificación legal que las suprime, la falta de disponibilidad presupuestaria, y de dependencias en las que puedan operar los Departamentos de Programas y Proyectos, no teniendo el funcionario labores asignadas, se hace necesario poner término anticipado a su contrata.

En cuanto a don nombre reservado, la Resolución Exenta RA N° 813/76/2021, de 17 de agosto de 2021 indica principalmente que se ha determinado la reestructuración de los Departamentos de Programas y Proyectos dependientes de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén, en atención a las necesidades propias del Servicio, y además no existiendo Gobernaciones Provinciales por modificación legal que las suprime, la falta de disponibilidad presupuestaria, y de dependencias en las que puedan operar los Departamentos de Programas y Proyectos, no teniendo el funcionario labores asignadas, se hace necesario poner término anticipado a su contrata.

Respecto a don nombre reservado, la Resolución Exenta RA N° 13/84/2021, de 17 de agosto de 2021 expresa en síntesis, que se ha determinado la reestructuración de los Departamentos de Programas y Proyectos dependientes de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén, en atención a las necesidades propias del Servicio, la eliminación de las Gobernaciones Provinciales por modificación legal, la falta de disponibilidad presupuestaria, y de dependencias en las que puedan operar los Departamentos de Programas y Proyectos, no teniendo el funcionario labores asignadas, se hace necesario poner término anticipado a su contrata.

Alega que, no es efectivo que no existieran funciones que asignarles, puesto que tal como lo indica la Resolución 726 de 1 de julio de 2021, cuyo Resuelvo N° 1 indica: Establécese que lo funcionarios nombre reservado, Rut RUT reservado, nombre reservado, Rut RUT reservado y nombre reservado, Rut RUT reservado, dependerán de la División de Infraestructura y Transportes a contar del 01 de julio de 2021, asumieron las funciones de colaborar con labores que le sean requeridas por su jefatura directa, dadas las funciones institucionales que correspondan a la mencionada División, que realizarán en modalidad de teletrabajo atendidas las actuales condiciones sanitarias, acotando que el efecto de un déficit no les es imputable, máxime que sus remuneraciones forman parte de la glosa presupuestaria aprobada el año anterior y para dar cobertura a los subtítulos correspondientes respecto de todo el periodo 2021.

Añade que, la supresión de las Gobernaciones Provinciales, no tiene impacto en la organización y estructura del Gobierno Regional, ni en la dependencia de sus funcionarios, porque nunca fueron parte de él. En cuanto a la falta de “dependencias”, entendido como espacio físico de desempeño, tampoco resulta ser un cambio respecto de lo que existía, porque el Gobierno Regional, nunca tuvo dependencias físicas de su propiedad en las provincias, sino que ésta se obtenían al ser “facilitadas” por otros servicios.

Así las cosas, señala que con lo expuesto, pese a la extensa y aparente fundamentación de la Resolución de desvinculación, adolece de errores importantes y no explica, en concreto, cómo los servicios de sus representados resultan prescindibles, por lo que no satisface el estándar de motivación y razonabilidad requerido.

Agrega que, el término anticipado genera un impacto gravoso a la estabilidad funcionaria, por cuanto, sin aviso ni previsibilidad de ninguna especie, transgrede la última resolución de prórroga de la vinculación funcionaria, en este caso, la Resolución exenta RA 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, que aseguraba, a los funcionarios, a lo menos una permanencia por todo el año 2021; y en forma adicional, quebranta la estabilidad laboral ganada por más de 2 años de sus servicios, ignorando así la obligación de avisar con a lo menos 30 días de anticipación, a efectos que éste, pueda, si lo estima, hacer uso de feriados pendientes, días administrativos, descansos compensatorios, percepción de remuneraciones devengadas, como acontece con los bonos trimestrales por cumplimiento de PMG cumplidos el año anterior, etc.

Pese a lo categórica de las resoluciones de desvinculación que por este acto se impugnan, don nombre reservado, con fecha 18 de agosto de 2021, dedujo Recurso de Reposición respecto de ella, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 890 de 30 de agosto de 2021, por no modificarse los fundamentos de la resolución recurrida. En tanto, don nombre reservado y don nombre reservado, ingresaron reclamación en Contraloría General de la República, la que al no ser resuelta hasta la fecha, fue retirada.

Estima que, en el caso de autos, las resoluciones impugnadas devienen en un acto o actuación ilegal, al transgredir las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, y en arbitraria, porque sus fundamentos no satisfacen la razonabilidad requerida.

Alega que, sin perjuicio de la transitoriedad de las designaciones a contrata, la extensión de éstas está predefinida, al tiempo que la designación disponga, normalmente el 31 de diciembre de cada año; contemplándose en todo caso, la posibilidad de la autoridad respectiva, de extender su vigencia, más allá del plazo previsto, mediante la prórroga del nombramiento, normalmente por toda la anualidad siguiente.

Señala, los recurrentes gozaban de una permanencia en el servicio, continua e ininterrumpida por más de 2 años cada uno, se habían hecho plenamente acreedores de los efectos que supone la aplicación del Principio de Confianza Legítima, confianza fundada del funcionario, en que persistirá en su empleo por haberse renovado su nombramiento por más de dos años; principio acuñado por la Contraloría General de la República, entre otros, en los dictámenes N°22.766, N° 85.700 y N°6.400 del año 2018, cuyos fundamentos basales han sido refrendado por la Jurisprudencia, especialmente de esta misa Corte de Apelaciones.

Manifiesta que, la decisión informada de terminar de manera anticipada la contratación correspondiente al periodo 2021, entregando argumentos que no son efectivos ni concretos, vulnera la garantía constitucional relativa a la igualdad ante la ley.

Asimismo, estima que, el actuar de la recurrida vulnera la Libertad del Trabajo, que se encuentra consagrado a nivel constitucional, en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

En ese sentido, la libertad de trabajo detenta un carácter dual, que importa analizarla en relación a dos aspectos: a) la libertad de trabajo, en cuanto derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, b) por otra, la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley.

Alega que, la lesión a la Libertad de trabajo, se produce por el término anticipado y por privar al funcionario-trabajador del ejercicio del empleo libremente elegido por él, y la estabilidad laboral funcionaria ganada, por causas absolutamente ajenas a su desempeño, y cuyos fundamentos, además de no explicarse en plenitud, como ocurre con la alusión a la reestructuración y déficit presupuestario, violentan el plazo previamente establecido en su última prórroga.

Finalmente, manifiesta que, la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes, en relación a su cargo a contrata, toda vez que ha decidido poner término anticipado a sus contrataciones, con lo que arbitrariamente se produce una privación en la estabilidad laboral del funcionario y en el derecho que a éstos les asiste de permanecer desempeñándose en sus funciones y recibir una remuneración por ello, afectando de esta forma su patrimonio.

SEGUNDO: Que la recurrida representada por la abogada Ximena Gutiérrez Jaramillo, informando el recurso, solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

Señala como cuestión previa que, los recurrentes nombre reservado e nombre reservado, accionaron de ilegalidad en contra de la resolución que puso término anticipado a sus contratas ante Contraloría Regional de Aysén, desistiéndose de sus reclamaciones, lo cual difiere del recurrente señor nombre reservado, quien presentó recurso de reposición en contra de la Res. Exenta N° 812/76/2021 que dispuso el término anticipado de su contrata, el cual fue rechazado por Res. Exenta N°890 del 30 de agosto del años 2021, siendo esta última resolución el acto administrativo con el cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa, y que en este caso no ha sido reclamado, Por tanto, estima que se valida el actuar de esta administración, no siendo procedente entonces acoger al acción de protección respecto de un acto no terminal ni conclusivo.

La recurrida efectúa una relación de las resoluciones emanadas del Servicio, mediante las cuales se les han renovado en distintas ocasiones las diversas contratas de los recurrentes, acotando que las comisiones de servicios que desempeñaban no podían continuar, ya que fueron representadas a este servicio por Contraloría Regional de Aysén, a través del Oficio N° Nº E110469/2021, quien indicó que éstas excedían los plazos regulados por el estatuto administrativo por lo que se les tuvo que poner término, asignándoles funciones en una división nueva de este Gobierno Regional y manteniéndolos en sistema de teletrabajo por la situación de pandemia, por no existir dependencias habilitadas para ellos en dependencias del Gobierno Regional y hasta que sus jefaturas pudieren asignar funciones específicas.

Agrega que, las terminaciones anticipadas de los recurrentes son actos administrativos fundados, ya que contienen una extensa fundamentación que explica, en concreto, porqué los servicios de los recurrentes resultan prescindibles, criterio que no puede aplicarse a las restantes 78 contratas vigentes en nuestro servicio, las que pese a déficit presupuestario se deben mantener.

Señala que, en los recurrentes operó la terminación anticipada en virtud de un acto administrativo dictado por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones legales, notificada dentro de plazo legal y motivada, demostrando con ello que las Resoluciones Exentas N°813/78/2021; 813//76/2021 y 813/84/2021, todas del 17 de agosto del año 2021, son actos administrativos que cumplen con los requisitos de competencia, forma, fin, motivo y objeto.

En cuanto a la procedencia de la acción impetrada en autos, estima que considerando que la arbitrariedad, es la forma de actuar basada sólo en la voluntad o en el capricho y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, se destaca que la decisión de la autoridad de terminar anticipadamente las contratas de los recurrentes, resulta razonable y fundada en argumentos precisos y determinados, ajustados a la legalidad vigente tanto en el actuar de la autoridad como en la ejecución propia del acto.

Agrega, respecto a la Igualdad ante la ley que, los recurrentes hacen sólo una mención de la garantía constitucional y una eventual relación con la discriminación arbitraria sin relación al caso en particular, ni describir fácticamente como se conculca su derecho más allá de calificar el actuar de la autoridad como carente de lógica, de justificación racional o razonable sin respaldo técnico, etc.

Asimismo, respecto a la libertad de trabajo y su protección, no se expresa por los recurrentes como se ve afectada la garantía constitucional que cita, sumado a que sin relación de hechos que se vinculen con la garantía constitucional alegada que es solo descrita, no puede darse por establecida la forma en que la garantía se afecta o pone en riesgo.

En lo concerniente al derecho de Propiedad, los recurrentes señalan que su derecho de propiedad se ha vulnerado toda vez que se puso término anticipado a la contrata que servían los recurrentes ya que con ello se le priva de la estabilidad laboral, de desempeñarse en sus funciones y de percibir una remuneración, lo que resulta efectivo, pero dicha afectación al derecho de propiedad es legitima ya que no mantenían estabilidad en el empleo, pues una contrata es normativamente un cargo transitorio, más aún, cuando se desempeñaron siempre en comisión de servicio y en un servicio que se ha suprimido legalmente como ocurre con las Gobernaciones Provinciales, por lo que si bien la afectación existe, ésta es legítima.

Por lo expuesto, solicita se rechace la acción constitucional impetrada en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expuestos por las partes en su recurso e informe respectivos, y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

Respecto de don nombre reservado:

a) Que ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 25 de Septiembre de 2018, mediante Resolución Exenta RA N° 813/851/2018, en calidad de contrata.

b) Que mediante Resolución Exenta N° 813/861/2018, de fecha 26 de octubre de 2018, es designado a contrata de reemplazo, desde el 24 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2018; mediante Resolución Exenta N°813/170/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, se le designó en calidad de Suplente, desde el 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2018; mediante Resolución Exenta TRA N° 813/7/2019, de fecha 6 de febrero de 2019, se designó en calidad de suplente, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; a través de Resolución Exenta RA 813/429/2019, de fecha 5 de junio de 2019, se le designó en calidad de Funcionario a Contrata, grado 19, de la EUR de la planta de administrativos, con vigencia desde el 4 de febrero al 30 de abril de 2019; por Resolución Exenta RA 813/457/2019, de fecha 8 de julio de 2019, se extendió la vigencia de su designación a contrata, desde el 1 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019; a través de Resolución Exenta RA N° 813/487/2019 de fecha 15 de octubre de 2019, asciende a grado 17 de la EUR, a contar del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019; asimismo, la contrata del año 2019 del recurrente fue renovada en los mismos términos para el año 2020 por resolución 813/498/2019 y para el año 2021 por Res. 813/106/2020.

c) Que a través de Resolución Exenta RA N° 813/78/2021, de 17 de agosto de 2021, se dispone el término anticipado a su designación a contrata.

Respecto de don nombre reservado.

a) Ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 31 de Octubre de 2018, mediante Resolución Exenta RA N° 813/867/2018, en calidad de contrata; por Resolución Exenta RA N° 813/871/2018, de 21 de noviembre de 2018, se prorrogó su contrato por todo el año 2019, en iguales condiciones anteriores; a través de Resolución Exenta RA N° 813/492/2019, de 23 de octubre de 2019, se modifica su contratación a grado 15 en la E.U.R; mediante Resolución Exenta RA N° 813/498/2019, de 20 de noviembre de 2019, se prorrogó su contrato por el todo el año 2020, en iguales condiciones anteriores; asimismo, a través de Resolución Exenta RA N° 813/106/2020, de 11 de noviembre de 2020, se prorrogó su contrato por todo el año 2021, en iguales condiciones anteriores.

b) Por Resolución Exenta RA N° 813/76/2021, de 17 de agosto de 2021, se dispone el término anticipado a su designación a contrata.

c) A través de Resolución Exenta N° 890 de 30 de agosto de 2021, fue rechazado el Recurso de Reposición interpuesto ante la autoridad regional en contra de la resolución anterior.

Respecto de don nombre reservado.

a) Ingresó al Servicio del Gobierno Regional de Aysén, el día 1 de enero de 2019, mediante Resolución Exenta RA N° 813/3/2019, con vinculación mediante contrato de honorarios.

b) Mediante Resolución Exenta RA N° 813/510/2019, de 23 de diciembre de 2019, su vinculación pasó a ser funcionario en calidad de contrata, con vigencia desde 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020; a través de Resolución Exenta RA N° 813/106/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, se prorrogó su contratación a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021, en las mismas condiciones anteriores c) Mediante Resolución Exenta RA N° 813/84/2021, de 17 de agosto de 2021, se dispone el término anticipado a su designación a contrata.

CUARTO: Que las Resoluciones Exentas RA N° 813/78/2021, RA N° 813/76/2021 y RA N° 813/84/2021, del 17 de agosto de 2021, todas emanadas del Gobierno Regional de Aysén, que disponen el término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado, don nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, constituyen los actos administrativos impugnados por los recurrentes y que atentarían contra sus derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 n° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, debiendo resolverse si dichos actos, emanados del Gobierno Regional de Aysén, han sido ilegales o arbitrarios, o por el contrario se encuadran dentro de las facultades y atribuciones que detenta, para cursar y notificar dichas resoluciones y las motivaciones de las mismas, que decidieron poner término anticipado a las contratas de los funcionarios recurrentes.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SÉPTIMO: Que, como primera cuestión, esta Corte debe hacerse cargo de la alegación sostenida por la recurrida, respecto del recurrente nombre reservado, en cuanto éste impugnado el acto administrativo que dispuso el término anticipado de su contrata, mediante recurso de reposición ante la misma autoridad regional, frente a cuyo rechazo, no reclamó, siendo realmente aquel, el acto administrativo que perfecciona la decisión administrativa, por lo que habría convalidado el acto.

Que, deberá desestimarse tal alegación, pues si bien, el recurrente no impugnó vía arbitrio de protección la resolución que desecha su reposición, tal omisión no trae aparejado el efecto subsanar los vicios reclamados por una convalidación o aceptación del acto administrativo que dio origen a la reposición y a la presentación de esta acción cautelar, ya que frente a la notificación de la denegatoria de la referida reposición, esto es, el 30 de agosto del año 2021, el recurrente acciona de protección, dentro de plazo legal, manifestando su disconformidad respecto de ambas resoluciones, por lo que no puede estimarse que concurran en la especie los presupuestos de la convalidación, habida consideración que ésta institución apunta a dar seguridad jurídica y evitar perjuicios a los administrados.

OCTAVO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo y en la Ley 19.880.

Que, en lo pertinente el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, siendo el artículo 3° de dicho cuerpo normativo el que establece que los empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal.

NOVENO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentre dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales.

DÉCIMO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que pone término anticipado a las contratas de los recurrentes, cabe tener en consideración que las resoluciones administrativas impugnadas, se fundamentan, principalmente, en la reestructuración de los Departamentos de Programas y Proyectos dependientes de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, en la falta de disponibilidad presupuestaria y de dependencias físicas en que puedan operar los funcionarios, y en que los referidos funcionarios no tienen labores asignadas, lo cual implica prescindir de los funcionarios recurrentes y la inexistencia de las gobernaciones Provinciales por modificación legal que las suprime.

UNDÉCIMO: Que, consta de las referidas resoluciones exentas, que la decisión de poner término anticipado a la designación a contrata de los recurrentes, ha sido realizada unilateralmente y bajo el arbitrio de la autoridad regional, Gobernadora Regional de Aysén, sin evidenciarse de su examen, motivaciones que den cuenta de hechos concretos vinculados a los trabajadores objeto del término anticipado de sus contratas vigentes, que hagan insostenible a la recurrida mantenerlos en funciones, ya que la circunstancia de no tener funciones asignadas, se desvirtúa del sólo mérito de la Resolución 726 de 1 de julio de 2021, que consigna que los funcionarios nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, , dependerán de la División de Infraestructura y Transportes a contar del 01 de julio de 2021.

Que, asimismo, el fundamento de haberse desempeñado los recurrentes en comisión de servicios, las que no podían seguir reiterándose en el tiempo, junto a la no existencia de dependencias físicas y funciones específicas que asignar, el déficit presupuestario existente y la supresión legal de las Gobernaciones Provinciales, resultan inimputables a los recurrentes, a la vez que desvinculadas de su desempeño funcionario, lo que deviene en ausencia de justificación y razonabilidad del término anticipado de las designaciones a contrata de los actores.

Sumado a lo anterior, consta del proceso que el desempeño de los recurrentes no ha sido objetado, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en apariencia, al menos, incumplido, al igual que los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700 y 6.400 del año 2018, instrucciones vinculantes para la recurrida.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, no resulta razonable estimar fundados los actos administrativos en comento, en una eventual reestructuración de los Departamentos de Programa y Proyectos dependientes de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén, en atención a las necesidades propias del Servicio, a un déficit presupuestario en el Subtítulo 21, si las contratas de los recurridos se han renovado consecutiva e ininterrumpidamente por aproximadamente dos años, y en los mismos términos, lo que supone de manera grave y precisa que existe la disponibilidad de fondos para ello, atendido a que sus remuneraciones formaban parte de la glosa presupuestaria aprobada el año anterior; no obstante, el 17 de agosto de 2021, se le pone término a sus contratas de forma anticipada, fundamentado en el déficit presupuestario, sin explicar cómo ello incide particularmente en la recurrida y no en los otros funcionarios, y que conlleve necesariamente a la imperiosa necesidad de desvincularlos del Servicio, de tal forma que los actos administrativos, aparecen infundados.

DÉCIMO TERCERO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado lo dispuesto el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien, es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional e infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que subyace en los empleos de la administración pública, existiendo entre los funcionarios y los órganos de la administración del Estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, precisamente, de data del 2 de Marzo del año 2018 N° 6.400, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República, en cuanto se ha constituido en casi un axioma el que a partir de la segunda renovación de un cargo a contrata, nace la confianza legítima en el contratado de que dicha práctica será renovada en el futuro y si se procediese en contra del mismo principio, el acto debe ser motivado y fundado.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman, que la facultad de disponer el término anticipado a la designación a contrata de los funcionarios, que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de autos, ya que las mismas contratas se renovaron en variadas ocasiones, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función de los empleados, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo de la naturaleza del que lo emite, Gobierno Regional de Aysén, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose los actos reclamados, en consecuencia, en actos arbitrarios, por la ausencia de sus debidos fundamentos.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo, como lo ha resuelto reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, si una relación a contrata excede los dos años se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en los empleos a contrata regidos por la Ley 18.884 y, por consiguiente, si se ha generado una expectativa legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que ponga término a esa relación debe ciertamente dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.800, en orden a que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”; y al inciso 4 de su artículo 41, conforme al cual “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con los recurrentes, en cuanto se les ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares y según se observa en la resolución impugnada, sólo los recurrentes aparecen afectados, sin perjuicio de que el deber de motivación del acto administrativo debe emplearse para todas las personas que se encuentren en la misma situación y en el presente caso ello no se cumple.

Que, asimismo, dichos actos vulneran el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que priva a los recurrentes de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

Que, por el contrario, no se vislumbra, a juicio de esta Corte, una vulneración a la garantía del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, desde que no se ha establecido por la recurrente una lesión a la libertad de trabajo y del ejercicio del empleo libremente elegido por ésta.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el acto administrativo impugnado deviene en un acto arbitrario, por falta de una debida motivación, misma razón que deviene en su ilegalidad por infracción a los principios contenidos en la Ley 19.880; acto que infracciona la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes, libertad de trabajo y su protección, como también amenazan y perturban sus derechos a la propiedad en cuanto a la estabilidad en sus empleo y sus derechos a una remuneración, por lo que deberá acoger el recurso de protección de la manera que se dirá, no accediendo, sin embargo, a la petición de prórroga de sus designaciones a contrata de los recurrentes, por todo el período 2022, por exceder del marco de vigencia de tales designaciones como funcionarios a contrata, quienes denuncian haberse transgredido la última resolución de prórroga de la vinculación funcionaria, que les aseguraba a lo menos una permanencia por todo el año 2021, la que al parecer de esta Corte, se mantendrá vigente por este año calendario y la fecha que se dicta la presente resolución, siendo competencia de la autoridad administrativa respectiva, resolver tal pretensión en su oportunidad, sin que sirva de fundamento, por el momento, el principio de confianza legítima alegada por los recurrentes para sustentar este petitorio.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Que, SE ACOGEN, sin costas, los recursos de protección deducidos por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representado por doña nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 813/78/2021, Resolución Exenta RA Nª 813/76/2021 y Resolución Exenta RA N° 813/84/2021, todas de fecha 17 de agosto del año 2021, en virtud del cual se dispuso el término anticipado de sus designaciones como funcionarios públicos a contrata para el año 2021, como asimismo se ordena el pago de las remuneraciones devengadas durante el periodo de tiempo que han estado separados de su cargo, hasta su efectiva reincorporación.

.II.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata renovación de las contratas de los recurrentes, en el cargo que servía, estamento administrativo, grados 17, 15 y 20 E.U.R., respectivamente, del Gobierno Regional de Aysén, por todo el año 2021.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Protección N°: 324-2021.-