nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE AYSEN

En Coyhaique, a siete de Diciembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 5 de Octubre del año 2023, comparecen doña Valeska Cecilia Rivas Arias y don Juan Eduardo Castro Saavedra, abogados, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la la Municipalidad de Puerto Aysén, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido actos ilegales y arbitrarios que vulneran lo dispuesto en los artículos 19 N°1, 2, 3 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando que sea acogida su acción, y en definitiva: “1.- Que, el descuento realizado a la remuneración de nuestra representada por parte de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO AYSÉN, es un acto arbitrario e ilegal, ordenando que se deje sin efecto la restitución por la suma de $ 6.480.343; 2.- Que, la recurrida de autos, se abstenga de realizar los descuentos en los meses siguientes de la remuneración de nuestra representada; 3.- O bien, que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones en mérito de los hechos y antecedentes expuestos, pueda adoptar las medidas procedentes, con el fin de restablecer el imperio del derecho. 4.- Que, se condena a la contraria al pago de las costas.” (sic)

Señala que la recurrente es profesora de inglés en el Colegio Litoral Austral, de Puerto Aysén, desde el 23 de septiembre de 2019, hasta la fecha. Agrega que fue contratada para desempeñar el rol de docente de aula con jornada de 39 horas cursos de Pre-Kinder a Sexto básico, recibiendo como remuneración líquida el monto de $1.143.875, conforme a liquidación del mes de agosto de 2023, ya que la liquidación de septiembre fue de $0 pesos, producto del descuento arbitrario e ilegal de la recurrida.

Sostiene que, frente a una serie de enfermedades acudió al médico quien le otorgó 5 licencias médicas que fueron rechazadas por Fonasa y posteriormente por la COMPIN de la Región de Aysén, recurriendo posteriormente a la SUSESO, encontrándose pendiente su resolución.

Alega que la recurrida en calidad de empleador, arbitraria e ilegalmente, dispuso mediante la dictación de Decretos Administrativos Nº 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, que se realice un descuento en su remuneración por la suma $ 6.480.343, en 4 cuotas a contar del mes de septiembre, lo cual, transgrede normas fundamentales, siéndole notificada dicha decisión mediante orden número 00519 de fecha 20 de septiembre de 2023, de forma tal que en el mes de septiembre recibió la suma de $0 por concepto de remuneración.

En virtud de lo expuesto, la recurrida justifica su actuar sobre la base del derecho a restitución o reembolso, regulado en el artículo 63 del Reglamento de Licencias Médicas del Ministerio de Salud, estimando que su aplicación es arbitraria e ilegal, por cuanto presupone la existencia de una remuneración o subsidio percibido indebidamente, lo que no acontece en el caso de marras, por estar un recurso pendiente de resolución.

Así, la hipótesis de percibir indebidamente se configuraría al quedar firme el acto que rechaza la licencia médica, cuestión que aún no acontece por existir recursos administrativos pendientes.

En cuanto a la naturaleza y monto del descuento efectuado, esto es, la suma de $1.620.086, que asciende a 141% de su remuneración, se debe tener presente el Estatuto Docente, el que nada indica en relación a los descuentos, por lo que es aplicable el Código del Trabajo, específicamente, su artículo 58. Por tanto, en virtud de dicho artículo, sólo con acuerdo escrito entre empleador y trabajador podrán efectuarse descuentos a las remuneraciones, de forma que la recurrida se aleja del principio de legalidad, y transgrede el principio de juridicidad, y fundantes del derecho laboral. Citando jurisprudencia nacional.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, estima que la recurrida actuó de manera ilegal y arbitraria lesionando el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, lo que se traduce en que los descuentos que sufre la recurrente afectan no sólo su patrimonio, sino también su esfera emocional, por cuanto no sería posible vivir sin remuneración, transgrediendo derechos fundamentales y humanos básicos, entendiendo que la remuneración cumple una función alimenticia, que busca proveer los medios económicos suficientes para una subsistencia digna. Como segunda garantía vulnerada, señala la consagrada en el artículo 19 N° 2, de la misma Carta Política, esto es, la igualdad ante a ley, por cuanto la recurrida no ha entregado un trato igualitario a la recurrente, ya que hoy existen recursos administrativos, los cuales frente a la ley hace improcedente efectuar dichos descuentos. Así, como tercera garantía conculcada indica la establecida en el artículo 19 N° 3, de idéntica Constitución Política, que asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, de forma tal que los actos administrativos y en especial los decretos alcaldicios deben tener una causa o motivo, lo cual deriva del actuar que debe ser razonable y proporcionado, lo que no ocurre en la especie.

Por último, señala como garantía constitucional conculcada la consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, referida al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por cuanto el derecho de propiedad sobre su remuneración está siendo claramente vulnerado, desde que se va a efectuar un descuento arbitrario, aun estando pendiente un recurso administrativo.

Con fecha 10 de Octubre de 2023, se declaró la admisibilidad del recurso planteado, solicitando informe a la recurrida.

Con fecha 16 de Octubre de 2023, la abogada Andrea Morales Montecinos, en representación de la recurrida la Municipalidad de Aysén, informa al tenor de la acción de protección solicitando desde ya su rechazo, con costas, por los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que expone.

Que, al informar el recurso, señala que la recurrente se desempeña como profesora de inglés del colegio Litoral Austral de Puerto Aysén, según Decreto N° 917 de 20 de marzo de 2023, en calidad de Contrata con jornada de 39 horas semanales y cuya vigencia es desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, añadiendo que se les informa de licencias otorgadas a la recurrente desde el 6 de junio de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023, todas rechazadas por la COMPIN.

Conforme a los Decretos Nº 2653, 2654, 2655, 2656 y 2657, todos de fecha 14 de septiembre de 2023, se le informa que deberá hacer reintegro de los montos percibidos por el pago anticipado de Licencias conforme al artículo 63 del D. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, de forma tal que los montos a reintegrar son: Licencia por 21 días a contar del 6 de junio de 2023 por un monto de $1.376.256; Licencia por 21 días a contar del 27 de junio de 2023 por un monto de $1.376.256; Licencia por 21 días a contar del 18 de julio de 2023 por un monto de $1.385.391; Licencia por 21 días a contar del 8 de agosto de 2023 por un monto de $1.404.664; y, Licencia por 14 días a contar del 28 de agosto de 2023 por un monto de $937.776.

Posterior a referirse a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, señala que, el artículo 110 de la Ley N° 18.883, que contiene el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales y el artículo 36 de la Ley N°19.070, aplicable a los profesionales de la Educación del sector Municipal, establece que dicho personal mantiene el derecho a la remuneración durante los períodos que gocen de licencia médica. A su vez, el inciso primero del artículo único de la Ley 19.117, establece que los servicios de salud, las instituciones de salud previsional y las cajas de compensación de asignación familiar deben pagar a la respectiva municipalidad una suma equivalente al subsidio que le habría correspondido al trabajador.

A su turno, indica que el artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del MINSAL, expresa que la devolución o reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente por contar con una licencia no autorizada o rechazada es obligatorio.

Sostiene que, el ente Contralor ha dictaminado que la COMPIN conoce del reclamo en única instancia, de forma tal que con su resolución se pone fin al reclamo referido en el Decreto N°3 citado, por tanto dictamina que si la COMPIN ya se pronunció sobre la reclamación por el rechazo o reducción de la licencia, ésta se encontraría firme. Agregando que mediante el dictamen N° 56.059 del 2016, la Contraloría expresó que la Superintendencia de Seguridad Social no es el superior jerárquico de las COMPIN y su intervención corresponde a su calidad de autoridad técnica de control, pudiendo dejar sin efecto o modificar las resoluciones que dictan dichas comisiones, aun cuando el referido Reglamento N°3 no contemple el recurso de apelación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 5 de Diciembre del año 2023, alegando sólo el abogado don Juan Eduardo Castro Saavedra.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, la recurrente ha sostenido, en síntesis, que el hecho base, que constituye el acto ilegal y/o arbitrario cometido por el servicio recurrido, corresponde a la Orden Número 00519, de fecha 20 de septiembre de 2023, que notifica a la recurrente de la dictación de los Decretos Administrativos Nº 2653, 2654, 2655, 2656 y 2657, todos con fecha 14 de septiembre de 2023, mediante los cuales se ordena realizar los descuentos respectivos en 4 cuotas a contar de Septiembre de este año, en razón de que la COMPIN rechazó cinco licencias médicas de la recurrente, a saber, N°4-14960572, 4-15176100, 4-15339730, 4-15566072, y 4-15747075, vulnerando con ello las garantías constitucionales previstas en el N° 1, 2, 3 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debido a la existencia de un proceso administrativo pendiente iniciado ante la SUSESO, respecto a los rechazos de las licencias médicas otorgadas desde Junio de 2023 a Septiembre de 2023, la recurrida no se encuentra facultada para proceder de la forma señalada precedentemente.

QUINTO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente lo informado por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

· Que la recurrente se encuentra vinculada con la recurrida en calidad de contrata, mediante Decreto Alcaldicio N°917, de fecha 20 de marzo de 2023, debiendo cumplir con funciones propias de aula.

· Mediante Resolución de Licencia Médica emitida por COMPIN se determina el rechazo de las licencias médicas de folios N°4-14960572; 4-15176100; 4-15339730; 4-15566072; y, 4-15747075, todas ellas, por estimar que en conformidad a los antecedentes médicos aportados no existe causal médica que justifique el reposo.

· Con fecha 20 de Septiembre de 2023, se emitió Resolución Ordinaria N°000519, de la Dirección de Educación Municipal, de la Municipalidad de Puerto Aysén, por la cual se comunica la dictación de los Decretos Administrativos N° 2653, 2654, 2655, 2656 y 2657, todos de fecha 14 de septiembre, que resuelve en virtud de la decisión de la COMPIN de rechazar las licencias médicas N°4-14960572; 4-15176100; 4-15339730; 4-15566072; y, 4-15747075, la devolución o reintegro de las remuneraciones indebidamente percibidas, en 4 cuotas a contar de la liquidación correspondiente al mes de Septiembre de 2023.

· Que, conforme liquidación de remuneraciones de la recurrente, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, percibió por concepto de remuneración un líquido a pagar de $0 (cero pesos), en virtud del concepto “total descuento voluntario” que asciende a la suma de $1.570.955.

· Con fecha 20 de Septiembre de 2023 la recurrente interpone reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, en razón de las licencias médicas rechazadas.

· Con fecha 21 de Septiembre de 2023, consultado el estado actual del reclamo, se indica que éste se encuentra en etapa de “Ingreso”, lo que significa que se están incorporando los antecedentes proporcionados al Sistema de SUSESO y se está revisando la admisibilidad del reclamo.

· Con fecha 4 de Octubre de 2023, consultado el estado actual del reclamo señalado, se indica que se encuentra “Completado”, lo que implica que los antecedentes solicitados en la entidad administradora del beneficio han sido recibidos, y se han revisado y declarado válidos, encontrándose el expediente con toda la información necesaria para el análisis y estudio por parte de un profesional de la Superintendencia..

SEXTO: Que, primeramente, resulta menester tener presente lo indicado en el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud.

Así, su artículo 2, inciso segundo, señala:

“(...) La recepción a trámite de las licencias de los trabajadores dependientes no afiliados a una Isapre, deberá efectuarse en las oficinas de la Compin en cuyo territorio quede ubicado el lugar de desempeño del trabajador. (...)”

Por su parte, el artículo 4, del mismo cuerpo normativo, declara:

“Artículo 4°.- La notificación del pronunciamiento de autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas será efectuada a través de la oficina de Compin que la recibió a tramitación, o a través del sistema informático que se implemente cuando el afectado así lo haya solicitado y haya proporcionado su dirección de correo electrónico para este efecto.”

En el mismo orden, el artículo 16, refiere:

“Artículo 16.- La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

SÉPTIMO: Que, en el mismo orden, en la eventualidad que la Compin rechace la licencia médica, por considerarse que el reposo indicado por el médico tratante se considera injustificado, como efectivamente ocurrió en la especie, el afectado podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de seis meses contados desde la emisión de la respectiva resolución de rechazo, de conformidad al inciso segundo del artículo 155, del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en relación con el artículo 2, letra c), de la Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social y que a su vez, se encuentra en concordancia con el Dictamen E82937N21, de la Contraloría General de la República, desde que refrenda la circunstancia de que “la posibilidad de efectuar un ulterior reclamo ante la SUSESO no puede privar a los empleadores de la facultad y el deber de iniciar el proceso de recuperación de remuneraciones por reposos médicos rechazados o reducidos, por cuanto se produciría una incertidumbre no tolerada por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectúen reintegros de rentas una vez que la SUSESO haya emitido su pronunciamiento.” (sic)

OCTAVO: Que, por su parte, el artículo 63, del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, establece que: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.”

Que, de lo anterior se desprende que constituye un deber del empleador el adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro de los referidos emolumentos, siempre y cuando tales subsidios hayan sido por el trabajador “indebidamente percibidos”, debiendo para ello, encontrarse firme el acto que rechaza la licencia médica.

Así, a juicio de estos sentenciadores, la circunstancia de existir, en el caso de autos, un procedimiento pendiente ante la SUSESO no representa un obstáculo para que el empleador inicie un procedimiento de recuperación de remuneraciones por haberse percibido éstos de manera indebida y, en consecuencia, el actuar de la recurrida, desde este punto de vista, no resulta ser ilegal ni arbitraria.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el inciso 1°, del artículo 58, del Código del Trabajo, prescribe que: ”El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales de conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Por su parte, el inciso 3°, señala que: “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá contar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador”.

Por último, el inciso 4°, agrega que: “Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador”.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, en atención a lo razonado hasta el momento, es dable deducir que el descuento de la remuneración de la recurrente, ordenado a través de la Resolución Ordinaria N°000519, de la Dirección de Educación Municipal, de la Municipalidad de Puerto Aysén, si bien se ajusta a la normativa vigente, resulta ser arbitrario e ilegal, toda vez que ordena la deducción sin tope alguno en la remuneración de la recurrente, excediendo en demasía lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 58, del Código del Trabajo, lo que no resulta razonable y atenta contra el carácter alimenticio que tiene la remuneración, al extremo de otorgarse la suma de cero pesos por concepto de remuneración, lo que vulnera de manera expresa el derecho de propiedad que la actora tiene sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19, N° 24, de la Carta Fundamental, desde que los descuentos aplicados superan con creces el límite a la regla prevista en la norma indicada, que como se señaló establece como límite el 45% de la remuneración total del trabajador, cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas; lo que impulsa a esta Corte a acoger el presente recurso en la manera que se dirá en lo resolutivo.

UNDÉCIMO: Que, atendido lo razonado y lo que se declarará, resulta inoficioso y huelga referencia y análisis a las demás garantías invocadas por la recurrente.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 19 N°4, y artículo 20, de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado del 24 de Junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por los abogados, doña Valeska Cecilia Rivas Arias y don Juan Eduardo Castro Saavedra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, sólo en cuanto se ordena a la recurrida realizar los descuentos en la forma legal señalada en lo considerativo y cuando ello sea procedente, debiendo dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58, del Código del Trabajo, y por ende restituir a la recurrente la suma descontada en exceso en la remuneración del mes de Septiembre del año dos mil veintitrés, debidamente reajustadas, y todo otro monto que hubiere descontado por la misma causa, si fuere el caso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección Rol 322-2023.