nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a doce de Agosto del año dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, administrador de “Cabañas Calfa”, de Coyhaique, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado; con domicilio en domicilio reservado, en razón de que el recurrido habría realizado una serie de imputaciones difamatorias y difusión de las mismas a través de internet en su descrédito, acción ilegal y arbitraria que vulneraría los derechos establecidos en el artículo 19, numerales 4, 21 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que se declare “que el actuar de la recurrida es ilegal y/o arbitraria y que vulnera las garantías de los N°4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en su mérito, adopte las medidas que estime necesaria, y concreto las siguiente: 1. Que se ordene al recurrido, en el plazo de 3 días o en el más breve plazo que señale SS- Iltma., la eliminación de todo contenido publicado en descrédito de mi persona y cabañas Calfa de la ciudad de Coyhaique, en el sitio web denominado Facebook o cualquier otro similar; 2. Que se ordene al recurrido abstenerse de seguir realizando y compartiendo publicaciones de este tipo por cualquier vía; 3. Que se ordene al recurrido realizar disuclpas públicas por los mismo medios utilizados para denostarme y al recinto turístico que administro denominado cabañas Calfa. 4. Se condene al recurrido a las costas del recurso.”. (SIC).

Se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

El recurrido, don nombre reservado, informó al tenor del recurso, solicitando se rechace éste, con costas.

Se trajeron los autos en relación y en audiencia del seis de Agosto del año dos mil veinte, se recibió alegato, compareciendo, por modalidad de videoconferencia, el abogado del recurrente don nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección funda su acción cautelar indicando que el día 7 de Junio del año 2020 fue informado que el recurrido realizó publicaciones en la red social de Facebook, en un grupo que se denomina “yapo Coyhaique” y “Arriendo Coyhaique group 2020”, en las que le acusa infundadamente de una serie de situaciones e incumplimientos contractuales en el contexto del arriendo de una de las cabañas que administra, acompañando fotografías con el claro objeto de desacreditar y perjudicar su trabajo advirtiendo a la comunidad que no arriende las cabañas además de mencionar su nombre como encargado del recinto, citando al efecto publicación de Facebook del día 4 de Junio del año 2020, lo que había ya realizado, también, con fecha 30 de Mayo del mismo año, según fotografías que incluye en su recurso.; a lo que se sumó otra publicación del día 10 de Junio, por la que le acusa de prestarse para todo y amenazar a los arrendatarios, insistiendo en que fue víctima de estafa, con fotografías de las cabañas, advirtiendo que tiene sendas pruebas para comprobar sus acusaciones, señalando además, que ya son 9 personas, allegando al texto de su escrito fotografías de dicha publicación, todo lo cual, indicó, le ha afectado su honra y repercutido en su vida social y especialmente laboral, descalificando y desprestigiando su persona y su trabajo como administrador de las cabañas Calfa.

Hizo presente que en cuanto a la oportunidad para deducir el recurso, se encuentra dentro de plazo, más aún si las publicaciones aún siguen vigentes y con acceso a gran cantidad de público.

Seguidamente, alude a las garantías que estima se han infraccionado, esto es, las de los números 4, 21 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, señalando al respecto de cada una de ellas disquisiciones doctrinarias y jurisprudenciales que citó.

SEGUNDO: Que, el recurrido, por su parte, manifestó en su informe la naturaleza jurídica del presente recurso, citando al efecto jurisprudencia, haciendo hincapié en la circunstancia que para acoger una recurso de esta naturaleza, debe basarse en la existencia de derechos indubitados, sosteniendo que en la exposición de hechos y antecedentes acompañados no se ha podido acreditar la veracidad de los hechos esgrimidos, por lo que impide emitir un pronunciamiento definitivo, sosteniendo que este recurso es un fraude de etiquetas para obviar la acción de injuria o calumnia por ser de lato conocimiento.

Seguidamente se explaya el recurrido acerca de las condiciones que la plataforma Facebook exige para registrarse como usuario y las limitaciones que la misma impone a los usuarios, especialmente en lo atingente a los derechos y responsabilidades, estableciendo límites a los usuarios de la plataforma en relación a la libertad de opinión en las publicaciones que realice en dicha aplicación, en el sentido de prohibir la vulneración de derechos de terceros. De esta forma, una persona que se sienta afectado por algún comentario o fotografía que un usuario emita a través de dicha plataforma podrá iniciar el procedimiento de reclamo que para estos efectos dispone la aplicación Facebook y conseguir, en definitiva, que dicha opinión o material gráfico sea eliminado. Por lo anterior, al formar parte de una comunidad de este tipo lo que procede es iniciar un reclamo ante los administradores al sitio web o plataforma de red social en forma previa a la reclamación judicial, lo cual con todo estaría dirigida a dicha plataforma; todo ello, en relación a la garantía del número 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Respecto de la garantía que se dice infringida del número 21, del artículo y cuerpo normativos citados, cita la evolución jurisprudencial en orden a la procedencia de dicha garantía, en cuanto al Recurso de Amparo Económico, que estimó sería la vía adecuada para defender tal derecho.

Acerca del derecho del número 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, reflexiona acerca del derecho a la imagen y evolución doctrinal y jurisprudencial y acerca de lo que debería entenderse como el derecho a la privacidad que se exceptúa por el interés superior de la sociedad cuando algunos de estos asuntos privados contienen un real interés público, en directa relación con otros derechos como la libertad de expresión, de acceso a la información, entre otros.

Cita jurisprudencia norteamericana y situación en nuestro país en cuanto no existiría el derecho a la imagen propia, pero que jurisprudencialmente se habría establecido bajo el número 4, ya citado; citando, también, el artículo 2, de la Ley 19.628, sobre protección a la vida privada, señalando la excepción que la misma ley contempla.

Termina solicitando el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1, del Código Civil -, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone.

CUARTO: Que, para ello, resulta primeramente necesario tener presente que el acto denunciado como agraviante lo constituyen las publicaciones en una red social, Facebook, de los datos personales y comerciales e imágenes del lugar en donde desempeña sus labores el recurrente, con comentarios como “Quiero advertir a la gente que quiera arrendar las cabañas Calfa que están llegando a la reserva nacional que los propietarios de estas cabañas son de muy mal actuar….;no me interesa la plata pero sí me interesa que no estafen a más personas porque harto cuesta ganar el dinero Les advierto para que no pierdan su tiempo con ellos…”; repetidos el 30 de Mayo y el 4 de Junio. El día 10 de Junio, nuevamente el recurrido, en similar texto, agregó: “Ya somos 9 personas, el dueño es español y el administrador se presta para todo y amenaza a sus arrendatarios si saben de más afectados avisar por este medio..…; el tipo encargado de nombre nombre reservado jamás asistió a firmar, tal cual como sale en las imágenes que adjunto…”, y en efecto, su publican fotografías del ingreso y del recinto en donde se ubican las cabañas.

De manera que corresponde, en consecuencia, determinar si tales acciones constituyen un acto arbitrario o ilegal.

QUINTO: Que, primeramente, cabe señalar que para probar los hechos denunciados, la recurrente acompañó a estos autos pantallazos de una serie de publicaciones efectuadas en redes sociales, cuyo tenor, en lo sustancial ya se han reproducido.

SEXTO: Que, en consecuencia, los antecedentes acompañados aparecen como suficientes para estimar que efectivamente la recurrida difundió su opinión y parecer respecto de algún servicio bien o mal prestado, por la recurrente, en redes sociales cuestionando la conducta de ella a propósito de una relación comercial o prestación de un servicio, pretendiendo con ello dejar establecida su molestia por las situaciones que acusa como abusivas.

En tal sentido, las publicaciones efectuadas por medio de las redes sociales tales como Facebook, han tenido por objeto difundir esa molestia y la difusión de opiniones o calificativos, sin la posibilidad de rebatir los afectados –propietario y administrador de las cabañas-, lo que no puede tener por objeto sino obtener una afectación de la honra de a quien se le atribuye la comisión de un ilícito –estafa-, más allá de las vías que el derecho entrega para la determinación judicial de una conducta lesiva de carácter penal o civil.

A mayor abundamiento, la fácil y masiva accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad para verificar la veracidad de los antecedentes publicados a través de este tipo de plataformas, impiden a los afectados poder manifestar su propia opinión o rebatir las imputaciones expresadas en su contra, elemento que permite materializar la intención de vulneración a la honra perseguida por quien publica o difunde tales expresiones.

SÉPTIMO: Que, en efecto, las acciones de la recurrida se transforman en una autotutela de los derechos que dice se le habrían infringido, emitiendo juicios sobre el actuar del recurrente y haciendo llamados públicos con el evidente afán de que el público lector no concurra a dichas cabañas, apoyando sus asertos con una presunta conducta del recurrido que le denostó ante la opinión pública, en cuanto le desmerece su desempeño como administrador de un complejo turístico.

OCTAVO: Que, el recurrente ha estimado lesionado el derecho a la honra, protegido por el número 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, infracción que este Tribunal comparte y así se resolverá en consecuencia.

NOVENO: Que, en este sentido ha resuelto la Excma. Corte Suprema, sobre la misma materia al estimar: “Que, en lo que dice relación con las expresiones que la recurrente estima afectan su honra, todo ello para brindarle amparo en el respeto a la garantía constitucional consagrada en el n° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta Corte es de parecer que las expresiones vertidas por el recurrido en relación a la actora resultan desdorosas, pudiendo afectar la consideración que terceras personas puedan tener o formarse de ella, por lo que resultan lesivas del derecho invocado y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar por este acápite.” (C.S. Rol N° 2506-2009).” (Sentencia Corte Suprema de 30 de Julio de 2018, en causa Rol 14.998-2018).

Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: “Que, sobre esta materia, el Tribunal Constitucional ha expresado que “El derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial, cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación masiva…” (Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2071 y Rol Nº 2085).” (Sentencia Corte Suprema Rol 18.676-2018 de 26 de Noviembre de 2018).

DÉCIMO: Que, en consecuencia, se accederá a las peticiones contenidas en el recurso, a excepción de la solicitud de la recurrente, consistente en que se ordene a la recurrida a emitir disculpas públicas, desde que ello escapa a la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional.

UNDÉCIMO: Que, en mérito de lo razonado huelga, en consecuencia, referirse o proceder al análisis de las demás garantías y derechos invocados por la recurrente, por resultar inoficioso a los fines que pretende.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado del 24 de Junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve que: SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado y en consecuencia, se ordena que el recurrido, don nombre reservado, deberá eliminar, dentro de tercero día a contar de que la presente sentencia quede ejecutoriada, las publicaciones realizadas en redes sociales Facebook o cualquier otro similar, tanto de las fotografías de las cabañas que administra el recurrente, como de las expresiones incorporadas a éstas, absteniéndose, en lo sucesivo, de efectuar anuncios del mismo o semejante tenor, en ésta u otra vía análoga.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 321-2020.- (Protección).