nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

En Coyhaique, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 8 de septiembre de 2021, comparece JOAQUIN BIZAMA TINADO, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, ciudadano colombiano, con residencia temporal en Chile, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en contra de la SUBSECRETARÍA DE INTERIOR, Rol Único Tributario N° 60.501.000-8, representada por nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, por cuanto estima la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República; pidiendo a esta Corte expresamente lo siguiente: “1.- Que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión consistente en la falta de respuesta a la solicitud de permanencia definitiva realizada por el Sr. nombre reservado con fecha 10 de octubre de 2019, complementada el 08 de julio de 2020, sin que haya habido hasta la fecha, un acto administrativo terminal del procedimiento que resuelva la petición indicada. 2.- Se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República. 3.- Que se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de cinco días desde que la Sentencia de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriada, teniendo especial atención en el hecho de que el amparado cumple con todos los requisitos para que se le otorgue la permanencia definitiva y que, además, cuenta con un importante arraigo en Chile, como lo es su familia compuesta por su cónyuge chilena y sus 2 hijos, el menor de ellos nacido en Chile. 4.- Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente lo señalado en el artículo 69 de la Convención Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en orden a tomar medidas adecuadas para que la situación migratoria irregular del amparado no persista. 5.- Se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la igualdad ante la ley y la integridad psíquica. 6.- Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto de la afectada.”

Funda su recurso en que el recurrente, don nombre reservado, de 35 años de edad, de nacionalidad colombiana, casado con una chilena y padre de dos hijos, ingresó a Chile el 6 de junio de 2018, con Visa Temporal, de fecha de vencimiento el 27 de noviembre de 2019 y que antes de que ésta venciera, con fecha 10 de octubre del año 2019, realiza la solicitud de permanencia definitiva, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), órgano dependiente de la Subsecretaria del Interior, con el fin de resolver su situación migratoria.

Indica que hasta la fecha de interposición del recurso, han transcurrido 22 meses de haber realizado la solicitud de permanencia definitiva antes referida y más de 14 meses de haber acompañado todos los documentos requeridos a su solicitud, sin que haya tenido respuesta de su petición.

Sostiene que tal situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que, le ha impedido poder renovar su carné de identidad. Privándole de aquellas diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible, como obtener licencia de conducir, realizar trámites bancarios, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, celebrar actos y contratos, entre ellos contratos de prestación de servicios y de trabajo que no ha podido suscribir al no tener su situación migratoria regularizada.

Sostiene en cuanto a la ilegalidad, que el acto recurrido infringe la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), específicamente indica:

El “Artículo 7º. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. […]”

El “Artículo 8º. Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”

El “Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado.”

El "Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

El "Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa." El "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final." También se refiere al artículo 8 de la ley N° 18.575, que establece: “Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte Cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.”

Luego, sostiene que la omisión arbitraria e ilegal denunciada, ha conculcado las siguientes garantías constitucionales:

1.- El derecho a la integridad síquica consagrado en el artículo 19 N° 1° de la Constitución, ya que se ha afectado su estabilidad psíquica, generándole a diario perturbadores temores sobre la posibilidad de ser expulsado a su país de origen, no obstante, su cónyuge y madre de sus 2 hijos es chilena. En este sentido, el riesgo de expulsión en este caso implica una amenaza y una perturbación efectiva a la garantía de la integridad psíquica del recurrente.

2- El derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, desde que se le ha brindado un tratamiento diferenciado que es arbitrario, en relación a otras personas cuya regularización extraordinaria fue aceptada o, en los casos de presentación de recurso de reposición, se les ha dado respuesta, dado que han transcurrido 22 meses desde la presentación del recurso de reposición por parte del recurrente, sin recibir respuesta. En tal sentido, es obligación del Estado otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que se encuentran en la misma situación, lo que no se ha cumplido en estos casos, ya que se trata de personas que habiendo cumplido con las obligaciones que les impone la ley, transcurrido 22 meses, aún no obtiene respuesta.

Con fecha 17 de octubre de 2021, la recurrida evacua el informe el recurso de protección, solicitando que éste se rechace por no tener oportunidad, y al mismo tiempo, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar, perturbar o amenazar ninguno de los derechos fundamentales de la recurrente. Precisa que el 12 de octubre de 2021, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, le informó al recurrente que su solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio, debiendo pagar los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, lo que importa un prerrequisito para resolver lo pedido, sin que a la fecha del presente informe haya hecho el pago de los derechos correspondientes a su solicitud de permiso de permanencia definitiva, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, por lo que no es posible para esa autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro. De no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los derechos, llevan a la autoridad migratoria a la obligación de rechazar lo solicitado, en conformidad al artículo 81 y artículo 133, inciso segundo, del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva. Agrega que si en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por el recurrente, ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos y vigente el plazo para ello.

Con fecha 21 de octubre de 2021, la recurrida amplía su informe, pidiendo que se rechace el recurso de protección, ya que éste ha perdido oportunidad, desde que la solicitud de permanencia definitiva fue acogida mediante Resolución Exenta N° 131.488, de fecha 18 de octubre de 2021, otorgándosela al recurrente.

Con fecha 5 de noviembre de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 8 de noviembre de 2021, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, especialmente del documento acompañado por la recurrida en su ampliación de informe, apreciados conforme a la sana crítica, es un hecho de a causa que se dictó por la recurrida la Resolución Exenta N°131.488, que es del siguiente tenor:

“ SANTIAGO, 18 de Octubre de 2021 VISTOS : Lo dispuesto en los artículos 13, 41 inciso 2° y 42 inciso 1° de la Ley de Extranjería, Decreto Ley N° 1094 de 1975, y sus posteriores modificaciones; en los artículos 13, 80, 81 y 82 inciso 1° del Reglamento de Extranjería, aprobado por el Decreto Supremo N° 597/1984; en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 296/1995; en la Resolución Exenta N° 5912/2018, todos de este Ministerio; y en la Resolución N° 7 de fecha 26/03/2019 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO :

1.- La solicitud de permanencia definitiva presentada por el extranjero que se individualiza en la parte dispositiva de la presente resolución.

2.- Lo informado por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

3.- Que el solicitante cumple con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso primero de su Reglamento.

4.- Que, corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública pronunciarse respecto de solicitudes de permiso de permanencia definitiva que se presenten por los extranjeros residentes, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13 y 41 inciso 2° del D.L. N° 1094/1975.

5.- La facultad delegada por Resolución Exenta N° 5912 del 26 de octubre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

RESUELVO:

1) OTÓRGASE, permiso de Permanencia Definitiva en el país a el extranjero: Don nombre reservado RUN: RUT reservado ID RUT reservado) COMUNÍQUESE a la Policía de Investigaciones de Chile, a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, y al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su conocimiento y fines consiguientes.” (SIC)

QUINTO: Que, resulta pertinente precisar que el recurrente ha hecho consistir el acto u omisión arbitrario o ilegal, en la circunstancia que con fecha 10 de octubre del año 2019, aquél presenta una solicitud de permanencia definitiva, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), órgano dependiente de la Subsecretaria del Interior, habiendo transcurrido 22 meses, sin que haya tenido respuesta de su petición, lo que le vulnera sus derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República; pidiendo que: 1.- Se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión consistente en la falta de respuesta a la solicitud de permanencia definitiva; 2.- Se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República. 3.- Se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de cinco días desde que la sentencia de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriada. 4.- Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente lo señalado en el artículo 69 de la Convención Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en orden a tomar medidas adecuadas para que la situación migratoria irregular del amparado no persista. 5.- Se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la igualdad ante la ley y la integridad psíquica. 6.- Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto de la afectada.

SEXTO: Que, el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, desde que la omisión ilegal y arbitraria imputada a la recurrida, consistente en no pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente se encuentra satisfecha, dado que es un hecho inconcuso de la causa que, con fecha 18 de octubre de 2021, aquella dictó la Resolución Exenta N°131.488, que otorgó permiso de Permanencia Definitiva en el país al extranjero recurrente, don nombre reservado; en consecuencia, habiendo desaparecido la omisión fundamental que sustenta la presente acción constitucional, deberá rechazarse ésta.

SÉPTIMO: Que, lo anterior se reafirma con lo solicitado en el recurso, en cuanto a que esta Corte ordene a la administración resolver la solicitud de permanencia definitiva, como lo pide expresamente el recurrente, ya que ello resulta inoficioso, porque tal petición ya fue resuelta, incluso a su favor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por JOAQUIN BIZAMA TINADO, en favor de nombre reservado, en contra de la SUBSECRETARÍA DE INTERIOR, representada por nombre reservado, sin costas, por estimar que el recurrente tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 320-2021.-