Protección contra Gobernador Provincial de Coyhaique

Coyhaique, dos de Junio de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 6 a 8, comparece don nombre reservado, RUT RUT reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra del Gobernador Provincial de Coyhaique, don nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente, con domicilio en domicilio reservado, por las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran de manera continua sus derechos y libertades fundamentales, establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, solicitando, en definitiva que, restableciéndose el imperio del derecho y las demás providencias que el Tribunal de Alzada estime adecuadas, se declare la inmediata reincorporación a su cargo en la Gobernación Provincial, grado 8° de la Escala Única de Sueldos; se dejen sin efecto todas la actuaciones de la recurrida que importen su desvinculación del cargo; se le haga pago íntegro de sus remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación al servicio, con costas del recurso; acompañando la documentación que corre de fojas 1 a 5 y de fojas 29 a 32.

A fojas 10 se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a los recurridos.

De fojas 16 a 24, rola informe del recurrido a través del abogado Abdallah Fernández Atuez, quien solicita se rechace el recurso, se niegue lugar a la acción incoada por el recurrente, rechazándola en definitiva en todas sus partes, en virtud de los argumentos expuestos en su informe, con costas; acompañando la documentación que se ordenó agregar de fojas 12 a 15.

A fojas 26, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección, don nombre reservado, funda su acción cautelar en las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran de manera continua sus derechos y libertades fundamentales, en cuanto al derecho de igualdad ante la ley dado que no se han respetado los parámetros legales y administrativos para poner fin a su contrata y porque existiendo personas en su misma condición jurídica y modalidad contractual, no han sido objeto de desvinculación apareciendo que es la sola arbitrariedad del recurrido, el motivo para separarlo de su trabajo. Que si bien la jurisprudencia administrativa y judicial ha establecido que la fórmula contenida en la resolución que señala “hasta que sean necesarios sus servicios”, tiene fuente contractual y no legal, por cuanto no se encuentra entre las causales contenidas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo, asistiendo a cada administración fijar su sentido y alcance, ello debe quedar circunscrito dentro de márgenes de razonabilidad y de la constatación que los actos administrativos sean motivados, conforme lo ordena el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política del Estado en concordancia con lo establecido en el artículo 11 inciso 2° y 41 de la Ley 19.880, lo que en la especie no se ha verificado, existiendo un mero deseo de la autoridad de desvincularlo, lo que se hace patente de la sola lectura de la notificación de cese de funciones, no existiendo ningún motivo allí expresado. En lo que respecta al derecho de propiedad, dice que este se encuentra amenazado y vulnerado por cuanto, al poner término en forma arbitraria e ilegal a su contratación, se le priva de las remuneraciones a que se ha obligado la administración en virtud del contrato.

Durante la vista de la causa, concurrió a estrados la abogado doña Francisca Javiera Seijas Fuentes, en representación del recurrente, quien pidió a esta Corte que se acogiera en todas sus partes el recurso de protección, con costas, porque los recurridos han infringido las garantías de los n° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, referidas a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de su representado, reiterando los mismos argumentos señalados en el escrito que contiene el recurso. Y en cuanto a la extemporaneidad del recurso, alegada por la recurrida, dice que no es tal, puesto que la fecha del 31 de Marzo de 2014, indicada como cómputo del plazo para recurrir, es su solicitud de renuncia, la cual él se negó a firmar y a renunciar, en tanto la resolución por la cual se le pone término a su contrata, es de fecha 11 de Abril de 2014, por lo que su recurso fue presentado dentro del plazo permitido.

SEGUNDO: Que, la recurrida, al evacuar el informe que le requirió esta Corte, señala que la acción interpuesta fue presentada ante la Corte de Apelaciones con fecha 2 de mayo de 2014 y ello hace que el recurso deba ser declarado extemporáneo, por cuanto ha transcurrido con creces el plazo de treinta días corridos para su interposición, contados desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esto es, el 31 de marzo de 2014.

En cuanto al fondo, solicita se declare la inexistencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional, consagrada en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por carecer de fundamento legal, ya que expone que el actuar de la parte recurrida, se basó en las facultades legales que le competen exclusivamente según la Carta Suprema, en sus artículos 6 y 7, en relación con las referidas normas del Estatuto Administrativo y de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, argumentando que el artículo 83 de la citada ley N° 18.834, que garantiza la estabilidad en el empleo y la permanencia en el cargo de los funcionarios que los desempeñan, tiene como excepción que exista causa legal de expiración de funciones, como ha ocurrido en esta oportunidad. No pudiendo ser reprochada como arbitraria una facultad ejercida en el marco de la ley y dentro de la esfera de atribuciones que por mandato legal le han sido conferidas al informante de este recurso.

En cuanto a una supuesta arbitrariedad, de no habérsele expresado en forma lata y fundada el motivo de su desvinculación por parte del recurrido, esto no resulta exigible en virtud de las características propias de su situación laboral y en atención a la cláusula que dice relación con la necesidad de sus servicios.

Con respecto a las garantías constitucionales vulneradas, según el recurrente, específicamente al derecho de propiedad y derecho de igualdad ante la ley, existe una formulación forzosa y sesgada de la contraparte, careciendo absolutamente de sustento lo que sostiene dicho actor, ya que según jurisprudencia y dictámenes de la Contraloría General de la República, los empleos a contrata poseen una naturaleza esencialmente temporal, y quienes los ejercen gozan de estabilidad en el empleo que se encuentra limitada por el carácter transitorio del vínculo, de manera que la seguridad que le garantiza la Ley n° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dice relación con la circunstancia que la expiración de funciones proceda por una de las causales que la ley establezca, a menos que la contrata haya sido dispuesta bajo la fórmula, “mientras sean necesarios sus servicios”, motivo por el cual resulta forzoso colegir que los servidores designados en tal calidad, carecen de la propiedad del cargo que desempeñen, a diferencia de los funcionarios titulares, a quienes el inciso segundo, del artículo 4° de ese texto legal, les ha concedido expresamente tal prerrogativa.

Continúa señalando en relación con lo anterior, que la cesación de funciones del recurrente no constituye un acto discriminatorio, toda vez que la adopción de esa medida se encontraba contemplada en el acto administrativo que dispuso su nombramiento, que como se ha manifestado, se efectuó incluyendo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”.

Agrega, en cuanto a la transitoriedad del cargo denominado “A contrata”; y alcances de la cláusula “hasta que sus servicios sean necesarios”, cita jurisprudencia administrativa y de tribunales en la cual se considera que en este caso no se ha conculcado ninguna garantía constitucional ya que se ha actuado enmarcado dentro de las facultades que le otorga la ley, sin que sea necesario, la aceptación del afectado. Dice que la invocación del artículo 10 de la Ley N° 18.834 por el recurrente, el cual establece como plazo máximo de duración de este tipo de contratos el 31 de diciembre de cada año, disposición que en armonía con el artículo 3 letra c) de la citada ley, permite colegir de forma inequívoca la temporalidad del vínculo contractual que pretende la recurrente.

Termina citando, dictámenes del Órgano Contralor, que hablan de la facultad de poner término anticipado del empleo a contrata, y dado el carácter que reviste, no requiere aceptación del afectado ni fundamento específico para su realización, toda vez que es la autoridad la llamada a calificar las necesidades del organismo respectivo y no el recurrente, que en este caso cuestiona tal facultad.

Por todo ello, dice que el recurso de protección debe ser desestimado en todas sus partes, con costas.

EN CUANTO A LO FORMAL:

TERCERO: Que, respecto a la extemporaneidad del recurso, alegada por la recurrida, este Tribunal de Alzada está de acuerdo con la argumentación de la recurrente para desechar tal situación, puesto que la resolución por la cual éste tomó conocimiento del término anticipado de su contrato de trabajo, fue la n°982, de fecha 11 de Abril de 2014 que rola a fojas 14 y que aparece suscrita por el nombre reservado y Lillo, y no el documento por el cual la recurrida le pidió la renuncia voluntaria, fechado el 31 de Marzo de 2014, puesto que como se desprende de sus expresas denominaciones, son dos cosas distintas; por ésta se le pide la renuncia y por aquélla se le pone término a su contrata. En consecuencia al haber interpuesto su recurso con fecha 2 de Mayo de 2014, lo hizo antes del vencimiento del plazo fatal de treinta días en que le era permitido hacerlo, según lo dispone el Auto Acordado de la Corte Suprema del año 1992 en su numeral 1, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Conforme a lo antes razonado, no se acogerá la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida. EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, de los antecedentes reunidos y probanzas rendidas en autos se puede constatar que por resolución n° 982, de 11 de abril de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública suscrita por el nombre reservado y Lillo, se resolvió poner término a la designación a contrata, a contar de la total tramitación de dicha resolución, a don nombre reservado, RUT RUT reservado, profesional grado 8 de la Escala Única de Sueldos, con desempeño en la Gobernación de Coyhaique, por no ser necesarios sus servicios.

SÉPTIMO: Que, así entonces, deberá resolverse si el acto emanado de dicha autoridad de Gobierno, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario lo ha sido dentro de sus facultades y atribuciones para cursar dicha resolución, que le puso término a la contrata del funcionario que recurre de protección.

OCTAVO: Que, de los antecedentes aparejados a la causa, especialmente mérito de la Resolución Exenta n° 10625 de 19 de Diciembre de 2013 del Gobierno Interior, dictada por el Ministro del Interior Andrés Chadwick Piñera, que se adjunta de fojas 1 a 3, aparece que, estimándose necesario para el normal desenvolvimiento de las labores, se prorrogó el contrato al personal con desempeño en la Región de Aysén, resolviéndose que se prorroga el contrato, a contar del 1° de Enero de 2014 y hasta que sus servicios sean necesarios, los que en todo caso no podrán exceder del 31 de Diciembre del mismo año, a los siguientes funcionarios del Servicio del Gobierno Interior con desempeño en la Región de Aysén, en los cargos y grados de la Escala Única de Remuneraciones que se indican, adjuntándose la nómina de funcionarios para la Intendencia Regional de Aysén y luego los de las distintas gobernaciones, mencionándose el nombre del recurrente nombre reservado, entre los contratados para la Gobernación Provincial de Coyhaique. Constatándose igualmente que, en correspondencia con la resolución anteriormente mencionada, se dictó la resolución n° 982 de 11 de Abril de 2014, - objeto de la presente protección - , por la que se puso término al contrato del funcionario mencionado, por “ no ser necesarios sus servicios”.

NOVENO: Que, evidentemente, la expresión utilizada en la Resolución Exenta n° 10.625, “ Prorrógase el contrato a contar del 01 de Enero de 2014 y hasta que sus servicios sean necesarios los que en todo caso no podrán exceder del 31 de Diciembre del mismo año”, fue lo que permitió precisamente la dictación de la Resolución n° 982, donde se pone término a la contrata del recurrente, citándose expresamente la expresión “ por no ser necesarios sus servicios”.

DÉCIMO: Que, para resolver el presente recurso ha de tenerse presente que los empleos a contrata se encuentran reconocidos en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, en cuyo artículo 3° señala, que empleados a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia la señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley.

DÉCIMO PRIMERO: Que, según se observa de los documentos examinados, no obstante que con fecha 19 de Diciembre de 2013, fecha de la dictación de la resolución exenta n°10625, se decidió prorrogar el contrato al recurrente a contar del 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, tan sólo cuatro meses después de haberse dictado la resolución anterior, la autoridad de Gobierno Interior, con fecha 11 de abril de 2014, en la citada resolución n° 982 resolvió poner término al contrato de trabajo del funcionario indicado, comprobándose en el Vistos de la misma, que dicha decisión se motivó, en atención a que la designación a contrata del funcionario y su prórroga se verificó con la incorporación específica de la cláusula “ mientras sus servicios sean necesarios”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, para decidir sobre esta acción cautelar protectora de derechos constitucionales, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. En el caso sub lite la resolución cuestionada no indica las razones fácticas que conducen a prescindir de los servicios del actor.

DÉCIMO TERCERO: Que, de la atenta lectura de la resolución recurrida aparece, que esta se sustenta en que la contrata del funcionario y su prórroga estará sujeta a la condición de que sus servicios sean necesarios”, y se apoya en el artículo 3° de la Ley 18.834, en cuanto éste prescribe que los cargos a contrata son de carácter transitorio, pero no registra ningún hecho por el cual se justifique que los servicios para los cuales fue contratado el recurrente, ya no le son necesarios a su empleador recurrido, quien al afecto cita jurisprudencia de la Corte Suprema, como asimismo dictámenes de la Contraloría General, en el sentido de que la incorporación de la cláusula “ mientras sus servicios sean necesarios”, en sus contratos, ha sido establecida para posibilitar en tales designaciones, una duración inferior al periodo de un año.

DÉCIMO CUARTO: Que, en los términos antes señalados se tiene que la resolución recurrida por la cual se pone término al contrato del recurrente nombre reservado, transcurridos, a lo menos, cuatro meses después de haberse renovado sus servicios y respecto de un funcionario que sirvió el cargo por 15 años, a contar del mes de febrero de 1999, carece de racionalidad, razonabilidad y fundamentación, dado que si bien es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al contratante recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada, para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata, antes de la fecha del término del plazo por el que fue contratado.

Tampoco puede obviarse, el documento rolante de fojas 29 a 30, en cuanto, con fecha 25 de Marzo de 2014, por Resolución Exenta n°348, al recurrente se le designa como titular de distintas funciones para las que fue contratado.

Estos sentenciadores estiman, que la facultad que tendría el empleador, en virtud de aquélla cláusula, no lo exime del deber de fundamentar sus decisiones, señalando en el acto administrativo las razones jurídicas, reglamentarias o de hecho que sirven de sustento a su decisión, debiendo dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido durante tantos años, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función del empleado, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de las garantías constitucionales reclamadas.

La de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares. Según se observa de la nómina contenida en la resolución n° 10.625 de 16 de Diciembre de 2013, son muchos los funcionarios contratados en la misma modalidad del recurrente, y sólo éste aparece afectado por la resolución n° 982, dictada por la recurrida.

Referente al derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política, éste ha sido vulnerado en cuanto la estabilidad del empleo constituye un bien resguardado por el derecho y forma parte del patrimonio personal y pecuniario del sujeto que lo detenta; este último, materializado en el derecho a sus remuneraciones, bien necesario para la seguridad material y moral del funcionario y de quienes dependen de él.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación a lo anterior cabe consignar que aquélla facultad especial que se concede a la Administración, no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y siendo de la esencia del ejercicio del Poder Público, que sus decisiones sean no sólo imparciales, sino también razonables y razonadas como lo establece el artículo 53 de la Ley 18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, en opinión de este Tribunal de Alzada, le está vedado a la recurrida poner término anticipado al contrato del recurrente, fundándose sólo en la cláusula prevista de “no ser necesarios sus servicios”, omitiendo expresamente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de este funcionario a contrata han dejado de serle necesarios, lo que conlleva entonces, a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales o el señalamiento de la cláusula en forma genérica, en las cuales se basó para adelantar excepcionalmente el término de la contrata reclamada.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.