nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE

Coyhaique, quince de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que con fecha 26 de septiembre de 2023, comparece don Nelson Javier Medina Fuentealba, abogado, en representación de don nombre reservado, médico cirujano del Hospital Regional de Coyhaique, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo Recurso de Protección en contra del Hospital Regional de Coyhaique, persona jurídica de derecho público, RUT N° RUT reservado, representada por su Director (s), don Daniel Alejandro Jara Espinoza, odontólogo, cédula de identidad N° RUT reservado, o quien lo subrogue o reemplace, ambos con domicilio en esta ciudad y comuna de Coyhaique, domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido, y que privan y perturban a su representado, en su legítimo ejercicio de los derechos fundamentales, garantizados en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 numerales 2° en cuanto igualdad ante la ley y prohibición de establecer diferencias arbitraria; 3° en su inciso 5° relativo al derecho a ser juzgado por el juez natural que corresponda, y la prohibición de serlo por comisiones especiales y; 24° en cuanto al derecho de propiedad, en este caso específico, referido a las remuneraciones de su mandante.

Que con fecha 27 de septiembre de 2023, se declaró admisible el recurso de protección, se accedió a la orden de no innovar solicitada, disponiendo la suspensión de los efectos del Oficio Ordinario N° 1301 y de la Resolución Exenta N° 6155/2023, y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Que con fecha 03 de octubre de 2023, informando el recurso, don nombre reservado, Director (S) Hospital Regional de Coyhaique, en representación del organismo recurrido, solicita el rechazo de la acción de protección.

Que con fecha 20 de octubre de 2023, se trajeron los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa el 23 de octubre del presente, compareciendo a alegar en estrados, mediante plataforma Zoom, por la recurrente, el abogado don Nelson Medina Fuentealba.

Que culminada la vista del recurso, esta Corte resolvió, como medidas para mejor resolver: a) Oficiar al Servicio de Salud Aysén, a fin que remita antecedentes relativos al cargo que desempeñó el recurrente entre marzo y mayo de 2023, y hasta la fecha, en el Servicio de Urgencia o Unidad de Cuidado Intensivo y; b) Oficiar a Contraloría Regional de Aysén, para que informe respecto de la presentación efectuada por profesionales médicos sobre el cese de la asignación de falencia por urgencia, así como la circunstancia de haber emitido pronunciamiento al respecto.

Finalmente, mediante resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2023, esta Corte de Apelaciones, requirió del Hospital Regional de Coyhaique, complementación a la información aportada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente inicia su acción haciendo alusión a Antecedentes Preliminares que considera necesarios para un mejor conocimiento, respecto de los hechos que motivan su acción constitucional.

Así señala que mediante la Resolución Exenta N° 3089, de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la recurrida, se estableció en su único considerando: “La necesidad de formalizar la unidad a la que pertenecen médicos contratados bajo la ley N° 15.075, en consideración a asignación de urgencia (artículo 2° de la ley 19.230), mediante el acto administrativo correspondiente dicto lo siguiente:”, resolviendo a continuación: “FORMALÍZASE: a contar de la presente resolución, la unidad de dependencia de médicos pertenecientes a la ley 15.075, en consideración a asignación de urgencia (art. 2° de la Ley N° 19.230)”, incluyendo a continuación una planilla de funcionarios, entre los que se encontraba el recurrente.

Que con esta resolución, se materializaba el mandato legal establecido en el artículo 2 de la ley N° 19.230, que establece a la letra: “La asignación de estímulo por especialidad en falencia se hará extensiva a los profesionales funcionarios que se desempeñen en los Servicios de Salud y en Hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en cargos de 28 horas semanales en sistemas de turnos nocturnos y en días domingos y festivos en Servicio de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo. Esta asignación ascenderá al 50% del sueldo base y será compatible con otras a que dichos profesionales tengan derecho por otra causa.

No regirán para los efectos de la fijación de este porcentaje las limitaciones de rentas a que se refiere el artículo anterior.”

Refiere el recurrente que en concordancia con la norma recién transcrita, el artículo 44 de la Ley 15.076 en su inciso 1° señala: “Los profesionales funcionarios que durante más de 20 años hayan prestado, de acuerdo con las obligaciones de sus cargos, servicio de guardia nocturna y en días festivos, quedarán exentos al término de este plazo de la obligación de prestar dichos servicios y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera que fuere el cargo que actualmente desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro estos profesionales funcionarios.”.

Esta última norma – afirma – es absolutamente clara en precisar que, aquellos funcionarios que se acojan al beneficio de liberación de guardia nocturno y en días festivos, conservarán los derechos que esas funciones les conferían, lo que se ve reflejado por el dictamen 34988/93 de Contraloría General de la República, que señala: “…porque dicho beneficio de liberación habilita a quienes se eximan del servicio de turnos nocturnos y en días festivos para seguir percibiendo los beneficios que recibían anteriormente y que tenían directa relación con el desempeño de tales guardias”. Que esta opinión vertida por el órgano contralor, deja en claro a quienes beneficia, precisando igualmente que la liberación de guardia habilita a quienes se eximan del servicio de turnos, para seguir percibiendo los beneficios que recibían anteriormente, ello por aplicación del artículo 44 inciso 1° de la Ley N° 15.076. De esta forma las personas beneficiadas con esta figura, mantienen su derecho para seguir percibiendo las asignaciones que recibían anteriormente y que tenían directa relación con el desempeño de tales guardias, como lo es la asignación de estímulo por especialidad en falencia, establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.230, que precisamente está destinado a funcionarios que se desempeñen en Servicios de Salud, en cargos de 28 horas semanales, en sistemas de turnos nocturnos y en días domingos y festivos en Servicios de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo, y aquellos que se acogieron al beneficio de liberación de guardia, por expresa disposición del artículo 44 inciso 1° de la ley N° 15.076, circunstancia en la cual se encuentra el actor, a quien le corresponde en propiedad y por el solo ministerio de la ley la asignación referida.

Dicho lo anterior, el apoderado del recurrente, aduce que las actuaciones arbitrarias e ilegales en que el Hospital Regional de Coyhaique ha incurrido, se basan en la dictación de dos actos administrativos:

1° La solicitud de reintegro de remuneraciones supuestamente percibidas indebidamente por el Sr. nombre reservado, contenida en el Oficio Ord. N° 1301 de fecha 30 de agosto del año en curso, dictada por don nombre reservado, Director (S) del Hospital Regional de Coyhaique y notificada con la misma fecha al médico afectado. En él, y sin mediar procedimiento previo de emplazamiento o audiencia, se le comunicó: “1. Junto con saludarlo, y en relación a Oficio citado en el antecedente y a Memorándum N° 75/2023 de Jefe de Oficina de Sueldos, y que dicen relación con remuneraciones percibidas indebidamente, por concepto de pago de Asignación de Falencia por Urgencia (art. 2° Ley 19230) entre los meses de Marzo a Mayo del presente año, es que debo solicitar a usted, el reintegro de la suma de $1.023.005.

2. Por lo anteriormente expuesto, se solicita acercarse a la Oficina de Finanzas del Hospital Regional de Coyhaique, para regularizar dicha deuda.

3. No obstante, cabe hacer presente, que podrá acogerse a lo señalado en el artículo 67 de la Ley 10.336, el cual indica que, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones, cuando a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.”

A este respecto señala el recurrente, que sin perjuicio de tratarse de un Oficio, al haber sido dictado por autoridad competente y en el ámbito de sus facultades, constituye un acto administrativo de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 19.880. Este criterio ha sido expresado por Contraloría, en Dictamen N° 156.769-2021, de 17 de noviembre de 2021; y también se encuentra en armonía con lo expresado por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 8857-2019.

2° La Resolución Exenta N° 6155/2023, de 17 de mayo de 2023, que modifica Resolución Exenta N° 3089/2023 dictada por Director del Hospital Regional de Coyhaique, don nombre reservado, y en virtud de la cual se establece que los médicos liberados de guardia que en dicho acto de individualizan, entre ellos el recurrente, a partir del 01 de mayo de 2023 dejarán de percibir este pago por no tener derecho a esta asignación, dejando sin efecto en forma arbitraria e ilegal, una asignación que por ley le correspondía al médico afectado, privándolo de un derecho.

A continuación el abogado del recurrente hace mención a que la acción cautelar ha sido interpuesta dentro de plazo legal, por cuanto la notificación del Oficio Ord. N° 1301 de 30 de agosto de 2023, se produjo con la misma fecha, y a su turno, respecto de la Resolución Exenta N° 6155/2023 de 17 de mayo de 2023 el médico Sr. nombre reservado, tomó conocimiento en la misma fecha en que fue notificado el Oficio ya indicado. Todo esto, conforme dan cuenta los documentos que acompaña a su presentación.

Que como tercer punto de su recurso, se avoca a ilustrar respecto al origen del Oficio Ordinario N° 1301, de 30 de agosto de 2023, y a la Resolución Exenta N° 6155/2023 de fecha 17 de mayo de 2023.

En primer término, respecto al Oficio Ordinario N° 1301, menciona que solicita el reintegro de las remuneraciones del Dr. nombre reservado, en relación al Oficio N° E349009/2023 de la Contraloría Regional de Aysén y Memorándum N° 75/2023 del Jefe de Oficina de Sueldos del Servicio de Salud Aysén.

Que respecto al primero de estos documentos, en éste se acoge reclamo deducido por doña nombre reservado, médico con desempeño en la Unidad Pediátrica del Hospital Regional de Coyhaique, por el no pago retroactivo de la asignación regulada en el artículo 2° de la Ley N° 19.230, haciendo mención a Res. Exenta N° 3.089 de 08 de marzo de 2023, en la cual se incluían como beneficiarios a médicos que no cumplían con los requisitos.

Por su lado, a través del Memorándum N° 75/2023, se enviaron planillas de reintegro por concepto de falencia urgencia (liberado de guardia), en respuesta a solicitud realizada según Memo N° 16/2023 de 30 de mayo de 2023, incluyendo en ellas al médico recurrente, respecto de quien se individualizan 3 planillas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2023, por $336.910; $341.392 y $344.703.- respectivamente.

Que el mencionado Memo N° 16/2023, fue dictado por el Jefe de Oficina de Personal del Hospital Regional de Coyhaique, y dirigido al Subdirector (S) de Gestión de nombre reservado del Servicio de Salud Aysén, requiriéndole confección de planilla de reintegro para los funcionarios que individualiza, de acuerdo al Oficio N° E349009/2023 de Contraloría, en el párrafo 3° acápite “Análisis y Conclusión”, y a lo indicado en Resolución Exenta N° 6155/2023 que modifica Resolución Exenta N° 3089/2023.

Que el recurrente, para mejor ilustración, transcribe el contenido en el párrafo 3° Acápite “Análisis y Conclusión”, del oficio N° E349009/2023 de Contraloría, para luego concluir que de acuerdo a su tenor literal, se desprende que el único objetivo de dicho documento, fue requerir información al Servicio de Salud Aysén y al Hospital Regional de Coyhaique, sin que se establezca por ningún motivo una orden de reintegro de remuneraciones. No obstante el Memorándum N° 16/2023 de 30 de mayo de 2023, lo utiliza como argumento para señalar remuneraciones percibidas indebidamente.

Que el otro documento utilizado como fundamento en el cuestionado memorándum, es la Resolución Exenta N° 6155/2023 que modifica Resolución Exenta N° 3089/2023, la que en su presentación, el recurrente también reproduce; como así también el criterio establecido por Contraloría en su Dictamen N° 34988/93, y que es citado en la Resolución antes dicha, el cual explicita el por qué los profesionales funcionarios acogidos al beneficio de liberación de guardia nocturna y en días festivos, no tienen derecho a la asignación por estímulo de especialidad de falencia de ley N° 19.230, en su artículo 2.

Que respecto de la Resolución Exenta N° 3089, de 08 de marzo de 2023, la que formaliza la unidad de dependencia de médicos pertenecientes a la Ley N° 15.075, en consideración a asignación de urgencia, incluye una planilla de funcionarios, entre los que se encuentra el médico recurrente, y respecto de quien al costado de su nombre se agregó el símbolo “*”, el cual de acuerdo a lo señalado al pie de página corresponde a “liberados de guardia”.

Que revisados en su detalle, los actos reprochados en el presente recurso, y los antecedentes en virtud de los cuales éstos se justifican y fundamentan, se reprocha por el apoderado de la recurrente, el haberse utilizado como fundamento del acto administrativo – Resolución Exenta 6155/2023 – entre otros el Dictamen N° 34988/93 de Contraloría General de la República, el cual se basa en un análisis de un hecho distinto de aquellos que pretende fundamentar la Resolución singularizada, ya que de su lectura es posible desprender que dicho dictamen tiene por objeto establecer que “los profesionales funcionarios acogidos al beneficio de liberación de guardia nocturna y en días festivos consagrado en ley 15076 art/44 entre el 23/1/92 y el 11/12/92, no tienen derecho a la asignación de estímulo por especialidad en falencia de ley 19230 art/2.”; es decir se refería a funcionarios que se acogieron a dicho beneficio en un período de tiempo acotado del año 1992, y que no tienen derecho a tal asignación porque “…dicho beneficio de liberación habilita a quienes se eximan del servicio de turnos nocturnos y en días festivos para seguir percibiendo los beneficios que recibían anteriormente y que tenían directa relación con el desempeño de tales guardias.”. También aclara a quiénes corresponde dicha bonificación, precisando que el beneficio de liberación de guardia habilita a quienes se eximan del servicio de turnos para seguir percibiendo los beneficios que recibían anteriormente, conforme al artículo 44 inciso 1° de la ley N° 15.076, que dispone: “Los profesionales funcionarios que durante más de 20 años hayan prestado, de acuerdo con las obligaciones de sus cargos, servicios de guardia nocturna y en días festivos, quedarán exentos al término de este plazo de la obligación de prestar dichos servicios y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera que fuere el cargo que actualmente desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro estos profesionales funcionarios.”.

De este modo el dictamen aludido de Contraloría, señala que los profesionales funcionarios acogidos al beneficio de liberación de guardia nocturna y en días festivos, entre el 23/1/92 y el 11/12/92, no tienen derecho a la asignación de estímulo por especialidad en falencia de la ley N° 19.230 (art. 2), por la razón que “no les permite acceder a nuevas franquicias de esa clase, establecidas con posterioridad, de las cuales ellos no disfrutaron a la época de desarrollar tales guardias, a menos que la propia ley, al establecerlos, determine lo contrario. Así, la asignación de falencia, aunque se relaciona directamente con el cumplimiento de turnos en la noche y en días festivos, se ha establecido a contar del 1/1/93, conforme ley 19230 art/4, de modo que no estaba vigente durante el período en que los profesionales consultados fueron eximidos de esa obligación, por lo cual no puede entenderse que en virtud de la citada ley 15076 art/44 tengan derecho a ella, cuando, además, el art/2 de ley 19230 nada dispone en tal sentido. Este criterio se corrobora con la ley 19230 art/6 inc/3 y art/3 transitorio, que precisan que los beneficios previstos en este texto, con la excepción que indica, entre los cuales se cuenta la asignación analizada, corresponderán a quienes obtuvieron la liberación de guardias entre el 1/1/93 y el a16/7/93, sin aludir a quienes se eximieron anteriormente.”.

Que de lo expresado, queda claro que el acto administrativo impugnado, utiliza como fundamento un dictamen que excluye a un determinado grupo de funcionarios (acogidos al beneficio de liberación de guardia nocturna y días festivos entre el 23/01/1992 y el 11/12/1992), de percibir la asignación por especialidad en falencia, de la ley N° 19.230 en su artículo 2, pero haciéndolo extensivo al recurrente, no obstante éste se acogió a dicho beneficio, a partir del 01 de enero del año 2015, lo que consta de Resolución Afecta N° 1190 de 24 de septiembre de 2014, que acompaña a su recurso.

Así, habiéndose acogido el recurrente, al beneficio de liberación de guardia, a contar del año 2015, procedía igualmente mantenerle la asignación de estímulo por especialidad en falencia de la ley N° 19.230, ya que el primero de los mencionados, habilita a quienes se eximan del servicio de turnos nocturnos y de días festivos, para seguir percibiendo los beneficios que recibían anteriormente y que tenían directa relación con el desempeño de tales guardias, como lo es la asignación ya referida, que precisamente está destinado a funcionarios que se desempeñen en Servicios de Salud, en cargos de 28 horas semanales en sistemas de turnos nocturnos y en días domingos y festivos, en Servicio de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo, y aquellos que se acogieron al beneficio de liberación de guardia, por expresa disposición del artículo 44 de la ley N° 15.076, ya transcrito.

Queda claro entonces – sostiene el abogado recurrente - que el acto administrativo que se reprocha en el presente, carece de fundamento lógico para determinar que su representado no tiene derecho a la asignación establecida en el artículo 2 de la Ley N° 19.230, aun cuando el dictamen a que alude, señala lo contrario, produciéndose entonces una abierta contradicción entre la Resolución misma y su fundamento contenido en criterio manifestado por Contraloría.

Que en segundo lugar, expresa el actor, respecto del tenor y sentido contenido en el Oficio N° E349009/2023 de la Contraloría Regional de Aysén, a que alude el Oficio Ordinario N° 1301 de 30 de agosto de 2023 dictado por el Director (S) del Hospital Regional de Coyhaique, mediante el cual se solicita a su representado el reintegro de fondos, y el Memorando N° 16/2023 de 30 de mayo del año en curso, del Jefe de Oficina de Personal, en el cual se solicita la confección de una planilla de reintegro para los funcionarios que ahí se individualizan – incluyendo a don nombre reservado –, ha sido distorsionado por la contraria, toda vez que dicho dictamen en caso alguno ordenó el reintegro de remuneraciones por parte de funcionarios, sino que lisa y llanamente, se limitaba a una solicitud de antecedentes por parte de Contraloría a los servicios públicos aludidos, originada en virtud de reclamo deducido ante dicha repartición, por la médico doña nombre reservado.

Que fundamentando respecto de la ilegalidad y arbitrariedad de los actos impugnados, el recurrente se ocupa diferenciada e individualmente de cada uno. De este modo sostiene:

A) Resolución Exenta N° 6155/2023 de 17 de mayo de 2023.

A.1) Error en la fundamentación del acto:

A este respecto, contiene erróneamente la alusión al Dictamen N° 34998/93 de la Contraloría General de la República, el que corresponde a una situación particular ocurrida el año 1992, lo que permite sostener la falta de fundamentación y motivación que afecta al referido acto administrativo.

Que sobre este punto, relaciona dicha falta de sustento, con la obligación de fundamentación que pesa sobre la administración, y particularmente cuando afecte derechos de terceros, contenida en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Que en este mismo sentido, se debe atender a lo preceptuado en el artículo 41 de la misma ley, que dispone la obligatoriedad de la administración de fundar sus decisiones. Esto igualmente lo refuerza, con opinión contenida en texto Derecho Administrativo General, del autor nombre reservado, quien señala: “frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria.”

Igualmente cita jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 34.610-2021.

A.2) Falta de notificación del acto administrativo:

En cuanto a este punto, refiere el abogado de la recurrente, que de la Resolución Exenta N° 6155/2023, tomó conocimiento su mandante, en la misma fecha en que se le notifica el Oficio Ordinario N° 1301, esto es, el 30 de agosto del presente año, al requerir antecedentes a fin de esclarecer el origen de referido oficio, aun cuando dicho acto administrativo dictado en el mes de mayo de 2023, generaba consecuencias patrimoniales, afectándolo en sus derechos, al haber dejado sin efecto la Resolución Exenta N° 3089/2023, el cual otorgaba una asignación entregada por ley, circunstancia que consta en la distribución de dicho acto, enunciado al pie de la misma, no aludiendo a los afectados, contraviniendo así normas esenciales, como las contenidas en el Capítulo III de la Ley N° 19.880, referido a Publicidad y ejecutividad de los actos administrativos, y que en lo específico el artículo 45 refiere: “Procedencia. Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo…”.

A su vez, alude y transcribe la disposición contenida en el artículo 46 de la citada ley, norma esta que trata respecto del procedimiento que deberá utilizarse para proceder a las notificaciones por parte de los órganos de la administración del Estado.

Que no obstante la existencia de estas normas, que resultan ser obligatorias para la administración, el letrado señala que su representado jamás tuvo conocimiento del acto administrativo, generándose así abiertamente un incumplimiento de parte de la contraria.

Cuestiona entonces la eficacia del acto, en atención a que no se cumplió con una formalidad básica, cual es la comunicación del mismo. Refiere que la finalidad principal de la notificación, es lograr que el acto administrativo sea conocido por el interesado, para de este modo conocer la decisión adoptada, y a continuación aceptarla o bien recurrirla por los medios que franquea la ley. Continúa su argumentación planteando que la eficacia del acto administrativo, dependerá del que se comunique al interesado conforme a derecho, y de este modo conforme al artículo 51 de la ley en comento, las resoluciones que produzcan efectos particulares, producirán efectos jurídicos desde su notificación. Esto resulta concordante con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Bases, que prohíbe a la administración la realización de toda actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

De este modo – prosigue – de no contar con un acto administrativo que haya cumplido con las exigencias para su plena eficacia, entre ellas la notificación al interesado – se estaría configurando una situación antijurídica que se reconoce como vía de hecho, porque la administración carecería de título jurídico para la ejecución de la decisión administrativa. Menciona doctrina y jurisprudencia administrativa referida al punto.

Concluye este análisis, sosteniendo que los motivos que justificaron la Resolución Exenta N° 6155 de 17 de mayo de 2023, son ilegales y arbitrarios, por cuanto sus argumentos jurídicos y fácticos no tienen soporte que se ajuste a derecho, y además jamás fue notificado a su representado en los términos establecidos en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880. Por tanto no sólo se está en presencia de un acto ilegal, sino que además arbitrario porque ante la falta de motivación suficiente, se demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la generó.

B) Oficio Ordinario N° 1301 de 30 de agosto de 2023:

B.1) Falta de Fundamentación:

El oficio en cuestión, dictado por el Director (S) del Hospital Regional de Coyhaique, solicita el reintegro de remuneraciones percibidas por el médico recurrente, tomando como fundamento un oficio de Contraloría que en caso alguno se refiere a esa materia, y que tal como ha señalado previamente, tuvo por objeto acoger un reclamo interpuesto por una funcionaria, en razón del no pago retroactivo de una asignación, como así también para solicitar antecedentes al Servicio de Salud Aysén y al Hospital recurrido; invocando además la Resolución Exenta N° 6155/2023. De este modo, los fundamentos que ha tenido en vista la contraria para la generación del Oficio reprochado, no resulta aplicable para justificar una solicitud de reintegro.

B.2) Falta de Debido Proceso en la solicitud de reintegro:

Respecto a este punto, el recurrente alude que aún si se obviaran las circunstancias alegadas respecto de las ilegalidades y arbitrariedades que afectan el acto administrativo impugnado, de todos modos éste carecería de eficacia, en atención a que respecto de su decisión de ordenar al Dr. nombre reservado, el reintegro de la suma de $1.023.005.-, nunca existió la instancia previa de emplazamiento o audiencia, ya que sólo se remitió a disponer “…acercarse a la oficina de Finanzas del Hospital Regional de Coyhaique para regularizar dicha deuda.”.

Esta omisión por parte de la recurrida, vulnera el artículo 10 de la Ley N° 19.880, en cuanto al principio de contradictoriedad, que se materializa cuando señala la norma: “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.”. Cita a este respecto, fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 63.408-2021.

Así, considera el recurrente, que la actuación de la contraria, al carecer de razonabilidad, con infracción a la normativa vigente, se torna en arbitraria e ilegal, desde el momento que lo obliga a un desembolso de dinero, sin mediar posibilidad de audiencia o de presentar algún descargo, provocando entonces una total indefensión, lo que vulnera la garantía fundamental establecida en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, y también la del numeral 24 del mismo artículo, y también por incumplir las normas de la ley N° 19.880, en cuanto a la contradictoriedad.

B.3) Incorporación normativa improcedente:

En este punto el recurrente reprocha que el Oficio materia de análisis, en numeral 3°, hace alusión al artículo 67 de la Ley N° 10.336, que en definitiva establece la facultad del Contralor para ordenar descuentos en las remuneraciones de funcionarios, cuando se esté en presencia de asignaciones percibidas indebidamente. De este modo entonces, queda claro que quien detenta dicha facultad es el Contralor, y no el jefe superior de un servicio, mediante una decisión arbitraria, e igualmente radica en el mismo órgano contralor, la facultad de condonación o pago por parcialidades. Esto da cuenta que el jefe superior del Hospital Regional de Coyhaique actúa arrogándose atribuciones que no le corresponden ni le han sido encomendadas, excediendo el marco normativo y fuera de su competencia, contraviniendo los principios de juridicidad y legalidad, infringiendo lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y el artículo 2 del DFL 1-19.653 del año 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

B.4) Privación del derecho de propiedad sobre las remuneraciones:

Al ordenársele el reintegro de una asignación que le ha sido conferida legalmente, mediante un acto administrativo que omite un procedimiento regular previo, infringe normas y principios aplicables a la materia, amenaza el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de sus remuneraciones. Esto, por cuanto al tenor de lo establecido en el artículo 3 letra E del Estatuto Administrativo, la asignación en cuestión debe considerarse como parte de la remuneración del profesional funcionario.

Conforme a ello, la Resolución Exenta N° 3089 de 08 de marzo de 2023, venía a reconocer una situación establecida por el legislador y que opera de pleno derecho al acreditarse el cumplimiento de los requisitos fácticos, cuya asignación antes de la dictación de dicha Resolución nunca había sido pagada al médico recurrente, aun cuando por ley le correspondía desde la época en que se desempeñaba en el Hospital Regional de Coyhaique, en cargos de 28 horas semanales, en sistemas de turnos nocturnos y en días domingos y festivos en Servicio de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo, y haber continuado con este beneficio posteriormente a partir del 01 de enero de 2015, época en que se acogió al beneficio de liberación de guardia, conforme a Resolución Afecta N° 1190 del año 2014, dictada por el Director (S) del Servicio de Salud Aysén. No obstante, a continuación se le priva de esa asignación mediante la Resolución Exenta N° 6155/2023, que modifica la ya mencionada N° 3089/2023, y que – como reitera el recurrente – además de carecer de fundamentación y de un debido proceso, priva a su mandante del derecho de propiedad sobre su remuneración, específicamente de la asignación que le correspondía por ley.

Que siguiendo con el desarrollo del recurso interpuesto, el actor, aborda el cumplimiento de requisitos de su representado, para percibir el pago de asignación de falencia por urgencia (art. 2 Ley N° 19.230) reconocida a través de la Resolución Exenta N° 3089/2023.

Este punto lo inicia haciendo mención al artículo 44 inciso 1° de la ley N° 15.076, ya transcrito anteriormente, y su relación con el artículo 6 de la Ley N° 19.230, que establece los mecanismos para acceder a la liberación de prestar servicios de guardia nocturna y en días domingo y festivos, y siempre que el profesional funcionario cumpla con los requisitos legales. Que en concordancia con estas normas, se dictó la Resolución Afecta N° 1190 de 24 de septiembre de 2014, por el Director (S) del Servicio de Salud Aysén, don nombre reservado, y que en lo pertinente dispuso: i) la creación de un cargo adicional en extinción a contar del 01 de enero del año 2015, el que sería servido por el Dr. nombre reservado, quien solicitó la liberación de guardias nocturnas y en días domingos y festivos; ii) declaró que el médico recurrente conservaría los mismos derechos que tenía al momento de su liberación, con excepción del descanso compensatorio que concede el artículo 5 de la Ley N° 19.230; iii) el cargo adicional que se crea se extinguirá de pleno derecho cuando cese funciones dicho profesional funcionario por cualquier causa y; iv) que el gasto se imputará al Subtítulo 21 del presupuesto del Hospital Regional de Coyhaique.

Que del tenor de la resolución a que se alude, se desprende que el médico recurrente cumplía con los requisitos para acogerse al beneficio del artículo 44 de la Ley N° 15.076, como asimismo, y conforme al numeral 2 de dicha Resolución Afecta, el recurrente conservaría los mismos derechos que tenía al momento de su liberación, entre ellos se entiende, la asignación de estímulo por especialidad en falencia, establecido en el artículo 2 de la Ley N° 19.230, ya que ésta se hace extensiva a los profesionales que se desempeñen en Servicios de Salud, en cargos de 28 horas semanales, que es precisamente la planta que el Dr. nombre reservado deja vacante, ante la solicitud de liberación de guardias.

Por todo, sostiene el abogado recurrente, que a su representado le corresponde en propiedad la asignación de estímulo por especialidad en falencia, al haber cumplido todos los requisitos normativos para que opere, el cual debe ser mantenido aun cuando se haya acogido al beneficio de liberación de guardia nocturna y en días domingo y festivos, el cual fue reconocido a través de la citada Resolución Afecta N° 1190 del año 2014.

Que no obstante, al Dr. nombre reservado jamás se le otorgó la asignación aludida, la cual debió operar de pleno derecho desde que cumplió los requisitos para ella, es decir, desde la época en que se desempeñaba en el Hospital en cargos de 28 horas semanales en sistema de turnos nocturno y en días domingos y festivos, en Servicio de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo, y hasta la fecha, no obstante por Resolución Exenta N° 6155 de 17 de mayo de 2023, se establece que el médico recurrente dejará de percibir dicha asignación por no tener derecho a ella.

A continuación, el recurrente se hace cargo de fundamentar acerca de las garantías constitucionales que estima amenazadas, señalando:

1.- Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: Infracción al Derecho de Igualdad ante la Ley.

Inicia este punto, transcribiendo la disposición contenida en dicho numeral del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, para luego reiterar que la Resolución Exenta N° 6155 es ilegal y arbitraria, al tener fundamentos jurídicos y de hecho que contravienen la legislación vigente, y omitir la debida notificación al recurrente – lo que igualmente contraviene los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880. Así, el acto administrativo reprochado, sólo ha obedecido al capricho de la autoridad que lo generó, abusando con ello de la discrecionalidad administrativa. Que respecto del Oficio Ordinario N° 1301 de 30 de agosto de 2023, emanado del Hospital Regional de Coyhaique, también carece absolutamente de fundamento y motivación, yerra en la invocación normativa, priva del derecho de propiedad respecto de sus remuneraciones al recurrente, lo priva de un debido proceso, al no haber generado previamente a decisión, una instancia de emplazamiento o audiencia para el afectado, generando un estado de indefensión por la trasgresión al principio de contradictoriedad.

Con todo, se produce una directa vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, en tanto el recurrido, en su actuar debe ser igualitario en el trato respecto de todas las personas que se encuentren en similares circunstancias, y en el caso que nos ocupa, el Hospital Regional de Coyhaique, le ha dado al Dr. nombre reservado un trato distinto de otros profesionales funcionarios a quienes ha dispensado, y respecto de quienes se ha respetado todas las garantías del debido proceso administrativo. Como consecuencia de esto, y en virtud de los actos administrativos cuestionados, se pretende privar de aquí en más al recurrente, de legítimos derechos respecto de una asignación, y a su vez se le ordena el reintegro de montos ya percibidos, sin respetar el principio de igualdad ante la ley.

A este respecto, señala el recurrente que la discriminación arbitraria se ha entendido como toda distinción o diferenciación realizada por el legislador o cualquier autoridad pública, que aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable. Cita doctrina administrativa referida al punto, como así también sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol 34.610-2021.

2.- Artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República: Infracción al derecho a ser juzgado por el Juez natural que corresponda, y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales:

Comienza este apartado el recurrente, transcribiendo la norma contenida en el inciso 5° del numeral 3°, que reza: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

Así, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, se debe entender por comisiones especiales a “todo grupo que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende asumirlas sin haber atribuido de ellas conforme a derecho”. Agrega también definición del Profesor nombre reservado.

Que de acuerdo a las definiciones aportadas, sostiene el actor que ellas se ajustan a la situación por la cual se ha visto afectado su representado, ya que la decisión de extender una sanción administrativa sin respetar normas de debido proceso, y sin estar dotado legalmente de competencias en esa materia, se traduce en arrogarse facultades jurisdiccionales que corresponden al juez natural, más no a la recurrida Que aquí se violenta no sólo el debido proceso, sino que aún más, la seguridad jurídica del médico recurrente.

Que esto se materializa, aún obviando el cúmulo de situaciones ilegales y arbitrarias en que ha incurrido la contraria, e incluso asumiendo la viabilidad del reintegro solicitado a través del Oficio Ordinario N° 1301 de 30 de agosto de 2023, dictado por el Director (S) del Hospital Regional de Coyhaique, don nombre reservado, al no considerar una etapa intermedia de emplazamiento al médico afectado, ordenando además acercarse a la oficina de Finanzas del Hospital para regular la deuda, ello se transformó en una comisión especial, pues por sí y ante sí, careciendo de facultades y sin recurrir a un tribunal de derecho, se hace justicia por propia mano.

3.- Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: Infracción al derecho de propiedad.

En este punto, el recurrente reproduce el contenido de la disposición constitucional que dice infringida., para luego relacionarla con lo contemplado en el artículo 565 del Código Civil.

Prosigue el abogado recurrente, manifestando que la contraria al imponer a su mandante, el reintegro de remuneraciones – según ella – mal percibidas, mediante el Oficio ya mencionado, sin contar con un procedimiento legal previo, a través de un acto carente de fundamentación, con incorporación errada de normativa, y que viene a ejecutar una privación de remuneración a través de la Resolución Exenta N° 6155/2023 de 17 de mayo del año en curso, y sin haber notificado, constituye una amenaza al legítimo derecho de propiedad del Dr. nombre reservado, sobre sus remuneraciones, más aún cuando ella – y las asignaciones que la componen – le fue conferida por ley al cumplir los requisitos previstos para ello.

Por ello, los actos administrativos contra los que se acciona, constituyen una amenaza cierta y grave de la propiedad que el médico recurrente tiene sobre su remuneración, con los perjuicios patrimoniales que ello conlleva, quedando en evidencia que mediante dichos actos, pasando por alto los procedimientos legales, se busca hacer efectiva una responsabilidad civil, causando con ello un detrimento económico evidente.

Que ya en la parte final de su presentación, el actor hace una relación de las normativas legales y constitucionales – a su parecer – infringidas mediante la dictación tanto de la Resolución Exenta N° 6155/2023, como así también del Oficio Ordinario N° 1301; al contravenir los principios de juridicidad y legalidad. Así menciona la transgresión a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República; y artículo 2 del DFL 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; transcribiendo a continuación cada una de ellas.

Que también incurre la recurrida en vulneración al principio de contradictoriedad, establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, reforzando esta tesis, con lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en fallo dictado en causa Rol N° 63.408-2021, del cual extrae sus Considerandos Cuarto y Quinto.

Que por todo lo expresado en su presentación, termina pidiendo a esta Corte, que en definitiva se acoja íntegramente su acción constitucional, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, sobre la base de dejar sin efecto tanto la Resolución Exenta N° 6155/2023 de 17 de mayo, y el Oficio Ordinario N° 1301 de 30 de agosto, ambos del año en curso, por ser ilegales y arbitrarias; o bien lo que este Tribunal estime pertinente a fin de restablecer el imperio del derecho; todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que la parte recurrida, Hospital Regional de Coyhaique, a través de Ord. N° 1509 de fecha 03 de octubre del presente, evacuado por su Director (S), Dr. nombre reservado, informa a esta Corte que el recurrente, ostenta la calidad de titular de planta del Servicio de Salud Aysén, por lo que, y a pesar de ejercer sus labores en el Hospital Coyhaique, su jefe superior es precisamente el Director de dicho servicio.

De este modo continúa el informante, la unidad que informó las planillas de reintegro, donde figura el Dr. nombre reservado, a través de Memorándum N° 75 de 24 de agosto del año en curso, fue la Oficina de Sueldos que depende de la Unidad de Remuneraciones, única encargada sobre la materia respecto de todo el Servicio de Salud Aysén, incluido el Hospital de Coyhaique, y que depende directamente de la dirección de dicho Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, el Director (s) de la recurrida, señala que se procedió a dictar la Res. Exenta N° 6155 de fecha 17 de mayo del presente, a consecuencia de un reclamo presentado a Contraloría Regional, por funcionaria Dra. nombre reservado, quien no estaba percibiendo la asignación, que precisamente es la que se reclama en estos autos por el recurrente, lo que generó que pudieran advertir la improcedencia de entregarle dicha bonificación a todos los médicos liberados de guardia, como es el caso del Dr. nombre reservado; situación que determinó posteriormente la mencionada Contraloría a través de su Ordinario N° E349009 de fecha 244 de mayo de 2023 que en lo pertinente señala:

“Por otro lado, en lo que respecta a que la mencionada resolución exenta N° 3.089, de 2023, incorporó como beneficiarios de la asignación de que se trata a profesionales funcionarios que no cumplen con los requisitos, es del caso señalar que en el referido acto administrativo se incluye a servidores que se encuentran liberados de guardias, así como a una serie de profesionales que pertenecen a las unidades de “apoyo emergencia” y “unidad obst. y ginecología”, por lo que, en el plazo de veinte días hábiles contados desde la recepción del presente oficio, el Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y el Hospital Regional de Coyhaique, deberán informar las siguientes materias:

1.- Respecto de si se han realizado pagos del anotado beneficio a los profesionales funcionarios que se desempeñan en las aludidas dependencias del Hospital Regional Coyhaique y monto de las mismas.

2.- Respecto de cumplimiento de los requisitos para percibir la asignación de falencia por parte de los profesionales a que se refiere el número anterior, precisando la modalidad de cumplimiento de sus funciones, esto es, si se desempeñan en sistemas de turnos nocturnos y en días domingo y festivos y si éstos se ejecutan en las unidades de urgencia y/o de cuidados intensivos.”

Que en atención a la interpretación realizada por Contraloría, señala el representante de la recurrida, se vieron en la obligación de regularizar en las nóminas de los funcionarios regidos por la ley N° 15.076, que en definitiva debían gozar de la asignación establecida en el artículo 2 de la ley N° 19.230, dejando al recurrente fuera de ella, al igual como ocurrió con otros médicos liberados de guardia en igual situación.

Que con motivo de la notificación de la Res. 6155 de 17 de mayo de 2023 y a los respectivos oficios que ordenaron los reintegros respectivos, varios funcionarios médicos acudieron a Contraloría para requerir de dicho organismo, pronunciamiento respecto de este tema, dentro de los cuales se encuentra también el médico recurrente, no existiendo definición hasta ahora.

Que con lo expuesto reitera, su Dirección Hospitalaria lo único que hizo, fue cumplir con lo resuelto por Contraloría Regional, restando a dichos profesionales de las nóminas de funcionarios acreedores de la asignación en cuestión, y a continuación, se requirió el reintegro de los montos erróneamente percibidos; motivo por el que los actos administrativos reprochados por el Dr. nombre reservado, no son arbitrarios ni ilegales, ya que se dictaron bajo la interpretación administrativa efectuada por el organismo contralor, y además se dirigió a todos los funcionarios que se encontraban en la misma situación que él.

TERCERO: Que informando Contraloría Regional de Aysén, con motivo de Medida para Mejor Resolver decretada por esta Corte de Apelaciones, emite Ordinario E412865/2023 de fecha 06 de noviembre del presente, mediante el que señala que con fecha 30 de marzo de 2023, se dirige ante dicha sede regional, doña nombre reservado, médico con desempeño en la Unidad de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional de Coyhaique, para reclamar por una parte por el no pago retroactivo de la asignación regulada en el artículo 2 de la ley N° 19.230, y por la otra, hacer presente que en dicho recinto hospitalario, se habrían incluido como beneficiarios de la citada asignación, a médicos que no cumplen los requisitos para percibirla.

Por ello, mediante Oficio N° E349009/2023, relacionado con el reclamo antes mencionado, se concluyó que a la denunciante le asiste el derecho a percibirla por cumplir sus funciones en sistemas de turnos nocturnos, y en días domingo y festivos, procediendo a decretar que se paguen las rentas que se le adeudan por ese concepto.

Ahora, en el mismo documento, y en relación al pago de dicha asignación a profesionales que no cumplirían con los requisitos para percibirla, dicho organismo contralor no emitió pronunciamiento alguno al respecto, y sólo se remitió a hacer presente que la Resolución Exenta N° 3.089 de 2023, emitida por el Hospital Regional de Coyhaique, incluyó como beneficiarios de la misma a funcionarios que se encuentran liberados de guardias, así como a una serie de funcionarios que pertenecen a las unidades denominadas de “apoyo emergencia” y “unidad obst. y ginecología”.

En razón de lo anterior, se ordenó informar tanto al Servicio de Salud Aysén como al Hospital Regional Coyhaique, respecto de: i) si se han realizado pagos del antedicho beneficio a los profesionales funcionarios que se desempeñan en las aludidas dependencias del Hospital Regional Coyhaique, y monto de las mismas; ii) sobre el cumplimiento de los requisitos para percibir la asignación de falencia por parte de los profesionales aludidos en el punto anterior, detallando la modalidad de cumplimiento de sus funciones, esto es, si se desempeñan en sistemas de turnos nocturnos y en días domingo y festivos, y si éstas se ejecutan en las unidades de urgencia y/o de cuidados intensivos y; iii) se acredite el pago retroactivo de la asignación a la reclamante.

Agrega este informante, que a la fecha de su Oficio, no han recibido la información requerida de ningunos de los organismos involucrados.

A continuación señala que con posterioridad, también se dirigieron a dicha Contraloría Regional los médicos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y el propio recurrente de autos, Dr. nombre reservado, quienes reclaman por la solicitud que les hiciera el Hospital Coyhaique de reintegrar las sumas percibidas por concepto de asignación de falencia de urgencia, indebidamente percibidas durante el año 2023. Así también menciona que respecto de la presentación del médico recurrente, Contraloría Regional de Aysén se abstuvo de pronunciarse, de acuerdo a Oficio N° E399288/2023, por haber sometido el asunto al conocimiento y decisión de esta Corte de Apelaciones.

Finalmente, y en relación a los demás solicitantes, conforme a los oficios que señala; todos de fecha 03 de noviembre del presente, se concluyó:

(a) Que no era efectivo que Contraloría hubiese ordenado el reintegro de remuneraciones solicitados por el Hospital Regional de Coyhaique a los peticionarios, o a cualquier otro profesional funcionario que se encuentre en su misma situación;

(b) Respecto a la legalidad de las instrucciones de devolución de remuneraciones realizadas por los médicos interesados, se resolvió que sólo tendrán derecho a conservar el pago de la asignación en cuestión, en la medida que hayan sido beneficiarios de esta a la época en que fueron liberados de guardias, conforme al artículo 44 de la ley N° 19.230;

(c) Que el Hospital Regional de Coyhaique y el Servicio de Salud Aysén, en el caso de cada uno de los médicos recurrentes deberán, verificar si a la data en que éstos fueron liberados de guardias eran beneficiarios del estipendio de que se trata, de cuyo análisis deben informar a Contraloría Regional en el plazo de 10 días hábiles- CUARTO: Con fecha 10 de noviembre de 2023, se emite certificado desde la Oficina de Personal del Hospital Regional de Coyhaique, que da cuenta que el recurrente, doctor nombre reservado, se desempeña en dicho nosocomio, desempeñando 22 horas en el Servicio de Cirugía, y el cargo de 28 horas liberado de guardia en la Unidad de Urgencia, a la fecha de expedición del referido certificado.

A continuación, y con motivo de la complementación de información requerida, se ingresa Oficio N° 01977/2023 por el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, de fecha 22 de noviembre último, mediante el cual se señala que el recurrente entre marzo y mayo del año 2023 (y hasta la fecha, inclusive) se desempeña en el Servicio de Urgencia o Unidad de Cuidados Intensivos, y específicamente:

· En el período de marzo a mayo de 2023, y hasta la fecha, cumple funciones en el Servicio de Cirugía 22 horas, y Unidad Urgencia Adulto 28 horas liberado de guardias artículo 44, conforme a certificado que acompaña;

· De acuerdo a liquidaciones de remuneraciones que adjunta a su Oficio, se acredita que el recurrente no gozaba de la asignación de estímulo por especialidad en falencia. Considerando que el Dr. nombre reservado fue liberado de guardias el 01 de enero del año 2015, se acompañan liquidaciones de los meses de enero y diciembre de 2014 (sic), y también la liquidación de febrero de 2015, dilucidando en ambos casos (previo a la liberación y posterior a ella) que no se desglosa la asignación consultada en las liquidaciones del recurrente.

QUINTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 transcrito en el Considerando precedente, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que con la exposición de argumentos vertidos por el recurrente y lo informado por la recurrida, descritos en los motivos primero y segundo precedentes, como así también de los antecedentes allegados durante su tramitación con motivo de las medidas para mejor resolver, lo que se debe dilucidar es si la Resolución Exenta N° 6155 de fecha 17 de mayo del año en curso, dictada por el Director del Hospital regional de Coyhaique, Sr. nombre reservado; y el Oficio Ord. N° 1301 de 30 de agosto del año en curso11/D-096-2021, dictado por el Director (s) del Hospital Regional de Coyhaique, don nombre reservado, que resuelven interrumpir el pago de la asignación de estímulo por especialidad por falencia respecto al recurrente, y proceder al reembolso de la suma de $1.023.005.- por concepto de remuneraciones percibidas de manera indebida, respectivamente; son ilegales y arbitrarias, como lo sostiene el actor.

NOVENO: Que en este sentido, debemos puntualizar que si bien, el recurrente puede no estar conforme con la decisión de autoridad, tanto de revertir la titularidad otorgada meses antes, respecto de la asignación reclamada, como igualmente de la consecuencia que ello le acarreó en cuanto a la exigencia posterior a reembolsar los montos dinerarios percibidos por concepto de ella, durante los meses de marzo a mayo, ambos inclusive, del año 2023, dicha facultad por parte de la administración tiene amparo legal, conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880.-, que permite la revocación de decisiones, mediante el llamado procedimiento invalidatorio, por lo que, a primera vista nos lleva a descartar una actuación fuera del marco de la legalidad de parte de la Dirección del Hospital Regional de Coyhaique. Ahora bien, y conforme a la misma disposición en comento, si bien pueden existir errores y omisiones procedimentales por parte de la recurrida, ellas no revisten la entidad suficiente, conforme lo que seguidamente se expondrá.

Que analizando el fondo de la controversia, queda de manifiesto un punto, que resulta insoslayable para esta Corte, cual es, que precisamente con los antecedentes conocidos, no es posible determinar que estamos en presencia de un derecho indubitado en favor del recurrente. Esto en atención a que:

i) Desde la liberación de servicios de guardia nocturna y en días domingo y festivos, en favor del recurrente, que se formaliza mediante Resolución Afecta N° 1190 de 24 de septiembre del mismo año, dictada por el entonces Director (s) del Servicio de Salud Aysén, y se materializa a contar del 01 de enero de 2015, el doctor nombre reservado, nunca gozó desde lo fáctico, con la asignación a que alude el artículo 44 de la Ley N° 15.076.

ii) Que esta proposición la manifiesta expresamente el apoderado del recurrente, cuando señala en su presentación escrita: “Sin perjuicio de lo anterior, a mi representado jamás se le otorgó la asignación en comento, la cual debió operar de pleno derecho desde que cumplió los requisitos para ella…”

iii) Que asentado lo anterior, es un hecho no discutido que sólo mediante Resolución Exenta N° 3089 de 08 de marzo de 2023, se formaliza a contar de esa fecha, la unidad de dependencia de médicos pertenecientes a la ley 15.075, en consideración a asignación de urgencia (art. 2 Ley N° 19.230). En esta resolución se contiene un listado de 67 profesionales médicos, de los cuales 10 – entre ellos el médico recurrente – aparecen con el símbolo “*”, que atiende a Liberados de guardia.

iv) Que en virtud de dicha Resolución, el actor comenzó a percibir la asignación en cuestión, lo que se extendió sólo por tres meses, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° 6155 de 17 de mayo de 2023, que resuelve dejar de pagarla respecto de aquél y 10 facultativos más, fundando su decisión, en que dichos profesionales no tendrían derecho a ella en atención a lo manifestado en la jurisprudencia administrativa.

v) Que en virtud de esta última decisión de autoridad, y que trajo como consecuencia la dictación por el Hospital Regional de Coyhaique, del Oficio Ord. N° 1301 de 30 de agosto del presente, que ordena al Dr. nombre reservado reembolsar los montos percibidos por concepto de la asignación de falencia por urgencia, se hace presentación a la Contraloría Regional de Aysén, por parte del actor, en la cual denuncia el requerimiento de devolución de remuneraciones, y que a la fecha se encuentra pendiente de resolución por dicha repartición pública, en virtud de la interposición paralela de la acción de protección que nos convoca.

vi) Que el reclamo hecho al órgano contralor de parte del actor, se replica igualmente por otros profesionales médicos, que también denuncian que el requerimiento de reembolso ordenado a ellos resulta ilegal.

vii) Que a mayor abundamiento, con motivo del último requerimiento de antecedentes hecho por esta Corte, se informa a través del Oficio N° 1977/2023, de fecha 22 de noviembre último, expedido por don nombre reservado, Director (s) del Servicio de Salud Aysén, que “…en virtud de las liquidaciones de remuneraciones que se acompañan, se acredita que el recurrente no gozaba de asignación de estímulo por especialidad en falencia…”, acompañando al efecto liquidaciones de sueldo de períodos anteriores y una posterior a su liberación de guardias.

De esta manera, no resulta posible para estos sentenciadores, fijar la titularidad del actor, respecto de la Asignación materia de controversia. Razonar de un modo distinto, sería exceder los márgenes establecidos para este tipo de acción, de naturaleza eminentemente cautelar.

DÉCIMO: Que en consonancia con lo anterior, se debe atender a que este recurso, está concebido como una acción cautelar de protección, que riñe con la toma de decisiones, de las que pudieran emanar pronunciamientos de efectos permanentes en el tiempo. En consecuencia, el asunto recurrido no es una materia que corresponda ser dilucidada por este medio.

Que lo dicho se refuerza cuando ha sido el propio actor quien ha recurrido paralelamente a la Contraloría Regional de Aysén, pretendiendo igualmente una declaratoria de ilegalidad respecto de la solicitud de reembolso hecha por el Hospital Regional de Coyhaique.

Dicha vía impugnatoria ciertamente, resulta idónea para el fin perseguido, atendiendo a que es el propio artículo 6 del Decreto N° 2421, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que establece en su inciso 1°: “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre el derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.”.

Que siguiendo en este orden de ideas, y siendo las demás alegaciones planteadas por el apoderado del recurrente, también cuestiones que más bien parecen corresponder a un proceso de lato conocimiento, y no excepcional y de carácter cautelar como es la presente acción, ya que se requiere pronunciamiento respecto de situaciones que exceden las meras formalidades o acatamientos de norma, entrando a dilucidar aspectos de pertinencia no sólo procesal sino que derechamente sustanciales y/o materiales, ello queda fuera de la competencia entregada a estos sentenciadores, y no corresponde en consecuencia pronunciamiento al respecto.

En conclusión, no enfrentando la existencia de un derecho indubitado por el actor, e igualmente la no pertinencia de esta vía recursiva para obtener el remedio pretendido por él, atendiendo a las consideraciones y razonamientos ya expresados, se deberá rechazar la acción intentada, no estimándose necesario ni útil analizar la ilegalidad y/o arbitrariedad por parte de la recurrida, como así tampoco las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la Acción de Protección deducida por don Nelson Javier Medina Fuentealba, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado por su Director Regional (s), Sr. Daniel Alejandro Jara Espinoza.

Que en atención a lo resuelto, se deja sin efecto Orden de No Innovar, decretada mediante resolución de fecha 27 de septiembre de 2023.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante, don Enrique A. Velásquez Trujillo.

No firma la Ministra Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, pese haber asistido a la Vista y concurrido al Acuerdo de la presente causa, por encontrase haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N° 318-2023 (Protección).