nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Coyhaique, a veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de esta Corte N° 310-2023, con fecha 24 de agosto de 2023, comparecen don Esteban Mauricio Torres Villarroel, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, región de Aysén, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en el otorgamiento de visa de residencia temporal, habiéndose solicitado en su oportunidad la visa de residencia definitiva, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de sus derechos contenidos en el artículo 19 número 2, 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 solicitando, en definitiva, se acoja el presente recurso “ordenando al recurrido que se reimprima resolución exenta otorgando al recurrente visa de residencia definitiva. Asimismo, se le otorgue estampado electrónico que corresponde a visa definitiva, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.” (SIC)

Con fecha 28 de agosto de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 04 de septiembre de 2023, la recurrida solicita se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y la falta de legitimación pasiva. En subsidio, solicitó tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 16 de septiembre de 2023, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, señalando que ingresó al país en el mes de junio del año 2019, por tanto entra al país bajo la antigua Ley 1.094, estando dentro del territorio consigue celebrar un contrato de trabajo con “la Empresa Comercial Adolfo Martínez Martínez” por lo tanto se le concede una residencia llamada “Visa Sujeta a Contrato” la cual en su artículo 23 inciso quinto, de la antigua Ley ya mencionada, exigía el plazo de 2 año de “RESIDENCIA” para solicitar dicha la “ permanencia definitiva”

Comenta que, celebró un contrato de trabajo en el mes de Junio del año 2019, posterior a esto se le concede una “visa sujeta a contrato” con fecha 17 de septiembre del mismo año, por un plazo de 1 año, es decir, vencía el 17 de septiembre del año 2020, sin embargo, una vez cumplido ese periodo su empleador lo despide por la causa del art 161 del Código del Trabajo, es decir, “necesidad de la empresa, establecimiento o servicio”, razón por la cual empezó́ a percibir su seguro de cesantía.

Posteriormente, en el año 2021, consigue un nuevo trabajo, y consigue nuevamente la visa sujeta a contrato por el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2021 y el 14 de mayo de 2022, celebrado con su empleador, de nombre “nombre reservado”.

Que, a juicio del recurrente, su representado contaba con dos visas sujeto a contrato, una de fecha 17/09/2019 y con vencimiento 17/09/2020 y la otra de fecha 22/03/2021 y con vencimiento 14/05/2022, ingresando ésta última como antecedente para la solicitud de residencia definitiva, el 21 de febrero de 2022, estimando que cumple con creces el plazo de dos años en razón de ambas visas, arguyendo además que la ley no exigía continuidad.

Así, con fecha 24 de diciembre de 2022, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por incumplir el principio de celeridad que garantiza el artículo 7 de la Ley 19.880, y con la intención de obtener una respuesta por parte de dicho servicio, sea positiva o negativa, y así dejar atrás la incertidumbre de su representado acerca del pronunciamiento de dicha institución.

Señala que, con fecha 31 de enero de 2023, dicha acción es acogida por esta Corte, ordenando al Servicio recurrido que se pronuncie sobre dicha solicitud, y dicho servicio responde con fecha 25 de mayo de 2023, resolviendo un PRE-RECHAZO, otorgando un plazo de 10 días para aportar mayores antecedentes, agregando que su representado incorpora vía web la foto de su visa sujeta a contrato, esto es, la del 17 de diciembre de 2019, sin embargo dicha solicitud fue rechazada con fecha 26 de julio del presente año, comunicada mediante correo electrónico, y en su lugar, se le otorgó un permiso de Residencia Temporal, en calidad de titular, por el periodo de 2 años, debiendo haber resuelto conforme a lo solicitado por el recurrente con fecha 21 de febrero de 2022.

Agrega que, la Ley 21.325 vino a eliminar la “visa sujeta a contrato”, pasando existir solo 2 tipos de residencia, la residencia temporal y la definitiva, y en este caso, la visa sujeta a contrato se asimiló a la residencia temporal, por tanto, mi representado llevaría desde 17 de septiembre de 2019 a la fecha, en la misma calidad, debiendo pagar dos veces para quedar en la misma calidad y con los mismos beneficios.

Manifiesta que, el Servicio yerra en su resolución, pues el artículo citado corresponde al tipo de “visa temporaria” correspondiente a la derogada Ley 1.094, que es distinta a la “visa sujeta a contrato” que tenía su representado y que dicho Decreto Supremo trata desde el artículo 35 al 44, y no en el artículo 52, que en el caso de que así se tratara, con mayor razón mi representado cumpliría con el requisito, pues este solo exige 1 año de residencia para solicitar la residencia definitiva. Por otro lado, rechazar en base a la Ley 21.325, que entró a regir posterior al ingreso del recurrente, no corresponde aplicar dicha normativa al caso en comento.

Posterior a referirse acerca de los requisitos de admisibilidad del recurso, señala que, la decisión de la recurrida adquiere el carácter de arbitraria al denegar la solicitud de Residencia Definitiva, fundándose en artículos que no corresponden al tipo de visa que gozaba su representado, además de no considerar los antecedentes ingresados dentro del plazo de 10 días que le otorgaron Así, sostiene que lo anterior conculca los derechos y garantías constitucionales, vulnerando el derecho al debido proceso, y el derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en el Art. 19 N° 3 inciso 6° y en el Art.19 N° 2, de la Constitución Política de la República, respectivamente; al no haberse otorgado permanencia definitiva tal como se solicitó por el recurrente, toda vez que cumplía con los requisitos para ello, como quedó demostrado en la documentación presentada por el recurrente a Servicio Nacional de Migraciones, aún lo anterior se le concedió una visa de residencia temporal.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y luego, manifiesta que, este interpreta el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, estimando que contiene el derecho a un debido proceso, y que este a su vez comprende los derechos constitucionales de naturaleza procesal; que los administrados sometidos a procesos administrativos son titulares del derecho a un debido proceso, y por lo tanto, de los derechos procesales que este engloba; y que los principios de Derecho penal tienen que ser observados en la sustanciación de los mencionados procesos, pese a que el constituyente los haya reconocido pensando en procesos penales.

SEGUNDO: Que, doña Patricia Acuña Garabito, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso, señalando que el recurrente ingresó por primera vez al país con fecha 08 de junio de 2019 por el paso fronterizo de la carretera Chacalluta, en calidad de turista. Añade que con fecha 24 de junio de 2019, el recurrente solicita visa por primera vez ante la entonces Gobernación de Coyhaique, otorgándole visa sujeta a contrato por 1 año desde el 17 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020. Luego con fecha 09 de febrero de 2021, después de casi 5 meses de residencia irregular, ingresa nueva solicitud de visa ante la entonces Gobernación de Coyhaique otorgándole nueva visa sujeta a contrato por el plazo de 1 año desde el 14 de mayo de 2021 al 14 de mayo de 2022.

Finalmente, con fecha 21 de febrero de 2022, ingresó solicitud de residencia definitiva, teniendo como antecedente la visa señalada en el punto anterior. Esta solicitud de Residencia definitiva se encuentra finalizada con resolución que rechaza la permanencia definitiva y otorga residencia temporal.

Manifiesta que, previo al rechazo de la solicitud, se comunicó al extranjero que su solicitud sería rechazada, en el caso de no remitir antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91° inciso 2° de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. El plazo otorgado en esta comunicación transcurrió sin que el extranjero acompañara antecedentes o adjuntara carta explicativa de su situación.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que la autoridad procedió a rechazar la solicitud de permanencia definitiva a su respecto, que en su considerando quinto individualiza claramente el motivo fundante del rechazo de la solicitud, y siendo el mismo el texto que sigue:

“5. Que, el solicitante no ha completado el plazo de residencia, requisito exigido para solicitar el beneficio impetrado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 inciso 2° del Decreto Supremo N°597, de 1984, del Ministerio del Interior, anterior Reglamento de Extranjería, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.”

Así, el extranjero se sitúa inmediatamente a la solicitante en aquella conducta expresada en el artículo 64 n°6 de la Ley de Extranjería, el cual señala:

“Artículo 64.- Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 6.- Los que no observen las normas, sobre plazos establecidos en este decreto ley y su reglamento, para impetrar el respectivo beneficio;”

Aclara que, en el caso, se trata de un plazo continuo, que corresponda a una visación, si esta fuera menor a 2 años, a esa visación más su prorroga, o si el extranjero hubiere cambiado de empleador una o más veces a la sumatoria de esas visaciones de cambio de empleador.

En la especie, el extranjero tuvo una primera visa sujeta a contrato por 1 año desde el 17 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020, luego estuvo por un periodo de casi 5 meses con residencia irregular, sin ningún tipo de visa, y posteriormente solicitó nueva visa sujeta a contrato, la que le fue otorgada por el plazo de 1 año desde el 14 de mayo de 2021 al 14 de mayo de 2022. Dado lo anterior, no cumple con los 24 meses de visa sujeta a contrato, ni con el mismo periodo de cotizaciones previsionales y de salud, plazo que debe ser continuo.

En definitiva, la autoridad mediante el acto terminal de Resolución Exenta N°23285945, de fecha 26 de julio de 2023, da cumplimiento en concluir el procedimiento según lo establecido en el artículo 40 de la Ley N°19.880, el cual transcribe.

Ahora bien, y en lo que respecta a la situación migratoria del recurrente de marras, es preciso señalar que mediante la misma resolución de rechazo la autoridad procedió a otorgarle visación de residencia temporaria en nuestro país por el plazo de dos años, manteniendo residencia regular en el país.

Finalmente, sostiene que, no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones fueron llevadas a cabo por esta autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N° 1.094 y el Decreto Supremo N°597, y además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Agrega que, existen plazos mínimos de residencia de un extranjero para postular al beneficio, los que no fueron cumplidos por éste, quien tenía una visa sujeta a contrato, que tenía como fundamento un contrato de trabajo, de manera que, en el evento de que el contrato dejara de tener validez, por término del mismo, dejaba de tener validez la visa, teniendo el extranjero que multarse por residencia irregular y, sí trabajaba con otro empleador además, multarse por trabajo irregular.

Por otra parte, refiere que no existe el término empleado por el recurrente de residente de “visa temporaria sujeta a contrato”, ni en la antigua ni en la nueva Ley de Extranjería y Migración Ley 21.325. Se establecía expresamente residente sujeto a contrato y residente temporario. En el caso de autos, el extranjero tuvo calidad de Residente Sujeto a Contrato, sujetándose a la normativa legal y reglamentaria para los residentes de visa sujeta a contrato.

Termina su presentación, citando el artículo 23 y 25 del DL 1094.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, ésta deberá ser desestimada en la presente etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 3, de fecha 28 de agosto de 2023, desde que en la referida resolución se declaró admisible la acción cautelar, toda vez que cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo, entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por el recurrente, es el acto arbitrario e ilegal del Servicio Nacional de Migraciones, consistente en otorgar la residencia temporal al recurrente, en circunstancias de que se le debió otorgar la residencia definitiva, conforme su solicitud efectuada el día 21 de febrero de 2022, siendo precisamente el mencionado Servicio quien dictó la resolución recurrida, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva de la recurrida, motivo que, en consecuencia, llevará a que dicha alegación sea desestimada, y así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto sometido a decisión radica en el hecho que don nombre reservado, con fecha 21 de febrero de 2022, efectuó su solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, la que fue rechazada con fecha 26 de julio del presente año, y en su lugar se le otorgó la residencia temporal, en razón de no haber completado el plazo de residencia exigido para solicitar la permanencia definitiva, lo que configura, a su juicio, una actuación ilegal y arbitraria toda vez que según el recurrente cumple con creces el plazo de dos años exigidos por el artículo 23 inciso 5° del derogado Decreto Ley N°1.094, contando con dos visas sujetas a contrato, de fecha 17/09/2019 con vencimiento 17/09/2020, y la segunda de fecha 22/03/2021 con vencimiento 14/05/2022, respectivamente, las que le habilitan el otorgamiento del beneficio, no obstante no existe continuidad entre ellas, desde que dicho elemento no es requerido por la norma señalada.

NOVENO: Que, constan como antecedentes de la causa los siguientes:

· Con fecha 24 de junio de 2019 el recurrente solicita el otorgamiento de visa por primera vez, otorgándosele visa sujeta a contrato, por el término de un año, desde el 17 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020.

· Con fecha 09 de febrero de 2021, el recurrente ingresa nueva solicitud de visa, otorgándosele nuevamente visa sujeta a contrato, por el término de un año, desde el 14 de mayo de 2021 al 14 de mayo de 2022 · Con fecha 21 de febrero de 2022, el recurrente ingresa ante el Servicio Nacional de Migraciones, solicitud de residencia definitiva, Número de solicitud: 37698274.

· Con fecha 24 de diciembre de 2022, el recurrente interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en la dictación de un acto terminal en razón de su solicitud anteriormente referida, seguido bajo el Rol 2357-2022 ante esta I. Corte de Apelaciones.

· Con fecha 31 de enero de 2023, se acoge el recurso de protección deducido por el recurrente en contra del Servicio Nacional de Migraciones referida anteriormente, ordenándosele al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de ejecutoria de dicha sentencia.

· Con fecha 25 de mayo de 2023, se comunicó al recurrente por parte del Servicio Nacional de Migraciones que, su solicitud sería rechazada en caso de no remitir dentro del plazo de 10 días, antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada.

· Que, no constan en la causa antecedentes que den cuenta de la remisión de los antecedentes solicitados dentro del plazo indicado por parte del recurrente.

· Con fecha 26 de julio de 2023, mediante resolución N° 23285945, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechaza la solicitud de Residencia Definitiva presentada por el recurrente, otorgándosele un permiso de Residencia Temporal, en calidad de titular, por el periodo de dos años, de manera sustitutiva a la orden de abandono.

DÉCIMO: Que, en atención al tiempo en que el recurrente efectuó la solicitud, es necesario tener presente que la norma que regulaba la materia era el denominado DL N° 1.094, el cual en su artículo 23, establecía que:

“Artículo 23.- Se otorgarán visaciones de residente sujeto a contrato a los extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. La misma visación se podrá otorgar a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y se radiquen en el país para dar cumplimiento a un contrato de trabajo.”

Que, por su parte, el artículo 25, señala que:

“Artículo 25.- La terminación del contrato que ha servido de antecedente para el otorgamiento de esta visación, será causal de caducidad de ésta y deberá ser comunicada, dentro del plazo de 15 días, a la autoridad correspondiente, sin perjuicio del derecho de su titular de solicitar una nueva visación o la permanencia definitiva, si procediere.”

Que, en el mismo orden, el artículo 64, consigna:

“Artículo 64.- Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 6.- Los que no observen las normas, sobre plazos establecidos en este decreto ley y su reglamento, para impetrar el respectivo beneficio;”

UNDÉCIMO: Que, por su parte, el artículo 52 inciso 2° del Decreto Supremo N°597, de 1984, del Ministerio del Interior, correspondiente al anterior Reglamento de Extranjería, refería que:

“El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si completare dos años de residencia en Chile como beneficiario de la misma, estará obligado a pedirla. En caso de no hacerlo deberá abandonar el país.”

DUODÉCIMO: Que, en la actual normativa, el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, se dispone que deben rechazarse por resolución fundada, las solicitudes de residencia de quienes:

“1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70.”

DÉCIMO TERCERO: Que, en virtud de la normativa recientemente citada, no es posible advertir una actuación arbitrario o ilegal como lo acusa el recurrente, desde que el Servicio recurrido ha dado cabal observancia a la legislación pertinente, y al procedimiento establecido en ella, en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del actor para la obtención de la residencia definitiva solicitada.

Que, razonado lo anterior, se aprecia de los antecedentes tenidos a la vista, que el recurrente, obtuvo su primera visa sujeta a contrato por el tiempo de un año, desde el 17 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020, y posteriormente, obtuvo una segunda visación, también sujeta a contrato con fecha 14 de mayo de 2021, con vigencia por el mismo término de un año, hasta el 14 de mayo de 2022, permaneciendo durante un tiempo aproximado de cinco meses de forma irregular en el país, sin contar con ningún tipo de visado.

DÉCIMO CUARTO: Que, en la misma línea, cabe precisar que, el recurrente efectuó su solicitud de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N°1.094, del año 1975, y en dicho escenario, para la obtención del beneficio el artículo 52 inciso 2° del Decreto Supremo N°597, de 1984, del Ministerio del Interior, el que correspondía al anterior Reglamento de Extranjería, sostiene que el beneficiario de la residencia temporal que completare dos años de residencia en Chile como beneficiario de la misma, estará obligado a pedir la permanencia definitiva, debiendo entender que se trata de un plazo continuo, en virtud de tratarse de una visa sujeta a contrato de trabajo y que ha servido de antecedente para el otorgamiento de esta visación, cuya terminación será causal de caducidad de ésta, debiendo ser comunicada, dentro del plazo de 15 días, a la autoridad correspondiente.

DÉCIMO QUINTO: Que, en observancia de la normativa anterior, y en uso de las facultades conferidas por la ley, el Servicio Nacional de Migraciones, comunicó al recurrente el inminente rechazo de su solicitud, en caso de no remitir antecedentes respecto de la causal del rechazo dentro del plazo de 10 días, de lo cual no constan antecedentes en la causa, y que permitan concluir a esta Corte de Apelaciones que el Servicio recurrido no atendió a los antecedentes remitidos, tal como lo alega el recurrente, por lo que tampoco se verifica una actuación ilegal o arbitraria en este aspecto.

Que, así las cosas, al no verificarse el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, y, sin perjuicio de que la ley faculta al recurrido para disponer el abandono del país por parte del extranjero, resolvió otorgarle un permiso de residencia temporal, en calidad de titular, por el término de dos años en sustitución del abandono.

DÉCIMO SEXTO: Que, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, lo razonado precedentemente, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que la recurrente invoca como vulneradoras y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan a partir de la disconformidad del recurrente con lo resuelto por la autoridad migratoria, cuestión que no resulta calificable de arbitrario o ilegal, desde que el Servicio recurrido actuó dentro del marco legal y en uso de las facultades que le han sido conferidas por la ley, y, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la decisión adoptada por el servicio recurrido suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I.-Que SE RECHAZA la petición de inadmisibilidad del presente recurso, deducida por la recurrida.

II. Que SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

III. Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado don Esteban Mauricio Torres Villarroel, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 310-2023 (Protección).