INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMA NOS con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

En Coyhaique, a veinticinco de abril del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 14 de Marzo del año 2024, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su director, don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia temporal, solicitada por el recurrente y que eso equivale a privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el Artículo 19 en su numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva:

“1.- Que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión consistente en la falta de resolución dentro de los plazos legales de la solicitud de residencia temporaria realizada por don nombre reservado con fecha 3 de octubre de 2022, sin que haya habido hasta la fecha, un acto administrativo terminal del procedimiento que resuelva la petición indicada.

2.- Se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

3.- Que se ordene a la administración, resolver la solicitud de residencia temporal, en un plazo de treinta días desde que el fallo de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriada.

4.- Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.

5.- Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto de la afectada..” (SIC).

Que, con fecha 22 de Marzo del año 2024, don Nicolás Cornejo Montenegro, abogado, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 2 de Abril del año 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 4 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud en que don nombre reservado ingresó al país el año 2018 en calidad de turistas, que luego de haber tenido residencia temporal por dos años solicita residencia definitiva, la que fue rechazada por insuficiencia de los documentos aportados, razón por la que la volvió a solicitar.

Indica que, con fecha 03 de octubre de 2022, realiza la solicitud de residencia temporal en la página web del Servicio Nacional de Migraciones, bajo el número de solicitud 55220480, habiendo transcurridos 17 meses, sin tener respuesta, figurando pendiente de resolución.

Reclama que, con fecha 19 de enero del presente año, el afectado recibe una “Notificación previo rechazo” de parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la cual se le informa que, en relación a su Solicitud de Residencia Temporal, esta será rechazada “Por no proceder con la sanción por días de residencia irregular conforme a lo dispuesto en el artículo 107 o 119 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, según corresponda a los días de irregularidad en el país”, lo que sería extraño pues don nombre reservado habría pagado la multa por permanencia debido al vencimiento de su permiso de residencia, como constaría en comprobante de pago. Agrega que, incluso fue requerido del pago de una nueva multa en junio de 2023, por retraso en solicitar cédula de identidad, lo que también sería extraño, ya que para ello es necesaria la residencia, sin embargo, para no entorpecer el resultado de la solicitud de residencia temporal, también procedió a su pago.

Señala que don nombre reservado cuenta con un núcleo familiar compuesto por su pareja, doña nombre reservado, también venezolana, su hijo propio nombre reservado, de 14 años, y las dos hijas de su pareja de 17 y 11 años de edad, residiendo todos ellos juntos en la ciudad de Coyhaique.

Expone que, tal situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que, le ha impedido, entre otras privaciones y perturbaciones, poder acceder a una residencia regular en el país, y con ello a un carné de identidad, privándole de aquellas diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible, como obtener licencia de conducir, realizar trámites bancarios, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, celebrar actos y contratos. Que, concretamente, a don nombre reservado se le impide realizar trámites respecto a un automóvil que adquirió cuando contaba con residencia temporal vigente en el país, siendo denegados los trámites, como realizar su venta, por no tener una cédula vigente.

En cuanto al Derecho, precisa que el acto recurrido es ilegal porque infringe disposiciones concretas de la ley N° 19.880, así como tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

En ese sentido, detalla que se vulnerarían los principios de celeridad, conclusivo, inexcusabilidad, citándose al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Ilma. Corte de Apelaciones.

Por otro lado, alega que se infringiría la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, en su artículo 37, que dispone que “Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo”.

Por lo que, señala, un retardo de 17 meses en la tramitación de su solicitud de residencia temporal no puede considerarse bajo ningún aspecto un plazo razonable, y bajo ningún aspecto un “breve plazo” como exige la ley de migraciones.

En el mismo sentido, manifiesta afectación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ya que se vulneraría el principio de unificación familiar al encontrarse la familia en vilo por más de 17 meses a la espera de respuesta de la situación migratoria del padre y su posibilidad de poder optar a una residencia regular en Chile. Además, afectación al estándar de protección de niños, niñas y adolescentes, al componerse el grupo familiar por su hijo y los hijos de su pareja.

En cuanto a las garantías conculcadas, indica el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que se ha producido una dilación indebida en la respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, brindando un tratamiento diferenciado en relación al trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso; así como el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el N° 1 del artículo citado precedentemente, por cuanto la tardanza en la respuesta lo mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud –presentada hace más de 17 meses- no tiene certeza de que podrá acceder a una residencia legal, situación que afecta su vida familiar.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el recurrido solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

Indica que, con fecha 03 de octubre de 2022, el recurrente solicitó el beneficio de la residencia temporal, mediante la solicitud N° ID 55220480, la cual se encuentra actualmente en pendiente, en la etapa de Resolución.

Luego, señala que con fecha 24 de enero de 2024, el recurrente se acercó a consultar sobre las multas que señala en su recurso y que con fecha 7 de marzo de 2024, le fue notificado sobre su requerimiento, informándosele que las multas pagadas anteriormente no fueron declaradas de forma correcta y de forma extemporánea.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, transcribe el artículo 68 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración Extranjería: “La residencia temporal es el permiso de residencia otorgado por el Servicio a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado”.

En cuanto al tiempo de tramitación, precisa que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva.

Refiere que, dicho plazo es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando también jurisprudencia al efecto.

En consecuencia, sostiene que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, a lo que cabe agregar el hecho de encontrarse avanzando en su trámite –ya en fase final.

Sostiene que la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Finalmente, sostiene que, la propia vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, ya que el aumento sostenido en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, existiendo más de trece mil arbitrios presentados entre el año 2021 y 2022, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia, trae como consecuencia que la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes, es en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que don nombre reservado, con fecha con fecha 3 de Octubre del año 2022, presentó su solicitud de residencia temporal ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 14 de Marzo del año 2024, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que parte de las afectaciones que el recurrente invoca como vulneradoras de la plena realización de una vida cotidiana en el país y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan a partir de la pérdida de vigencia de su cédula de identidad para extranjeros, todo lo cual le impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de un migrante en situación regular, respecto del cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

OCTAVO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en la Ley N°21.325, específicamente, en su artículo 43, el cual prescribe:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

NOVENO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial para el caso y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes, mientras no se les otorgue la residencia, sea ésta, temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud de la recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que éste se encuentre impedido o imposibilitado de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso del solicitante.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, resulta importante tener presente que el artículo 38 de la Ley N° 21.325, establece:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”

DUODÉCIMO: Que, los preceptos recién transcritos, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, no es antecedente suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, la norma citada la que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva. Así, no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida de la recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO TERCERO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de permiso de residencia temporal, de conformidad al artículo 37, de la Ley N° 21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Corte Nº 31-2024 (Protección).