Protección contra Servicio Nacional de Menores Dirección Regional de Aysén

Coyhaique, veintiséis de Junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 8 de Febrero de 2019, don Jean Paul Zimmermann Mussiett, abogado, en representación de los recurrentes: Austin, empresario, Baltasar, empresario, Benito, empresario, Daniela, pensionada, Dominga, profesora, Dariel, arquitecto, Darío, pensionado, Escarlet, pensionada, Estrella, secretaria, Edson, comerciante, Julieta, auxiliar de farmacia, Gary, ingeniero civil, Gerson, carpintero, Konstanza, terapeuta, Giovanni, comerciante, Lilian, labores de hogar, y Luciana, secretaria; y Luna, profesora, Ivo, empresario, Jairo, pensionado y Maritza, educadora diferencial; todos con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores Dirección Regional de Aysén, representada por su Directora Regional doña Carmen Gabriela Bahamonde Ojeda, ambos con domicilio en domicilio reservado, pidiendo que se acoja el presente recurso en todas sus partes con costas y, en consecuencia, se proceda al retiro inmediato de la Residencia de domicilio reservado y su reinstalación en un lugar acorde a las características propias de este tipo de habitación.

Con fecha 19 de Febrero de 2019, evacúa informe la parte recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Con fecha 07 de Junio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 10 de Junio de 2019, se procedió a la vista de la causa. Por el recurso, se presentó y alegó, el abogado don Jean Paul Zimmermann Musiett, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su libelo; y por el recurrido Servicio Nacional de Menores la abogado María Cristina Bel Araneda, y la abogado doña Maricel González Araya, como tercero coadyuvante por el Programa "Mi Abogado".

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso el abogado de los recurrentes señala que con fecha 20 de Octubre de 2018, se inauguró una Residencia dependiente del Servicio Nacional de Menores, ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda n °244 e inserto dentro de un barrio residencial y familiar. Agrega, que los niños residentes de aquella institución, no son menores de hasta 9 años, en situación de vulnerabilidad, como en un principio se creyó por los vecinos del sector, sino que son adolescentes ya vulnerados de aproximadamente 16 años, en número superior a los 7, que supuestamente sería el máximo permitido, toda vez que en ocasiones hay más de 10 jóvenes, y que en tres meses de funcionamiento de la referida Residencia han alterado de manera recurrente y grave la convivencia del lugar, y el orden público, destruyendo la propiedad pública y privada, lo que tiene atemorizados a los vecinos y especialmente a los ancianos y niños que deben permanecer encerrados en sus hogares por temor a ser agredidos por aquéllos.

En cuanto al acto recurrido refiere, que existe una superposición de derechos que corresponde resolver, toda vez que se está en presencia de jóvenes que ya fueron vulnerados, cuya conducta habitual es de abierta oposición a la autoridad establecida, versus niños y ancianos que están en peligro de ser vulnerados sexual, física y sicológicamente. Precisa que se está en presencia de una autoridad, que con su actuación, ha alterado el orden de la situación dominante hasta antes de su acción, arrogándose la facultad a su vez, de vulnerar los derechos de niños, ancianos y familias enteras, que por años gozaron de paz, tranquilidad y seguridad, hoy conculcados por dicho actuar.

Expone que la actuación del SENAME, antes descrita, es ilegal y arbitraria, por cuanto los hechos señalados constituyen una vía de hecho, que se aparta de ser una actividad legítima, pues privan a la comunidad residente de ejercer su derecho de propiedad, desde que al imponer de manera caprichosa una residencia experimental, única en el país y que a la fecha no ha cumplido el objetivo para el cual fue creado, ha perjudicado, su derecho de propiedad e indemnidad del mismo, debido a los constantes daños ocasionados. Indica que, además, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que con su actuación ha alterado el orden de la situación jurídica dominante hasta antes de su acción, ha quebrantado el orden de hecho y de derecho desarrollado desde hace años y en una actitud arbitraria y antojadiza, por la cual suponen se pretenden obtener ventajas políticas.

Señala que la conducta desplegada por la recurrida no puede generar efectos jurídicos lícitos, por el contrario, solo es capaz de generar una vía de hecho, es decir una actuación completamente separada de la ley, por lo es preciso hacer desaparecer todas sus consecuencias, entre ellas, la más importante, cual es el retiro inmediato de la residencia de domicilio reservado y su reinstalación en un lugar acorde a las características propias de este tipo de habitación.

Agrega que no existe proporcionalidad en la actitud de la recurrida, desde que la forma en que SENAME hace prevalecer su posición, se aleja mucho de ser proporcional a su presunto derecho y por ende dicha acción debe ser rechazada por el ordenamiento jurídico, proscribiendo cualquier efecto legítimo que pueda ésta generar. Dice que, el actuar de la recurrida incurre en una abierta falta de proporcionalidad al imponer una Residencia como la que es objeto de este recurso y el derecho de propiedad e indemnidad de los vecinos del sector so pretexto de estar cumpliendo un requerimiento de un organismo internacional como la ONU, superponiendo los derechos de unos y otros.

En cuanto a las garantías vulneradas, señala que se ha infringido el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República. Dice que es indiscutible que la recurrida a través de una vía de hecho ilegal y arbitraria, ha perturbado los legítimos derechos de propiedad e indemnidad de los vecinos de la calle Pedro Aguirre Cerda y alrededores, del mismo modo afecta la situación de hecho existente con anterioridad a que ella se produjera, perturbando y amenazando la integridad física y síquica de los vecinos del sector.

A su vez, se ha perturbado y amenazado el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, estima que se ha perturbado y amenazado el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso ha sido quebrantado por el recurrido el que, por la vía de hecho antes relatada se ha puesto en una posición de privilegio respecto de sus representados.

Igualmente, dice que se ha perturbado y amenazado el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, previsto en el artículo 19 N ° 5 de la Constitución Política de la República.

Finalmente señala que se ha vulnerado y amenazado el derecho a la vida previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, por la parte recurrida, Servicio Nacional de Menores, SENAME, doña María Cristina Bel Araneda, nombre reservado e nombre reservado

Ramírez, abogadas, en representación del Servicio Nacional de Menores, informando el presente recurso de protección, señala:

Como cuestiones previas al fondo del recurso, en primer lugar, alegan la falta de legitimación pasiva, de su parte, desde que se ha dirigido en contra del Servicio Nacional de Menores, el que es un Servicio Centralizado en los términos del artículo 26 de la Ley n°19.880, por lo que en razón de esta norma, a este Servicio le está vedado actuar en juicio como demandante o como demandado, por lo que debe actuar representado por el Consejo de Defensa del Estado.

Por lo que, al no haberse ejercido la acción en contra del Fisco de Chile, solicita que se acoja esta excepción de falta de legitimación pasiva y, en consecuencia, se rechace el recurso de protección al carecer este de personalidad jurídica y patrimonio propio, y consecuencialmente carecer de la calidad de persona y parte litigante de este recurso.

En segundo lugar, expone que el recurso deducido sería inadmisible, por ser éste extemporáneo, fundado en que los recurrentes habrían tenido conocimiento cierto del hecho que reclaman al menos desde el momento de la inauguración de la Residencia, esto es, el 20 de Octubre de 2018, y las publicaciones en medios de prensa escrita, o al menos un mes después de la inauguración. En este mismo sentido el recurrente ha omitido indicar desde qué momento SENAME ha cometido el acto o ha incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, que ocasionó la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales. Añade que el recurso fue presentado el 08 de Febrero de 2019, es decir, 111 días después de la referida inauguración, tiempo que supera con creces el plazo fatal de 30 días corridos para su presentación.

En cuanto al fondo, luego de hacer una extensa y detallada relación de las competencias del SENAME y de los antecedentes generales respecto de los hechos materia del recurso, fundamenta su informe, en que la instalación de la Residencia de Vida Familiar en la domicilio reservado, no constituye un acto ilegal o arbitrario, toda vez que de los antecedentes expuestos, queda en evidencia que tanto el Ministerio de Justicia como SENAME, han realizado un despliegue permanente de actuaciones conforme al marco legal, al principio rector del Interés Superior del Niño y requerimientos de los distintos Tribunales de Familia de la Región.

Señala que respecto de los dichos de la recurrente, que indican que se ha normalizado en el sector el desorden y la agresión verbal o física, a los tres meses de funcionamiento de la Residencia, aún no es posible ponderar resultados, pero que ante cualquier situación, es el Director de la misma quien procede a realizar las denuncias que se requieran, ya que esto constituye parte de los procedimientos establecidos en los protocolos, lo mismo cuando han existido situaciones de agresión entre los jóvenes.

En cuanto a la supuesta actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, señala que no existe una actividad ilegal, toda vez que la implementación de la oferta residencial en esta región, fue un proceso administrativo, que se encuentra dentro del ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos como de SENAME, con actos administrativos que sustentan cada una de las decisiones que se han tomado y legitiman el actuar del Servicio recurrido, el que en ningún caso ha lesionado el derecho de propiedad de los recurrentes. Agrega, que el recurrente no fundamenta ni explica de qué forma se ve afectado o limitado su derecho de propiedad.

Expone que la petición de los recurrentes, consistente en el retiro inmediato de la Residencia de domicilio reservado y su reinstalación en un lugar acorde a las características propias de este tipo de habitación, de acogerse esta solicitud, que atenta contra el interés superior del niño, sería una nueva vulneración de derechos y a su vez un acto discriminatorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 20.609.

En cuanto a la ausencia de proporcionalidad, en el actuar del SENAME dice que éste ha gestado su actuar conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, normativa que en su artículo 39 ha puesto en manos del Estado de Chile, la obligación de tomar las medidas para que los niños víctimas de malos tratos o abandono, reciban un tratamiento apropiado que asegure su recuperación y reintegración social. Concluye en este punto, que no existe una falta de proporcionalidad en el actuar de este Servicio, dado que los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos que la Convención les atribuye, y en especial los jóvenes que han debido ser separados de sus familias debido a vulneraciones por parte de la misma, por lo que en ningún caso existe un conflicto de intereses constitucionales con las personas que habitan el sector.

En cuanto a la arbitrariedad de la conducta impugnada, expone que este Servicio no ha impuesto una Residencia como lo señala el recurrente, sino que la decisión de su implementación en ese domicilio, obedeció a que el inmueble a escoger debía reunir condiciones de habitabilidad, de acuerdo a los estándares que este Servicio requiere, atendida la nueva modalidad residencial, cuenta con espacios adecuados para otorgar una atención personalizada, sumado que la cobertura será solo de 13 adolescentes, plazas que a la fecha aún no son cubiertas, dado que solo tienen a 7 jóvenes ingresados.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

EN CUANTO A LAS CUESTIONES PREVIAS ALEGADAS POR LA RECURRIDA.

QUINTO: Que, respecto a la falta de legitimación pasiva de esta parte, fundamentada en el hecho de que no se dirigió la acción en contra del Fisco de Chile, si bien son efectivos los fundamentos en que esta excepción se fundamenta, lo que emana de su Ley Orgánica no se acogerá porque no se le puede exigir a la recurrente conocer la conformación estatutaria o jurisdiccional del Sename y por ello tal alegación no puede ser óbice para coartarle a los recurrentes invocar protección sobre sus derechos que dicen vulnerados y atendido además, el principio de economía procesal ya que no obstante esta deficiencia vulnera al SENAME ha entrado en el análisis del recurso, tanto en la forma como en el fondo.

SEXTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad también invocada por la recurrida SENAME, tampoco será acogida, puesto que el Servicio recurrido está suponiendo que los recurrentes tuvieron conocimiento del hecho que reclaman, desde la fecha de inauguración de la Residencia de Vida Familiar, lo que ocurrió el 20 de Octubre de 2018, atendido a que la recurrente, en el hecho, está reclamando de las molestias y posibles daños que los menores adolescentes que se encuentran albergados en esa Residencia, cuyas fechas de ocurrencia no están precisadas y al parecer han sido repetitivos en el tiempo.

EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que, según se puede extraer del contenido del recurso que se examina los fundamentos en que este se sustenta señala por una parte que la actuación del recurrido SENAME es ilegal y arbitraria al imponer de una manera caprichosa una residencia experimental de cuidado de jóvenes vulnerables en la dirección de domicilio reservado; y que el actuar de la recurrida es arbitrario ya que con su actuación ha alterado el orden de la situación jurídica existente hasta antes de su instalación en el lugar; y que no existe proporcionalidad en la conducta de la recurrida en cuanto hace prevalecer su posición privilegiada en desmedro del derecho de los recurrentes sobre su propiedad e indemnidad, de los vecinos del lugar. Concluyendo que en virtud de ello, le están siendo vulneradas sus garantías constitucionales del derecho de propiedad; derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas y su familia; el derecho de igualdad ante la ley; el derecho de inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada y, finalmente, del derecho a la vida.

OCTAVO: Que, respecto de los fundamentos del recurso, antes señalados y del contenido general se desprende que el hecho ilegal o arbitrario de que reclaman los recurrentes se asienta en la instalación de la Residencia de Vida Familiar en domicilio reservado de esta ciudad, ubicada en el sector aledaño a donde ellos tienen sus domicilios, lo que se presume, puesto que no aparece así señalado en el recurso, en el que se indica, que tanto el abogado como los recurrentes, tienen su domicilio en domicilio reservado.

Al efecto, según se deprende del informe de la recurrida, la instalación de la Residencia Familiar cuyo objetivo era el cuidado y protección, no fue una decisión antojadiza o arbitraria del SENAME, sino que se hizo un estudio técnico de factibilidad de tres propuestas de inmuebles, firmándose contrato de arriendo respecto de la casa ubicada en domicilio reservado, porque se estimó conveniente para el objetivo perseguido, la que fue adecuada y sujeta a modificaciones para que quedara en óptimas condiciones de habitabilidad según los estándares técnicos exigidos para que los jóvenes adolescentes vulnerados fueran trasladados a ella, lo que finalmente ocurrió el 29 de Octubre de 2018; y, en las circunstancias señaladas no se observa ilegalidad ni arbitrariedad de la parte recurrida, en cuanto al hecho reclamado, puesto que se trata del arriendo de una casa habitación, como lo puede hacer cualquier ciudadano, en el barrio, calle o población que estime adecuada y conveniente para sus intereses y si bien de los antecedentes acompañados aparecen diversos hechos constitutivos de desórdenes y daños, no corresponde por esta vía cautelar, acceder a lo solicitado por los recurrentes, en orden a decretar el retiro inmediato de la Residencia de Vida Familiar administrado por el SENAME, ubicada en domicilio reservado y su reinstalación en otro lugar, dado que ello, excede las facultades de esta Corte de Apelaciones, encontrándose impedida de efectuar tal declaración mediante el recurso solicitado.

NOVENO: Que, respecto de las garantías que reclaman los recurrentes como vulneradas, que indican las del artículo 19, nos. 4, 2, 5, 24 y 1 no se observa de qué forma la instalación de esta Residencia de Vida Familiar en la dirección señalada, domicilio reservado, ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes en alguna forma. En cuanto a los otros derechos que indica como vulnerados tampoco se visualiza la perturbación de que se reclama y el recurrente no indica de qué manera se le perturba el derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia; tampoco el derecho a la igualdad ante la ley, ni a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; ni de qué manera se ha vulnerado y amenazado su derecho a la vida.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, de lo señalado en los motivos anteriores sólo cabe desestimar todas las alegaciones manifestadas por la recurrente en esta acción cautelar, por lo que el presente recurso será rechazado y así se declarará, ya que no se estableció que el SENAME haya incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al arrendar la casa habitación ubicada en Pedro Aguirre Cerda N° 244 de esta ciudad, para poner en funcionamiento allí la Residencia de Vida Familiar para el cuidado y protección de los adolescentes vulnerados en sus derechos; como le fuera requerida por los de Tribunales de Familia de la jurisdicción.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Jean Paul Zimmermann Mussiett, abogado, en representación de los recurrentes antes individualizados, en contra del Servicio Nacional de Menores Dirección Regional de Aysén, representada por su Directora Regional doña Carmen Gabriela Bahamonde Ojeda, sin costas, por estimarse que tuvo la recurrente motivo plausible para accionar.

Sin perjuicio de lo resuelto, habiendo sido de conocimiento público, y por supuesto de esta Corte de Apelaciones, las situaciones ocurridas en la Residencia de Vida Familiar por hechos cometidos por los adolescentes que viven en ella, lo que habría afectado a los vecinos del sector, entre ellos a los recurrentes, esta Corte tiene presente que la referida Residencia de Menores se instaló como un Plan Piloto del Programa de Gobierno para reemplazar a los antiguos CREAD dependientes del SENAME, con la intención de que aquellos vivieran de la misma forma que el resto de los jóvenes que viven con sus padres y familia, cambiando el anterior paradigma, de tenerlos en un Centro a cargo del SENAME, de tal manera que esta Corte no puede permanecer impávida, si los objetivos que se consideraron para esta nueva mirada y forma de atención de menores adolescentes vulnerados en sus derechos, fracasa.

Teniendo presente, además, que, si bien los hechos reclamados no emanan del SENAME que ha sido recurrido en este caso, sino que de los jóvenes habitantes de la Residencia de Vida Familiar, que está bajo su tutela, este Servicio es el ente encargado de la Supervisión de este Establecimiento, bajo cuyo alero está la protección y cuidado de aquellos adolescentes.

Considerando también, que los padres son natural y legalmente responsables del cuidado, protección y formación de los niños (menores de 18 años) y que en el caso de los ocho adolescentes hospedados en la Residencia de Vida Familiar, materia del conflicto inserto en el presente recurso, aquella tutela paterna ha sido traspasada a los tutores que trabajan en la misma y que la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 5°, entre otros, contempla, además de los derechos de los padres, los deberes de impartirles, en consonancia con la evolución de las facultades y capacidades de los menores, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en ésta, como asimismo, el artículo 13 les reconoce el derecho a la libertad de expresión pero, restringido por el respeto al derecho o la reputación de los demás y para la protección del orden público o la salud y moral públicas; el artículo 15 por su parte, les otorga el derecho a la libertad de asociación, sin restricciones, más que las que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, la protección de la salud y moral pública o la protección de los derechos y libertades de los demás; y por su artículo 20, al considerar las alternativas de protección a los menores, se contempla la colocación en hogares de guarda o en instituciones adecuadas de protección de menores, y entre las soluciones a su abandono, se pide considerar especialmente, la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño. Por el artículo 28 de la misma Convención, en que se reconoce al niño su derecho a la educación, se dispone que los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para velar para que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad del niño y por último, en lo atingente a este caso, aplican plenamente las letras a), b), c), d) y e) del n° 1 del artículo 29 que dispone, y en forma muy trascendente, "Inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; inculcar al niño el respeto a sus padres, y preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz y tolerancia".

Esta Corte estima que la Dirección y el personal a cargo de la Residencia de Vida Familiar, cuyo contingente se eleva a 33 profesionales, deben desempeñar sus labores específicas para las que fueron contratados, con el objetivo de cumplir con el fin perseguido al instalar la Residencia de Vida Familiar junto a la comunidad a la cual pertenecen los adolescentes vulnerados, para que así se logre materializar los altos propósitos de la Unicef y de la Convención de los Derechos del Niño, en formar a estos jóvenes vulnerados en sus derechos, como personas buenas y ciudadanos útiles e independientes del cuidado estatal y dejarlos habilitados y preparados para su reinserción social en el curso de sus vidas como adultos.

Por todas estas consideraciones, y además, lo informado por el Tribunal de Familia de Coyhaique, en su Oficio 3542 de 18 de Junio de 2019, en que da cuenta de la situación de los menores que por ese Tribunal fueron derivados a la Residencia de Vida Familiar referida y, en su Oficio 2479 de 02 de Mayo de 2019, dirigido a la Directora Regional de Sename y al Seremi de Justicia, respecto de la preocupación del Tribunal en relación a los eventos que han afectado a la Residencia Familiar que acoge adolescentes de la jurisdicción; esta Corte de Apelaciones estima necesario encomendar al Servicio Nacional de Menores, Sede Regional, recurrida en esta acción, para que tome medidas en su calidad de Supervisor de la Residencia de Vida Familiar a que se refiere este recurso, respecto a los siguientes puntos:

I.- 1.- Que, instruya al Director de la Residencia para que vigile y controle que los tutores a cargo de la educación y formación de los adolescentes residentes, cumplan con las funciones para las cuales fueron contratados y enseñándoles especialmente que el ejercicio de sus derechos tiene su límite en los derechos derivados de la protección a terceros, y les inculquen los valores básicos de respeto y consideración hacia las demás personas, ya sean los recurrentes u otros vecinos de la comunidad. 2.- Que, instruya al Director responsable de la buena marcha de la Residencia, para que en caso que no cuenten con un reglamento interno, establezca uno, que controle la asistencia diaria de los adolescentes a las clases correspondientes a los cursos de los establecimientos o colegios donde fueron matriculados; que, les imponga horarios mínimos de comidas, de estudios, de trabajo y de esparcimiento; que, les imponga horario para levantarse y acostarse y de cierre de la Residencia, una vez terminadas todas las actividades oficiales, fuera de la casa. 3.- Que, instruya al Director para que a su vez éste ordene a los Tutores a cargo de los jóvenes, que vigilen que cumplan con sus obligaciones escolares y deportivas en su caso; que, asistan a los talleres en los cuales se han incorporados, de tal manera que, a su salida de la Residencia, por su mayoría de edad, lo hagan con un oficio que les permita sobrevivir sin la protección del Estado; y que, los Tutores de turno de noche, vigilen la permanencia de los adolescentes en sus dormitorios. 4.- Que, instruya al Director para que prohíba a los jóvenes residentes ingresar a la Residencia en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y que, se les prohíba mantener bebidas alcohólicas, fósforos o encendedores entre sus pertenencias.

II.- Que, el Servicio Nacional de Menores, Sede Regional, realice una Reunión con el Personal de la Residencia, liderada por su Director, respecto a su responsabilidad en cuanto a preparar a los señalados menores para reincorporarse a la vida en sociedad, donde sean respetados por su conducta y apoyados para su reinserción social; y no sean vistos, como fuente de peligro y sean rechazados por su comportamiento irrespetuoso e irresponsable frente a la comunidad donde vivan.

III.- El Servicio Nacional de Menores, Regional, deberá informar en el plazo de 30 días, el cumplimiento de lo antes instruido por esta Corte de Apelaciones, y de las medidas que por su parte pudiera tomar en forma independiente sobre los antecedentes que conciernen a este recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza.

Rol N°: 31-2019.-