Protección contra Dirección General de Asuntos Consulares

En Coyhaique, a veintitrés de Septiembre del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 18 de Agosto del año 2021, se ingresó al libro Protección, presentación de amparo deducido por doña Constanza Cofré Berger, abogado, en representación de doña nombre reservado, venezolana, casada, técnico superior en administración, domiciliada en domicilio reservado, quien, a su vez, lo hace en representación de su hija menor de edad, niña nombre reservado, venezolana, quienes recurren en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención al sistemático rechazo de visas solicitadas a favor de la niña, hechos que podrían constituir una arbitrariedad e ilegalidad, estimándose que eventualmente se infringirían las garantías de los números 2 y 3, inciso quinto, del artículo 19, de la Constitución Política de la República. Se solicitó por la recurrente: “dejar sin efecto el rechazo de la solicitud de visa, de la niña nombre reservado, ordenado dichas solicitudes sea tramitada, estableciendo un plazo para ello, esto, porque la decisión y actitud administrativa, en cuestión, atenta contra normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales que han sido invocadas en este libelo.” (SIC).

En apoyo de sus pretensiones, el recurrente acompañó, en el segundo otrosí de su recurso, los antecedentes que individualizó, como informe médico que acompañó luego.

Con fecha 18 de Agosto del año 2021, este Ilustrísimo Tribunal declaró inadmisible la acción de amparo deducida, no obstante se ordenó se siguiera la tramitación por la presente vía, el que se declaró admisible y se solicitó el respectivo informe, con igual fecha.

Con fecha 27 de Febrero del año 2020, el recurrido evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, por no haber incurrido en acción u omisión, arbitraria o ilegal. Acompañando a su informe copia del Decreto Supremo número 102, del año 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Con fecha trece de Septiembre del año 2021, se trajeron los autos en relación.

A la vista de la causa, no se presentaron letrados para alegar.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo sustancial, la recurrente sostiene que doña nombre reservado, ciudadana venezolana, vive en Chile desde el 19 de Marzo del año 2019, actualmente reside en forma regular con permanencia definitiva en trámite, con trabajo estable y una empresa familiar con su cónyuge de nacionalidad chilena.

Sostuvo que ha intentado en ocho oportunidades, desde el año 2019, solicitar visa para su hija de 16 años, las que le han sido injustificadamente rechazadas, haciendo presente que la última de las solicitudes relativa a residente temporario, no registra movimiento y teme que será nuevamente rechazada.

Hizo presente que su hija se encuentra cursando estudios en forma telemática en el Liceo Técnico profesional Juan Pablo Segundo, de Coyhaique, requiriéndose que, para el segundo semestre del año 2021, la alumna requiere la asistencia presencial de una vez por semana para realizar la práctica de párvulos.

En cuanto al derecho, cita la normativa relativa a la acción de amparo y artículo 19, número 7, de la Constitución Política de la República, como tratados internacionales al respecto, basados principalmente en la libertad ambulatoria.

Alude, igualmente, a las prescripciones administrativas respecto de la visa de responsabilidad democrática, Circular N° 96, del 9 de Abril del año 2018, de la Subsecretaría de relaciones Exteriores, aduciendo que cumplía con todos y cada uno de los requisitos que allí se señalan; también alude a la visa de estudiante y a la visa de residente estudiante dependiente, y que, no obstante cumplir con los requisitos, infundadamente se ha negado su otorgamiento.

En ese orden alude a infracción de los artículos 40 y 41, de la Ley 19.880, en cuanto a la obligación de fundar un acto administrativo final, haciendo presente que las negativas al otorgamiento de visa se han basado en infracción a lo dispuesto en el número 4, del artículo 63, del decreto Ley 1094, como en el número 4, del artículo 137, del Reglamento de Extranjería, que dicen relación con el no cumplimiento de los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado, de lo que discrepa, puesto que se cumplen los requisitos para residir en Chile respecto de la niña nombre reservado, ya que su madre reside en el país, tiene un trabajo estable, está matriculada y actualmente realizando clases por vía telemática, cuenta con pasaporte, partida de nacimiento apostillada y todo lo requerido, por lo que no entiende cómo es posible que en todo este tiempo no se le haya otorgado el debido permiso de residencia señalando simplemente que no cumple con los requisitos sin atender a las circunstancias personales de la solicitante.

Alude al principio de reunificación y unificación familiar, con consagración en el artículo 1, inciso segundo, de la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17, que reconocen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que además, ésta debe ser protegida por la sociedad y el Estado, citando jurisprudencia al respecto.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado respecto del recurso intentado, indicó don nombre reservado, Embajador, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, dando cuenta que respecto de la solicitud de Visa de residente domicilio reservado, presentada en favor de nombre reservado, con fecha 26 de Agosto del año 2021, la solicitud se encuentra en estado de Resolución Consular por cuanto fue aprobada y será citada al consulado a presentar los documentos respectivos, a la brevedad posible, dadas las limitaciones impuestas por la pandemia, citando al efecto el Decreto Supremo que dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV), y extiende su vigencia, sin perjuicio de que ello pueda ser modificado.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de los antecedentes reseñados en los motivos precedentes se tiene que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario por parte de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el exterior, decía relación con la octava solicitud de residencia temporaria, pendiente de resolución, presentada con fecha 5 de Mayo del año 2021, temiendo que ella sea rechazada, pese al cumplimiento de los requisitos que la normativa al efecto dispone.

SEXTO: Que, consta en los antecedentes y de la sola lectura de las presentaciones de ambas partes, que la recurrida ha informado que “la solicitud se encuentra en estado de Resolución Consular por cuanto fue aprobada y será citada al consulado a presentar los documentos respectivos a la brevedad posible dadas las limitaciones impuestas por la pandemia..,”, de manera que el acto que se dice y pretende vulneratorio de los derechos de la recurrente, a la fecha de la vista de la causa, había cesado en sus efectos, cuyo era, también, el objeto final de esta acción cautelar, razones y circunstancias que ameritan que el presente recurso sea rechazado, por haber perdido oportunidad.

SÉPTIMO: Que, en relación a lo razonado en el motivo anterior, el recurso de protección es una acción constitucional tutelar y urgente, por la cual las Cortes de Apelaciones, examinando sin forma de juicio, un hecho que ocasiona actual privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales respectivos, busca el restablecimiento inmediato del pleno goce de la garantía o derecho constitucional privado, perturbado o amenazado, y por la cual se requiere, como requisito esencial para acogerla, la contemporaneidad o la permanencia de los efectos del acto del cual se reclama como ilegal o arbitrario, de suerte tal que, si este acto ha cesado o sus efectos no se perpetuán, este medio de protección constitucional no es el mecanismo adecuado ni idóneo, para tal objeto, al haber ya desaparecido el acto que afectó las garantías que este Tribunal estimó vulneradas eventualmente, ya que habiéndose restablecido, con anterioridad a la dictación de esta sentencia, el imperio del derecho, por sí sólo, tal cual fue informado por el recurrido, razón por la que no existe hoy, garantía alguna conculcada, que haga procedente declarar la vulneración alegada por la recurrente, porque el impedimento denunciado ya no existe.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, consistiendo, en el fondo, la petición de la recurrente en una solicitud a la que no es posible acceder, al menos en la forma textual pretendida, esto es, “dejar sin efecto el rechazo la solicitud de visa, de la niña nombre reservado, ordenado dicha solicitud sea tramitada, estableciendo un plazo para ello,..”, (SIC), puesto que no existe resolución que deba ser dejada sin efecto, ya que la misma ha sido aprobada y se encuentra pendiente de finiquito, postergada por razones de orden sanitario debidamente acreditadas.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara SIN LUGAR, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogado doña Constanza Cofré Berger, en representación de doña nombre reservado, en favor de su hija, doña nombre reservado, en la representación que inviste, en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, del Ministerio de relaciones Exteriores, representado por don nombre reservado, por haber cesado los efectos del acto que se reclama como arbitrario o ilegal.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol 309-2021.-