nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En Coyhaique, a siete de Abril del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N° 308-2024, en lo principal de la presentación de fecha 31 de Diciembre del año 2024, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogado, en representación de don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante JENAPERS), con domicilio en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el artículo 19 N°s 2 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC)”.

Con fecha 18 de Marzo del año 2025, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 25 de Marzo del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista el día 1 de Abril del mismo año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 2 de Enero del año 1992, aclarando que en la actualidad se encuentra jubilado.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, Código H0050, constituye remuneración y que desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Detective se le generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, como es el caso de la ciudad de Coyhaique, en la cual el recurrente desempeñó funciones desde enero del año 2004 a enero de 2011.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la P.D.I. informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019, de la JENAPERS. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendría la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al requerimiento de la P.D.I., evacuando el Dictamen N°E98928 / 2021, que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de Mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Explica que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los proceso para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería sólo parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de Abril de 2021 hacia lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y el recurrente tiene sobre ésta un derecho de dominio.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, en forma previa, alega que el recurrente solicita que la Policía de Investigaciones de Chile proceda con las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas a los actores, con los reajustes correspondientes, como también la reliquidación de sus pensiones y desahucios, sin señalar montos de dinero específicos, teniendo en consideración que, los eventuales montos de dinero presuntamente adeudados al actor, corresponden a los años 2004, hasta el año 2011, por lo que, dicha deuda se encuentra irremediablemente prescrita, lo que debe ser determinado a través de un procedimiento judicial de lato conocimiento, no siendo el Recurso de Protección la vía idónea para realizar cobros judiciales, al tener éste un carácter de excepcional y urgente.

En cuanto al fondo, indica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es, el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Refiere que la institución policial, respecto de nombre reservado no realizó pago alguno, por cuanto, a la fecha del aludido Dictamen se encontraba en condición de retiro. Además, los dineros que se intentan cobrar se encuentran irremediablemente prescritos, al haber transcurrido más de 14 años, desde que se devengaron, lo que debe ser determinado a través del procedimiento judicial correspondiente.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios(as), a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al dictamen N°E98928, de la Contraloría General de la República, en el que, en el caso del recurrente, no corresponde por los argumentos vertidos.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la privación ininterrumpida e injustificada del pago íntegro al actor de la “Gratificación de Zona” cuya fórmula de cálculo debía incluir la “Asignación de especialidad al grado efectivo” la cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, dada su otrora relación estatutaria con la Policía de Investigaciones de Chile, derecho preexistente e indubitado, vulnerando así sus garantías constitucionales reconocidas en los N°s 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida, desestima lo sostenido por el recurrente, alegando que éste solicita que la Policía de Investigaciones proceda al pago de la suma adeudada con los reajustes correspondientes, como también a la reliquidación de sus pensiones y desahucios, sin señalar un importe de dinero específico, teniendo en consideración que, los eventuales montos presuntamente adeudados al actor, corresponden a los años 2004, hasta el año 2011, por lo que, dicha deuda –al menos en una parte-, de existir, se encontraría prescrita, lo que debe ser determinado a través de un procedimiento judicial de lato conocimiento, no siendo el Recurso de Protección la vía idónea para realizar cobros judiciales, al tener éste un carácter de excepcional y urgente.

SÉPTIMO: Que, como ya se señaló en el motivo Cuarto, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no, en consecuencia, por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

OCTAVO: Que, en consonancia con lo concluido precedentemente, tampoco es visible la convergencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de la Administración del Estado, que, en consecuencia, habilite al actor para obtener una sentencia favorable a sus intereses, razón que refuerza el rechazo del recurso de protección que se conoce, sin que, por lo mismo, se juzgue preciso concentrar el análisis en la acusada vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, lo cual pasa a ser inoficioso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, en representación de nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Acordada con el voto en contra del Sr. Ministro don Luis Moisés Aedo Mora, quien fue de parecer que, independientemente de la precisión de los montos impagos a reclamar por el recurrente en una instancia diversa a la de esta acción constitucional, en la que igualmente caben alegaciones de fondo vinculadas a la eventual prescripción de todo o parte de las acciones de cobro que se invocan, a propósito de lo cual han existido, por lo demás, pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema vinculados a la interrupción de la misma, aparece nítido en la especie el devengo de los importes, a título de asignación de grado efectivo necesario de incorporar en el cálculo de la gratificación de zona respectiva, asociados a la permanencia del actor en la ciudad de Coyhaique en un período preciso, que va entre enero del año 2004 a enero del año 2011, por lo que concluye que, con las aclaraciones antedichas, era de igual modo susceptible de acoger el recurso en esta sede.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza y del voto, su autor.

Se deja constancia que no suscribe la presente sentencia el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo quien no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, se encuentra en uso de su feriado legal.

Rol N°: 308-2024 (Protección).-