nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a veintiséis de Febrero del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 27 de Diciembre del año 2024, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en la ciudad de Coyhaique, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado (JENAPRES), ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “…se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021. (SIC)”.

Que, con fecha 5 de Febrero del año 2025, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 11 de Febrero del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 20 del mismo mes y año, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, quedando el mismo en estado de acuerdo CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que, ingresó a la Institución con fecha 1 de Septiembre de 2004 y desde Enero del 2016 se encuentra desempeñando funciones de Perito en Coyhaique.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el ingreso al cargo de Detective se le generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona como en el caso de Coyhaique, haciendo presente que sólo se le adeuda el pago de la asignación reclamada, desde el año 2016 al año 2021.

Refiere que, en el mes de Mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de Mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en Junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de Julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de Abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de Mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Explica que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los proceso para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de Abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de Abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, y el derecho de propiedad, por cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y la recurrente tiene sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, luego de enunciar el objeto del recurso, indica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1968, no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Refiere que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Por otro lado, refiere que la institución policial sí procedió al pago de la recurrente, desde el mes de abril de 2021 a noviembre de 2022, la suma de $11.358.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión del pago íntegro de la gratificación de zona, al no considerar a cabalidad en su cálculo la asignación de especialidad al grado efectivo que le correspondía, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°s 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, como ya se señaló en el motivo Cuarto, la presente acción sólo puede referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo que no ocurre en el presente caso, desde que la recurrente no acreditó el supuesto del acto que reclama, al no acompañar ningún antecedente relativo a su persona, que dé cuenta de manera fehaciente de la circunstancia de haber prestado servicios en Coyhaique, ni del periodo sobre el cual le correspondería el pago de la gratificación de zona que presuntamente se le adeuda, siendo insuficiente, el sólo relato contenido en su arbitrio.

OCTAVO: Que, en consecuencia, cabe concluir que, atendida la falta de antecedentes anotada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que le asista a la recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá; sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Acordada con la prevención del señor Presidente Titular, Ministro don Luis Moisés Aedo Mora, quien fue de la opinión de, previo a resolver el arbitrio sometido a conocimiento de este Tribunal de Alzada, decretar una medida para mejor resolver a fin de contar con más y mejores antecedentes.

Redacción del Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza y del voto de prevención, su propio autor.

No firma la Ministro Titular don Natalia Marcela Rencoret Oliva, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°: 304-2024. (Protección).-