nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Coyhaique, treinta de Agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 6 de Agosto de 2021, comparece doña nombre reservado, abogada, con domicilio en esta ciudad, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del DECRETO SIAPER N° 814, de fecha 28 de Julio de 2021, por el cual se dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios a honorarios, de acuerdo a los antecedentes que expone.

Señala que, con fecha 4 de Marzo de 2021, ingresó a prestar servicios para la municipalidad recurrida, como abogada dependiente de la Dirección Jurídica del Municipio, firmando contrato de prestación de servicios, en calidad de personal a honorarios, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2021.

Indica que, si bien, las labores a desempeñar están contenidas en la cláusula tercera del referido contrato y se refirieren a la prestación de asesoría legal a la entidad de gestión inmobiliaria social (EGIS) del municipio, en rigor las labores desarrolladas comprendían todo el ámbito jurídico de la recurrida.

Que, con fecha 29 de Julio de 2021, se le notificó el Decreto SIAPER N° 814, por el que se dispuso el término de sus servicios, por no ser éstos necesarios, con efectos a partir del 1 de Agosto del corriente, sin que haya sido objeto de alguna observación en el cumplimiento de sus funciones.

Estima que el Decreto impugnado además de ser ilegal es arbitrario, ya que carece de la debida motivación, no contiene argumentos que permitan su acertada inteligencia, lo que amenaza y vulnera las garantías fundamentales de: i) igualdad ante la ley; ii) la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y iii) el derecho de propiedad; consagrados en el artículo 19 N° 2, 3 y 24, de la Carta Fundamental, amparados por el artículo 20 de la misma.

Refiere que en los considerandos del acto impugnado, se señala solo el Memorándum N° 40, de 28 de Julio de 2021, de la señora nombre reservado, que informa el término de relación aboral con la prestadora de servicios a contar del 1 de Agosto de 2021, además de lo indicado en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, que establece que su vigencia corresponde al periodo “comprendido entre el 4 de marzo de 2021 y hasta que se requieran sus servicios”; siendo sólo estos sus fundamentos, lo que deviene en que la actuación impugnada es arbitraria e ilegal.

Explica que es ilegal, por cuanto al disponer el término unilateral del contrato de prestación de servicios, se infringen las disposiciones del mismo contrato, de acuerdo al artículo 1545, del Código Civil, ya que si bien, su cláusula cuarta indica “hasta que se requieran sus servicios”, luego en la cláusula décimo sexta, sobre causales de término anticipado, se expone que “Se le podrá dar término anticipado al presente contrato por las razones que se exponen a continuación: 1) Incumplimiento de obligaciones y/o funciones. 2) Renuncia voluntaria. 3) No acatar instrucciones de la Unidad Técnica.”

Indica que, en los números 1 y 3, las causales importan incumplimientos imputables a su parte, sin que exista algún informe al efecto o procedimiento administrativo, ni menos una evaluación de desempeño por parte del Asesor Jurídico, conforme a la cláusula cuarta.

Recalca que fue el propio municipio el que limitó, por la vía contractual, las condiciones del término anticipado del contrato de prestación de servicios, pero luego pretende desconocer ello, bajo el pretexto de no ser más necesarios sus servicios, lo que denota su arbitrariedad.

En tal contexto, considerando el artículo 4 de la Ley 18.883, este tipo de contrataciones se regulan en primer lugar, por las reglas fijadas en el mismo contrato, y luego por normas del Código Civil, cuestión que la contraria no puede desconocer, al ser el propio contrato la normativa especial que rige al efecto.

Agrega que el decreto en cuestión es arbitrario, pues recurre al fundamento de existir un memorándum y el pretexto de no ser necesarios sus servicios, sin entregar ningún mayor antecedente, y sin dar a conocer el memorándum al notificarse el acto, por lo que se ignora su tenor, infraccionando el deber de fundamentación de los actos administrativos, conforme lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo 11, en armonía con el artículo 41, ambos de la Ley 19.880.

Afirma que el actuar de la recurrida evidentemente vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de su parte, y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que se impide el derecho a defensa, al impedir comprender los motivos del término e impugnar éste, conforme a la Ley, impidiendo el derecho a un proceso previo, racional y justo y, finalmente, conculca su derecho de propiedad, privándola de la legítima expectativa de seguir contando con los honorarios para el sustento familiar por todo el tiempo pactado.

Pide, se acoja el presente recurso, declarando que se deja sin efecto el Decreto SIAPER N° 814, de 28 de Julio de 2021, para acto seguido, ordenada que la recurrente sea reincorporada de inmediato a sus funciones en los términos estipulados en el contrato suscrito el 9 de marzo del corriente, debiendo además, pagar las remuneraciones que le correspondieren por todo el tiempo que estuvo separada de sus funciones, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Por la recurrida, comparece el abogado don Nelson Medina Fuentealba, y expone, en primer lugar, la improcedencia del recurso de protección para el caso de autos, por cuanto no se está en presencia de derechos indubitados, sino más bien se pide la declaración de derechos, debiendo establecer si son correctas o no las circunstancias tenidas en vista para proceder al término de contrato.

En este sentido, el contrato establece que sus servicios se extenderán mientras sean requeridos por el municipio, no pudiendo extenderse más allá del 31 de diciembre de 2021, produciéndose en la especie la hipótesis de no ser más necesarios sus servicios.

De lo anterior, no existe un derecho adquirido por la recurrente atendida la transitoriedad que el mismo contrato contempla, por lo que la continuidad del servicio, solo es una mera expectativa, la que no es suficiente para el presente recurso de protección. En cuanto a la vigencia del contrato, las disposición al efecto del contrato están en armonía con la Ley 18.993 y lo que estipula en el artículo 4°, con lo que la decisión de prescindir de los servicios de la recurrente se relaciona con la facultad de la recurrida de reorganizar, optimizar y efectuar readecuaciones del personal, debiendo suprimirse algunas y racionalizar recursos.

En cuanto a la ilegalidad que se acusa de la letra del contrato, indica que aquello es materia de interpretación que debe ser resuelta en sede civil y no por esta vía.

En cuanto a las garantías que se estiman vulneradas, sostiene que los argumentos al efecto carecen de fundamento, no se logra observar cual sería la discriminación subjetiva que se realizó por el municipio, sin que se indique de qué desigualdad se reclama.

En cuanto al derecho al debido proceso, señala que la recurrida bien pudo deducir recurso de reconsideración, por el artículo 59, Ley 19.880, ni agotó la vía administrativa, ni siquiera recurrió ante la Contraloría General. Aclara finalmente, que el decreto señala los motivos de la terminación del contrato.

Con fecha 21 de Agosto de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 24 de Agosto de 2021, se llevó a efecto la vista del recurso, compareciendo vía telemática mediante plataforma Zoom, la recurrente representada por el abogado Waldemar Sanhueza Quiniyao, y por la recurrida, el abogado Nelson Medina Fuentealba.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos prexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que para la procedencia de la pretendida acción, es menester la existencia de un acto ilegal o arbitrario, esto es, la concurrencia de un acto contrario a la ley, o que sea producto del mero capricho de quien lo realiza, afectando de este modo, una o más de las garantías que la Constitución Política de la República protege. Así, únicamente en el caso de existir un acto que reúna tales elementos, podría ser sometido al presente arbitrio, caso contrario, necesariamente debiese ser desatendido por esta vía constitucional.

TERCERO: Que el acto que motivó el presente arbitrio, y respecto del cual, la recurrente, reprocha su ilegalidad y arbitrariedad es el DECRETO SIAPER N° 814, de fecha 28 de Julio de 2021, a través del cual se dispuso el término de su contrato de prestación de servicios por no ser requeridos.

CUARTO: Que, es menester tener presente que el inciso tercero del artículo 11 de la Ley N° 18.834, señala que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este texto legal.

QUINTO: Que es un hecho de la causa, no sujeto a discusión, ni controvertido por las partes, que el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y doña nombre reservado con fecha 9 de marzo de 2021, estipula en su cláusula primera, que la Municipalidad de Coyhaique, conforme a las disposiciones de su Ley Orgánica y Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 4, contempla anualmente contratación sobre la base de Honorarios Profesionales, técnicos y expertos en determinadas materias para cumplir labores específicas, de lo que se concluye indefectiblemente que la recurrente tiene la calidad de prestador de servicios a honorarios.

SEXTO: Que, en el mismo sentido, la cláusula cuarta del comentado contrato, señala que las actividades de la recurrente se desarrollaran en el periodo comprendido desde el 4 de marzo de 2021, y hasta que se requieran sus servicios, lo que en ningún caso debe exceder más allá del 31 de diciembre de 2021. Así, es dable concluir, que es una facultad que se encuentra dentro de las atribuciones del Alcalde de la comuna, que derivó en el término anticipado del contrato de trabajo por no requerir sus servicios.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, este sentenciador no advierte una conducta arbitraria o ilegal de la recurrida, contenida en el DECRETO SIAPER N° 814 de fecha 28 de Julio de 2021, el cual puso término anticipado al contrato entre la recurrente y el recurrido, toda vez, que aparece suficientemente fundamentado, considerando al momento de su dictación, el Decreto Alcaldicio N° 238, de fecha 9 de marzo de 2021, que aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre Municipalidad y doña nombre reservado, para prestar labores profesionales en la unidad de Asesoría Jurídica; El Memorándum N° 40 de fecha 28 de julio de 2021, de la señora nombre reservado de la comuna de Coyhaique, que informa término de relación laboral con la prestadora de servicios individualizada, a contar del 01 de Agosto de 2021; y por último, lo indicado en la cláusula cuarta del contrato de trabajo antes señalado que establece que la vigencia del contrato será “en el periodo comprendido desde el 04 de marzo de 2021, y hasta que se requieran sus servicios”. En estas circunstancias, dista de ser una decisión adoptada por el mero capricho de la autoridad edilicia, ergo si es el mismo contrato de prestación de servicios a honorarios, en su cláusula cuarta, que faculta el término anticipado del mismo, debido al carácter transitorio y específico de las funciones del prestador de servicios a honorarios, por lo que estima este sentenciador, que el DECRETO SIAPER N° 814 está debidamente fundado, como lo exigen los artículos 11 inciso segundo y 16 de la Ley N° 19.880.

OCTAVO: Que, no obsta lo asentado precedentemente, el argumento de la recurrida referente a la expresa disposición contenida sobre el Término anticipado del contrato de prestación de servicios, en la cláusula Décimo Sexta, pues si bien en la misma se establecen tres causales para proceder en tal sentido según corresponda a cada una de las contratantes que decida servirse de aquellas, éstas no pueden entenderse sino como complementarias y en armonía con lo dispuesto en la cláusula cuarta al establecer la vigencia del vínculo, en la que se consigna expresamente la voluntad de circunscribir el contrato a un plazo de vigencia determinado o incluso, mientras pendiente su preclusión en el tiempo, hasta que sean necesarios los servicios de la prestadora.

En efecto, la entidad edilicia recurrida, se limitó, en tal escenario, a ejercer la facultad de poner término a dicha contratación por no ser más necesarios los servicios de la recurrente, de lo que se dejó expresa constancia en el Memorandum N° 40, emitido el 28 de Julio del corriente, que cita el acto impugnado, sin perjuicio que, en contrario, podría haber optado por asilarse en alguna de las otras tres opciones que al efecto brinda la estipulación décimo sexta, lo que en la especie no ocurrió, pero al no ser excluyente tal disposición según se razonó, no es óbice para concluir que el actuar de la Municipalidad se encuentra ajustado a derecho al disponer el cese anticipado del respectivo convenio en la forma en que lo hizo.

NOVENO: Que, atendido los antecedentes hasta aquí expuestos, no se observa un actuar arbitrario o ilegal de parte de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique en la dictación del DECRETO SIAPER N°814, pues actuó dentro de sus facultades legales y contractuales, y el acto administrativo aparece suficientemente fundamentado.

Así las cosas, no concurriendo en la especie los elementos indispensables para la procedencia del presente recurso, malamente puede el acto recurrido afectar las garantías constitucionales alegadas, por lo que cabe a esta Corte rechazar la presente acción.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I) Que, se RECHAZA el recurso de protección, interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas.

II) Que, no se condena en costas a la actora, por estimarse que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Corte N° 299-2021 (Protección).