nombre reservado con EJÉRCITO DE CHILE

Coyhaique, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte Nº 297-2025, el 24 de diciembre de 2025, comparece don Jaime Roberto Pereira, abogado, en representación de don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado para estos efectos por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, don nombre reservado, o quien lo subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión arbitraria, consistente en la Resolución DIVPER II/2/b/2 (R) N°1345/53520/15101, que dispone su destinación a la Guarnición de Santiago, lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 2 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: ‘‘…declarar que la destinación que me traslada a la ciudad de Santiago es ilegal y arbitraria, ordenando al Ejército de Chile dejarla sin efecto, disponiendo que se mantenga mi permanencia en la Guarnición de .-’’ (sic)

Con fecha 29 de enero de 2026, don nombre reservado, Coronel, Comandante de la División de Personal Suplente, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 10 de febrero de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 19 del mismo mes y año, compareciendo de manera presencial, contra el recurso, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, doña Tamara Oyarzo Hernández; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don Jaime Roberto Pereira, abogado, fundamenta su recurso, en lo sustancial, señalando que con fecha 6 de agosto de 2011, contrajo matrimonio con doña nombre reservado, naciendo de dicha unión el menor de iniciales E.A.S.P. de 6 años de edad. Acota que, si bien, existe un cese de convivencia inscrito con fecha 16 de marzo de 2023, todavía mantienen la calidad de cónyuges.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que, con fecha 24 de octubre de 2025, mediante Resolución DIVPER II/2/b/2 (R) N°1345/53520/15101, del Comandante de la División de Personal del Ejército, se dispone la destinación de ambos cónyuges a la Guarnición de Santiago. No obstante, con fecha 2 de diciembre de 2025, se deja sin efecto el traslado de su cónyuge, manteniéndola en la Guarnición de Coyhaique, mediante Resolución DIVPER II/2/b/2 (R) N°1345/54218/16975/EXENTA.

Alega que, existe una flagrante falta de certeza jurídica, por cuanto la Jefatura de Instalaciones de Salud (JIS) del Ejército clasifica la destinación como parte del Proceso Bienal de Destinaciones (PROBID) 2026, mientras que la Macrozona de Salud “Coyhaique” la califica como Plan Anual de Destinaciones (PAD) 2026. Esta discrepancia, sumada a la negativa de entregar el texto íntegro del oficio MZS COY OF PERS (R) N°1590/58279, de 9 de diciembre de 2025, impide conocer el fundamento técnico del acto administrativo.

Manifiesta una vulneración al principio de protección a la familia, pues, la orden de traslado en contra del recurrente rompe la unidad de acción parental respecto del hijo, quien actualmente es sujeto de un Diagnóstico Clínico Especializado, en la que se requiere la presencia de ambos progenitores en la misma zona geográfica; Coyhaique.

Asimismo, expone una infracción al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, toda vez que, al haberse revocado la destinación de su cónyuge y persistir en la del recurrente, se infringe el artículo 146 del DFL – 1 (G) de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, al no existir una justificación de “necesidad del servicio” que supere el deber legal de mantener la unidad de residencia del matrimonio.

En la misma línea, sostiene un incumplimiento del deber de Bienestar que prevé el inciso 2° del artículo 16 del Decreto Supremo N°1445 de 1951, Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, ya que este bienestar incluye la estabilidad familiar y al separarlo de su hijo –quien se encuentra bajo monitoreo del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia–, el acto administrativo deviene en cruel y desproporcionado.

Finaliza su exposición citando la normativa aplicable al caso de marras, así como jurisprudencia relevante al asunto.

Por último, respecto a las garantías vulneradas expone que, se infringe el derecho de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19 N°2 de nuestra Constitución, toda vez que, se ha aplicado un procedimiento arbitrario e ilegal, sin la existencia de un acto administrativo que entregue o de cuenta de los fundamentos legales y fácticos que sustenten la decisión de aplicar la medida de destinación , procedimiento que solamente se ha aplicado al recurrente, estableciendo por ende, diferencias arbitrarias respecto de los demás servidores públicos, incluyendo a su cónyuge.

SEGUNDO: Que, don nombre reservado, Coronel, Comandante de la División de Personal Suplente, en representación del recurrido Ejército de Chile, solicita primeramente se declare la improcedencia del presente recurso, debido a que los supuestos derechos conculcados no son derechos indubitados, excediendo la naturaleza y características esta acción cautelar.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que, el recurrente dirige su acción en contra de la destinación institucional dispuesta mediante Resolución Exenta DIVPER II/2/b/2 (R) N°1345/53520/15101 de 24 de octubre de 2025, que lo destina a seguir prestando funciones de planta en otra guarnición, a partir del año 2026.

Hace presente que las resoluciones que disponen las destinaciones del Cuadro Permanente son realizadas año a año, según un completo trabajo que contempla los requerimientos de los distintos Comandos y Unidades, de acuerdo con diversos factores, no existiendo por parte de la institución recurrida intención de perjudicar al recurrente en sus garantías.

Respecto a la alegación efectuada por el recurrente en orden a que su destinación es sin el traslado de su cónyuge, indica que, en cumplimiento del principio de velar por la mantención de la unión familiar, se destinó a éste junto a su cónyuge doña nombre reservado. Así, la División de Personal resolvió, en primera instancia, destinar a ambos cónyuges a la ciudad de Santiago, destacando que atendida la especialidad requerida en dicha zona de Santiago (JEPLANGES), la necesidad de destinación recaía únicamente sobre el recurrente y no sobre su cónyuge, la cual se destinó por arrastre del primero.

Acota que, conforme lo establecido en el Dictamen N°27.435 de la Contraloría de la República, dicho principio no constituye una obligación legal para la institución de disponer destinaciones coincidentes para ambos cónyuges per se, sino que su aplicación queda supeditada a las necesidades institucionales y a los fines previamente expuestos.

Refiere que, la argumentación del recurrente sobre la potencial vulneración al principio de protección familiar y su estabilidad es ficticio, toda vez que, desde el año 2021 éste no hace vida familiar e incluso se decretó por el Juzgado de Familia de Coyhaique en causa Rol X-168-2024, la intervención de uno de los menores por riesgo inminente, quien ha sido expuesto de manera crónica a conflictos parentales de alta connotación. A su vez, es el mismo recurrente quien con fecha 16 de marzo de 2023 compareció ante el Registro Civil de Coyhaique declarando el cese de convivencia con doña nombre reservado.

Así las cosas, arguye que, teniendo presente los antecedentes acompañados por la cónyuge —sólo ella solicito dejar sin efecto dicha destinación—, se revocó solo su destinación, por haberse acreditado el quiebre familiar e incluso intervenido a nivel judicial, cuya destinación era solo en cumplimiento del principio mas no por necesidad institucional como es la realizada y decretada al recurrente de autos, cuya especialidad —enfermero militar—, fue requerida por necesidad institucional para equilibrar la Tabla de Distribución en la JEPLANGE, ubicada en la Región Metropolitana.

En cuanto a la contradicción administrativa entre PROBID y PAD y la negativa a entregar el acto integro de destinación, aduce que, el proceso efectivamente aplicado es el Plan Anual de Destinaciones para el año 2026 (PAD 2026), según se desprende de la propia Resolución de destinación. Lo que efectivamente se advierte es un problema de redacción en el oficio interno emitido por la Jefatura de Instalación de Salud al informar al Comandante de la Unidad, acerca de la resolución que dispone la destinación del recurrente, pues, al aludir la resolución impugnada, se consignó erróneamente como objeto el PROBID en lugar del PAD. Este yerro de redacción no altera ni el contenido, ni la existencia, ni la eficacia del acto terminal ni de su notificación formal en los que si se precisa que la destinación obedece al Proceso Anual de Destinaciones.

Seguidamente, argumenta que, no puede sostenerse que la falta de entrega integra del acto de destinación genere, por si sola, un estado de indefensión, porque se trata de un acto catalogado de ‘’reservado’’ sujeto a un régimen de confidencialidad establecido expresamente por el ordenamiento jurídico que no puede ser difundido, por cuanto comunica unilateralmente a un grupo de personas cuál será su nueva unidad de desempeño y porque contiene un listado de datos personales y unidades militares que deben ser protegidos.

Respecto al incumplimiento del deber de bienestar del subalterno alegado por el recurrente en su libelo, arguye que, dicha interpretación en el contexto de una destinación militar resulta erróneo, toda vez que, el citado precepto se enmarca en los deberes generales del superior para robustecer la disciplina, el amor al servicio y la rectitud profesional. Así, el deber de preocupación por el bienestar de los subalternos no puede interpretarse de manera aislada ni absoluta, sino en armonía con los principios rectores del mismo reglamento.

Sobre el acápite de falta de motivación del acto administrativo, precisa que, el recurrente se limitada a formular tal afirmación de modo genérico, sin explicitar de qué forma concreta la Administración habría incurrido en tal omisión.

Refiere que, en consecuencia, la destinación del recurrente, como todas la demás de la especie que operan año a año a nivel institucional, fueron dispuestas por las autoridades competentes precio estudio individual y familiar como la ponderación de criterios técnicos derivados del cumplimiento de las misiones y requerimientos del servicio en el Ejercito, lo que finalmente se plasma en una resolución que dispone la destinación como es el acto que se recurre en la especie.

Agrega que, pese a que el acto conoce perfectamente el procedimiento institucional de destinación llevado a cabo anualmente por la instiotu7cion, la actuación del recurrente se evidencia abiertamente una contravención de su parte en dar cumplimiento a la normativa institucional vigente y de la cual no puede alegar desconocimiento, en su calidad de persona de planta de la institución.

Concluye su exposición desarrollando el marco normativo que sustenta su actuación institucional, apoyándose en jurisprudencia pertinente.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la Resolución DIVPER II/2/b/2 (R) N°1345/53520/15101, que dispone su destinación a la Guarnición de Santiago; infringiendo con ello, su garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El inciso último del artículo 8, de la Ley N°18.948 Orgánica Institucional, dispone que: ‘‘Los restantes nombramientos y destinaciones serán resueltos por el Comandante en Jefe de cada Institución a proposición de la autoridad Institucional que corresponda.’’ Siguiendo el legislador en el artículo 47 letra a y f): ‘‘Son facultades de cada Comandante en Jefe: a) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa Nacional, la disposición, organización y distribución de las fuerzas, de acuerdo a los criterios técnicos derivados del cumplimiento de sus fines y objetivos. f) Determinar las necesidades de recursos humanos y materiales para formular al Ministro de Defensa Nacional las propuestas que permitan cumplir los objetivos que señala el artículo 90 de la Constitución Política de la República.’’ Asimismo, debemos citar el D.F.L N°1 de 1997, sobre Estatuto del Personal de las FAs, que expresa:

‘‘Artículo 138.- El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda. Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente.’’ ‘‘Artículo 145.- La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda.

La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición.’’ ‘‘Artículo 147 inciso segundo: Las destinaciones del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, como asimismo las del personal de Tropa Profesional, serán ordenadas por las Direcciones del Personal o Comando de Personal de acuerdo con las dotaciones reglamentarias de cada unidad o repartición.’’ OCTAVO: Que, de los antecedentes allegados a la presente causa y de la normativa precedentemente citada, no se advierte por estos sentenciadores que la autoridad administrativa haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario al disponer la destinación del recurrente de autos, desde que dicha destinación se encuentra inserta dentro de la esfera de sus facultades de administración y gestión del personal que el ordenamiento jurídico le entrega al Ejército de Chile; sin que corresponda a esta Ilustrísima Corte invadir dichas facultades.

NOVENO: Que, tampoco resulta suficiente para desvirtuar la legalidad del acto el hecho de que al recurrente no se le haya acompañado copia integra de la resolución administrativa al momento de su notificación, desde que dicha circunstancia, por si sola, no permite arribar a una falta de motivación del acto ni se ha acreditado por el actor de qué manera ello le habría generado indefensión.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y en cuanto a la situación familiar del recurrente y a la eventual disgregación de su núcleo más estrecho conformado por su cónyuge e hijo, se debe tener presente, que la División de Personal —órgano legalmente competente en materia de destinación del personal del cuadro permanente— en primera instancia había destinado a ambos cónyuges a la ciudad de Santiago. Sin embargo, al ponderar los antecedentes acompañados por la cónyuge, al solicitar se dejará sin efecto su destinación, se procedió a la revocación de aquella por haberse acreditado fehacientemente el quiebre familiar e incluso intervenido a nivel judicial, máxime cuando dicha destinación era solo debido a la no afectación del núcleo familiar, mas no por necesidad institucional como si lo es la ordenada al recurrente.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la alegada vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, la situación del actor no resulta homologable a la de su cónyuge, quien sí formuló una solicitud administrativa, acompañando antecedentes suficientes que fueron debidamente ponderados por la autoridad administrativa, sin que aparezca que el recurrente haya instado por una petición de similar naturaleza ni haya aportado antecedentes que hicieran extensiva dicha revocación, por lo que malamente estos sentenciadores podrían advertir un trato diferenciado carente de justificación.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, el acto impugnado constituye el ejercicio de una potestad de carácter discrecional, cuyo control por esta vía cautelar se limita a constatar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, lo que en la especie no se configura conforme a los antecedentes aportados; razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco, por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, representado por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, don nombre reservado, o quien lo subrogue.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Señora Ministro Titular, doña Natalia Rencoret Oliva.

No firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N°297-2025. (Protección).-