nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Coyhaique, veintidós de noviembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 4 de agosto de 2023, comparece don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en la Comuna de Sierra de Gorda, de paso en la ciudad de Coyhaique, en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, con domicilio en domicilio reservado, en la ciudad de Coyhaique, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, sucursal ubicada en calle nombre reservado°502, de la ciudad de Coyhaique, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción ilegal y arbitraria, que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los N° 2, y 24, de la Constitución Política de la República; consistente en que con fecha 4 de agosto de 2023, en circunstancias de haber cobrado en la sucursal señalada, la primera parte de su seguro de cesantía, se le comunicó de manera verbal por el Gerente de Sucursal que “perdería todos los demás pagos” (sic) en razón de su situación migratoria actual, al no contar con cédula de identidad vigente, ni Rut que acredite su identidad; solicitando, en definitiva: “ se ordene el alzamiento de bloqueo de pagos del seguro de cesantía del recurrente, toda vez que según se acredita se encuentra en proceso de regularización excepcional migratoria.” (SIC)

El recurrente fundamenta su recurso, en que el extranjero ingresó por paso no habilitado en el año 2021, decretándose orden de expulsión en su contra, razón por la que se interpuso recurso de amparo seguido bajo el Rol 208-2021 ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que a través de sentencia definitiva de fecha 20 de mayo de 2021, rechazó el recurso intentado, interponiéndose en contra de ésta recurso de apelación que tras ser conocido por la Corte Suprema en causa Penal Rol 36910-2021, revocó la sentencia definitiva, dejando sin efecto la orden de expulsión.

Así, señala que con fecha 23 de agosto de 2022, se remitió vía correo certificado la solicitud de regularización excepcional para la obtención de la visa, residencia o permanencia temporaria, sin respuestas a la fecha, habiéndose solitario un sinnúmero de documentos, siendo cuestionado por la Contraloría General de la República, por las excesivas demoras en dar respuestas a los extranjeros.

Agrega que, en razón de la demora señalada interpuso Recurso de Protección, seguido bajo el Rol 12231-2023 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde consta que el recurrente se encuentra en proceso de regularización.

Sin perjuicio de ello y relativo a los hechos que configuran su denuncia, señala que con fecha 4 de agosto de 2023, concurrió a la sucursal del Banco del Estado de Chile, ubicada en calle nombre reservado°502 de la ciudad de Coyhaique, en donde procedió a cobrar la suma de $401.033, por concepto de seguro de cesantía.

En dicha ocasión, señala que, el Gerente de Sucursal, le informa que “perdería todos los demás pagos” (sic) debido a que no se podía verificar en el sistema informático, los antecedentes relativos a la causa Protección Rol 12231-2023, de la Corte de Apelaciones de Santiago, así como tampoco las respuestas entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones, siendo falso, desde que sí pudo realizarse a través de la plataforma web del Poder Judicial, y en consecuencia, los actos y omisiones expuestos, constituyen una privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales.

Con fecha 29 de agosto de 2023, evacua informe la recurrida, por intermedio de la abogado, doña Nicolle Castro Acuña, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, precisando que el recurrente no tiene cédula de identidad vigente y tampoco RUT provisorio o indefinido, que acredite su identidad en la calidad de extranjero, encontrándose vencido su pasaporte, por lo que resulta imposible corroborar su identidad.

Agrega que, el recurrente si mantenía un RUT provisorio asociado al pago del seguro de cesantía, según el detalle que se indica, agregando que dicho RUT es entregado por la AFC para el pago de cotizaciones y, por ende, no es un medio válido para identificar al cliente.

Posterior a referirse a la procedencia del recurso intentado, y haber citado jurisprudencia que estima pertinente, sostiene que, no existe arbitrariedad o ilegalidad en el obrar de la recurrida, y tampoco ha existido vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por el recurrente, desde que éste al carecer de una cédula de identidad vigente y sin bloqueos, no se le permite a la recurrida acreditar de manera fehaciente e inequívoca la identidad del actor, por lo que no se puede autorizar la realización de operaciones presenciales, en razón del artículo 3 y 23 de la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Indica que, es necesario poder acreditar la identidad de la persona en virtud de que la recurrida se encuentra obligada a garantizar a sus clientes la seguridad en el consumo de bienes y servicios, seguridad que podrá resultar gravemente afectada o amagada en el evento que se autorice realizar una operación sin poder autentificar al cliente.

Existe así una obligación legal de la recurrida de exigir acreditar la identidad del recurrente, la cual también ha sido reconocida jurisprudencialmente, citando al efecto la sentencia de fecha 2 de mayo de 2018, dictada por la Excma. Corte Suprema en Rol N° 34.410-2017.

Reitera que no existió actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, por el contrario, solo cumplió con su deber de seguridad y solicitó la acreditación de identidad respectiva a través de la cédula vigente.

Arguye además que, no existe un derecho de carácter preexistente afectado, desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, muy por el contrario, atendida las declaraciones del recurrente y las informadas por la recurrida, es un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento declarativo, resultando imprescindible agotar la vía jurisdiccional correspondiente.

Por último, señala que, los hechos descritos exceden las materias que deben ser conocidas por la acción constitucional de protección, estimando que se denuncia un conflicto contractual y se reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial de lato conocimiento, contemplado en la Ley 19.496.

Con fecha 20 de noviembre de 2023, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

TERCERO: Que, según consta de lo expuesto y señalado por las partes, a fin de resolver el presente arbitrio planteado, el análisis se debe centrar en determinar si la actuación de la recurrida, esto es, habérsele comunicado al recurrente con fecha 4 de agosto de 2023, por parte del Gerente de Sucursal del Banco del Estado, en circunstancias de haber cobrado la primera parte de su seguro de cesantía, que “perdería todos los demás pagos” (sic) en razón de su situación migratoria actual, al no contar con cédula de identidad vigente, ni Rut que acredite su identidad para proceder a cobrar los demás montos, es ilegal y/o arbitrario, y analizar si dicho acto vulnera los derechos establecidos en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; para luego proceder a resolver si corresponde acceder a las pretensiones del recurso, consistentes en ordenar el “alzamiento de bloqueo de pagos del seguro de cesantía del recurrente” (sic) por encontrarse en proceso de regularización excepcional migratoria.

CUARTO: Que, en orden a reconocer las dificultades del asunto, y respecto de la calidad migratoria del recurrente, es preciso señalar como antecedente previo que, ingresó al país por paso no habilitado, y con fecha 25 de agosto de 2022, solicitó al Servicio Nacional de Migraciones la regularización de su situación migratoria, solicitud que se encuentra actualmente en trámite, de conformidad al procedimiento de regularización ordinaria según lo dispone el artículo 155 N°8 de la Ley 21.325, vigente al momento de presentar la solicitud por parte del actor, dada su imposibilidad de acceder a un permiso de residencia al carecer de un requisito básico como es haber ingresado al país por paso habilitado.

QUINTO: Que, consta como un hecho no controvertido por las partes que, el recurrente tuvo acceso al beneficio de Seguro de Cesantía, el que es de carácter obligatorio en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, de conformidad al artículo 1°, de la Ley N°19.728, y con fecha 4 de agosto de 2023, pudo hacer efectivo el cobro del primero de los cinco giros especificados en el documento de “Solicitud de Prestación por Seguro de Cesantía Afiliados con Derecho a Fondo de Cesantía Solidario” N°RUT reservado, por un el monto de $401.033 en la referida Sucursal bancaria del Banco del Estado, de un total a percibir de $1.403.615.

Que, en el mismo documento señalado consta en los “Antecedentes del Afiliado” que el recurrente cuenta con número de “RUT” asignado, correspondiente al N° RUT reservado y se encuentra afiliado a A.F.P. Modelo, y en consecuencia, el pago efectuado se otorgó al haberse verificado la identidad del recurrente por parte del Banco del Estado.

SEXTO: Que, a fin de despejar la discusión, sobre la obligación de verificar la identidad de las personas ante las entidades bancarias, resulta menester señalar que la Superintendencia de Bancos e nombre reservado, del Ministerio de Hacienda, a través de la Circular Bancos N° 3427 en su “Capítulo 20-1”, relativo a la Exhibición del Rol Único Tributario o de la Cédula Nacional de Identidad, en su N°1 señala que, los bancos deben exigir la presentación de la cédula de RUT a las personas naturales o jurídicas para la realización cualquiera de las operaciones señaladas en el N°2 del mismo capítulo - entre las que se encuentran, en su literal g) las referidas a las cobranzas, pagos o transferencias de fondos, sólo a la persona que encarga el cobro, pago o transferencia - agregando que, las personas naturales podrán dar cumplimiento a la exigencia señalada, exhibiendo su Cédula Nacional de Identidad. Indicando además, que los bancos exigirán la cédula de identidad para cursar todas aquellas operaciones en que sea necesario verificar la identidad de los solicitantes.

SÉPTIMO: Que, dicho lo anterior, resulta también conveniente analizar el presente arbitrio desde la normativa atingente y que corresponde, en primer lugar, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro I, relativo a la “Afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980”, Título III, letra “A” sobre la “Administración de Cuentas Personales”, Capítulo III, relativo a las “Cuentas Personales” el que en su N°32, ordena a la Administradora de Fondos de Pensiones pertinente, disponer un procedimiento que permita obtener la entrega de un Número Identificatorio para Cotizar (NIC) a los trabajadores extranjeros sin cédula de identidad, lo anterior con el objeto de permitir el pago de las cotizaciones previsionales para pensiones y para el Seguro de Cesantía.

OCTAVO: Que, a su vez, en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, Libro I respecto de la “Afiliación al Seguro de Cesantía de la Ley N° 19.728”, Título II relativo a la “Administración de Cuentas Individuales por Cesantía”, letra “A” sobre la “Creación Cuenta Individual por Cesantía”, en su N°5, se señala que, en el caso de los trabajadores extranjeros que no cuenten con cédula de identidad para extranjeros, la Sociedad Administradora deberá utilizar el Número Identificatorio para Cotizar (NIC) que le haya sido notificado por la AFP, agregando que a éstos trabajadores les serán aplicables las mismas disposiciones que rigen para los trabajadores con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe consignar que, además de la normativa citada, de los “Requisitos y Condiciones para cobrar el Seguro de Cesantía” señalados en el sitio web de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., (AFC), se desprende que: “En caso de no contar con cédula de identidad, puede presentar pasaporte y Número Identificatorio para Cotización (NIC).”

DÉCIMO: Que, bajo dichas circunstancias, no es procedente que al recurrente, se le prohíba acceder a los demás giros correspondientes, arguyendo para ello la imposibilidad de verificar su identidad, por tratarse de una persona extranjera sin cédula de identidad, pues dicha afirmación no resulta razonable ni haya sustento fáctico en la realidad, máxime si ya se efectuó un primer pago con fecha 4 de agosto del presente año, sumado a la circunstancia de que el recurrente cuenta con el Número Identificatorio para Cotizar (NIC), la que como se analizó permite asimilar al extranjero las disposiciones que rigen para los trabajadores con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e identificación, y en suma, dicho Número identificatorio resulta suficiente para la verificación de la identidad del recurrente, permitiendo de este modo también a la entidad bancaria dar cumplimiento a su deber de seguridad.

UNDÉCIMO: Que, dicho lo anterior, la comunicación efectuada por el Gerente de la sucursal de Banco Estado, en orden a advertir que “perdería todos los demás pagos” en razón de su situación migratoria actual, al no contar con cédula de identidad vigente, ni Rut que acredite su identidad, resulta ser ilegal pues, contraría las disposiciones legales que otorgan al recurrente el derecho al seguro de cesantía establecido en la Ley N° 19.728, restando así en lo práctico, toda eficacia de la ley.

Que, a mayor abundamiento, la decisión de la recurrida resulta, asimismo, arbitraria, desde que la advertencia señalada obedece a un ejercicio arbitrario de su potestad, que no resiste análisis, toda vez que no se advirtieron inconvenientes para efectuar el primer pago de la suma total, con fecha 4 de agosto de 2023, pudiendo verificar sin reparos la identidad del recurrente, criterio que ser alterado para los demás giros, obedecería únicamente al capricho de la recurrida, no advirtiéndose de qué forma variarían las circunstancias para proceder a un próximo pago, lo que no se hace cargo la recurrida en su informe.

Que, a lo anterior debe agregarse que, la arbitrariedad se refleja asimismo, en la desatención a las normas contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía, conforme lo ya analizado.

DUODÉCIMO: Que, como corolario de lo expuesto, a través de la apreciación de los antecedentes de conformidad a los principios que reglan la sana crítica, se advierte una abierta infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, protegida por el N° 2 del mismo articulado constitucional, desde que al recurrente se le apercibe con antelación el rechazo de los posteriores giros, lo que amaga su acceso al Seguro de Cesantía, viéndose arbitrariamente impedido de hacer uso de los beneficios de la seguridad social, en relación a los demás trabajadores que sí cuentan con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e identificación, y que en iguales circunstancias de cesantía, han podido acceder al pago de dichos emolumentos, amparándose la recurrida, únicamente, en la carencia de dicho documento, cuestión que conforme el análisis efectuado en esta sede, no resulta procedente, máxime si le resultan aplicables las mismas disposiciones que rigen para los trabajadores con cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya carencia además, se relaciona con la demora en la dictación de la resolución de la solicitud de regularización migratoria, efectuada por el recurrente ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Que, asimismo, se aprecia una evidente amenaza al derecho de propiedad del extranjero recurrente, desde que se anticipa la negación a obtener los emolumentos derivados del seguro de cesantía, lo que vulnera a todas luces el derecho de propiedad del recurrente, garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, atendido el mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra de Banco del Estado de Chile, y se ordena a dicha entidad, proceder al pago de las sumas que correspondan al recurrente, previa exhibición de medio válido para la verificación de la identidad del recurrente, según la normativa ya señalada, como el Número Identificatorio para Cotizar (NIC), en reemplazo de la cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, para el acceso a los trámites que sean pertinentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 296-2023 (Protección).