nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Coyhaique, ocho de Septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, con fecha cinco de Agosto de dos mil veintiuno, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, cesante, con domicilio en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de la Municipalidad de Coyhaique, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Carlos Patricio Gatica Villegas, ingeniero civil ambiental, RUT N° RUT reservado, o quien en derecho lo subrogue, represente o haga las veces de tal o corresponda, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario en la dictación del Decreto SIAPER N° 812, de fecha 28 de Julio de 2021, en virtud del cual se dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios, que vulnera sus garantías constitucionales garantizadas en el artículo 19, números 2, 3 y 4, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone, se deje sin efecto el citado Decreto y se ordene su reincorporación inmediata a sus funciones, en los términos estipulados en el contrato de prestación de servicios a honorarios, suscrito con fecha 9 de Abril de 2021, debiendo, además, cancelársele las remuneraciones que le correspondan por todo el tiempo en que estuvo separado de sus funciones, sin perjuicio de otras medidas de protección que se estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condena en costas, acompañando la documentación que relaciona en el primer otrosí de su presentación.

Que, con fecha nueve de Agosto de dos mil veintiuno se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe al recurrido.

Que, con fecha diecinueve de Agosto de dos mil veintiuno, informando el recurso, nombre reservado, abogado, por la recurrida, solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por los fundamentos de hecho y de derecho que expone, acompañado la documentación que relaciona en el otrosí de su presentación.

Que, con fecha treinta y uno de Agosto de dos mil veintiuno se trajo los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa el 2 de Septiembre del mismo año, compareciendo a alegar en estrados, por videoconferencia, por la recurrente, el abogado don Waldemar Sanhueza Quinillao, por el recurso, y doña nombre reservado, por la recurrida, contra el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección expresa, como antecedentes de hecho, que ingresó a prestar servicios para la Municipalidad de Coyhaique con fecha 9 de Abril de 2021, para desempeñar labores de auxiliar/administrativo en el nuevo terminal de buses de Coyhaique, para cuyos efectos firmó contrato de prestación de servicios, en calidad de personal a honorarios, que fuera aprobado por Decreto SIAPER N° 432, de fecha 28 de Abril de 2021, con vigencia entre el 9 de Abril de 2021 al 31 de Diciembre de 2021, contratación que se da en el marco de la necesidad de implementar y poner en marcha dicho terminal y sus labores contenidas en la cláusula Tercera del señalado contrato, y que para el cumplimiento de éstas, se le envió a realizar un curso de calderas en Inacap, debidamente aprobado. Agrega que con fecha 30 de Julio de 2021, se le notificó por don nombre reservado, en su calidad de Director de Tránsito (S), el Decreto SIAPER N° 812, de 28 de Julio de 2021, que dispuso el término de su contrato de prestación de servicios por no ser requeridos éstos, el que produjo sus efectos a partir del 1 de Agosto del mismo año, y que a la fecha no ha sido objeto de observación alguna en el cumplimiento de sus funciones o de algún procedimiento disciplinario.

Agrega que, a través del Decreto SIAPER N° 812, la Municipalidad de Coyhaique, de manera ilegal, dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios a honorarios, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa de carácter constitucional y legal, acto que, además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y fundamentación, por cuanto no contiene argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder del Municipio, lo que amenaza, conculca y vulnera el legítimo ejercicio de sus derechos de igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y de propiedad, consagrados en el artículo 19 número 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

En primer término, refiere el recurrente, que el Decreto SIAPER N° 812, es ilegal, por cuanto al disponer el término unilateral del contrato de prestación de servicios, ha infringido las disposiciones del propio contrato, ergo el artículo 1545 del Código Civil, que dispone que el contrato es una ley para las partes, pudiéndose apreciar de su tenor que el Municipio ha recurrido a la cláusula Cuarta del contrato, en base a la expresión “hasta que se requieran sus servicios”, sin embargo, el mismo contrato establece expresamente en su cláusula Décimo Sexta, causales de término anticipado del contrato al disponer: “Se le podrá dar término anticipado al presente contrato por las razones que se exponen a continuación: 1) Incumplimiento de obligaciones y/o funciones. 2) Renuncia voluntaria. 3) No acatar instrucciones de la Unidad Técnica.”, de las cuales las contenidas en los numerales 1) y 3) importan incumplimientos imputables al prestador de servicios, lo que significaría la existencia de un informe del administrador del contrato que corrobore los hechos que lo motivan o, en su defecto, el inicio de un procedimiento disciplinario, en ambos casos garantizando un debido proceso y la posibilidad de defensa, todo lo cual no aconteció, así como tampoco existe una evaluación de desempeño por parte de los funcionarios indicados en la cláusula Décimo Cuarta.

Agrega, que como se puede apreciar, fue el propio Municipio quien limitó, por la vía contractual, las condiciones del término anticipado del contrato de prestación de servicios, sin embargo, pretende desconocer las garantías establecidas contractualmente y dispone su término anticipado sobre el pretexto que no son necesarios los servicios y, en ese sentido, las prestaciones a honorarios, por expresa disposición del artículo 4 de la Ley N° 18.883, se regulan, en primer lugar, por las reglas fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio, por las normas del Código Civil, en sus artículos 2006 y siguientes, por lo que desatenderse de aquello y afirmar que el contrato de honorarios no puede ser el estatuto especial que reguló la relación, significa despreciar abiertamente el artículo 1545 del Código Civil, conforme al cual el contrato es ley para las partes.

En segundo término, indica el recurrente, que el Decreto SIAPER N° 812, es arbitrario, por cuanto al disponer el término unilateral del contrato de prestación de servicios, se limita a mencionar la existencia del Memorándum N° 40, de fecha 28 de Julio de 2021, de la Alcaldesa (S), y se recurre a la figura de que no son necesarios los servicios, sin aportar mayores antecedentes, haciendo presente que, al momento de la notificación del acto, no se le hizo entrega del referido Memorándum, por lo que desconoce su tenor y las razones que justificaron la medida de exoneración, por lo que, en ese escenario, la actuación del Municipio queda desprovista de fundamentos, por cuanto no resultaría admisible que ellos sean dados a conocer con posterioridad, razón por la cual se torna arbitraria, ilegal y vulneratoria de los derechos contemplados en los numerales 2, 3 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por cuanto lo priva del conocimiento de las razones por las cuales se puso término a su contratación, a diferencia de aquellos funcionarios que pueden acceder oportunamente a dicha información y, consecuentemente, lo priva caprichosamente de las remuneraciones derivadas de la normal ejecución de su trabajo.

Agrega, sobre el particular, que el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, señala claramente el deber que pesa sobre la administración de fundamentar las decisiones que se adopten y que afecten derechos de terceros, y que, en armonía con lo anterior, el artículo 41 de la citada ley, dispone dicha obligatoriedad, por lo que, conforme al último artículo citado, el Memorándum N° 40, citado en el Decreto recurrido, debió ser incorporado o transcrito a su texto, a objeto de permitir una debida inteligencia de la decisión adoptada, Decreto que no se encuentra exento del principio de fundamentación y, en consecuencia, no solo es ilegal al infringir el deber normativo de justificación, sino que también es arbitrario al abusar de la discrecionalidad administrativa, citando y reproduciendo, en lo pertinente y respecto del deber de fundamentación de los actos administrativos, doctrina y jurisprudencia, de la cual queda en evidencia que el actuar del municipio al dictar el decreto recurrido, ha sido arbitrario, por cuanto la motivación del acto es insuficiente a la luz de la normativa que lo regular; se hace referencia a un Memorándum que no se inserta y cuyo contenido se desconoce; se indica que los servicios no son necesarios sin expresar cuáles son las verdaderas razones que lo justifiquen, y si éstos no fueran necesarios, cómo se explica que se le envíe a realizar un curso de calderas días antes de la desvinculación y que la misma medida no se ha adoptado con los demás funcionarios que se desempeñan en el Terminal de Buses de Coyhaique.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, luego de citar y reproducir, en lo pertinente, doctrina administrativa y constitucional y jurisprudencia indica que, en el caso, el Decreto SIAPER N° 812, evidentemente vulneró su garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2, de la Carta Fundamental, ya que ha sido desvinculado basándose únicamente en el hecho de que sus servicios no son necesarios, sin mayores antecedentes objetivos que le permitan una adecuada comprensión y defensa de la medida adoptada en su contra y sin que se evidencie que igual medida se haya adoptado respecto de los demás funcionarios que se desempeñan en el Terminal de Buses y, por otra parte, dicha medida no se ajusta a las especiales condiciones establecidas en el contrato suscrito, las que señalan expresamente las causales de término anticipado, situación que en los hechos no se ha verificado.

Manifiesta, que la falta de fundamentación de la decisión adoptada por el Municipio, a lo que se puede agregar la inexistencia de algún incumplimiento al contrato de su parte, importa una vulneración del artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República, referido a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, impidiéndole su derecho a defensa al conculcar la posibilidad de comprender los motivos del término e impugnar los fundamentos mediante los mecanismos que la Constitución y la Ley N° 19.880 establecen, vulnerando, además, su derecho a un proceso previo, racional y justo, en particular, la bilateralidad de la audiencia, que comprende el oportuno conocimiento de la decisión administrativa contenida en el decreto Alcaldicio, que motivó la posterior dictación de una resolución, sin que se le permitiera formular defensas, rendir prueba, y de controvertir los antecedentes y presupuestos en que la recurrida fundamentó su decisión.

Finalmente indica que el acto recurrido vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24, de la Carta Fundamental, por cuanto al poner término anticipado a su contrato de honorarios, recurriendo a una figura que no se encuentra establecida válidamente como causal de término en el mismo, carecer éste de fundamento y no existir incumplimientos de su parte en su ejecución, le priva de la legítima expectativa se seguir contando con los honorarios para el sustento familiar durante el tiempo pactado.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, don nombre reservado, abogado, por la recurrida, solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, indicando, como hechos, que mediante Decreto Alcaldicio N° 432, de 28 de Abril de 2021, se aprueba el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Coyhaique y el recurrente nombre reservado, quien ingresó a prestar servicios el día 9 de Abril de 2021, estableciéndose en el contrato, en su cláusula Cuarta, relativa a la vigencia del mismo, que: “…en el período comprendido desde el 09 de abril de 2021, y hasta que se requieran sus servicios, los que en ningún caso debe exceder más allá del 31 de diciembre del 2021, en dependencias de la Municipalidad de Coyhaique…”.

Agrega que, luego, mediante Memorándum N° 40, de fecha 28 de Julio de 2021, emitido por la Sra. Alcaldesa (S) de la comuna de Coyhaique, se informa el término de la relación laboral con el recurrente, a contar del día 1 de Agosto de 2021, y que, el día 30 de Julio de mismo año, el Director de Tránsito (S), don nombre reservado, le notifica del Decreto SIAPER N° 812, que dispuso el término del contrato de prestación de servicios, en el cual se decretaba lo siguiente: “ESTABLÉZCASE término de prestación de servicios a honorarios por no requerir sus servicios, suscrito entre la Municipalidad y don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, a contar del 01 de agosto de 2021”.

En cuanto al derecho, señala que, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección está destinado a cautelar derechos constitucionales de carácter indubitado o no discutidos de los que se necesitan protección, lo cual no ocurre en la especie debido a que se está requiriendo una declaración de derechos, lo cual no sería procedente y que, además, como se puede apreciar, el asunto en discusión se establece respecto de si son correctas o no las circunstancias tenidas en vista para proceder a poner término al contrato de prestación de servicios que vincula a las partes de este proceso, citando y reproduciendo, al efecto y en lo pertinente, diversa jurisprudencia.

Refiere, que el recurrente basa su recurso en los fundamentos considerados en el Memorándum N° 40, de fecha 28 de julio de 2021 y en el Decreto Alcaldicio N° 812, de la misma fecha, respecto de la cláusula Cuarta que determina el período de la prestación de los servicios, por tanto, es él quien desconoce el tenor literal del contrato, debido a que en la especie no existen derechos indubitados que estén en discusión, puesto que éste establece que sus servicios se extenderán mientras sean requeridos por el Servicio, no pudiéndose extender éstos más allá del 31 de diciembre del presente año, produciéndose la circunstancia de no requerir sus servicios, y que, así las cosas, de ningún modo puede argumentarse que la continuación en la prestación de servicios es un derecho adquirido por el recurrente, dada la transitoriedad expresada en el mismo documento firmado y aceptado por él, en donde la continuidad responde a una mera expectativa, situación no suficiente para fundamentar su recurso.

Expresa que, de acuerdo a lo ya señalado y estipulado en la cláusula Cuarta del contrato, referido a su vigencia, aquello se encuentra en plena armonía con el carácter que tienen las contrataciones de profesionales sobre la base de honorarios, tal como se aprecia en la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 4°, que reproduce, y que permite la contratación en esa modalidad, lo cual permite observar de manera clara que la cláusula referida se ha utilizado para permitir la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año para los cuales fueron contratados sus servicios, por lo que la Municipalidad de Coyhaique se encontraba facultada para cesar dicho contrato, servicio que se relaciona claramente con labores accidentales no habituales y transitorias, que se encuentran supeditadas a las necesidades de la empleadora, citando, al efecto, jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Señala que, por otro lado, el artículo 20 de la Carta Fundamental, establece el recurso de protección para la impugnación de los actos arbitrarios o ilegales, términos que hacen referencia a la antijuricidad o contrariedad a los derechos que debe constatar el juez que conoce de éste, respecto del acto que dictó el órgano público, sin embargo, la ilegalidad resulta de la violación a los elementos reglados, mientras que la arbitrariedad se produce respecto de los elementos discrecionales de la potestad de un órgano público, por tanto, la decisión de prescindir los servicios del recurrente se relaciona con la facultad de la Municipalidad de reorganizar, optimizar y efectuar las readecuaciones del personal y sus servicios, debiendo suprimirse algunas funciones y racionalizar los recurso destinados para ello, observándose de manera clara que lo planteado por el recurrente es materia propia de un juicio de lato conocimiento, lo cual haría improcedente el recurso, además de no existir ninguna acción ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, que vulnere las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas, amparadas por los numerales 2, 3 y 24, del artículo 19, de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos prexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que para la procedencia de la pretendida acción, es menester la existencia de un acto ilegal o arbitrario, esto es, la concurrencia de un acto contrario a la ley, o que sea producto del mero capricho de quien lo realiza, afectando de este modo, una o más de las garantías que la Constitución Política de la República protege. Así, únicamente en el caso de existir un acto que reúna tales elementos, podría ser sometido al presente arbitrio, caso contrario, necesariamente debiese ser desatendido por esta vía constitucional.

Que, asimismo, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, también, que el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, el cual no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, el que no procede en este tipo de procedimientos.

QUINTO: Que, de los antecedentes existentes se puede constatar que la acción o acto que motivó el recurso de protección planteado y por el cual se reprocha su ilegalidad y arbitrariedad es el Decreto Siaper N° 812, de fecha 28 de Julio de 2021, por medio del cual se decretó el término de Prestación de Servicios a Honorarios, por no requerir de sus servicios, suscrito entre la Municipalidad de Coyhaique y el recurrente don nombre reservado y ello, a contar del 1 de Agosto de 2021.

SEXTO: Que, en relación con lo anterior, cabe indicar que de acuerdo a los antecedentes existentes aparece lo que a continuación se consigna:

a).- Que, el recurrente ingresó a prestar servicios para la Municipalidad de Coyhaique con fecha 9 de Abril de 2021, lo que consta del Decreto Siaper N° 432, de 28 de Abril del mismo año y que tuvo en consideración para ello la política de recursos humanos del personal a honorarios de dicho municipio; la necesidad de dotar con personal a la Dirección de Tránsito y Transporte Público para operar en el Terminal de Buses y la necesidad de dar continuidad a las labores del Servicio.

b).- Que, para ello en la fecha última ya indicada, la Municipalidad y el recurrente, suscribieron un contrato de prestación de servicios, estipulándose que este último fue contratado para realizar labores inherentes al cargo de auxiliar/administrativo en el Terminal de la Municipalidad de Coyhaique, describiéndose sus funciones en la cláusula Tercera. Que, por su parte, en la cláusula Cuarta se procedió a señalar el horario, lugar de prestación de servicios y vigencia, estableciéndose en forma clara y precisa que dichas labores se cumplirían en el periodo comprendido desde el 9 de Abril de 2021 y “hasta que se requieran sus servicios, los que en ningún caso debe exceder más allá del 31 de Diciembre del 2021”. A su vez, en su cláusula Sexta y, por la prestación de los servicios, se estipuló que la Municipalidad pagará en forma mensual los honorarios ascendentes a la suma de $898.987, expresándose en su segundo párrafo, que los honorarios se devengarán y pagarán los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de la prestación, mediante boleta de honorarios y un informe detallado de las funciones realizadas en los días y horarios correspondientes, el que debería ser visado por el Jefe de Unidad. Que, asimismo, mediante la cláusula Décimo Sexta, se estableció que se pondrá término anticipado al contrato por razones de incumplimiento de obligaciones y/o funciones; renuncia voluntaria; y no acatar instrucciones de la Unidad Técnica.

c).- Que, por Memorandum N° 40 de la Municipalidad de Coyhaique firmado por doña nombre reservado, Alcalde (s), dirigido al Director de Administración y Finanzas don nombre reservado, se informó que, a contar del día 1 de Agosto de 2021, se procederá a poner término a los contratos de trabajo de las personas que se indica, entre ella la recurrente, por no requerir más de sus servicios y ello, a fin de proceder a realizar los actos administrativos que corresponda.

SÉPTIMO: Que, es necesario consignar que de acuerdo al artículo 11 de la Ley 18.834, en su inciso tercero, se dispone que las personas contratadas a honorarios, como es el caso, se regirán por las reglas del respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de dicho texto legal.

OCTAVO: Que, en el caso que se conoce, no existe controversia en relación a que el contrato de prestación de servicios fue celebrado entre la Municipalidad y el recurrente bajo dicha circunstancia, como ya se señaló en el motivo Cuarto de este fallo y aparece, también, como un hecho preciso y cierto, que la cláusula Cuarta de dicho contrato especificó que las actividades se desarrollarían en el periodo comprendido desde el 9 de abril de 2021 y hasta que se requieran los servicios del prestador, pero sin que ello pudiera exceder del 31 de Diciembre del presente año, por lo que, en las condiciones indicadas, no se advierte una conducta arbitraria e ilegal de la recurrida, contenido en el Decreto Siaper a que se hizo referencia y mediante el cual se puso término anticipado al contrato entre estas partes, puesto que lo anterior constituye una facultad que se encuentra dentro de las atribuciones del Alcalde la comuna de Coyhaique y que determinó el término anticipado del contrato, por no ser necesarios los servicios del recurrente, por lo que, la decisión adoptada no fue por mero capricho de la autoridad edilicia, debiendo considerarse el carácter transitorio de las funciones del prestador de servicios a honorarios, por lo que se estima que el Decreto Siaper N° 812 de fecha 28 de Julio de 2021, se encuentra válidamente dictado, no es ilegal ni tampoco arbitrario.

NOVENO: Que, al respecto, debe también considerarse que las partes contratantes, en forma libre y voluntaria convinieron en establecer, en la cláusula Cuarta, la factibilidad que se pusiera término al contrato en forma anticipada, por lo que no se divisa que al ocurrir este evento, vale decir, estimarse que los servicios ya no son necesarios, se haya incurrido en un acto arbitrario o ilegal ya que de acuerdo al mismo aparece que la recurrida, mediante la estipulación efectuada se reservó la facultad de poner término en forma anticipada a los servicios, sin expresión de causa, por lo que no puede sino concluirse que se rigió por la Ley del Contrato.

DÉCIMO: Que, lo anteriormente indicado no obsta con lo argumentado por la recurrente en cuanto expresa que el contrato de prestación de servicios, según la cláusula Décimo Sexta del contrato, si bien establece tres causales para proceder a poner término a los servicios prestados y contratados, estas no significan que la recurrida se encuentre impedida de poner término anticipadamente a dicho contrato de honorarios, dado que ello fue expresamente contemplado en el contrato libremente firmado por las partes, optando la Municipalidad para ejercer la facultad que le asiste para poner término a dicha contratación, por estimar que los servicios de la recurrente ya no son necesarios, de lo cual se dejó expresa constancia en el Memorandum N° 40 de 28 de Julio de 2021, debiendo expresarse que lo estipulado en la cláusula Décimo Sexta no excluye que la recurrente, en uso de sus atribuciones legales, pueda disponer el cese anticipado del respectivo convenio y en la forma que se hizo.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo señalado en los motivos precedentes, no observándose un actuar arbitrario e ilegal de parte de la Municipalidad de Coyhaique, en la dictación del Decreto Siaper N° 812, ya referido, dado que ésta se limitó a ejercer sus facultades legales que el contrato le permitía y, no concurriendo en este caso las condiciones para acceder al recurso interpuesto, no cabe sino desestimar la acción cautelar intentada y, así se declarará.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I) Que, se RECHAZA el recurso de protección, interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde, don Carlos Gatica Villegas.

II) Que, no se condena en costas a la recurrente, por estimarse que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol Corte N° 296-2021 (Protección).