Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Coyhaique, veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 09 de diciembre de 2024, comparece don Joaquín Bizama Tiznado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, ciudadano colombiano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director, don nombre reservado, por la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, la cual fue realizada por el afectado con fecha 18 de agosto del año 2022, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de sus derechos contenidos en el artículo 19 N°1 y 2, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva: “Que se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de treinta días desde que el fallo de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriada, teniendo especial atención en el hecho de que el afectado cumple con todos los requisitos para que se le otorgue la permanencia definitiva y que, además, cuenta con un importante arraigo social y laboral en Chile..” (sic)

Con fecha 12 de diciembre de 2024, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 13 de diciembre de 2024, la recurrida evacuó el informe requerido.

Con fecha 24 de enero de 2025, se trajeron los autos en relación, y con fecha 27 del mismo mes y año, se llevó a efecto la vista de la causa compareciendo en forma presencial el abogado del INDH don nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, señalando que luego de contar con residencia temporaria en nuestro país, con fecha 18 de agosto de 2022, realiza la solicitud de permanencia definitiva, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Hasta el día de hoy, transcurridos más de dos años (concretamente, más de 27 meses) después de haber presentado su solicitud, no ha tenido respuesta. Añade que al realizar seguimiento virtual de su solicitud, ésta aparece en etapa de “resolución”, desde hace más de un año.

Precisa que el recurrente ha intentado tener respuesta por parte de la Oficina Regional del Servicio Nacional de Migraciones, quienes han indicado que tal situación se encuentra fuera de su alcance, pues dicha solicitud se realiza vía on-line a nivel central, escapando del marco de sus atribuciones.

Señala que el recurrente reside en Coyhaique y ha constituido una familia en Chile, con un hijo de ya 7 años nacido en Chile, por lo que el retardo en obtener su residencia definitiva no solo lo afecta a él sino a todo el grupo familiar. Agrega que no cuenta con antecedentes penales ni en Chile ni en su país de origen, en el aspecto laboral, don nombre reservado ha constituido su propia empresa en el rubro del lavado y cuidado automotriz “Car wash delivery y multiservicios don nombre reservado", ubicado en domicilio reservado.

Indica que tal situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que le ha impedido, entre otras privaciones y perturbaciones, poder realizar una serie de trámites para los cuales es requisito contar con residencia definitiva, como son poder contar con cuenta corriente o tramitar un crédito ante instituciones bancarias, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, instituciones previsionales o de salud, entre otras.

Indica que, el procedimiento claramente ha excedido los plazos y principios señalados en la Ley de procedimientos administrativos, toda vez que solicitó la residencia definitiva en junio de 2021, y habiendo transcurrido ya más de 2 años y tres meses, a la fecha aún no tiene respuesta de su solicitud, excediendo ampliamente el plazo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, haciendo por lo demás caso omiso a las exigencias de tramitar las solicitudes de residencia conforme a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, como exige la propia normativa migratoria.

Expresa la recurrente que se han vulnerado sus derechos a la integridad síquica y la igualdad ante la ley de don nombre reservado, consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Precisa que se ha producido una dilación indebida en la respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, brindando un tratamiento diferenciado en relación al trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso, de más de dos años, por lo que constituye una discriminación prohibida por el artículo 19 N°2 de la Constitución.

Por su parte, el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, ha sido afectado, desde que la recurrida mantiene al actor en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud –presentada hace más de 2 años- no tiene certeza de que podrá acceder a la residencia definitiva; contexto que afecta su vida personal, pues no sabe si podrá permanecer en el país, escenario que a cualquier hombre o mujer promedio le causaría serias perturbaciones si se ve en la angustiante situación de tener que esperar no uno, ni dos, incluso posiblemente tres años si proyectamos el tiempo de demora total en caso que no intervenga este Ilustrísimo Tribunal.

SEGUNDO: Que, doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita primeramente su inadmisibilidad, atendido los vicios de los cuales adolece la acción protección deducida, al no existir en los hechos un acto u omisión que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario y que vulnere las garantías fundamentales de la contraria, ni aún en grado de amenaza.

En segundo lugar, opone la excepción de falta de legitimación pasiva del Servicio por cuanto las reclamaciones que se formulan en el recurso emanan de terceros indeterminados. Añade que esa supuesta omisión, que se estima por la contraria como vulneratoria de derechos fundamentales no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respecto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

En subsidio, informa pidiendo el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando en lo medular que, con fecha 18 de agosto de 2022, el recurrente solicitó ante esta autoridad, el beneficio de la residencia definitiva bajo el número de solicitud ID 53111698. Agrega que dicha solicitud se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “Análisis Jurídico Operaciones”, a la cual ingresó con fecha 27 de septiembre de 2024.

Precisa que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N°25 de la Ley N°21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Refiere que el recurrente mantiene entonces, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Puntualiza que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento efectivo de la función pública, actuando de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones y siempre dentro de la esfera de sus atribuciones, ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

En lo que respecta a la duración del procedimiento administrativo, indica que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que ha dado tramitación legal a la solicitud de residencia definitiva recibida, sustanciando su tramitación, dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Finalmente, sostiene que, la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, pues no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución parapara ello, no existiendo conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación del acto administrativo no es fatal para la Administración, y en segundo lugar, ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

TERCERO: Que, evacuando el traslado la parte recurrente acerca de las excepciones opuestas por el servicio recurrido, éste señaló en cuanto a la inadmisibilidad del recurso que, éste fue declarado admisible por esta Corte de Apelaciones con fecha 12 de diciembre de 2024, carece por tanto de sentido que la recurrida solicite a esta Corte pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de protección, cuando ya lo ha hecho. Agrega que de acuerdo con lo dispuesto en el Acta Nº94-2015 dictada por la Excma. Corte Suprema no se contemplan recursos contra la resolución que declara admisible la acción de protección.

Por último, respecto a la solicitud subsidiaria de declaración de falta de legitimación pasiva, solicita por los mismos argumentos se rechace de plano, considerando que el hecho por el cual se recurre de protección es el retardo injustificado en la respuesta a una solicitud de residencia definitiva por más de 27 meses, cual es de exclusivo resorte de la recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones. De este modo, solicita el rechazo de las solicitudes de inadmisibilidad y de falta de legitimación pasiva planteadas por la recurrida.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, deberá ser desestimada en esta etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto con fecha 12 de diciembre de 2024, desde que en la referida resolución se declaró admisible la presente acción cautelar, toda vez que cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo, entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

QUINTO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por el recurrente, es la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento de un acto terminal que resuelva su solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 18 de agosto de 2022, siendo precisamente, el mencionado Servicio el competente para dictar el acto administrativo que se pretende, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva de la recurrida, motivo que, en consecuencia, llevará a que dicha alegación sea desestimada, y así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

SEXTO: Que, por otra parte, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SÉPTIMO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

OCTAVO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

NOVENO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, la cual fue realizada por el afectado con fecha 18 de agosto del año 2022, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad; todo lo cual perturba y amenaza sus derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 2, de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que el recurrente invoca como vulneradoras de la plena realización de una vida cotidiana en el país, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan supuestamente por no contar con residencia definitiva, todo lo cual le impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de un migrante en situación regular, respecto del cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

UNDÉCIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en la Ley N°21.325, específicamente, en su artículo 43, el cual prescribe:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

DUODÉCIMO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial para el caso, y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes, mientras no se les otorgue la residencia, sea ésta, temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud del recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que éste se encuentre impedido o imposibilitado de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso del solicitante.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, resulta importante tener presente que el artículo 38 de la Ley N°21.325, establece:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”

DÉCIMO QUINTO: Que, los preceptos recién transcritos, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y, reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, no es antecedente suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, la norma citada la que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva. Así, no resulta efectivo que la extranjera esté impedida de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida del recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO SEXTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I.-Que SE RECHAZA la petición de inadmisibilidad del presente recurso, deducida por la recurrida.

II. Que SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

III. Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por Joaquín Bizama Tiznado, abogado, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Señora Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Corte Nº291-2024 (Protección).