Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Coyhaique, a veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 7 de diciembre de 2024, comparece don nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en favor de don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Coyhaique, quien deduce recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por su Director General don EDUARDO ALEJANDRO CERNA LOZANO, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de especialidad grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva, ordenar a los recurridos “…poner en práctica las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas al actor desde el mes de enero del año 2007 a abril de 2019, con los reajustes correspondientes, todo con expresa condena en costas. (SIC)”.

Que, con fecha 2 de enero de 2025, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don EDUARDO ALEJANDRO CERNA LOZANO, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 29 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 31 del mismo mes y año, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, decretándose como medida para mejor resolver oficio a la recurrida a fin de informar en qué periodo el recurrente ejerció sus funciones en la Región de Aysén.

Con fecha 4 de marzo de 2025 se incorpora lo informado por la recurrida y el 20 del mismo mes y año se tuvo por cumplido lo ordenado, decretándose que rija el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que, fue funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en el cargo de Asistente Policial desde el 2 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2020, quien cumplió funciones en la ciudad de Coyhaique desde el mes de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en que se cursó su retiro absoluto de la Institución.

Indica que con fecha 5 de enero de 2023 dedujo recurso de protección ante este Tribunal de Alzada, causa ROL 8-2023, alegando la privación ininterrumpida e injustificada del pago íntegro de las asignaciones ya mencionadas, por el período que comprendía entre el mes de junio de 2019 a diciembre de 2020, el cual fue acogido, ordenándose el pago que abarcaba el hito en cuestión, ello en atención al Radiograma Nro. 225 del 30 de mayo de 2019 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas (JENAPERS).

Refiere que dicho incremento fue suspendido en junio de 2019 y que mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, se informa que se habría requerido a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, razón por la cual debían mantenerse a la espera de la respuesta emitida por el ente de control, lo que se cumplió con fecha 26 de abril de 2021 a través del Dictamen N°E98928 / 2021 de la Contraloría General de la República, documento que habría sido sustraído del conocimiento del personal institucional, sin perjuicio de acceder posteriormente a él por intermedio de la Ley de Transparencia.

Explica que, la gratificación que se reclama se calcula sobre el total de remuneraciones, no existiendo ninguna regla especial que ordene excluir la asignación especial de grado efectivo para el cálculo de la gratificación de zona.

Reclama que el yerro en la deducción de la asignación en discusión se arrastra desde el año 1998, por negligencia de la entonces Jefatura del Personal de esa Institución y que con el Dictamen del año 2021 lo lógico hubiera sido el pago total de las sumas adeudadas, desde enero del año 2007 al mes de abril de 2019, lo que a la fecha se mantiene insoluto.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios del sector público que no han visto mermadas sus remuneraciones, y el derecho de propiedad, por cuanto el actuar de la recurrida compromete el derecho del actor a percibir sus remuneraciones devengadas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, luego de referirse a las alegaciones del recurso, indica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Refiere que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 Abril de 2021.

Por otro lado, refiere que la institución policial no procedió al pago del recurrente, toda vez que a la fecha del señalado dictamen se encontraba en situación de retiro desde el 31 de diciembre del 2020, sin perjuicio de aquello, con fecha 19 de abril de 2023 se acogió el recurso invocado por la recurrente, habiéndose pagado desde el mes de mayo de 2019 a la fecha de su retiro en razón al Radiograma N° 225, lo cual se materializó en el mes de octubre de 2023 Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarla del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal, ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado ingresó es personal institucional desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2020.

2.- Que, don nombre reservado desempeñó funciones en Coyhaique desde el mes de febrero de 2007 a diciembre de 2020, de conformidad al Certificado de Antigüedad N° 192 emitido por don nombre reservado, Jefe Depto. Archivo y Registro de la Policía de Investigaciones, el que se adjunta.

3.- Que, con fecha 30 de Mayo de 2019 mediante Radiograma N° 225 del 30 de Mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal, que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

4.- Que, con fecha 2 de Julio de 2019 mediante Radiograma N° 285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

5.- Que, con fecha 26 de Abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

6.- Que, con fecha 19 de abril de 2023, en causa ROL Ingreso Corte 8-2023 de este Tribunal de Alzada, se acogió recurso de protección en favor de don nombre reservado, ordenándose el pago por los saldos insolutos.

7.- Que, en el mes de octubre de 2023, se procedió al pago de los saltos adeudados correspondientes al periodo comprendido entre el mes de mayo de 2019 a diciembre de 2020.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N° E98928, de fecha 26 de abril de 2021, de emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación maliciosa de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO: Que, en este estadio, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa con la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no perciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentado se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la asignación de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en favor de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, organismo que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago íntegro de las sumas adeudadas al recurrente, por el período comprendido entre febrero de 2007 y abril 2019, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante, don Enrique Antonio Velásquez Trujillo, quien concurre en esta decisión en virtud del artículo 79 del Código Orgánico de Tribunales.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, pese haber estado presente en la Vista y concurrido al Acuerdo de la presente causa, por encontrase haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 290-2024 (Protección).