nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a dos de octubre del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 20 de julio de 2021, comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Aysén y nombre reservado domiciliada en domicilio reservado, camino aeródromo, Chile Chico, quienes, en lo principal, deducen recurso de protección en contra de don nombre reservado, Ministro de Salud, domiciliado en domicilio reservado, doña nombre reservado, Subsecretaria de Salud Pública con domicilio en domicilio reservado, y de S.E. Presidente de la República don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, domiciliado en domicilio reservado, todos de la comuna Santiago, Región Metropolitana, por cuanto estiman que los recurridos han cometido un acto ilegal y arbitrario, que significa privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en los N°1, 2, 4, 6, 9, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; solicitando que esta Corte, acogiendo la acción de protección ordene a los recurridos ya individualizados, dejar sin efecto la resolución de fecha 16 de julio del presente, reestableciendo el imperio del derecho, declarando que la resolución recurrida es contraria a la Constitución Política y se han violado las garantías constitucionales que protegen derechos fundamentales, tanto de los recurrentes como de los adherentes individualizados en el Tercer Otrosí del recurso; declarando la ilegalidad del uso del pase de movilidad y de las medidas sanitarias implementadas por la autoridad.

Informan, en que precisamente el fundamento de su acción de protección impetrada es la dictación de la Resolución Exenta N°644 de 14 de julio del año 2021, que crea el denominado “Tercer Plan Paso a Paso”, desde que dicha resolución exenta viene en modificar –la ya muchas veces modificada-, Resolución Exenta N° 43 y que establece en el capítulo XVII, lo relativo al “Pase de Movilidad”. Explican así que el acto arbitrario, ilegal, discriminatorio y transgresor de derechos fundamentales afecta las garantías establecidas en la Constitución Política de la República del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, Igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; la libertad de conciencia, el derecho a la protección de la salud, el derecho de propiedad en sus diversas especies y la seguridad que las leyes que emanen de la constitución no afecten los derechos en su esencia ni tampoco imponer condiciones respecto de cada uno de los suscriptores, en el sentido de que desde el momento de la entrada en vigencia del pase de movilidad se han visto obligados a permanecer encerrados en la fase uno del plan paso a paso, lo que los afecta tanto física como emocionalmente, junto a ello, se han visto total y absolutamente discriminados, pues en la actualidad a todas luces existen personas y grupos verdaderamente privilegiados o como dicen los personeros de gobierno “premiados”.

Exponen que el acto recurrido, se erige como un acto administrativo arbitrario, por cuanto no se fundamenta en parámetros objetivos, en razones sanitarias, ni tampoco cumple con requisitos legales, constitucionales ni menos con normas propias de derecho internacional. En consecuencia, constituye un acto antojadizo dictado por la autoridad sanitaria quien se ha arrogado facultades legales y constitucionales que no le corresponden. Han presente que la que se dice arbitraria es una “Resolución Exenta” y, por tanto, no pasa de ser un mero acto administrativo y no tiene rango legal.

Indican que el organismo que supuestamente asesoraba al ministerio, la “Mesa Covid” no existe, razón por la cual la resolución exenta con mayor razón se torna caprichosa, antojadiza y carente de todo sustento teórico y científico. Añade que para que una decisión no sea arbitraria debe existir una correlación entre la decisión y el fin perseguido, lo que en la especie no acontece, ya que dicha decisión ha sido criticada por numerosos expertos de nuestro país incluyendo el colegio médico, razón por la cual creen que se trata de una actitud caprichosa del recurrido.

Refieren que con la implementación del pase de movilidad no se cumple con el objetivo de la Secretaría Ministerial de Salud que es resguardar la salud pública, ya que es de público conocimiento que lo que ha buscado incansablemente este organismo es disminuir la cantidad de contagios, lo que, a través de la implementación de esta medida, desde luego no se cumple.

Señalan que, el actuar de la recurrida perturba y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en los N° 1, 2, 4, 9, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indican que en efecto, se lesiona el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, protegido en el N°1 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, argumentando que respecto de los recurridos “bajo ningún pretexto puede disponer de la vida de quienes habitan la nación; mucho menos someter a las personas a la inoculación de sustancias en fase experimental, siendo además cuestionable el sometimiento a cualquier tratamiento médico sin el debido consentimiento informado de la persona”, prosiguen señalando que los “recurridos se han valido de extorción sobre la población, para forzarlas a inyectarse el fármaco experimental denominado vacuna, amenazando y concretando medidas como aquellas consignadas en el plan paso a paso, que se traducen en la destrucción del núcleo fundamental de los derechos a la vida e igualdad en la Ley.” Agregan que los recurridos “se valen de medios aún más ilegítimos, como la amenaza, coacción, extorción y chantaje sobre la población, cuestión que deja en evidencia la arbitrariedad e ilegalidad de la medida, configurándose así una abierta tortura contra las personas que no aceptan inyectarse el fármaco en forma voluntaria”.

Advierten de la vulneración de la garantía del N°2, esto es, la Igualdad ante la ley, se produce en tanto los recurridos pretenden “mediante una simple resolución administrativa atribuirse más potestades que aquellas que la Constitución le confiere; invocando al efecto el artículo 156 del Código Sanitario, norma de rango inferior a la Constitución Política de la República y que por lo demás invoca de forma descontextualizada, separándola de forma artificiosa del conjunto de normas que deben constituir un todo lógico jurídico, al encontrarse contenidas en dicho Código, omitiendo lo dispuesto en el artículo 32 del mismo cuerpo legal.”, agregando que el no vacunarse se asocia a una restricción de los derechos individuales, produciéndose discriminación arbitraria. Reafirman su posición informando que la Ley puede tener diferencia de trato, siempre y cuando exista una justificación razonable, lo que no visualizan en el caso sublite, toda vez que refieren inconsecuencia de las medidas tomadas por la autoridad, las cuales se apartan de razonamiento lógico y base científica. Concluyen que “Es coherente entender que se ofende la dignidad y se humilla a un ciudadano al impedirle ejercer sus Derechos Fundamentales por el mero hecho de no haberse vacunado e incluso cuando esté perfectamente sano.”, Acusan que el ministerio de Salud actúa “contra la Constitución, obligando con sus medidas extorsivas a la ciudadanía a adoptar un fármaco que es experimental. Por lo tanto, no puede crear política pública que vaya en contra del Código Sanitario mismo, ya que el fármaco no se encuentra en la hipótesis legal de obligatoriedad, ni vaya menos en contra de la Ley Fundamental, pues el desigual trato otorgado a los recurrentes tampoco está permitido ni aún en Estado de Excepción”.

Reclaman además que se vulnera la garantía del número 4, es decir, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, toda vez que, las medidas tomadas por la autoridades recurridas tienen por finalidad que los ciudadanos exhiban de manera pública, a cualquier extraño el “pase de movilidad,” con lo cual quedaría expuesto a hacer público si el ciudadano se ha sometido o no a un tratamiento médico, y se pretende hacer pública la misma, habilitando discriminaciones arbitrarias, consecuencialmente se obtendría segregación cuyo “fin último coaccionar por fuerza moral a quienes, en ejercicio de sus Derechos Fundamentales, no están dispuestos a ser parte de un experimento. Los datos médicos de cada persona no pueden ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio de sus Derechos Fundamentales.”

Igualmente, refieren que se vulnera la garantía del número 6, es decir, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público; toda vez que, se ha vulnerado la conciencia de los recurrentes, se alega finalmente la conculcación del propio fuero interno. Explican que respecto de la conciencia “nadie puede penetrar y a la que la esfera del derecho no alcanza”. Así, prosiguen reclamando que “Los recurridos han tenido la osadía de intentar intervenir en el fuero interno, de los recurrentes, mediante coacción, fuerza moral, y una extorción, que en definitiva, radicará en una legítima desobediencia civil, por cuanto los recurridos están en posición de desobedecer en virtud de resguardar sus Derechos Fundamentales, en consideración a lo arbitrario, ilegal, dictatorial y violento de las medidas tomadas por los recurridos.”

Por otra parte, manifiestan se vulnera el N°9 del artículo 19 de la Carta fundamental, a saber, el denominado derecho a la protección de la salud, refiriendo que el Estado no garantiza el derecho a la salud, y por lo mismo no puede obligar a los administrados a someterse a un tratamiento máxime si no existe garantía de la efectividad del fármaco experimental. Aducen que a propósito de la pandemia, por todos conocidos, se suspendieron muchas cirugías electivas por disposición de la autoridad, lo que causa “directo perjuicio de la salud y la vida de la población, se permitan ahora imponer un llamado pase de movilidad”.

Por otra parte, manifiestan se vulnera el N°24 del artículo 19 de la Carta fundamental, a saber, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, desde que son vulnerados por los recurridos la garantía que recae sobre un bien corporal, que lo precisan como el hogar, oficina, así también se produce una afectación en los bienes incorporales “para el caso el derecho sobre las Garantías Constitucionales aquí reclamadas”. Reniegan del fundamento de “salubridad pública”, de la autoridad y sostienen que “el solo hecho de encontrarse varias personas reunidas al interior de un inmueble y que no se encuentren vacunadas no es óbice de que aquellas personas se encuentren enfermas y representen un riesgo para la salubridad pública”.

Finalmente expusieron que se vulnera el numeral 26 que expresa y garantiza la seguridad que las leyes que emanen de la constitución no afecten los derechos en su esencia ni tampoco imponer condiciones, sin embargo del análisis del desarrollo del argumento en la acción no se vislumbra antecedentes factico alguno que permita entender de qué manera se violenta o conculca la garantía que se dice amagada; solo existe una profusa información a instrumentos jurídicos y tratados internacionales en abstracto, más la mención de artículos, los cuales no se conectan con la situación de hecho que se analiza.

Con fecha 19 de septiembre de 2021, la recurrida Ministerio de Salud, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace con costas, en razón de lo siguiente:

El recurso de protección no es un medio idóneo para la adopción de políticas públicas sanitarias, desde que, en la Resolución Exenta N° 494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de mayo de 2021, se incluyó el concepto de Pase de Movilidad, que permite a aquellas personas que han sido vacunadas a tener ciertas libertades en el contexto de la pandemia. Añade que el Ministerio adoptó la decisión de conceder este beneficio a aquellas personas vacunadas, exclusivamente porque la inmunidad que se logra por medio de la vacunación es considerablemente mayor en calidad y en duración que aquella que eventualmente podría adquirirse por medio de haber contraído la enfermedad.

Explica que desde febrero de 2020 se encuentra vigente en nuestro país una alerta sanitaria en virtud de las disposiciones del Código Sanitario; y desde marzo de 2020 se encuentra vigente la declaración de estado de nombre reservado por calamidad pública, y conforme el artículo 43 de la Constitución Política de la República, el Presidente de la República puede restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Refiere que lo que la recurrente plantea es que esta Corte adopte medidas que suponen una intervención en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria, decisión que corresponden a quienes ejercen la Administración del Estado, y que en estas circunstancias tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población.

Explica que la actividad desplegada por la Administración del Estado para el control de la pandemia se ha dado en cumplimiento del mandato constitucional y legal de velar por el bien común de todas y cada una de las personas de nuestra comunidad, siempre con pleno respeto a los derechos reconocidos en nuestra Constitución. Por los motivos expuestos el Presidente de la República o el Ministerio de Salud los órganos competentes y facultados para decidir las incidencias, permisos y prohibiciones que puedan existir, puesto que la adopción de políticas públicas y de medidas de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva del Presidente de la República o del Ministerio de Salud, según corresponda, en atención al criterio y competencia técnica que en materia sanitaria les correspondan, razón por la cual la presente reclamación constitucional debe necesariamente ser rechazada.

Por otro lado expone el informante que el presente recurso de protección es improcedente y que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria se dan en el siguiente marco normativo primeramente de Alerta Sanitaria, así las disposiciones del Código Sanitario, que dota a las autoridades del Ministerio de Salud, de facultades extraordinarias suficientes para que puedan realizar acciones de salud pública, para así prevenir y controlar en forma efectiva las posibles consecuencias sanitaria, especialmente se hacen aplicables los artículos 36 y 57 del citado código, precisamente, agrega, con fecha 5 de febrero de 2020 se dictó el decreto Nº4, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala, y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), por el período de un año. Luego, el Decreto Nº10 del Ministerio de Salud agregó dos nuevas facultades extraordinarias a las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales. Este instrumento normativo decretó alerta sanitaria en todo el territorio nacional, el cual fue prorrogado en virtud del decreto Nº1, de 2021, del Ministerio de Salud, hasta el día 30 de junio de 2021.

El otro elemento integrador del marco normativo refiere el informante, lo constituye la Declaración de Estado de nombre reservado, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile, medida adoptada conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República por un lapso de 90 días, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N°104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Dicho estado de nombre reservado fue prorrogado a través de los decretos supremos Nº269, Nº400 y Nº646, todos de 2020, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Aclara que conforme lo estatuido en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, se prorrogó el estado de nombre reservado, por calamidad pública, en el territorio de Chile, hasta el 30 de junio de 2021, por decreto supremo N°72, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Siguiendo con su argumentación trae a colación lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política de la República que señala que “[e]l ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones de las instituciones del Estado.” y recuerda el tenor del artículo 43 de la Carta Fundamental que establece que “[p]or la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.”

Lo anterior justifica la implementación de medidas sanitarias a través de resoluciones exentas del Ministerio de Salud, tales como la prohibición a los habitantes de la República de salir a la vía pública; la cuarentena de personas diagnosticadas con COVID-19,y otras que refiere incluido el Plan de Vacunación que tiene por objeto inocular a 15 millones de chilenos durante el año 2021; para evitar la propagación del COVID-19.

Agrega que la adopción de medidas sanitarias ha sido dinámica, por ejemplo, en virtud de la resolución exenta N°591, de 2020, del Ministerio de Salud y sus modificaciones posteriores, se implementó el “Plan Paso a Paso” el cual clasifica a cada comuna del país en alguno de los 5 pasos contemplados por dicho plan, con el fin de enfrentar la pandemia según la situación sanitaria y realidad de cada zona en particular. Igualmente, por Resolución Exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de Salud y sus modificaciones posteriores se dispusieron medidas sanitarias y se estableció un nuevo plan “Paso a Paso”. En virtud del Plan Paso a Paso se ha logrado adoptar medidas destinadas para la contención de los contagios, y recogiendo las recomendaciones de la ciencia, la OMS y el Consejo Asesor. Se encarga de citar jurisprudencia que da cuenta de la legalidad y correcto actuar de la Administración en la adopción de estas medidas.

Por otro lado, el recurrido refiere que no se verifican los presupuestos de procedencia de la acción constitucional pues no existe un acto ilegal ni arbitrario imputable a esa autoridad recurrida que suponga la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales reclamadas. Además, informa que no existe actuar arbitrario o ilegal, recordando que los recurrentes atribuyen a la exigencia de vacunación el carácter de arbitrario e ilegal no considerando que la tendencia de los números es clara, en términos que la inmunidad que otorga la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte, aportando cifras y estadísticas en tal sentido. En cuanto a la efectividad de las vacunas, las autoridades ministeriales han señalado que las vacunas Sinovac y Pfizer-BioNTech muestran en Chile un 90% y 98% de efectividad para prevenir el ingreso a UCI respectivamente, y califica la vacunación como un tratamiento exitoso.

Concluye señalando que la exigencia de la vacunación para obtener el Pase de Movilidad no es de manera alguna arbitraria, sino que se fundamenta en el efecto positivo que tiene la inoculación en la población, mejorando las cifras, y la consecuente disminución en las restricciones.

Expone finalmente que las medidas adoptadas tienen su fundamento en la Resolución Exenta N°43, de 2021, del Ministerio de Salud, dictada al alero del Estado de nombre reservado por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N°269, N°400 y N° 646, todos del 2020, y N°72 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razón por la cual niega actuar arbitrario y/o ilegal de la Autoridad.

En términos generales expone que en definitiva “no se verifica ninguna afectación a las garantías reclamadas, pues simplemente se está otorgando el Pase de Movilidad a aquellas personas debidamente inoculadas, por lo que el presente arbitrio constitucional debe necesariamente ser rechazado en todas sus partes”, citando además un conjunto de sentencias que ya han resuelto el incordio sujeto a análisis de esta magistratura.

Con fecha 25 de septiembre de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se verificó la audiencia de la vista de la causa, con la comparecencia de los abogados, Natalia Ravanales Toro, por los recurrentes, y don nombre reservado, por los recurridos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la Resolución Exenta N°644 de 14 de julio del año 2021, que crea el denominado “Tercer Plan Paso A Paso”, desde que dicha resolución exenta viene en modificar la Resolución Exenta N° 43 y que establece en el capítulo XVII, particularmente en lo relativo a la implementación del denominado “pase de movilidad”, el cual a su parecer, constituye un acto antojadizo dictado por la autoridad sanitaria quien se ha arrogado facultades legales y constitucionales que no le corresponden, afectando con ello el derecho constitucional del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, Igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; la libertad de conciencia, el derecho a la protección de la salud, el derecho de propiedad en sus diversas especies y la seguridad que las leyes que emanen de la constitución no afecten los derechos en su esencia ni tampoco imponer condiciones; los cuales se encuentran protegidos por la presente acción, a su entender, el artículo 19 N° 1, 2, 4, 6, 9, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, para una acertada resolución del asunto, se debe tener presente, las siguientes disposiciones:

El artículo 39 de la Constitución Política de la República, señala que: “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.”.

A su turno, el artículo 41 de la Constitución Política, preceptúa que: “El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale”.

Igualmente, el inciso 3 del artículo 43 de la Constitución Política de la República establece que: “Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.”.

El artículo 36 del Código Sanitario, dispone que: “Cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia.”

Por su parte, el artículo 57 del mismo cuerpo legal, en lo pertinente, indica que: “Cuando el país está amenazado o invadido por peste, cólera, fiebre amarilla, viruela, tifo exantemático o cualquiera otra enfermedad transmisible, el Servicio Nacional de Salud deberá establecer medidas adecuadas para impedir la transmisión internacional de dichas enfermedades, ya sea que éstas puedan propagarse por medio de pasajeros y tripulación, cargamento, buques, aviones, trenes y vehículos de carreteras, así como por mosquitos, piojos, ratas u otros agentes transmisores de enfermedades.

También podrán adoptarse las medidas sanitarias pertinentes frente al conocimiento del primer caso que se presente en el extranjero de las enfermedades enumeradas en el inciso anterior.”

SEXTO: Que, el acto recurrido, eso es, la Resolución Exenta N°644, promulgada el 14 de julio del año 2021, que establece el Tercer Plan "Paso a Paso", y, específicamente, en el Título XVII, se refiere al “Pase de Movilidad”, que es concedido a aquellas personas que hayan completado el esquema de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile hace al menos 14 días, y no se encuentren afectas a la medida de cuarentena o aislamiento, cuyo objetivo es reducir las restricciones a la libertad de desplazamiento en los términos que la misma Resolución indica, para aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados, a diferencia de aquellas que no se hayan vacunado, cuyo es el caso de los recurrentes.

Es un hecho público que la referida resolución recurrida fue dictada dentro del marco normativo correspondiente al Estado de nombre reservado por Calamidad Pública, por el brote y desarrollo de la enfermedad infectocontagiosa conocida como COVID-19, dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 18 de Marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N° 72 y 153 de 2021, del referido Ministerio, así como también en virtud del Decreto N°4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó la Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública por el brote de coronavirus, el que fue prorrogado mediante el Decreto N°1 de 2021, emitido por el mismo Ministerio.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior no se advierte el actuar ilegal de la parte recurrida denunciado, desde que todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo el pase de movilidad en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, precisamente de acuerdo a los normas referidas en los motivos Quinto y Sexto precedentes, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad.

OCTAVO: Que, esta Corte advierte que el acto recurrido tampoco deviene en arbitrario, desde que se encuentra debidamente fundado, ya que, desde luego, la autoridad sanitaria en cuestión se encuentra habilitada para aplicar las restricciones que por el presente recurso se reprochan, en virtud de las normas señaladas precedentemente, de manera tal que tampoco existe arbitrariedad en la actuación del Ministro de Salud y los otros recurridos; en este sentido, al estar expresamente otorgada la facultad para limitar a la población, respecto de las libertades de locomoción y de reunión; y, por otra parte, por tener por base su actuación en antecedentes de carácter técnico, científico y estadístico, como lo son los diversos Informes Epidemiológicos que han sido elaborados por el Ministerio de Salud; es decir, cuenta con fundamentos plausibles que no obedecen a la mera voluntad o capricho de la autoridad, estándole velada a esta Corte cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas en el actual contexto de calamidad, por no tener las competencias para ello, atendido que dichas medidas se encuentran dentro de un marco de legalidad y racionalidad.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en su número 1, 2, 4, 6, 9, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, Ministro de Salud, de nombre reservado, Subsecretaria de Salud Pública y de S.E. Presidente de la República don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique.

II.- Que, se condena en costas a la parte recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Marcos Gallegos Rodríguez.

Rol N° 288-2021.-