nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a once de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte Nº287-2025, el 04 de diciembre de 2025, comparece don nombre reservado, en representación de Servicios de Ingeniería nombre reservado & nombre reservado Limitada, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados para todos los efectos legales en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, contador, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión arbitraria, que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 21 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: ‘‘a) Que se ordene al recurrido cesar de inmediato toda conducta de hostigamiento, perturbación o impedimento al ejercicio de la actividad comercial del Restobar; que se disponga la apertura permanente de la puerta trasera y el libre tránsito por el pasillo del patio, permitiendo sin restricciones el retiro de basura y la recarga del estanque de gas; y que se instruya al recurrido abstenerse de realizar actos, amenazas o vías de hecho que obstaculicen o dificulten el normal funcionamiento del establecimiento; b) Que, se CONDENE EN COSTAS a la recurrida..’’ (sic)

Con fecha 16 de enero de 2026, don Joaquín Acosta Vergara, abogado, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 03 de febrero de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 05 del mismo mes y año, sin la comparecencia de los apoderados de las partes; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala como antecedente que, con fecha 01 de Julio de 2024, acordó verbalmente con el demandado el arrendamiento de carácter indefinido del local comercial ubicado en domicilio reservado, en la ciudad de Coyhaique, con el propósito de destinarlo a la actividad comercial de Restobar, específicamente para la prestación de servicios gastronómicos y de entretenimiento en general. Añade que, la relación entre las partes se desarrolló con normalidad hasta el mes de abril de 2025, momento en que comenzaron los conflictos, los cuales se han mantenido de forma permanente y sostenida hasta la fecha.

Indica que, el recurrido ha ejercido vías de hecho destinadas a obstaculizar diversas actividades indispensables para el funcionamiento del Restobar, imposibilitando el retiro de la basura hacia la vía pública, puesto que existe una puerta de salida destinada precisamente a evacuar los residuos sin atravesar la cocina ni el sector de atención de clientes, medida indispensable por motivos de higiene, visibilidad y comodidad. Añade que, sin embargo, dicha puerta permanece bajo llave por decisión de don nombre reservado, lo que impide realizar la correcta disposición de los desechos. Asimismo, ha impedido el acceso al inmueble para la recarga de gas, procedimiento que debe efectuarse desde el mismo patio trasero, manteniendo con llave la puerta que permite dicho ingreso y negándose a entregar una copia que habilite su utilización.

Aclara que, el vehículo patente BD7799, de propiedad del recurrido, es estacionado directamente frente a la puerta trasera del local, con lo cual se obstaculiza el tránsito necesario para el retiro de basura y la recarga de gas, pese a existir amplio espacio disponible para estacionar en otros sectores.

Señala que el recurrido ha incumplido el acuerdo de arrendamiento, en el cual se estableció que los consumos de agua y electricidad serían pagados proporcionalmente según el uso que cada parte realizara. Sin embargo, en el sector del patio existe un bullón de agua destinado al funcionamiento del Restobar, del cual el recurrido extrae agua sin asumir costo alguno.

Expone que el recurrido hace todo lo posible para que el Restobar no transmita los partidos de fútbol, pese a ser una de sus principales actividades y fuente de ingresos. Para obstaculizarlo, se presenta a reclamar con gritos incluso cuando hay clientes en el interior, realiza llamados injustificados e involucra a Carabineros con el evidente propósito de ahuyentar al público. Precisa que, todo indica que el recurrido pretende arrendar el local a otra persona e incluso señaló que el supuesto nuevo arrendatario sería de la ciudad de Santiago. Luego de esto, en una oportunidad se presentó un presunto administrador, quien, con gritos y actitudes prepotentes, intentó presionarlos para que abandonaran el inmueble.

En cuanto a las garantías vulneradas, señala que se infringe la garantía del artículo 19 N°21 Constitución Política, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, desde que la recurrida con sus diversas acciones, tiende a impedir su legítimo derecho constitucional, ejerciendo vías de hecho destinadas a impedir que el negocio prospere.

Sostiene que, igualmente se lesiona el derecho de propiedad reconocido en nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 19 N°24, desde que, el artículo 583 del Código Civil dispone que “sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”, de manera que resulta indudable que la propiedad existe sobre derechos incorporales y, por tanto, merece protección en virtud de la garantía constitucional aludida.

SEGUNDO: Que, don Joaquín Acosta Vergara, abogado en representación de la recurrida, alega primeramente que, el recurso no describe una vulneración directa, actual y manifiesta de garantías constitucionales, sino que intenta judicializar por la vía constitucional un conflicto contractual, lo que constituye un uso impropio del recurso de protección.

Precisa que, entre las partes ha existido un contrato de arrendamiento de carácter consensual, acordado verbalmente a contar del mes de julio de 2024, respecto de un local comercial ubicado en domicilio reservado de la ciudad de Coyhaique. Agrega que, la ocupación material del inmueble, el ejercicio de actividades comerciales, la utilización de instalaciones y el aprovechamiento económico del local constituyen manifestaciones inequívocas de la existencia del contrato, no pudiendo la recurrente desconocer ahora dicha relación para efectos de intentar obtener tutela constitucional.

Señala que, no ha existido, en caso alguno, ejercicio de autotutela por parte del recurrido, por cuanto las conductas denunciadas corresponden a actos propios del uso y goce del derecho de propiedad, como también actos administración respecto de los inmuebles de propiedad de mi representado, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. El inmueble objeto del conflicto forma parte de un conjunto de locales comerciales de propiedad del recurrido, respecto de los cuales se ejercen actos habituales de administración, sin que exista exclusividad contractual ni restricción judicial que limite dicho ejercicio.

Expone que, no puede considerarse como autotutela, el ejercicio de las facultades del dominio toda vez que – aun sin reconocerlas- los supuestos actos imputados han sido aislados, no permanentes y el recurrido no ha recibido misivas o comunicaciones en orden a reclamar lo indicado, por consiguiente, la noticia de aquello solo se recibe con la notificación del presente recurso.

Niega que haya existido fuerza, violencia, despojo o algún hecho material que prive a la recurrente del inmueble, sino únicamente el ejercicio de facultades del dominio respecto de espacios que forman parte de su propiedad.

Alega que el recurso de protección resulta manifiestamente improcedente, por cuanto no existe un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución, por tratarse de un conflicto de origen contractual y su resolución exige prueba, análisis de incumplimientos y ponderación de antecedentes, materias ajenas al ámbito cautelar del recurso de protección.

Precisa que, se debe tener presente que el recurrido ha ejercido las acciones judiciales tendientes a poner término a la relación comercial entre las partes, debido a los incumplimientos graves por parte del arrendatario, presentando la acción correspondiente con fecha 12 de diciembre de 2025.

Finalmente señala que, el recurso de protección interpuesto no cumple con los requisitos constitucionales para su procedencia, pretendiendo resolver por una vía excepcional un conflicto contractual que corresponde al conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria civil. Agrega que, no existe autotutela, ilegalidad ni arbitrariedad, ejecutado por su representado, sino un incumplimiento contractual grave del arrendatario, que no puede ser subsanado o camuflado mediante esta acción de tutela constitucional.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en diversas acciones desplegadas por el recurrido, en su calidad de arrendador, que afectan directamente el libre ejercicio de su actividad económica de Restobar, en el inmueble arrendado con tal objetivo por aquél, específicamente, que entorpecen la prestación de servicios gastronómicos y de entretenimiento en general; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha 01 de Julio de 2024, la sociedad Servicios de Ingeniería nombre reservado y nombre reservado Ltda. acordó verbalmente con don nombre reservado, el arrendamiento de carácter indefinido de un local comercial ubicado en domicilio reservado, en la ciudad de Coyhaique, con el propósito de destinarlo a la actividad comercial de Restobar, específicamente para la prestación de servicios gastronómicos y de entretenimiento en general.

2.- En el mes de abril de 2025, comenzaron los conflictos entre las partes del contrato de arrendamiento, respecto del local comercial que funciona como restobar “La Catedral”, que dicen relación con cierre de una puerta trasera, obstaculización de acceso a recarga de gas y retiro de basura; con el intento de forzar la desocupación del inmueble mientras permanecían clientes con gritos y actitud prepotente; y con la extracción de agua desde un bullón de agua destinado al funcionamiento del Restobar sin pagar el valor convenido en el contrato.

OCTAVO: Que, a juicio de estos sentenciadores, los hechos establecidos en el motivo precedente, demuestran que el recurrido ha realizado actos que han dificultado, fundamentalmente, tanto el retiro de desechos como el abastecimiento del sistema de gas de estanque estacionario del local comercial arrendado por el recurrente, afectando directamente el funcionamiento regular del negocio.

Que, estos hechos han sido reconocidos por el recurrido al expresar en su informe que: “las conductas denunciadas corresponden a actos propios del uso y goce del derecho de propiedad, como también actos administración respecto de los inmuebles de propiedad de mi representado”.

NOVENO: Que, en virtud de lo expuesto, lo cierto es que el recurrente tiene un título que lo habilita para utilizar el inmueble referido bajo el amparo de un contrato de arriendo vigente, siendo el procedimiento de terminación de contrato y restitución del inmueble la vía idónea para resolver las controversias planteadas por el arrendador, razón por la cual es dable concluir que la conducta desplegada por el recurrido, en orden a obstaculizar el desarrollo de diversas actividades indispensables para el funcionamiento del local comercial arrendado, alteró el statu quo vigente sin que exista habilitación judicial para ello, incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho toda vez que ejerció un acto de autotutela directo, el que se encuentra totalmente proscrito por nuestro ordenamiento jurídico, que hace procedente la tutela solicitada por el recurrente, motivos por los cuales el presente recurso deberá prosperar.

DÉCIMO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, estimándose que las acciones del recurrido, constituyen un actuar arbitrario e ilegal, en cuanto ha obstaculizado el correcto funcionamiento del local comercial “Restobar La Catedral”, impidiendo el acceso a los insumos básicos para el ejercicio de la actividad económica que desarrolla el recurrente, lo que ha traído aparejada una clara privación al actor de la garantía constitucional de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental; como asimismo, al obstaculizar el acceso de los insumos de abastecimiento al local comercial antes referido, se vulnera el derecho a desarrollar cualquier actividad económica garantizado en el artículo 19 N°21 de la Constitución; y finalmente esta Corte estima, de oficio, conculcada la garantía del artículo 19 N°3 del mismo texto constitucional, al atribuirse funciones propias de los Tribunales de Justicia, actuando como si fuera una comisión especial, por incurrir en actos de autotutela lo cual está expresamente proscrito, razón por la cual sólo cabe a esta Corte acoger el presente arbitrio, a fin de restablecer el imperio del derecho quebrantado adoptando las medidas pertinentes a conceder la debida protección del recurrente a dicho propósito, de la manera como que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, por Servicios de Ingeniería nombre reservado y nombre reservado Limitada, representada por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y, en consecuencia se ordena al recurrido cesar de inmediato toda conducta de perturbación o impedimento al ejercicio de la actividad comercial del local ubicado en domicilio reservado de la ciudad de Coyhaique, permitiendo al recurrente la apertura permanente de la puerta trasera de dicho inmueble y el libre tránsito por el pasillo del patio, con el objeto de proceder al retiro de basura y la recarga del estanque de gas, absteniéndose, en lo sucesivo, de realizar actos que obstaculicen o dificulten el normal funcionamiento del establecimiento antes referido.

Acordada con el voto en contra del señor Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, quien fue de parecer de rechazar el recurso de protección interpuesto, considerando que, atendida la controversia planteada y elementos de juicio aparejados, no es posible, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente, que haya sido afectado producto de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal del recurrido, faltando antecedentes suficientes que demuestren el supuesto derecho que se alega, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración antijurídica de las garantías reconocidas en el artículo 19, de la Constitución Política de la República, en sus numerales 21 y 24.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Señora Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva y el de minoría, por su propio autor.

Rol N°287-2025. (Protección).-